CONFERENCIA DE PRENSA DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, JORGE CAPITANICH, EN LA CASA DE GOBIERNO
CAPITANICH.- Buenos días a todos y a todas.
Según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación, el consumo de carne de cerdo se duplicó en la última década. Del mismo modo, se produjo una baja sustancial de las importaciones de carne de cerdo en el año 2003, que es equivalente al 45 por ciento, y las proyecciones indican para el año 2014, una reducción también del 44 por ciento. Esto implica que en el año 2020, las proyecciones que tiene el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, implicará un 60 por ciento más de incremento en el consumo de carne porcina.
Recordemos que en los últimos 11 años, el progresivo incremento en el consumo de carne porcina pasó de 4 kilos a aproximadamente 10,5 u 11 kilos, que son también otros datos estadísticos suministrados por distintas organizaciones o cámaras que aglutinan el sector, hablan también de 14,5 kilos por habitante.
Por lo tanto, es un incremento sustancial que tiene que ver con la diversificación de la ingesta alimentaria en los argentinos, pero también muestra el incremento sustancial del consumo de carne aviar, en más que duplicación del consumo por habitante y el sostenimiento desde el punto de vista del consumo de carne bovina y otras carnes, implica obviamente la posibilidad de que, no solamente exista diversificación de la ingesta alimentaria, sino también un alto consumo proteico por la incidencia de la variación en la ingesta alimentaria derivada de carnes.
También, nosotros hemos tenido, a partir de un dato de la Universidad Di Tella, el índice temprano de consumo creció en octubre 19,5 por ciento respecto al mes de septiembre. Esto pone de manifiesto el impacto significativo del programa "Ahora 12". Esto implica la revitalización sustancial del consumo.
También la Academia Mundial de Ciencias, premió ayer a los científicos argentinos Marcelo Rubinstein y Daniel De Florian, e incorporó como miembros permanentes a la bioquímica Ana Belén Elgoyhen y al astrónomo Félix Mirabel, los cuatro son investigadores del CONICET, orgullo para la República Argentina que ha logrado incrementar sustancialmente la participación de la ciencia y tecnología en el presupuesto argentino. De acuerdo a los parámetros y a los datos que se consoliden, alcanzan entre 0.68 a 0.75 del PIB, cerca de 1.111 científicos repatriados y tecnólogos repatriados, y esto es importante porque desde el momento de la fundación de la Academia en 1983, ya se han premiado a 15 argentinos, y eso obviamente es motivo de orgullo para la ciencia y la técnica del país.
También, en un ránking del Foro Económico Mundial de Género, Argentina pasó de un año del puesto 34 al puesto 31, y la República Argentina está en los mejores puestos del ránking a nivel de América latina. Y respecto al año 2006 avanzó 10 posiciones.
Quería abundar en los detalles también, en la interpretación respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia, respecto a la causa AEPA, del 28 de octubre del corriente año. Lo que quiero transmitir en este sentido, es que el diario La Nación y el resto de los medios beneficiados por la cautelar, van a seguir sin pagar la deuda hasta que exista una sentencia firme respecto a la cuestión de fondo, a pesar que desde enero del año 2013, el diario La Nación, empezó a pagar voluntariamente. Repito, a partir del año 2013, a partir del mes de enero, La Nación empezó a pagar voluntariamente y, en este sentido, la cautelar que restituye la Corte Suprema de Justicia, en definitiva plantea que no van a pagar esta deuda.
El fallo estaría, entre comillas, condonando los intereses resarcitorios. El considerando 17 de la sentencia señala que no debe considerarse en mora a las entidades actoras que hayan cumplido con sus obligaciones fiscales, con los alcances de la cautelar. Y cita como ejemplo el fallo IKA-Renault de la Corte Suprema del año 1982, que estableció la doctrina de la mora no culpable, entre paréntesis, en estos casos, no corresponde cobrar intereses.
