CONFERENCIA DE PRENSA DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, JORGE CAPITANICH, DESDE LA BASE AÉREA MILITAR DEL AEROPARQUE METROPOLITANO.

CAPITANICH.- Muy buenos días a todos y a todas. Ayer hemos mantenido una reunión con la cadena de limón, como lo hemos hecho también con la cadena de aluminio, lo cual nos permite tener una serie de evaluaciones respecto al cumplimiento de metas tanto de producción, de exportaciones y de empleo. Así como en la cadena de aluminio existen nuevas oportunidades para el procesamiento del producto y obviamente de expansión del mercado de exportación, también se observa una tendencia para lograr 9.000 empleos en forma directa, y a su vez también expansión del volumen de exportaciones.

Del mismo modo la cadena de limón, había tenido una caída en los niveles de producción y de exportaciones. Nosotros participamos entre el 18, 20 por ciento del mercado de exportaciones a nivel mundial, y se observa, por el mejoramiento en las condiciones climáticas, en virtud de que la temporada anterior fue afectada por heladas y sequías, primero que vamos a tener expansión del volumen de producción a más de 1 millón de toneladas. En segundo lugar, vamos a tener una expansión de la comercialización de limón y productos elaborados para llegar a una meta de exportaciones equivalente a casi 1.000 millones de dólares. Y en tercer lugar, es necesario advertir que son aproximadamente 50.000 hectáreas las que se destinan a la producción de limón, 90 por ciento de la producción está en la provincia de Tucumán.

Para la economía regional y principalmente para la provincia de Tucumán, la reactivación del sector en virtud de las mejoras en las condiciones climáticas, implica una perspectiva de incremento y expansión de su actividad y el efecto multiplicador en el empleo.

Recientemente hemos suscripto el convenio de corresponsabilidad gremial para 30.000 trabajadores, de manera que siendo Tucumán el 90 por ciento de la producción de limón, 50.000 hectáreas en total en todo el país, 30.000 empleos registrados a partir del sistema de Corresponsabilidad Gremial, consideramos que vamos a seguir trabajando en otras metas, como por ejemplo apertura de nuevos mercados. En segundo lugar también mejoramiento de las condiciones sanitarias a través del fortalecimiento institucional de SENASA, para las prevenciones de enfermedades como HLB, y en virtud de ello también, todas las medidas para seguir expandiendo los niveles de producción, empleo y exportación.

Más tarde estaremos dirigiéndonos a la provincia del Chaco, en donde estaremos inaugurando una construcción de un edificio escolar, junto a Jaime Percyk, secretario de Educación. En este sentido, la inversión ha sido de 7.263.000 pesos, y también una planta industrial en el Parque Industrial de Puerto Tirol, con una inversión de 2,5 millones de pesos.

Pero quería también recordar que el panel de cotización de la Bolsa de Comercio ha registrado que de las 13 empresas, 11 han registrado una tasa de rentabilidad, o mejor dicho utilidades por 35.000 millones de pesos en los primeros 9 meses del año, que superan los 30.000 millones de pesos para todo el año 2013. Y a su vez también, de las 13 empresas, 2 han registrado resultados negativos y 11 positivos, y eso también demuestra claramente la rentabilidad de las mismas y el impacto que tiene en la cotización de los activos financieros.

También quería remarcar dos consideraciones que me parece van a ser motivo de preguntas, pero una es la lectura de un comunicado de carácter oficial, y otra el razonamiento desde el punto de vista de lo que significa la evolución del Poder Judicial y el presupuesto, porque está en discusión. Nosotros advertimos que de más de 800 millones de pesos, el Poder Judicial ascendió a casi más de 12.160 millones de pesos para el año 2014. Eso implica un crecimiento de manera expansiva del monto asignado al Poder Judicial y a su vez el mayor presupuesto de la historia reciente.

El presupuesto del Poder Judicial está debidamente regulado desde el punto de vista de las funciones que tiene por el artículo 114 inciso 4 del Consejo de la Magistratura, y también en virtud de los artículos 2 y 5 de la ley 23.853. En este sentido, corresponde al Consejo de la Magistratura la administración de los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia.

Voy a dar datos más detallados a posteriori, pero me parece que un tema relevante es precisamente el caso de lo que significa un ataque despiadado del Poder Judicial, una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional, por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad, y a su vez con una sola estrategia, que es establecer una instalación mediática, alevosamente pergeñada y articulada desde el arco opositor.

