CAPITANICH.- Muy buenos días a todos y a todas. Como ustedes saben, ayer hemos tenido una reunión con la Confederación General del Trabajo, encabezada por Antonio Caló y parte de los miembros de su Comisión Directiva. Hemos propiciado una reunión extensa, amplia, en donde se ha informado respecto a la temática analizada, pero lo importante y trascendente también es la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo 29 de agosto en el ámbito del Ministerio de Trabajo.
En segundo lugar quiero efectuar algunas aclaraciones respecto a información que se utiliza, y allí vamos a separar la opción de buena fe y de mala fe. De buena fe, entendiendo que es utilizada en forma errónea y equivocada, y esto oportunamente lo expresó el senador Ernesto Sanz, el otro día en el debate por las iniciativas respecto a la protección del consumidor y el usuario en el ámbito del Congreso de la Nación, del Senado, diciendo que más de 300.000 cuentas sueldo se cerraron, marcando eso como un termómetro desde el punto de vista del desempleo en la República Argentina o del aumento del número de desempleados. Esto es falso, de falsedad absoluta. Si es hecho de buena fe es un error, y si es hecho de mala fe, es parte de una campaña y de una estrategia pretendiendo instaurar temas que no tienen correlato con la realidad.
Las cuentas sueldo por parte de las entidades financieras tienen alta movilidad; aparte, el empleo formal en la República Argentina supera los 9 millones de empleos, cerca de 9,5 millones. Y en ese contexto lo que es importante es admitir que existen variaciones en forma sistemática por diversas razones, por cambio de trabajo o por jubilación, o porque una baja implica un alta en el sistema, por lo tanto no puede ser considerado eso como un termómetro en la evolución del empleo. El empleo se mide por la encuesta de Indicadores Laborales de parte del Ministerio de Trabajo, por la encuesta Permanente de Hogares, por sistema de análisis que tiene que ver con el registro de SIPA y no SIPA, en el Sistema Integrado Previsional de la República Argentina.
Por lo tanto invocar..., y esto lo he observado desde muy temprano en la mañana a través de un medio de comunicación, cada 30 minutos repiquetea el tema de la reducción de más de 300.000 cuentas sueldo. Eso es falso, de falsedad absoluta respecto a cualquier evaluación o termómetro respecto al desempleo.
En tercer lugar, quiero hacer mención respecto a la variación de las reservas del Banco Central. La variación del Banco Central fue negativa en materia de reservas el día de ayer, producto de la disminución del precio de la cotización del oro, 42 millones de dólares. Anteriormente había tenido una pérdida de cotización equivalente a 22 millones de dólares.
También es necesario admitir que la composición del volumen de reservas del Banco Central está integrada por oro u otras monedas, y obviamente cuando existe variación por ejemplo de oro u otras monedas que conforman la canasta de monedas que forman parte de las reservas del Banco Central, hemos tenido disminución o pérdida de cotización equivalente a cerca de 180 millones de dólares. Por lo tanto esto también es necesario remarcar desde el punto de vista del comportamiento y la evolución de la misma. Hemos tenido desde el 30 de marzo a la fecha un flujo sistemático de incremento constante en materia de volumen de reservas, salvo algunas variaciones específicas y también el uso del fondo de desendeudamiento, principalmente para la amortización de servicios de capital e intereses de deuda con organismos multilaterales de crédito, o el último pago de 642 millones de dólares con el Club de París.
En cuarto lugar, lo que quiero transmitir es que obviamente merecen por lo menos un repudio de carácter colectivo por parte del Congreso de la Nación, las desafortunadas expresiones del juez Griesa, que constituyen efectivamente una injerencia indebida de un magistrado de otro país respecto a la soberanía de la República Argentina. El Congreso de la Nación, en virtud de las atribuciones del artículo 75, obviamente tiene las atribuciones para el arreglo de la deuda interior y exterior de la nación. Por lo tanto, las leyes emanadas en el proceso de formación y sanción de las leyes, obviamente tienen raigambre desde el punto de vista de la legitimidad, porque los representantes del pueblo, tal cual lo estipula el artículo 22 de la Constitución Nacional, tienen la legitimidad de origen derivada de la voluntad popular y obviamente sus actos constituyen la legalidad derivada de la soberanía del país, de la Constitución y de las leyes.
Esperamos, obviamente, que de un modo absolutamente consensual entre todos los actores del sistema político y los miembros del Congreso, se expresen respecto a esta desafortunada, incorrecta expresión, y también diría hasta imperial expresión del juez Griesa.