En el considerando 7°, la Corte cuestiona la ley que modifica la alícuota del Impuesto al Valor Agregado para pequeños y medianos medios de comunicación, ya que dice que los beneficios no alcanzan a los grandes medios; sólo quedaron fuera del alcance de esta ley 16 medios, entre ellos, obviamente, La Nación y Clarín que tienen una mayor participación relativa en el mercado.
Con este criterio que esboza la Corte, se habilitaría a los medios grandes a cuestionar la segmentación de alícuotas aprobadas por la Ley 26.982 y a pedir vía cautelar, que se le aplique los mismos beneficios.
El fallo cuestiona también, la Resolución 3451 de la AFIP, por lo cual se instrumentó un sistema de 120 cuotas y en la cual se excluyó la posibilidad de regularizar la deuda del decreto 746. Por esta resolución, AFIP tiene una causa penal por una denuncia presentada por el diputado Pinedo, en el Juzgado Federal N° 9. Y en este sentido, quiero poner énfasis en algunas consideraciones.
¿Qué no tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia al momento de resolver esta causa? A) Que la Nación empezó a pagar voluntariamente desde enero del año 2013, omitiendo la doctrina de los actos propios. B) La presentación de la AFIP en la cual se señaló que los accionistas de La Nación retiraron 296 millones de pesos en concepto de dividendos, monto similar a la deuda. Es decir, los accionistas se niegan a pagar impuestos pero retiran dividendos por un monto de 296 millones de pesos. C) La compra de dólares por atesoramiento es equivalente a 185 millones de pesos de parte de La Nación. D) Que el Gobierno dio distintas alternativas para regularizar la situación y que muchos medios utilizaron esta alternativa. Por ejemplo, la moratoria de la Ley 26.476, lo cual permitió la regularización de deuda de Clarín, radio Mitre, Telearte, Telefé, La Gaceta de Tucumán entre otros. Y como dije ayer, los decretos 1145 del año 2009 y 852 del año 2014 de canje de deuda publicitaria.
Otros medios también desistieron de la acción y del derecho a los medios gráficos, por ejemplo, la sociedad anónima de Buenos Aires Herald, que tiene que ver con el diario Buenos Aires Herald, Editorial Amfin que es del diario Ámbito Financiero, medios del Grupo 23 y radiodifusora del Centro S.A. Cadena 3, que era el cuarto deudor. También desistió de la acción de las asociaciones actoras, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, ATA.
Y el 30 del 05 del año 2013, la Corte precisamente contempló y tuvo presente el desestimiento formulado.
Como informé ayer, nosotros hemos tenido la reunión del Comité de Emergencias, en el ámbito de la Jefatura de Ministros, informado con mucha precisión respecto a la existencia de 1.000 evacuados, hasta el reporte de la última hora de ayer, y también de 17 municipios afectados y la coordinación de acciones, tanto en materia de seguridad pública como de Desarrollo Social, como de Salud, como lo que significará la asistencia a través de convenios específicos en materia de restitución de infraestructura en los casos en que hubiera afectación directa de la misma.
Estamos con un monitoreo permanente de la situación, y obviamente remitiremos información en tanto y en cuanto esta situación tienda también a regularizarse.
Por último, quisiera hacer dos observaciones. Primero, en un matutino existe un gran titular respecto a que 50.000 alumnos tienen menor participación en la escuela pública y que esto equivaldría a 31.907 en la década, y me parece que es muy importante hacer la siguiente consideración: nosotros tenemos en el sistema educativo, efectivamente un sistema de educación pública y/o privada. Las causas que efectivamente pueden establecer de procesos de cambio cualitativo de la educación pública y/o privada, tiene varias aristas. Una, tiene que ver con sustentabilidad en las fuentes de trabajo, mejoramiento en el poder adquisitivo del salario, otras preferencias por parte de los padres de los alumnos, esa es una cuestión. En segundo lugar, efectivamente puede incidir la existencia de medidas de acción directa por parte de los gremios que pueden eventualmente incidir en las decisiones de los padres. En tercer lugar, en muchas administraciones provinciales ocurre lo que tiene que ver con su organización, se denominan Unidades Educativas Privadas, UEP, pero en definitiva es un sistema de financiamiento por parte del Estado, tanto en materia de infraestructura edilicia como del aporte de recursos para los salarios de los trabajadores docentes y también del personal no docente. En consecuencia, son escuelas públicas pero que figuran como unidades educativas privadas. Eso también distorsiona la interpretación objetiva de las cifras. En cuarto lugar, uno puede observar que hay una menor tasa de nacimiento y eso tiene un impacto demográfico en las personas de 6 a 12 años, desde el punto de vista de reducción también de matrícula en tendencia. Pero lo que es importante remarcar es que la República Argentina tiene una tasa de escolarización casi universal, con una tendencia a la universalización en salas de 5, y el esfuerzo en términos de metas para que la obligatoriedad de salas de 4 también tienda a la universalización en los próximos años.