Este golpismo activo del Poder Judicial tiene varias patas. Tiene una pata comunicacional de ataque despiadado, tiene una pata de articulación desde la oposición política que claramente mantiene una actitud violatoria de la Constitución Nacional y una perspectiva sediciosa al negarse al tratamiento de la designación de un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. O sea, dicen explícitamente que van a violar la Constitución Nacional. Eso forma parte de un golpismo activo. Y a su vez esta pata comunicacional e institucional desde la oposición política, también tiene ejecutores a través de jueces que hostigan permanentemente al gobierno o a funcionarios del gobierno.

En este caso, con una denuncia absolutamente falsa ante la presidenta de la Nación, y a su vez, también, generando una operación mediática de relevancia. Porque la verdad es que muchos de los requerimientos de carácter judicial se pueden hacer a través de la solicitud formal respectiva, no hace falta un allanamiento. El allanamiento es una actitud ulterior, en tanto y en cuanto efectivamente no se contesta el requerimiento judicial.

Ocurre con Fútbol para Todos, se produce un allanamiento masivo a clubes, cuando en definitiva se puede requerir la documentación respaldatoria a todos los clubes mediante la notificación formal de solicitud. Lo mismo ocurre en este caso, pero lo más grave es que HOTESUR ha presentado claramente toda la documentación respaldatoria. Por lo tanto, la estrategia de allanamiento es una clara persecución política, un hostigamiento de carácter judicial y forma parte de un golpismo activo del Poder Judicial, en aras de una estrategia política.

Entonces lo que quiero transmitir es un comunicado formal de la Inspección General de Justicia, principalmente es un comunicado sobre reempadronamiento de sociedades comerciales, y en esto quiero ser muy claro y preciso.

"Se encuentran inscriptas ante la Inspección General de Justicia un total de 319.626 sociedades comerciales, entre ellas hay 150.855 sociedades comerciales activas. Recordemos, de 319.626 sociedades comerciales, sólo están activas 150.855. Así se considera a aquellas sociedades comerciales que han presentado al menos un trámite ante este organismo en los últimos 5 años. El resto, es decir 168.771 sociedades, se encuentran inactivas. Oportunamente, en el marco de las competencias de fiscalización del organismo, se estableció un programa de reempadronamiento y depuración societaria, consistente en la obligación de presentar una declaración jurada de actualización de datos para las diversas personas jurídicas controladas, entre ellas las sociedades comerciales. En consecuencia, del universo de 150.855 sociedades comerciales activas, al 31 de octubre de este año 83.319 presentaron declaraciones juradas; mientras que 67.536 permanecen pendientes. HOTESUR S.A. se encuentra entre las sociedades activas que han presentado declaración jurada y cuya documentación aún se encuentra en etapa de análisis junto con otras 47.373 sociedades comerciales." Repito: "HOTESUR S.A. se encuentra entre las sociedades activas que han presentado declaración jurada y cuya documentación aún se encuentra en etapa de análisis junto con otras 47.373 sociedades comerciales. Por lo tanto, la firma presentó la documentación solicitada".

"A partir del desarrollo de implementación reciente de un nuevo sistema informático se ha establecido un nuevo procedimiento que permitirá agilizar el análisis de lo pendiente, estimándose completar la totalidad de lo presentado el día 30 de abril del año 2015. Asimismo, el 1° de enero del año 2015 comenzará a correr un plazo de 120 días a cuyo vencimiento todas aquellas sociedades comerciales que no hayan presentado su declaración jurada se presumirán inactivas, dando lugar al inicio de un proceso judicial de solicitud ante la Justicia Nacional en lo Comercial de disolución y liquidación, conforme lo prevé el artículo 303 inciso 3 de la ley 19.550".

En resumen, dentro de la Inspección General de Justicia, existen 319.626 sociedades comerciales, 150.855 están activas, 168.771 inactivas. Y del universo de 150.855 activas, al 31 de octubre de este año 83.319 presentaron declaraciones juradas, mientras que 67.536 permanecen pendientes. Es decir, HOTESUR forma parte de las sociedades activas que presentaron las declaraciones juradas y la documentación se encuentra en análisis junto a 47.373 sociedades comerciales.

Por lo tanto, con el simple requerimiento de esta información, no se necesita ningún allanamiento judicial. ¿Por qué? Porque la operatoria de la empresa es clara y transparente.

