CONFERENCIA DE PRENSA DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, JORGE CAPITANICH, EN LA CASA DE GOBIERNO
CAPITANICH.- Muy buenos días a todos y a todas. Hoy el plan SUMAR, que es una iniciativa de políticas públicas en el ámbito de la salud pública en la República Argentina, celebra 10 años. Esto implica una cobertura de casi 9 millones de argentinos con una inversión en materia de red sanitaria e infraestructura en todo el país. Es importante destacar que en estos últimos 11 años todo el fortalecimiento de la red de infraestructura sanitaria con nuevos hospitales, nuevos centros de salud, tecnología a disposición de la mejor atención de los pacientes y universalización o estrategias de universalización desde el punto de vista de la cobertura, permite lograr resultados extraordinariamente importantes, como por ejemplo la drástica reducción de mortalidad infantil, mortalidad materna, reconocida por organismos internacionales. Y lo que es importante es que así como es necesario observar que la mayor tasa de generación de empleo, la mayor formalidad en el nivel de empleo, genera acceso a obras sociales, también el Estado tuvo una iniciativa con el plan NACER, para atender la problemática de la infancia, paralelamente la extensión de esta cobertura a partir del plan SUMAR, implica un seguro de salud que objetivamente resuelve los problemas de demanda y atención sanitaria.
En segundo lugar, es importante también como indicador, que la carne consumida entre los meses de enero a agosto ha implicado 58,9 kilos de consumo anuales. Esto equivale a la segunda mejor cifra en los últimos 5 años, provista por la Cámara de Industria, Comercio y Derivados de la República Argentina. La tendencia efectivamente, es a un consumo de carne equivalente a 125,6 kilos, lo cual es un récord histórico en la República Argentina.
Y por último nos parece importante efectuar una aclaración respecto a la evolución desde el punto de vista de la Encuesta de Indicadores Laborales. Como ustedes saben, en la República Argentina, la EIL se elabora a partir de 1996, toma 2.300 empresas con una distribución en 8 aglomerados urbanos en la República Argentina, empresas de más de 10 empleados, y en este sentido ha reafirmado que en el mes de agosto los despidos efectivamente no crecen y es inferior a los últimos 7 años. El porcentaje de empresas con despidos, lo transmitimos anteriormente, decían que era equivalente al 33 por ciento; esta encuesta hoy determina 11 por ciento, pero es necesario dejar en claro que las causales pueden ser múltiples, puede ser que el trabajador deje su empleo por renuncia, puede ser por despido, o sea por retiro voluntario, por renuncia, puede ser el caso también por contrato de plazo fijo, por despidos causados, en fin, hay una multiplicidad de aspectos, pero lo más importante es que el nivel de empleo formal, cuando uno compara agosto 2014 respecto a agosto de 2013, tiene una ligera variación positiva del 0,1 por ciento. Entonces es muy importante ratificar de un modo categórico que de acuerdo a esta Encuesta de Indicadores Laborales, con una metodología determinada, en agosto del año 2014 los despidos no crecen y es inferior a los últimos 7 años.
PERIODISTA.- Ministro, quería consultarle por las declaraciones de ayer de Alex Freire, un reconocido militante del kirchnerismo y además partícipe habitual de los actos que se realizan en esta Casa de Gobierno, que hizo referencia directa a Aníbal Pachano pero también a todos los pacientes con HIV y con cáncer, sosteniendo que en caso de que Massa o Macri accedieran a la presidencia iban a morir prontamente por falta de acceso a los medicamentos, Quería preguntarle qué opinión le merecen este tipo de declaraciones. Y conjuntamente con esto surgió el debate en torno a si efectivamente en la actualidad hay acceso o no a este tipo de medicamentos. Quisiera saber la opinión del gobierno con respecto a esto.
CAPITANICH.- Sí, con respecto a ese tema por supuesto es necesario hacer mención respecto a lo siguiente. Primero, en la República Argentina existe atención de carácter universal y gratuito a todos los pacientes enfermos de sida. En este sentido, desde la ley 24.455 se establece la obligatoriedad para la atención de las obras sociales, para tratamientos que tienen que ver con tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos. Además también a ley 24.754 efectivamente ha extendido los mecanismos de cobertura a la medicina prepaga.