La ley 26075 contuvo en el artículo 2 múltiples puntos, la Ley 26075 es de financiamiento educativo. Argentina tiene el record de 6,47% de inversión educativa en términos de PBI y lo que quiero significar es que acá estamos haciendo una referencia a 50.000 alumnos versus 13 millones de la matricula total de Argentina en todas sus divisiones y dimensiones. De manera que es importante también efectuar un aporte al análisis cualitativo, porque pareciera que todo se interpreta de una manera absolutamente negativa. Y quiero transmitir lo siguiente: cuando se observa el esquema de ejecución de 1.700 escuelas nuevas y otras 700 en distintos grados de ejecución, pero no se registran los mecanismos de unificación de recursos con fuentes de financiamiento nacional, internacional, provincial y eventualmente municipal para ampliación, refacción o nuevas unidades educativas, objetivamente este número, que supera las 2.000 nuevas escuelas, alcanza casi 10.000 unidades educativas que han tenido intervención desde el punto de vista de la infraestructura edilicia. O lo mismo que los 67 millones de libros o los 4,5 millones de netbooks o los casi 852.000 docentes para más de 1,4 millones de cargos. O lo mismo que significa la extensión del plan FINES con 1,5 millones de alumnos, 520.000 egresos, o lo mismo que significa realmente la expansión de la matrícula universitaria con casi 2 millones de alumnos. O sea, el avance cualitativo en la educación argentina es indudable y me parece que es muy importante remarcar que eso tiene que ver con el rol del Estado, con la inversión pública y con las inversiones realizadas.
Ustedes seguramente me van a preguntar sobre el tema de la ley, de manera que dejo a consideración de ustedes las preguntas porque también podría hacer una explicación detallada de la misma.
PERIODISTA.- Quería consultarle cómo quedó finalmente la aceleración de las liquidaciones de las retenciones de granos, que se habían comprometido a hacer los exportadores antes de fin de año, y qué opina de estas apariciones de denuncias respecto a la rotura de silobolsas, ahora que el Banco Nación ha restringido los créditos a los ruralistas. Por otro lado quería consultarle acerca de que a fin de año vence el acuerdo al que había llegado la Nación con las provincias para no aumentar las tarifas eléctricas, ¿en qué situación va a quedar eso?