PERIODISTA.- Queríamos preguntarle que nos especifique su actividad en el Chaco hoy, al margen de las inauguraciones que son importantes para su provincia, ¿qué reuniones políticas va a mantener?, ¿cuál será el futuro político del Chaco? Y en segundo término, hoy se cumplen 244 conferencias de prensa que nosotros seguimos diariamente, queríamos también saber su opinión, su balance como Jefe de Gabinete, y además personalmente para usted.

CAPITANICH.- Dije anteriormente que la actividad programada está precisamente en la inauguración de un edificio escolar dentro del Barrio Toba de la ciudad de Resistencia, una inversión de 7.263.000 pesos para todo el complejo educativo, de cerca de 400 alumnos; allí funciona una escuela social indígena. Esa es una nueva modalidad de administración con participación de las comunidades indígenas en la provincia. Eso es una innovación desde el punto de vista jurídico, respecto a la administración desde el sistema educativo. Nos parece muy importante, porque esto se inscribe también en lo que oportunamente suscribió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, respecto a una reformulación de carácter estructural de todo el Barrio Toba. Incluye puentes, sistemas de conectividad, renovación total del sistema de viviendas, eliminación de asentamientos de carácter espontáneo, urbanización, polideportivo y a su vez la infraestructura barrial, porque oportunamente se hicieron inversiones para la ampliación del Centro de Salud, ahora para todo el complejo educativo, será luego el complejo polideportivo, urbanización de carácter integral, pavimentación, puentes y sustitución de todas las viviendas existentes y eliminación de asentamientos urbanos colindantes.

Por lo tanto, es una inversión muy significativa, a su vez el Barrio Toba tiene salida, lo que está en proceso de construcción, que es la Autovía de la ruta 11, también una obra emblemática en la provincia conjuntamente con la Autovía de la ruta 16, y lo que significó el Viaducto de la avenida Sarmiento que fue oportunamente inaugurado por la presidenta de la Nación. Posteriormente estaremos en el Parque Industrial de Puerto Tirol, y esto forma parte también no solamente de esa inversión de 2,5 millones de pesos para expandir el empleo en pequeñas y medianas empresas, sino también hay un nuevo proyecto industrial para seguir expandiendo estos niveles de inversión. En general, con distintas fuentes de financiamiento ya se llevan 153 proyectos promovidos, serán 173 en el transcurso de este año, superarán holgadamente los 200 el año próximo. La provincia del Chaco pasa de 5.000 a 20.000 empleos industriales de carácter formal, y a su vez existen nuevos proyectos de inversión por casi 1.000 millones de pesos en el transcurso de este año.

Paralelamente vamos a estar en Resistencia también, junto al gobernador a cargo del Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco, el doctor Juan Carlos Bacileff Ivanoff, junto a la Intendente Aída Ayala, para la suscripción de un acuerdo que nos permite destinar 41 millones de pesos para el acceso a la avenida Alvear de Resistencia a la localidad de Fontana. Esas son obras muy significativas para la provincia.

Y la evaluación que hago respecto al tema de la agenda comunicacional diaria, cotidiana y periódica con cada uno de ustedes, a mí me parece que muy bueno para el funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas. Siempre había críticas al gobierno nacional respecto a la comunicación. Ahora también hay críticas, pero por el exceso. Me parece que siempre existen observaciones en este sentido, pero he tenido que soportar diatribas, calumnias, injurias, descalificaciones permanentes del arco opositor, y sobre todo de muchos periodistas. La verdad que nosotros tenemos en este sentido mucha experiencia, y sabemos que el rol que me toca desempeñar es el cumplimiento estricto de la Constitución Nacional, artículos 100 y 101. Hemos cumplido con el artículo 101 de la Constitución Nacional concurriendo a ambas cámaras como lo determina la misma Constitución. De manera que cumplimos con la Constitución Nacional, cumplimos con una agenda comunicacional diaria, en muchos casos ustedes pueden estar a favor, en contra, pueden compartir o no lo que uno manifiesta, pero es la posición que surge de nuestras más profundas convicciones. Entendemos que una sociedad abierta, plural y democrática debe tener un debate permanente, y cuanto más intenso es el debate tanto mejor. Esto implica profundidad de nuestras convicciones desde el punto de vista filosófico, ideológico y político. En mí no van a ver jamás alguien que no tenga una posición respecto a un tema determinado con profunda convicción. Y creo que lo más importante es tener una relación extremadamente respetuosa entre los distintos actores que integramos el sistema democrático. Y obviamente yo respeto mucho la tarea del periodismo, de los periodistas, de los medios de comunicación, aún cuando advierto que muchos tienen una actitud política absolutamente insidiosa con el objeto de desacreditar permanentemente al gobierno, pero forma parte de una sociedad abierta, plural y democrática. Por lo tanto considero que esta es una metodología muy adecuada y que forma parte de la interacción permanente de una sociedad democrática.

