CAPITANICH.- Muy buenos días a todos y a todas. En el transcurso de esta semana hemos tenido la posibilidad de observar la preparación y obviamente el envío de una misión encabezada por la ministra de Industria, también por el ministro de Agricultura y el Secretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería Argentina, con el objeto de analizar un conjunto de oportunidades para la comercialización de productos de exportación de la República Argentina a la Federación Rusa.
Como ustedes saben la Federación Rusa tiene aproximadamente 142 millones de habitantes, es un mercado potencialmente muy importante para la República Argentina, tiene cerca de 2,2 billones de dólares de Producto Interno Bruto, cerca de 14.300 dólares de ingreso por habitante, y a su vez tiene un saldo comercial significativo de más de 200.000 millones de dólares.
Por otra parte, la demanda de nuestros productos a partir de sanciones aplicadas a otros países, que a su vez eran oferentes de la Federación Rusa, abre un abanico de oportunidades para toda América del Sur y principalmente para nuestro país. En consecuencia, la agenda de perspectivas para la comercialización de productos de Argentina tiene que ver con la posibilidad de carne vacuna, aviar, también lácteos, el tema de legumbres, en fin, una multiplicidad de productos que formarán parte de esta agenda y que naturalmente será motivo de una información exhaustiva durante el transcurso de esta semana. Estas perspectivas tenderán a incrementar el comercio bilateral entre ambos países, y también por supuesto es una oportunidad para el incremento sustantivo de nuestras exportaciones.
En segundo lugar, la firma Aeropuertos Argentina 2000 y la administración de sus respectivos aeropuertos aquí de la concesión en la República Argentina, ha informado que hay 2.360.000 pasajeros estimativamente que implican un 5,1 por ciento más respecto al mismo período del año 2013.
A su vez también es importante observar el incremento sustancial del turismo receptivo, con múltiples informes que dan cuenta respecto a cerca del 90 por ciento de la capacidad hotelera instalada, que implicó una movilización aproximada a 700.000 personas, cerca de 1.500 millones de pesos con distintas estimaciones por parte de distintas cámaras y entidades representativas, lo cual es un hecho trascendente.
Es muy importante, yo he tenido la oportunidad de estar en mi provincia y vi también una fuerte movilización desde el punto de vista de inversión, infraestructura, comercio. Inclusive el domingo, aquí, tuve la oportunidad de recorrer parte de Panamericana y otras rutas, y el nivel de tráfico era de alta congestión, casi a 24 kilómetros por hora, es decir, una fuerte congestión de tráfico un fin de semana. Eso implica observar con nuestros propios ojos lo que significa los niveles de circulación y demanda desde el punto de vista del tráfico.
También quería remarcar y poner de manifiesto que hoy a las 11, junto al canciller Héctor Timerman y la doctora Susana Ruiz Cerutti, hemos de brindar una conferencia de prensa exhaustiva respecto a los alcances de la presentación de la República Argentina ante la Corte Internacional de La Haya. Por lo tanto, no me voy a explayar en el tema ahora, lo vamos a observar a partir de las 11, donde ustedes seguramente podrán participar.
Y quiero centrarme respecto al tema de una agenda legislativa importante que dará comienzo en términos de tratamiento en el día de hoy, y seguramente se extenderá en el transcurso de esta semana y las próximas semanas. Esto tiene que ver fundamentalmente con una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, impulsada por una decisión política de la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, respecto de las reformas propiciadas en la Ley 20.680 denominada de Abastecimiento, la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y también la Ley 24.156 de Defensa de la Competencia.
En general se han resumido en tres iniciativas de carácter legislativo. Esas iniciativas implican adoptar una síntesis, que tiene que ver en principio con la creación del Fuero del Consumidor. Esta es una reivindicación histórica en la República Argentina, porque implica lograr la concreción y la ejecución de la manda constitucional del artículo 42 de la Reforma Constitucional del año 1994. Esto significa definitivamente generar una transformación cualitativa en la República Argentina. Así como el general Juan Domingo Perón introdujo el Fuero Laboral durante su presidencia, también en esta presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner se introduce el Fuero del Consumidor para tratar de garantizar la defensa legítima de los derechos del consumidor.