PERIODISTA.- Buen día, Ministro, dos preguntas: la primera, la telefonía móvil, como usted sabe, interesa muchísimo a los argentinos e interesa en todo el mundo obviamente. Ayer se firmó un acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y de Asuntos Municipales. ¿Nos podría dar una ampliación de este tema?
Y la segunda, un grupo de bonistas reestructurados de la deuda argentina, quiere remover aparentemente la cláusula RUFO, estarían trabajando en este tema y estaría avanzada la negociación con el Deustche Bank.
CAPITANICH.- Mire, la perspectiva de que un grupo de bonistas promueva la convocatoria de una asamblea de tenedores, es factible en el marco del prospecto. Lo que es importante remarcar es que la República Argentina ha tomado una decisión que es enviar un proyecto de ley de pago soberano al Congreso de la Nación y propicia dos decisiones que son trascendentales. Primero, la sustitución o el cambio del agente fiduciario, en virtud de que el agente fiduciario oportunamente designado incumple con sus obligaciones.
En segundo lugar, establece un cambio de lugar de pago, no de jurisdicción, lo cual permite efectivamente garantizar que el tenedor de un modo voluntario puede efectivamente cobrar en la República Argentina.
Lo que pueda hacer un grupo de tenedores o grupos de tenedores respecto a lo que marca el prospecto, es lo que efectivamente implica el logro de la voluntad correspondiente para hacerlo.
Y respecto al acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones, tiene que ver con la participación de los gobiernos locales respecto a reclamos que objetivamente se producen por el funcionamiento indebido o incorrecto de la telefonía celular móvil. Nosotros hemos observado en gran parte del país, no en gran parte, en muchos lugares, que el funcionamiento es incorrecto, con lo cual es pasible de multas, sanciones y a su vez es necesario garantizar la ejecución del procedimiento de licitación para 4G. Usted sabe que existe un plazo que es el 31 de octubre, allí se presentarán las ofertas correspondientes. Estimamos que en el transcurso del 2014 se puedan dar las adjudicaciones correspondientes para un programa de inversiones que se estima en cerca de 2.000 millones de dólares, precisamente para tener una plataforma que mejore sustancialmente la calidad del servicio telefónico.
PERIODISTA.- Señor Ministro: ¿por qué convocan para el día posterior al paro decretado por la CGT de Moyano y no lo hacen antes para evitar los trastornos que este paro va a ocasionar al país en la producción? La segunda pregunta es: ayer Moyano nos dijo a la prensa que a usted le adjudicaron el mejor camarote del Titanic, ¿qué tiene para decir a propósito de eso?
CAPITANICH.- La verdad es que siempre advierto que Hugo Moyano tiene descalificaciones permanentes, diatribas, hasta agravios de carácter personal. Yo soy un hombre muy respetuoso de todos los actores políticos, sindicales, cuando expreso mi opinión lo hago de un modo respetuoso, teniendo y poniendo en consideración diferencias ideológicas, políticas y metodológicas, por lo tanto no voy a responder frente a una actitud de esa naturaleza. A su vez siempre reivindico lo siguiente: he sido elegido en dos oportunidades como gobernador de mi provincia, en la reelección con el 67% de los votos y he sido candidato a senador suplente en las últimas elecciones del 27 de octubre, obteniendo en mi categoría el mayor caudal electoral de la República Argentina en un distrito electoral. Por lo tanto eso significa apoyo, consenso popular, y ese apoyo y consenso popular en mi provincia lo logré en base a dedicación, esfuerzo, trabajo y acciones, porque muchas veces estas cuestiones no se dicen, pero en general el respaldo de la voluntad popular de mi provincia se debe a logros, acciones y realizaciones. Por eso muchas veces uno observa que muchos periodistas y analistas de un modo despectivo se refieren a mi provincia o a la gestión, pero nunca se pusieron a analizar lo mucho que hicimos y los logros obtenidos. Pero eso forma parte de la política.
Y respecto a la fecha de convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en primer lugar quiero transmitirles que fue de mutuo acuerdo entre las partes, a propuesta de la CGT, y obviamente aceptación por parte de las autoridades del gobierno, principalmente del ministro de Trabajo, quien se encarga de coordinar esta convocatoria. En segundo lugar, veremos los alcances del paro para evaluar efectivamente su impacto.