PERIODISTA.- Las preguntas van orientadas en un mismo sentido. Ayer distintos gremialistas que tienen que ver con el transporte se reunieron y determinaron un cese de actividades, que no quisieron llamar paro, pero sí asambleas permanentes en el horario de 4 a 7 para el jueves 27 de noviembre. Lo cual va a afectar sumamente el transporte terrestre pero también marítimo, aéreo y demás. En este sentido, ¿se piensa llevar adelante alguna negociación con el fin de que se pueda deponer esta actitud? Ellos están pidiendo, además del bono de fin de año, que se revea lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias del medio aguinaldo de diciembre. ¿Hay alguna posición fijada desde el gobierno? Usted varias veces dijo que el gobierno no contemplaba bonos de fin de año. Pero dado el caso y que pueda haber medidas mayores de acá a diciembre, ¿puede haber alguna otra negociación que estaría en carpeta para que este paro pueda posponerse o directamente no llevarse a cabo y de esa manera no afectar el común transporte de la gente que lo utiliza diariamente?

CAPITANICH.- El diálogo siempre está abierto y obviamente también está abierta la actitud del Poder Ejecutivo ante cualquier eventual conflicto, máxime cuando se trata de un servicio público que afecta a millones de argentinos. También quiero transmitir enfáticamente que existe una autoridad regulatoria que es el Ministerio de Trabajo de la Nación, que frente a un conflicto tiene la potestad de la convocatoria a una conciliación de carácter obligatorio. Pero en el caso de los gremios de transporte no es una relación de los gremios que tiene que ver con el Estado. Sí tiene que ver el Estado en la enorme injerencia en el otorgamiento de subsidios para mejorar el ingreso disponible de cada usuario, pero en definitiva hemos dicho con mucha claridad que no hay injerencia por parte del Poder Ejecutivo respecto a acuerdos bilaterales entre empresas y trabajadores, que si una empresa y un gremio se ponen de acuerdo no es una competencia del Poder Ejecutivo. Lo mismo que si una provincia toma una decisión unilateral en ese sentido, lo hace en virtud de la disponibilidad de sus recursos, allí el gobierno no tiene ninguna injerencia. Pero la respuesta contundente es: con respecto a los gremios del transporte, la patronal no es el Estado. La segunda cuestión es que nosotros siempre estamos abiertos al diálogo porque entendemos que es absolutamente imprescindible hacerlo en toda sociedad democrática, precisamente para prevenir conflictos o intentar mecanismos para resolución. Y respecto a lo que hemos dicho sobre el impuesto a las ganancias, nuestra posición no ha variado.

PERIODISTA.- Voy a consultarlo en el mismo sentido que el colega, pero con alguna expresión más de alguno de los dirigentes que ayer participaron en la protesta en Plaza de Mayo, el caso de Pablo Micheli, quien dijo que no va a ser un diciembre tranquilo si el gobierno nacional no da respuesta a los reclamos en materia de ganancias o bono de fin de año. Ustedes han tenido reuniones en el marco del Consejo de Seguridad Interior para justamente garantizar la seguridad en diciembre. ¿Estas declaraciones ustedes en qué tono las reciben?

CAPITANICH.- Consideramos que estas expresiones precisamente constituyen estrategias permanentes de enunciación de conflictos. Hemos advertido en muchas oportunidades que esto debe ser inclusive investigado por la vía judicial, porque constituye en sí mismo una apología del delito decir que va a ocurrir un delito. Es porque alguien lo sabe y es porque implica una actitud organizada con alevosía. De manera que eso lo tomo para una consideración de esta naturaleza, como ya lo dije anteriormente.