CAPITANICH.- Los convenios de convergencia que se realizaron en todas las jurisdicciones provinciales apuntan precisamente a un proceso de convergencia en las tarifas energéticas. A partir de lo cual también es importante hacer una evaluación no solamente de las tarifas en términos de consumo y en términos de segmentos de consumo, sino también desde el punto de vista del plan de inversiones, principalmente en media y baja tensión. La República Argentina ha tenido un incremento sustancial de inversiones en el sistema energético y principalmente en el sistema eléctrico, en los tres sentidos, en generación, en transporte y en distribución. En materia de generación tenemos un proceso de inversión inicialmente de 6.000 megavatios, con una meta en el periodo 2003-2015 de casi 9.000 megavatios. Esto tiene que ver con energía nuclear, 745 megavatios de la central nuclear Néstor Carlos Kirchner-Atucha II; lo que significa la inversión complementaria de la revisión técnica de Embalse Río III; lo que significa un plan para llegar a 8 centrales nucleares en la Argentina con diferentes mecanismos de financiamiento; la expansión desde el punto de vista de energía hidroeléctrica con las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz; la licitación reciente de Chihuidos, su ulterior proceso de adjudicación para la ejecución de un emprendimiento de esta naturaleza; y las 19 obras estratégicamente ubicadas para incrementar sustancialmente la capacidad de generación eléctrica, independientemente de las centrales térmicas de ciclo combinado y otras variantes de expansión de energía eólica, con el objetivo de garantizar mayor oferta energética. Eso por un lado. Por el otro, en el sistema de transporte eléctrico 5.500 km. de extensión de red de muy buena calidad para proveer servicios de alta tensión de buena calidad. Tercero, todo lo que significa media y baja tensión. Todos estos convenios de convergencia han establecido mecanismos de asignación de recursos para la ejecución de obras en este sentido. Caso típico aquí, por ejemplo, en EDENOR y EDESUR tenemos una proyección ya de 2.900 millones de pesos entre obras ejecutadas y próximas a inaugurar; 4.000 millones de pesos es la meta prevista en términos de ejecución de estas inversiones de aquí como máximo hasta el primer trimestre del año próximo, con lo cual se expande la maniobrabilidad del sistema, el sistema de telecomando, la capacidad de intervención y la calificación de recursos humanos para la intervención frente a situaciones derivadas de la prestación del servicio. Por lo tanto, lo que hemos observado en todo este tiempo es que en este bimestre que queda, noviembre-diciembre, se hará la evaluación correspondiente para verificar las metas de inversión y sobre todo establecer los mecanismos de convergencia tarifaria.
También quiero transmitir que el Ministerio de Planificación Federal ha realizado un programa que se denomina Más Cerca Eléctrico, con el objeto de dotar de financiamiento a los municipios para intervención en obras de media y baja tensión, con el objeto de lograr, a través de múltiples inversiones, mejorar la calidad del servicio, principalmente en municipios que han tenido problemas de financiamiento. Esa es la respuesta con respecto al tema de convergencia eléctrica.
La segunda cuestión tiene que ver con el flujo de liquidación de divisas proyectado. Efectivamente tenemos el flujo de liquidación de divisas proyectado durante los meses de octubre, noviembre y diciembre que equivale a 4.200 millones de dólares, 1.500 millones de dólares adicionales que son los que se dispondrán entre noviembre y diciembre, esto equivale más o menos a una distribución proyectada de 700 millones de dólares para este mes, 800 para diciembre. Esto implica 5.700 millones de dólares para el complejo sojero, independientemente de lo que significa la liquidación de cosecha vieja en trigo, maíz y también harina, y la eventual habilitación de los cupos de exportación para trigo, harina o maíz en materia de cosecha nueva. Ese es un tema que lo está debatiendo el Ministerio de Economía junto a la Secretaría de Comercio y también el Ministerio de Agricultura de la Nación. De manera que esa es la proyección existente en la materia.
Y respecto a líneas de financiamiento del Banco de la Nación Argentina, es el banco líder para financiamiento del sector agropecuario, pero también analiza la situación de cada uno de los clientes respecto a su capacidad de financiamiento y de pago, de manera que es una política comercial de la entidad financiera.
PERIODISTA.- La primera consulta tiene que ver con el proyecto anunciado ayer por el gobierno. Inmediatamente se escucharon críticas desde algunos medios de comunicación, e incluso desde los integrantes de la oposición en el AFSCA, en el sentido de que el proyecto intenta beneficiar a Telefónica, para que se quede con Telefe, y que se intenta derogar en este sentido parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y otro de los argumentos en contra indica que el gobierno intenta imponer regulaciones a la telefonía e internet, que finalmente impactarían negativamente en las inversiones del sector. Quisiera saber qué comentario tiene el gobierno al respecto.
Una segunda consulta, ayer se produjo el sexto intento de la oposición en el Senado, a través de una cuestión de privilegio, de pedir el apartamiento o la renuncia, o la licencia de Amado Boudou, quisiera saber qué comentario institucional y político tiene el gobierno al respecto.