Precisamente hoy uno advierte la inexistencia de la perspectiva de ejecución efectiva de sus reclamos. El consumidor en gran parte está desamparado; el consumidor cuando hace un reclamo muchas veces no logra el resarcimiento desde el punto de vista pecuniario ni a su vez puede hacer valer efectivamente sus derechos. Lo que se establece aquí es un procedimiento rápido, en donde existe una instancia administrativa de conciliación obligatoria. O sea, un consumidor que en general uno observa claramente en telefonía móvil, perjuicios en el funcionamiento de un electrodoméstico o cualquier tipo de bien o servicio de consumo, lo que tiene que hacer rápidamente es promover la acción por vía administrativa. Esa vía administrativa implica una conciliación obligatoria con mediadores debidamente calificados para la resolución del tema. A su vez, esto implica la resolución por parte de un juez administrativo si existe conciliación. Si no existe conciliación y acuerdo para el resarcimiento al consumidor, automáticamente se abre la instancia desde el punto de vista judicial, también con plazos procesales que determinen la celeridad, la economía del proceso a los efectos de garantizar el resarcimiento para el consumidor damnificado. Realmente esto es una innovación desde el punto de vista cualitativo respecto a la defensa irrestricta de los derechos del consumidor.
En segundo lugar, es muy importante establecer el esquema de elevación de los topes máximos desde el punto de vista de multas, de 500.000 a 5 millones de pesos. También se establece básicamente un principio muy trascendente que es el principio solve et repete, es decir, pague después reclame. Esto tiene que ver con la posibilidad de que el empresario mediante acciones de carácter judicial no eluda su responsabilidad desde el punto de vista de pagar la multa fijada por el Estado. Porque si el Estado fija una multa y existen mecanismos de elusión de la misma, en definitiva no hay ni siquiera una sanción de carácter pecuniaria.
Y me parece que es muy trascendente el hecho de establecer una ley de observatorio de precios para evaluar el comportamiento del mismo en toda la cadena de valor, respecto a los márgenes de utilidad, porque esto es lo que objetivamente determina el funcionamiento de una sociedad moderna, en donde las perspectivas de las relaciones de producción y de consumo, estén asociadas a los incentivos a la producción pero también los incentivos al consumo, desde el punto de vista del mejor nivel de calidad y precio para el consumidor.
Y allí es donde yo quisiera observar claramente lo siguiente: cuando se plantea la reforma de la Ley de Abastecimiento, principalmente lo que se hace es derogar los artículos cuestionados políticamente que dan argumentos para la inconstitucionalidad respecto a su aplicación. Por ejemplo expropiación, por ejemplo intervención de empresas y sanciones de arresto.
En realidad, lo que se plantea objetivamente en esta ley es un proceso de transformación cualitativa en su estructura, como lo hacen los países más avanzados del mundo. Cuando uno analiza la legislación comparada en Estados Unidos desde la Ley Sherman en adelante en defensa de la competencia, en 1890 en adelante, o cuando analiza Francia, Alemania u otros países, efectivamente lo que observa es que es necesaria una capacidad de intervención y regulación por parte del Estado para evitar abusos.
Nos parece muy importante observar que uno de los problemas centrales de la evolución de los precios en la República Argentina tiene que ver con la concentración económica, sea monopólica u oligopólica, que en definitiva lo que hace es distorsionar la cadena de valor y la estructura de precios relativos de la economía. Y esto genera definitivamente desde el abuso de posición dominante, la fijación de precios y a su vez genera un factor de extorsión permanente a los gobiernos. Los gobiernos necesitan y el Estado necesita una capacidad regulatoria en este sentido.
Acá lo que me parece muy importante es que los problemas que tiene actualmente la ley 20.680 es que el decreto 2284 del año 91, de desregulación económica, suspendió las facultades otorgadas por la ley, excepto en el artículo 2 inciso 6 de la misma. Y lo supeditó a una declaración previa del Congreso, luego ese decreto fue oportunamente ratificado por el Poder Legislativo, y lo que nosotros pretendemos con esto es precisamente generar las condiciones para que el Estado pueda intervenir de un modo transparente en la cadena de valor.
Esto es muy claro respecto a lo siguiente, pretendemos defender al pequeño y mediano empresario, pequeño y mediano productor. Creemos que es absolutamente indispensable tener capacidad regulatoria de parte del Estado, cuando por ejemplo no exista la provisión de determinado tipo de bien, verificar por qué no existe; por qué existe una distorsión en los márgenes de utilidad que perjudica a la cadena de valor y al consumidor.
Nos parece que cuando el sistema económico funciona de un modo razonable y transparente, la injerencia del Estado no debería existir, obviamente porque todo funciona correctamente. Entonces, los sistemas de estímulos y penalizaciones en el sistema económico están directamente asociados al cumplimiento de la ley.