Pero creo que lo que tenemos que hacer es evaluar cada una de las circunstancias. Creo que ya he dicho con mucho detalle cada una de las actitudes. Y aparte también decir lo siguiente: en primer lugar, en el caso del impuesto a las ganancias, en virtud del decreto 1420 del 2013 solamente están incluidas 1.039.000 personas físicas, es la misma cantidad de personas que estaban en agosto de 2013, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2013, en enero y febrero de 2014, o sea lo que quiero decir es que son las mismas personas las que están incluidas y las mismas personas las que están excluidas. Esto es, si hasta agosto del 2013 una persona ganaba menos de 15.000 pesos, efectivamente no es susceptible de ningún tipo de imposición de impuesto a las ganancias, por más que haya tenido un incremento en el transcurso del 2014, por ningún tipo de concepto, o sea si hay horas extra para esos trabajadores, o eventualmente la percepción del medio aguinaldo, como ocurre, o por aumento salarial; todos esos trabajadores no están incluidos, solamente están incluidos 1.039.000 trabajadores que perciben más de 15.000 pesos. En definitiva allí hay una cuestión que tiene que ver con la curva de afectación del mínimo no imponible porque hay que discutir conceptualmente tres cuestiones: primero, ¿qué pretenden ellos, que nadie pague impuesto a las ganancias, ni siquiera aquellos que ganan más? El impuesto a las ganancias, tanto para personas físicas como para personas jurídicas, grava manifestación de riqueza y capacidad contributiva. Objetivamente uno puede discutir la escala, pero no cabe la menor duda que desde el punto de vista conceptual el impuesto a las ganancias tiene un sesgo redistributivo, porque grava capacidad contributiva, pagan más los que más ganan.

Segunda cuestión. Si ya discutimos la cuestión de que el impuesto a las ganancias debe cobrarse, es necesario percibir si la discusión es estática o dinámica, es decir si están en desacuerdo con los que están excluidos o están en desacuerdo con los que están incluidos. En tercer lugar, si están en desacuerdo con la escala, desde el punto de vista de la alícuota y los mecanismos de descuento. Creo que forma parte de una discusión que debe darse en el ámbito del Congreso de la Nación, respecto a modificaciones de carácter estructural del impuesto a las ganancias. Como ustedes saben, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el impuesto a las ganancias implica una recaudación de 55.000 millones de pesos en el año para las personas físicas alcanzadas por esta tributación, y constituye una fuente de financiamiento muy importante. Con 55.000 millones de pesos uno logra cerca de 500.000 jóvenes que estudian a través de una beca del programa PROGRESAR o que pueden insertarse en el mercado laboral. Hay un efecto redistributivo, casi 15.000 millones de pesos es lo que se destina en este sentido. No solamente el plan PROGRESAR sino también lo que significa la Asignación Universal por Hijo en términos de financiamiento, o también lo que significa el financiamiento para las políticas de inclusión social. Entonces 55.000 millones de pesos en el presupuesto público es una cifra significativa que tiene impacto redistributivo y que tiende a otras actividades que promueve el Estado en materia de inclusión y equidad. Por eso creo que es muy importante ese debate.

Vuelvo a insistir en estas cuestiones, ya es una discusión permanente, recurrente, lo hemos dicho en forma sistemática y categórica en múltiples oportunidades. Por eso ratifico esta posición.

Pero quiero dar un debate final respeto al tema del Poder Judicial, porque ayer en el Consejo de la Magistratura ha surgido un debate respecto al tema del presupuesto del Poder Judicial. Quiero transmitir esto porque es bueno que ustedes lo sepan en términos de números.

La ejecución presupuestaria de ingresos y gastos implica observar que en el Poder Judicial desde el 2003 al 2013 hubo un incremento del 426% de las erogaciones. Les voy a dejar estos gráficos para que lo puedan tener.

Esto implica observar que en el Consejo de la Magistratura existe un déficit cercano a los 2.000 millones de pesos, 1.900-2.000 millones de pesos; y un superávit de aproximadamente 1.250 millones de pesos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la particularidad es que corresponde la administración del presupuesto del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura. Entonces existen dos fuentes de financiamiento. Cuando uno observa las proyecciones en materia de recursos hay: 3,5% de los recursos tributarios correspondientes van directamente al Poder Judicial; a su vez hay una percepción de una tasa judicial. Eso forma parte de un mecanismo de recaudación que no se redistribuye al Consejo de la Magistratura. Entonces tenemos 10.000 millones de pesos que es el monto total asignado anualmente al Consejo de la Magistratura y 8.000 millones es su recaudación proyectada. En ese contexto observamos que en la Corte Suprema de Justica son 3.000 millones de pesos los ingresos y 1.850 millones las erogaciones. 2.250 millones de superávit son por la percepción integral de la tasa de justicia, recurso no tributario que se asigna solamente a la Corte.