CAPITANICH.- Si hay seis intentos no voy a hacer seis comentarios, ya lo transmití con mucha anticipación respecto a lo que pensaba.
En segundo lugar, me parece importante hacer mención a este proyecto de ley, porque pareciera ser que el Grupo Clarín cree en la centralidad del universo respecto a que las leyes que promueve el Poder Ejecutivo o sanciona el Congreso se hacen a favor o en contra de sus intereses. Obviamente si uno examina su historia puede tener cierta razonabilidad, porque el pacto que hizo el Grupo Clarín junto a La Nación y La Razón para apropiarse de Papel Prensa, con el objeto de establecer un proceso de integración vertical y excluir a los competidores, en definitiva tiene un hilo conductor, que es el principio de negación de la competencia y fortalecimiento de la posición monopólica. Es muy importante que el pueblo argentino sepa cómo fue la historia: pacto con la dictadura militar más genocida, apropiación de Papel Prensa, ¿y qué hacían con Papel Prensa? Provisión desde el punto de vista vertical, papel barato para sus diarios, mayor tasa de ganancia para acumular rentabilidad del grupo. ¿Y qué hacían con la competencia? No le daban papel o le proveían de papel más caro. ¿Y qué hacían con eso? Excluían cualquier tipo de competencia. Cuando uno excluye cualquier tipo de competencia, establece un sistema de integración vertical y una estrategia monopólica, lo que hace es maximizar su excedente, con lo cual aumenta su rentabilidad.
Aumentando su rentabilidad, ¿qué hicieron en una segunda etapa? Presionaron al nuevo gobierno. O sea, primero presionaron al gobierno anterior propiciando múltiples ataques especulativos y golpes de mercado, con el nuevo gobierno pactaron el otorgamiento de licencias en sistemas de comunicación audiovisual. Esto significó apropiarse de canales de aire y después radios. Esto implicó mayor capacidad de presión mediática, y la presión mediática de diario, prensa escrita, más prensa oral y televisiva, implicaba la posibilidad de presionar para, como efectivamente lograron en algún momento, apropiarse de los cables. Utilizaron el fútbol como una herramienta de presión y de extorsión para abaratar los sistemas de precios para la compra de cables, pequeños y medianos, principalmente para tener 237 licencias. Entonces tenían el monopolio de Papel Prensa, alta cuota de mercado en diario, alto nivel de incidencia en radio y televisión, mercado mayoritario en cables, apropiación del excedente, ¿y cuál era el embate final sobre el gobierno? Era apropiarse de las compañías telefónicas, con el objetivo de establecer un monopolio escrito, oral, televisivo, voz, imagen y datos. Y esta estrategia de voz, imagen y datos significaba el gobierno fáctico de la República Argentina, independientemente de quienes fueran elegidos por la voluntad popular. Esto fue una estrategia deliberada durante 40 años, hasta que efectivamente hubo un gobierno con vocación de representar los intereses del pueblo, Néstor Kirchner primero, Cristina Fernández de Kirchner después. Entonces este concepto de centralidad política me parece que es muy importante decir: primero que el gobierno, el Poder Ejecutivo, elegido por la voluntad popular, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, no gobierna pensando en el Grupo Clarín, gobierna pensando en el bienestar del pueblo argentino. Y entendemos que esta iniciativa de carácter legislativo lo que promueve es precisamente el bienestar del pueblo argentino, porque garantiza universalidad del servicio, de las tecnologías informáticas y de las comunicaciones con una estrategia muy concreta.
Primero, nosotros lo que observamos es que después de 40 años se propicia una nueva ley que es la que cuando se sancione por parte del Congreso, la Ley 19.798 de telecomunicaciones. Y es importante aclarar esto: cuando esta ley se sancionó en el año 1972, no existía Internet, no existían los teléfonos celulares, no existía la fibra óptica y los sistemas de comunicación eran total y absolutamente diferentes a los actuales. Y hay una característica muy importante, la República Argentina es un país muy extenso, 2,8 millones de kilómetros cuadrados, prácticamente, octavo país en el mundo en superficie, alta distribución geográfica poblacional y si solamente intervienen las empresas privadas sin un mecanismo regulatorio del Estado, ¿qué hacen las compañías privadas? Atacan la crema del negocio. No es lo mismo colocar fibra óptica en un pueblo con 5.000 viviendas dispersas que poner en 5 cuadras en Capital Federal con edificios de 40 pisos, porque el nivel de costo inversión fijo es diferente, la estructura de ingresos es diferente, la tasa de rentabilidad de la inversión es diferente. Entonces, es muy importante garantizar la accesibilidad universal del servicio para todos los habitantes de la Nación y obviamente con calidad equivalente.