Entonces esto pone en la República Argentina blanco sobre negro cuestiones desde el punto de vista político e ideológico. Por ejemplo nos va a permitir saber si la posición del socialismo es la de Binner, utilizando la mano invisible del mercado de Adam Smith, o la de Giustiniani, porque eso nos permite ver claramente la posición ideológica de cada partido; o de FAUNEN, si es una tendencia más pro liberal asociada al PRO o efectivamente a las reivindicaciones históricas de la prosapia fundante del radicalismo. O sea, creo que esto pone al descubierto, por un lado, los grupos de interés, el Grupo de los 6, los grupos que obviamente detentan el poder económico en la República Argentina y promueven una estrategia deliberada de concentración económica. Ellos son los que efectivamente promueven, con grupos mediáticos concentrados, mecanismos de tendencia a preservar sus privilegios o intereses. Va de suyo, si efectivamente han pretendido una concentración mediática desmesurada, cómo no van a pretender que eso tenga un correlato en materia económica, esto es que tengan mayor concentración económica, que tengan abuso de posición dominante, que expriman a los consumidores y que le echen la culpa al gobierno. Eso es lo que la literatura política determina claramente. Lo lamentable es que muchos opositores políticos se olviden de preceptos ideológicos esenciales de sus respectivos partidos, movimientos políticos o sociales, y en definitiva salgan en defensa de esos grupos concentrados, de sus empresarios y de sus intereses. Allí es donde uno puede ver, en debates de esta naturaleza, a favor de quiénes están, si están solamente a favor de los intereses económicos más concentrados o están a favor de los intereses del pueblo.
PERIODISTA.- Si me permite dos preguntas. La primera sobre la agenda parlamentaria. ¿El gobierno tiene opinión formada o va a tomar alguna decisión respecto de la ley antipiquetes, habida cuenta de las diferencias que ha generado en el propio oficialismo? El secretario Berni dijo "que dejen de joderle la vida a la gente con ese tipo de proyectos". En segundo término, si el gobierno toma nota de que ya son muchos los gremios, ayer inclusive hubo algunos que se sumaron, que reclaman la reapertura de la discusión paritaria, dado que los valores de marzo a mayo, cuando se firmaron los convenios, quedaron desactualizados por la inflación.
CAPITANICH.- Respecto a la segunda pregunta, tenemos una evaluación de 1,9% de recuperación del poder adquisitivo del salario, por lo tanto no implica de ninguna manera una perspectiva de reapertura de paritarias, sino muy por el contrario una recuperación del poder adquisitivo del salario desde el punto de vista de la negociación.
En segundo lugar, respecto a la denominada ley antipiquetes promovida en el ámbito del Congreso de la Nación, como lo hemos dicho oportunamente no se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo sino de una iniciativa de un conjunto de legisladores. Como usted sabe, en el proceso de formación y sanción de las leyes en el Congreso de la Nación, puede hacerlo por vía de un proyecto del Poder Ejecutivo o por vía de proyectos, tanto individuales como colectivos, de diputados o senadores que forman parte del debate a nivel legislativo. Por lo tanto no tenemos injerencia en ese debate y entendemos que es un debate libre en términos de posiciones emanadas de las partes. Por lo tanto así como dijimos oportunamente que no era una iniciativa del Poder Ejecutivo, también decimos y ratificamos ahora que es una cuestión que incumbe al Congreso de la Nación, en uso de sus atribuciones, la sanción o no de esta iniciativa.
PERIODISTA.- Más allá de las explicaciones que dio en la introducción de esta conferencia de prensa, los empresarios salieron con dureza a expedirse sobre este proyecto de reforma de la ley de abastecimiento. Cristiano Ratazzi dijo por ejemplo que la ley es inconstitucional y muchos empresarios sostienen que solamente en Venezuela existen iniciativas como esta. ¿Cuál es su opinión?
CAPITANICH.- En primer lugar, que me traigan un texto en materia de legislación comparada, para observar, porque la verdad es que muchos medios de comunicación hacen de la mentira un instrumento de opinión y muchos empresarios repiten desde la mentira también un instrumento de opinión. Que un empresario promueva una opinión respecto a una eventual inconstitucionalidad de una norma, la verdad que carece de sentido, porque precisamente lo que ha hecho este proyecto, que implica una regulación de las relaciones de producción y consumo, es objetivamente excluir los artículos que oportunamente eran cuestionados, desde las sanciones de arresto hasta mecanismos de expropiación o intervención en las empresas, precisamente por su pretendida asociación con parámetros de inconstitucionalidad. Por lo tanto rechazamos enfáticamente que el proyecto tenga algún viso de inconstitucionalidad, sino muy por el contrario, lo que hace es respetar la Constitución Nacional.
Segundo, rechazamos enfáticamente cualquier tipo de comparación o asociación en materia de legislación comparada con otros países, porque ha sido parte de una evaluación respecto del comportamiento del proceso de formación de precios en la República Argentina en los antecedentes históricos y mediáticos.