Pero si uno observa la evolución, en la línea azul la evolución está dada por los ingresos de carácter tributario, las tasas judiciales también han logrado un incremento y no en la misma proporción. Es decir, cuando la tasa de actividad económica crece, crece la recaudación tributaria por mayor fiscalización y eficiencia, y crece el financiamiento al Poder Judicial; la tasa de justicia, no se observa la misma eficiencia en la administración de este recurso. Por lo tanto la política del Poder Judicial siempre es transferir la responsabilidad y el problema al Poder Ejecutivo y jamás se hace cargo de su propia responsabilidad en la administración de los recursos.

Cuando uno observa los distintos mecanismos desde el 2005 en adelante, quería simplemente mostrar algunas cuestiones que son esenciales: en el caso del personal aumentó de 17.543 a 23.262. O sea se incrementaron sustancialmente los cargos para una mejor administración de justicia y también se incrementaron sustancialmente los niveles de remuneración, de 2.614 millones de pesos se pasa el gasto en personal a 25.677. Es muy importante la evolución desde el punto de vista de lo que es el salario mensual promedio, que de 2.614 en el 2003 a 25.677, lo que implica un aumento de casi 10 veces el salario promedio del Poder Judicial. Esto implica que el aumento salarial acumulado en el Poder Judicial ha sido superior al de SINAPA. Es decir, el Poder Judicial ha tenido una política autónoma de incremento salarial, conforme a la política de la oposición, es decir pretender fijar que el salario tiene que estar en este caso en el año 39%, porque las consultoras privadas y la oposición dicen que la inflación es del 40%. Cifra falsa, de falsedad absoluta, pero uno observa la naturaleza de la oposición política que hace el Poder Judicial a partir de datos falsos. O sea, en definitiva tiene una política salarial absolutamente diferente al Poder Ejecutivo. Recauda en forma ineficiente tasas judiciales y le endilga el problema al Poder Ejecutivo.

¿Esto qué quiere decir? Que así cualquiera es vivo.

Y lo mismo digo de los 882 millones de pesos a 12.019 millones de pesos que es el presupuesto del Poder Judicial.

Conclusión: primero, tenemos el Poder Judicial de mayor presupuesto de la historia, de 868 a más de 12.000 millones de pesos. Segundo, un incremento del salario promedio del Poder Judicial que aumentó casi 10 veces. Tercero, una recaudación de tasa judicial ineficiente, que no se redistribuye a la cobertura de las mayores erogaciones del Consejo de la Magistratura que tiene la responsabilidad de la administración del Poder Judicial. Cuarto, la pauta salarial siempre está por encima de la pauta del Poder Ejecutivo, porque en definitiva, cuando carecen de los recursos para financiarla la asignan las responsabilidades al Poder Ejecutivo. Quinto, esta conjugación de baja recaudación de recursos propios, incremento salarial por sobre lo estipulado, incremento en el número de cargos para la mejor prestación de justicia, obviamente es una conjugación tendiente a transferir las responsabilidades al Poder Ejecutivo. Llamo claramente la atención, porque no me cabe la menor duda que hay algo que es necesario que el pueblo argentino sepa: si la oposición en el Senado dice que no está dispuesta a votar a un nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia promovido por el Poder Ejecutivo en virtud del cumplimiento del artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, o sea el Poder Ejecutivo debe cumplir la Constitución Nacional, la oposición en el Senado dice que no va a cumplir con la Constitución Nacional. Segundo, persecución judicial de jueces a través de lo que se denomina una estrategia muy claramente identificada para generar operaciones mediáticas. Tercero, pretender endilgar la responsabilidad presupuestaria al Poder Ejecutivo en virtud del ejercicio de su autonomía. Cuarto, eludir el compromiso de la publicación de sus declaraciones juradas y del pago de impuesto a las ganancias. Propiciar fallos absolutamente parciales con el objeto de afectar el desenvolvimiento de la actividad del Estado. Entonces, ¿si eso conjugado no se llama golpismo activo, cómo se llama? Dejo este interrogante al pueblo argentino. Gracias.