¿Qué hacen las compañías si no regula el Estado? Muy simple, prestan servicios acá buenos, en el resto del país los servicios son pésimos, la velocidad en banda ancha es más baja porque no hay inversión, con lo cual uno acá puede entrar en nanosegundos a la búsqueda de cualquier dato, en el interior tarda, depende del lugar que se ubique, 30, 60 minutos o tardan horas o la fidelidad o la confiabilidad del sistema de acceso es mínimo o también las compañías, como tienen posición monopólica, le cobran cualquier precio al usuario. Por lo tanto, tenemos un problema de asimetrías de localización de las inversiones y del servicio.
Entonces, nos parece muy importante observar qué pasa en el mundo. En el mundo existen marcos regulatorios distintos, desregulación plena en Estados Unidos, máxima regulación en Asia, principalmente en Japón y Corea, que no son precisamente países de signo comunista, para decirlo, y también la Unión Europea o los países europeos que tienen un sistema mixto.
Argentina también en base a la característica geográfica, en base a una ley vetusta, tiene una particularidad, tiene que lograr poner en evidencia lo que ha venido haciendo en esta materia. Construir una Argentina digital a partir de esta ley, Argentina digital, implica reconocer efectivamente las inversiones realizadas en esta materia.
Argentina hoy es uno de los 8 países del mundo que domina la tecnología satelital de telecomunicaciones, tenemos ARSAT 1 en órbita geoestacioaria para proveer del servicio. Entonces, tenemos fibra óptica con más de 30.000 kilómetros de extensión, serán 63.000 para el año 2015 con última milla incluida y con otros mecanismos de ejecución. Y también existe fibra óptica invertida por el sector privado.
Entonces, de lo que se trata, es de construir una Argentina digital que implica la sustitución de la utilización del dispositivo analógico. Obviamente, una Argentina digital es pensar en una Argentina moderna, integrada, con servicios de muy buena calidad de carácter universal.
La ley tiene algunos contenidos que son sumamente importantes. El primer contenido importante es que se trata de un servicio público en condiciones de competencia. Todas las veces que fui al Congreso de la Nación en virtud del cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, salía el tema, para cuándo el servicio público en materia de telecomunicaciones. La ley lo contempla, servicio público en competencia.
Segundo, ¿cuántos reclamos existían en materia de servicio de larga distancia? Hoy, se elimina a partir de esta ley, el servicio de larga distancia, en términos de tarifa diferencial. Uno puede comunicarse a cualquier lugar del mundo con la tecnología que va a estar disponible con el marco de implementación de esta ley y no va a haber este servicio.
Tercero, hay un esquema básico que es la regulación del Estado en materia de velocidad mínima en la red. Esto implica un nivel de lectura apropiada para que la calidad, desde el punto de vista de la velocidad esté asociado a los montos de inversión.
Cuarto, lo que se trata es de optimizar el uso de la red. ¿Y por qué se optimiza el uso de la red? Porque Argentina hoy ha tenido, no solamente la inversión en red en fibra óptica, sino un satélite o sea, los lugares donde no se llega con fibra óptica, se llegará con satélite. Y al llegar con fibra óptica satélite la calidad del servicio, va a tener una condición de universalidad y de buena calidad. Y, a su vez, lo que es importante, es que la plataforma digital tiene dos aspectos, lo que significa el transporte, o sea, la infraestructura disponible que es la fibra, el transporte de la misma, permitirá claramente diferenciar lo que significa contenidos. Por eso, el principio esencial de la red es neutralidad de la red.