PERIODISTA.- Quiero consultarlo sobre la impresión que tiene el gobierno nacional respecto de estas marchas que hubo ayer por la inseguridad, por distintos reclamos, uno en la provincia de Santa Fe, con reclamo central a la policía de la provincia de Santa Fe y al municipio de Rosario por un crimen reciente. Y por otro lado qué observación hace el gobierno nacional de lo que sucede en la Villa 20, la denominada Papa Francisco, donde sabemos que en su momento tuvieron intervención parte de fuerzas federales, Gendarmería Nacional. ¿Ustedes adjudican solamente a la Justicia y a inacción por parte de la Ciudad de Buenos Aires que ese asentamiento haya crecido y que en principio haya sido el detonante de un crimen en la mañana de ayer?
CAPITANICH.- Respecto al tema de marchas y movilizaciones que se realizan en distintos lugares del territorio nacional que tienen que ver con las provincias, es la expresión de preocupación de la ciudadanía respecto a episodios delictivos. En ese sentido, como lo he dicho en varias oportunidades y no es un invento del gobierno ni nuestro, la seguridad pública es una potestad no delegada por parte de las provincias a la nación, en consecuencia es una responsabilidad de las provincias argentinas. Como usted sabe los códigos de fondo son de carácter federal, los códigos de procedimiento son de carácter provincial. En ese contexto, todas las cuestiones que tienen que ver con ese debate del Código Procesal Penal, por ejemplo de la Nación, se pretende claramente cambiar el sistema inquisitorio por el acusatorio, que es más moderno, le da mayor celeridad y oralidad a los procesos. Entendemos que desde la perspectiva de la reforma procesal hasta el debate que inexorablemente va a tener el Código Penal a través de la participación de entidades no gubernamentales, especialistas, juristas y universidades, hasta el rol de las fuerzas de seguridad en cada una de las provincias, hasta la injerencia y el rol del Poder Judicial, constituyen efectivamente acciones concurrentes que deben estar en directa vinculación con los objetivos de brindar seguridad a los ciudadanos. Por lo tanto lo que hemos observado en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe tiene que ver con una reacción popular de parte de la ciudadanía respecto a una demanda hacia el gobierno de las provincias, que deberá ser procesada por las autoridades provinciales para la resolución del problema. La Nación Argentina ha acudido con un refuerzo significativo en el ámbito de la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, hemos tenido cerca de 2.000 gendarmes que se han trasladado a la ciudad de Rosario, con una logística de carácter operacional para combatir dura y tenazmente a bandas de narcotraficantes; el secretario de Seguridad Sergio Berni ha estado rápidamente actuando allí, participó en distintos procedimientos de incautación de estupefacientes, por lo tanto la acción de parte del Estado Nacional ha sido muy directa. Quiero en este sentido remarcar, porque muchas veces no se resalta la inversión que ha habido en seguridad pública en la República Argentina. Tenemos un presupuesto proyectado de 28.800 millones de pesos para las fuerzas de seguridad nacionales; 107.000 agentes aproximadamente, prácticamente duplicación de Gendarmería Nacional e incremento de los agentes en Policía Federal y en Prefectura Naval Argentina; un gran proceso de inversión en equipamiento, para garantizar logística operacional a las fuerzas de seguridad. De manera que el esfuerzo desde el punto de vista de la inversión en seguridad por parte del Estado Nacional ha sido muy significativo, tanto en la mejora de salarios como en la provisión de uniformes, armas y también mejoramiento de la metodología de inteligencia criminal, metodología asociada a cámaras de seguridad, vehículos, equipamiento para apoyar la ejecución de planes operativos en materia de seguridad. Nosotros tenemos una atribución, una facultad concurrente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las autoridades de la Ciudad Autónoma y sabemos muy bien que la potestad en materia de seguridad es de cada una de las provincias. Por lo tanto los reclamos deben claramente estar dirigidos a los gobernadores de las provincias, quienes tienen responsabilidad primaria en la materia. Lo mismo que ocurre respecto al rol de la ley 24.059 y modificatorias, la Ley de Seguridad Interior, que también ratifica estas potestades no delegadas en las provincias y es una responsabilidad de la seguridad obviamente salvaguardar el patrimonio y la vida de los argentinos en los lugares donde habitan. Por lo tanto entendemos que los gobiernos provinciales deben extremar las acciones desde el punto de vista de la prevención en materia de seguridad y la Justicia debe cooperar para el juzgamiento eficaz de los casos, a los efectos de que la penalización de los mismos implique generar las condiciones para resolver el problema. Muchas gracias.