Y en tercer lugar entendemos que los empresarios deben dejarse de chicanas y de estrategias que tiendan a distorsionar la opinión de estas herramientas, que constituyen herramientas válidas que funcionan en los países más modernos del mundo, precisamente con el objetivo de garantizar el funcionamiento correcto de la economía. Observamos claramente que existe una fuerte incidencia de grupos económicos concentrados respecto de la generación de expectativas. Como usted observa, hay un modelo de generación de expectativas a través de la manipulación de cotización ilegal de moneda extranjera; manejo de expectativas asociadas a la previsión del valor futuro de la moneda extranjera; ataques especulativos sistemáticos; esquemas de concentración económica y formación de precios, y una estrategia de incremento de precio de determinado tipo de bienes, precisamente para hacer un círculo vicioso o una calesita de pretender establecer el precio de la cotización ilegal de una moneda, incrementar la tasa de interés para favorecer la mayor concentración desde el punto de vista de la riqueza en los grupos financieros; propiciar un proceso de incremento en los niveles de bienes para establecer estrategias de desestabilización desde el punto de vista económico, y así sucesivamente, con el objeto de generar permanentemente zozobra, incertidumbre y un nivel de percepción de expectativas desfavorables. Esto es lo que han hecho siempre y lo que pretenden hacer siempre, por eso es muy bueno que el debate se haga con mucha transparencia en el Congreso, a los efectos de observar claramente si va a ser en el próximo periodo de gobierno, porque ahora queda claro, la presidenta de la Nación es la que gobierna; si en el próximo periodo de gobierno van a gobernar los grupos económicos a través de gerentes o delegados de sus intereses o va a gobernar el pueblo merced a la manifestación efectiva de la voluntad popular. Y a esto tenemos que acostumbrarnos, a hacer un debate profundo, a veces con la dureza de responder a aquellos grupos que malintencionadamente pretenden generar expectativas negativas. Y la verdad que siempre lo hacen, porque muchos de los que opinan tienen el título de empresarios, pero jamás se acercan ni siquiera a las puertas de sus fábricas, porque en definitiva son lobistas que lo único que hacen es responder a preguntas e interrogantes del periodismo o factores de opinión, pero la verdad que como empresarios no hacen absolutamente nada de lo que tiene que ver con su actividad, que es producir más y mejor a precios competitivos a los efectos de lograr más abastecimiento del mercado interno y mejora sustancial en el volumen de exportaciones. Si todos trabajáramos en esa dirección obviamente tendríamos las perspectivas de mejorar la capacidad de funcionamiento del sistema económico.
PERIODISTA.- ¿Cuál es la posición del gobierno respecto de las últimas declaraciones del auditor general de la Nación, Leandro Despouy, sobre el manejo de los planes sociales. Dice que es discrecional, que ha habido desviación de fondos, sobre todo en el tema de viviendas, y algunos rumores indican que hay cierta cartelización de las empresas constructoras en cuanto a que se reparten las licitaciones.
CAPITANICH.- En la República Argentina se han ejecutado en 11 años casi un millón de soluciones habitacionales, que han tenido por lo menos dos fuentes principales de financiamiento, recursos nacionales a través de planes específicos, recursos de afectación especifica a través de Fondo Nacional de la Vivienda, y eventualmente también recursos del Tesoro, tanto Nacional como Provincial complementario de la ejecución de estas obras, independientemente de los créditos hipotecarios suministrados a partir del programa PROCREAR. En este programa se han hecho a través de crédito de carácter individual, con un sistema transparente por sorteo, por lo tanto son absolutamente incuestionables. Y respecto a los programas asignados en convenios entre nación y provincias, en definitiva los mismos se han ejecutado a través de pequeñas y medianas empresas dispersas por todas las provincias, y también a través del sistema cooperativo. En definitiva lo que se ha hecho es asegurar la transferencia de recursos para garantizar la construcción de viviendas, que constituye un record en este tiempo, precisamente para satisfacer la demanda habitacional. Lo que se observa claramente es que los convenios se realizan entre nación y provincias, éstas ejecutan a través de sus respectivos institutos de vivienda, éstos licitan en pequeñas y medianas empresas o las empresas que pertenecen obviamente a organizaciones empresarias a cada una de las provincias. Por lo tanto la descentralización de la trasferencia de recursos está fuertemente asociada con la descentralización en la ejecución de las obras, que a su vez favorece y propende a las pequeñas y medianas empresas. Todo lo contrario a un proceso de cartelización. Cartelización había antes cuando estaba centralizado el sistema en el Fondo Nacional de la Vivienda, o había cartelización en materia de política habitacional cuando no teníamos la capacidad de trasferir los recursos a las provincias, para que las mismas puedan garantizar la mayor capacidad de ejecución en la construcción de viviendas. Por lo tanto la verdad es que son argumentos de carácter absolutamente infundados. Si hay claramente una política de federalización en estos 11 años de gestión tiene que ver con la construcción de viviendas, porque se llega hasta los rincones más excluidos del país y los procesos de ejecución tienden a maximizar la perspectiva de satisfacer la demanda habitacional en la República Argentina