Entonces, la prestación de un servicio público en competencia con neutralidad, implica obviamente la posibilidad de optimizar el uso de la infraestructura para la maximización de la difusión de los contenidos. Es una norma extraordinaria, no está hecha para nadie en particular, está hecha para mejorar la accesibilidad para todo el pueblo argentino en condiciones de óptima calidad.
Y, obviamente, cualquier grupo que pueda presentarse en términos de licenciatario, hay cable operadores chicos, medianos, hay cooperativas que, obviamente se verán favorecidas por el aprovechamiento de esta infraestructura y la posibilidad de provisión pero obviamente la capacidad regulatoria del Estado va a impedir la apropiación de un monopolio y la fijación de un precio de referencia que pretenda excluir la competencia.
Ejemplo: si hay una inversión de fibra óptica, se establece un precio regulado, permitirá la difusión de contenidos por licenciatarios para los mecanismos de operación. Y la verdad es que no tiene nada que ver la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con la perspectiva de la sanción de esta ley de Argentina digital.
Por lo tanto, uno podría enumerar una enorme cantidad de cuestiones, pero lo que me parece que es muy importante es la separación cualitativa entre el transporte y contenido y el artículo 10 de la norma que estable claramente, por un lado, la regulación, la contabilidad separada, las unidades de negocios separadas precisamente para la verificación de que no exista ningún tipo de prácticas anticompetitivas ni subsidios cruzados.
Por eso me parece que es lo medular de esta ley. Es un servicio público en competencia y a su vez, tiene una jurisdicción muy concreta que tiene que ver con la perspectiva de jurisdicción de carácter federal en lo contencioso administrativo y nos parece verdaderamente una iniciativa que tendrá un debate muy positivo en el ámbito del Congreso porque creo que es, precisamente, un marco jurídico moderno, actualizado para la construcción de la Argentina digital.
PERIODISTA.- Ministro: hoy vence un plazo para el cobro de bonos reestructurados, se habla de 161 millones. Todo indica que algunos no van a cobrar y también hay algunos bonos que estarían o fondos que estarían haciendo gestiones para lograr el porcentaje necesario para solicitar una aceleración. ¿Cómo se observa desde el Gobierno esta situación especialmente aquellos que no van a cobrar?
CAPITANICH.- En primer lugar, la posición de la República Argentina siempre es la misma en el sentido de que la República Argentina cumple y de esta manera nosotros consideramos que la situación de la percepción del cobro del servicio de capital e intereses por parte de los tenedores, es un problema de intervención judicial por parte del juez Griesa. Por lo tanto, los bonistas en vez de propiciar aceleración, lo que deberían es propiciar acciones judiciales contra el juez Griesa que retiene fondos de una manera indebida. Porque eso se trata de una retención indebida de fondos por una acción unilateral desde el punto de vista judicial que afecta la percepción de ingresos para los mismos bonistas. Por lo tanto, aquí quien incurre en violación a la ley, es precisamente, el juez, no la República Argentina que cumple efectivamente el pago de su deuda soberana.
Por lo demás, lo que me parece es que el juez Griesa fallo tras fallo reafirma la situación de limbos jurídico que se establece con los depósitos correspondientes, tanto en el BoNY como la perspectiva de disponibilidad de estos fondos en materia de Nación Fideicomiso para el pago regular de las obligaciones de la República Argentina.
Por último, lo que quiero transmitir es que todo el sistema de disparar cláusulas de aceleración, tiene que ver con series y series que deben tener series de bonos, que a su vez requieren un sistema de acuerdo para que efectivamente el mecanismo se instrumente.
De manera que esa es una cuestión que nosotros venimos lidiando en términos de la litigiosidad jurídica a partir de una resolución de carácter judicial que la hemos cuestionado de una manera muy clara y contundente, no solamente en los estrados judiciales, sino también ante los estrados internacionales, desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hasta la Asamblea de Naciones Unidas porque entendemos claramente que es una decisión de carácter judicial que afecta la condición de país soberano de la República Argentina.
Muchas gracias.