También es necesario recordar que la República Argentina destina, en materia presupuestaria, un monto equivalente a 453 millones de pesos para atender las demandas derivadas de esta problemática, y que hoy existen en el país 758 centros. En el año 2003 había cero, hoy 758. Entonces nos parece que esos 758 centros de testeo y asesoramiento para VIH, tienen efectivamente el objetivo de atender con una política activa por parte del Ministerio de Salud de la Nación, 34.000 pacientes.
Se considera que existen 60.000 personas con VIH en la República Argentina, 35.000 con atención de políticas activas por parte del Ministerio de Salud, y el resto con mecanismos de cobertura de medicina prepaga y también de obras sociales.
La tasa de VIH en el año 2003 y 2011 ha sido marcadamente descendente, casi a un tercio de lo que era, y creo que esto es muy reconocido desde organizaciones no gubernamentales como la Fundación Huésped y obviamente por lo mecanismos de atención por parte del Estado. Por lo tanto, lo que debo responder es efectivamente que la política por parte del Estado es una política activa que ha tenido un impacto en la asignación de recursos en los mecanismos de cobertura y en los mecanismos de atención, y que eso obviamente debe sostenerse en el tiempo.
PERIODISTA.- Ministro: permítame insistirle con una de las partes de la pregunta de mi colega recién. La frase de Freire, ¿es respaldada por el gobierno de la Nación o es una frase individual de él? Y me interesaría saber: ¿usted coincide con él de que si el presidente de la Nación el año que viene es Macri o es Massa, corren peligro aquellos que requieran de medicación para curar el sida o el cáncer? ¿Es una frase o una idea del FPV o es una frase o una idea de Freire?
CAPITANICH.- Mire, nosotros tenemos que responder desde el punto de vista de la ejecución de las políticas públicas, y esto es lo que hacemos. No efectuamos ninguna opinión respecto a lo que opinan las personas. Todo el tiempo están opinando analistas, periodistas, políticos. Nosotros obviamente lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de la responsabilidad que le compete al Estado, que es proveer las condiciones para políticas activas, y eso es lo que hace.
O sea, el Estado Nacional promueve perfectamente una política. Esta política implica 453 millones de pesos de asignación de recursos presupuestarios, 758 centros que no había, 34.000 personas que son perfectamente atendidas, mecanismos de cobertura que se extienden a obras sociales para provisión de servicios de medicamentos, farmacológicos y psicológicos, y también para la obligatoriedad de la atención de medicina prepaga. Por lo tanto lo que vuelvo a ratificar es lo que corresponde opinar desde el Estado en materia de ejecución de políticas públicas. Consideramos que cada uno es responsable de lo que dice y en ese contexto es necesario que opinen los que deben opinar, nosotros debemos opinar por nuestras acciones, nuestros hechos y nuestras políticas activas, que son valoradas y reconocidas. Y es muy importante reconocer que desde el 2003 la tasa de VIH en la República Argentina prácticamente bajó a un tercio y eso es lo que tenemos que valorar.
PERIODISTA.- Dos preguntas si me permite. La primera a tono con los colegas, me interesaría saber si la provisión de medicación contra el HIV y también para enfermos oncológicos está salvaguardada, a pesar de la escasez de dólares.
La segunda, usted dijo que la Corte tiene que funcionar con 5 miembros como marca la ley, sin embargo el viceministro de Justicia dijo que ante el retiro del juez Zaffaroni en enero habría que ver si se lo reemplaza a él o se extiende el número de jueces de la Corte y se vuelve a 7 como era antes. La pregunta tiene que ver con si está en estudio esta posibilidad.
CAPITANICH.- Respecto al tema de provisión de medicamentos e insumos hospitalarios, esto está absolutamente garantizado en la República Argentina, de manera que tanto aquellos con fabricación nacional, como aquellos que se importan, tienen un flujo regular de provisión y no existe faltante de ninguna naturaleza. Primera definición.
Segunda definición: ayer efectivamente hice una exposición respecto a la vigencia de la Ley 26183. Esta ley fue sancionada en el año 2006 y establece claramente la integración de los miembros de la Corte en un proceso de carácter secuencial, de 7 a 5, y establece los mecanismos de conformación de mayorías en su artículo 3, respecto a que cuando existan 7 miembros serán 4 los que integren la mayoría, hasta la conformación de 5 miembros que efectivamente es la conformación prevista en la sanción original de la Ley 26.183. Paralelamente con eso lo que dije es que Néstor Carlos Kirchner impulsó el Decreto 222 del 2003, estableciendo la autolimitación de las facultades conferidas por el inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional. El artículo 99 de la Constitución Nacional establece las atribuciones del presidente de la Nación y en ese contexto estaba precisamente la propuesta de designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este sentido, del mismo modo existe una ratificación de una política para garantizar la independencia del Poder Judicial y la provisión de recursos, porque es bueno advertir que en los últimos 30 años de democracia, -vamos a cumplir 31- principalmente es necesario reivindicar que de 882 millones de pesos de presupuesto pasamos a 12.019 millones, o sea es el mayor nivel de participación monetaria del presupuesto del Poder Judicial en la historia democrática reciente en la República Argentina. Eso es reivindicar la asignación de recursos para lograr plena autonomía e independencia del Poder Judicial. Pero en ese contexto lo que uno advierte es que se pretende generar polémicas donde no la hay. La verdad es que mis declaraciones tuvieron el sentido efectivo de describir la vigencia de la Ley 26.183, mientras que el secretario de Justicia Julián Alvarez hizo una mención adicional, porque corresponde efectivamente que en un proceso de formación y sanción de las leyes pueda respetarse esta Ley 26.183, o eventualmente si existen otro tipo de iniciativas pueden efectivamente cambiar la normativa.
Pero no hay ninguna polémica, simplemente hay una descripción respecto a cómo está vigente el mecanismo y es bueno reivindicar el Decreto 222 del 2003, porque ha permitido definitivamente la autolimitación de las atribuciones constitucionales del presidente de la República. En este sentido el Decreto 222 del 2003 generó las condiciones para que los jueces del máximo tribunal de la República Argentina puedan tener un proceso de integración sobre la base de concursos de antecedentes y oposición, un sistema de publicación de sus respectivos antecedentes, los mecanismos de impugnación, la audiencia pública que se propicia en el ámbito del Senado de la Nación para lograr la aprobación de dos tercios correspondientes en el cuerpo colegiado. Me parece que es muy importante remarcar esto, y con mucho énfasis en virtud de que el mismo Decreto 222 del 2003, aparte de la autolimitación correspondiente, establece la procedencia, que tiene que ver con una combinación de género, especialidad o materia y también procedencia geográfica. Por eso nos pareció una avanzada extraordinaria para lograr calidad institucional.
Y dentro de ese esquema de calidad institucional es importante remarcar, porque nunca se dice o se reivindica como política pública del gobierno, lo que significan las políticas activas precisas y fácticas. Por ejemplo, primero el mayor nivel de presupuesto; segundo, la reducción en el número de miembros de la Corte a 5, que fue elogiado por distintos analistas, periodistas y todo el arco opositor; tercero, los mecanismos de selección. En la República Argentina nadie tuvo la iniciativa de propiciar la autolimitación de inciso 4° del artículo 99, Néstor Kirchner la tuvo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha continuado con esta política. Por eso creo que todo el tiempo tratan de minimizar procesos de transformación estructural en materia de calidad institucional y todo el tiempo pretenden generar contradicciones donde no las hay.
Y a su vez también creemos que es pertinente observar que la Corte Suprema de Justicia en la República Argentina no debe estar a favor ni en contra del gobierno, debe propiciar la sanción correspondiente de sus fallos conforme estrictamente a derecho. Por lo tanto valoramos la independencia del Poder Judicial, valoramos este procedimiento de selección, valoramos la autonomía en las decisiones, pero también advertimos que los desafíos tienen que ser siempre por más justicia, más acceso a la justicia, más garantías efectivamente para todos los ciudadanos y obviamente que el acceso y la transparencia de los fallos no implique la contaminación de las acciones corporativas que pretenden desdibujar lo que significa la plena independencia de los poderes, que debe garantizar accesibilidad y la aplicación justa del derecho para todos los habitantes, que somos iguales ante la ley tal cual lo prescribe la Constitución Nacional. Muchas gracias.