CAPITANICH.- Muy buenos días a todos y a todas. La presente conferencia de prensa la realizamos aquí porque estamos viajando a la provincia de Mendoza y también a la provincia de San Juan. En el caso de la provincia de Mendoza, vamos a suscribir un convenio con el gobernador Paco Pérez y también con intendentes, para poner en marcha la ejecución del programa Disposición de Residuos y remodelación del basural de San Martín, y el cierre también en la provincia de San Juan del Primer Congreso Internacional y el Cuarto Congreso Nacional de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, que es un dato significativo porque implica la asignación de recursos con financiamiento nacional e internacional, para procesos de remediación de basurales y también de eliminación de basurales a cielo abierto, con una política de financiamiento y de cofinanciamiento también por parte de Estados provinciales y municipales.
También, como ustedes saben, la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ayer ha anunciado públicamente que la República Argentina ha hecho una presentación, una demanda de carácter judicial ante la Corte Internacional de La Haya. Y en este sentido, esta presentación ante la Secretaría de la Corte estipula claramente que en el caso de no aceptar Estados Unidos la jurisdicción, porque se tienen que dar tres circunstancias, primero la urgencia, segundo la verosimilitud de derecho y tercero la jurisdicción, en el caso de no aceptarse la jurisdicción el país demandado, en este caso Estados Unidos, por la acción u omisión de uno de sus poderes, que es el Poder Judicial, debe indicar los caminos para ejecutar por medios pacíficos la solución de controversias, en virtud de que el Estado Argentino ha propuesto claramente la cuestión de violación de soberanía y de sus inmunidades.
También ayer la presidenta de la Nación ha generado un anuncio importante en el sentido de poner en conocimiento público una resolución del directorio del Banco Central de la República Argentina para incentivar el uso de CEDIN, que ha superado los 800 millones de dólares, pero es un aliciente adicional para que todo el sistema financiero, a través del reconocimiento de una comisión de 1,5 por ciento propenda a su uso de carácter extendido, con el objetivo de garantizar que el mercado inmobiliario de transacciones, principalmente de bienes inmuebles usados o no construidos desde el inicio, también puedan tener un mecanismo de transacción adicional. Esto fue oportunamente solicitado por la Cámara Inmobiliaria conjuntamente con otros mecanismos que tienen que ver con los procedimientos para hacer más ágil el uso de este instrumento y, en consecuencia, garantizar una mayor movilidad en el funcionamiento de este instrumento para mayor cantidad de transacciones en el mercado inmobiliario.
También es importante remarcar algunas cuestiones que se han hecho como por ejemplo teleconferencias con San Antonio de Areco, con el intendente de San Antonio de Areco y con el Centro de Estudios Universitarios, que ha permitido tener 30 egresados, lo mismo que la obra de más de 70 millones de pesos que tiene que ver con el acceso a la ciudad. Del mismo modo también inversiones complementarias en San Vicente en materia de procesamiento de gas liviano, con una inversión de cerca de 350 millones de pesos.
Y a su vez, lo que nos parece muy interesante por lo que implica en términos de estímulos a las políticas activas en materia laboral. En general se trata básicamente de una combinación adecuada de la ley recientemente sancionada de Promoción del Empleo Formal y de mecanismos para perfeccionar los sistemas de fiscalización del empleo de carácter informal. Se pretende claramente con esto reducir el trabajo en negro y a su vez generar los incentivos desde el punto de vista de subsidios a contribuciones patronales, y también estímulos tanto en materia de subsidios a la capacitación y estímulos al empleo registrado, llegando a una reducción que puede ser entre 40 y 60 por ciento del costo del empleo de cada uno de los trabajadores. Esto implica entre 2.700 y 3.800 pesos por trabajador; esto tiene que ver con un universo de casi 815.000 trabajadores, una inversión de más de 3.000 millones de pesos por parte del Estado, y tiene que ver con un mecanismo de atención para ir cumpliendo metas en el mercado del trabajo.
Es decir, creo que ha quedado claro que en estos últimos 11 años de gestión, el interés principal del Estado ha sido contribuir a la creación de puestos de trabajo. Efectivamente, se han creado más de 6,3 millones de puestos de trabajo, en un contexto internacional en donde la actividad económica no fluye, y consiguientemente afecta el desenvolvimiento de la economía internacional, el volumen de exportaciones, y esto tiene incidencia respecto al rol que tiene el Estado para dinamizar la actividad económica.
La presidenta de la Nación, ayer explicó con mucho detalle que desde el año 2011 hacia acá, 2011, 2012, 2013 y 2014, la economía mundial presenta desaceleración. China que tenía crecimientos superiores al 10 por ciento, está con una proyección del 7,5 por ciento, y otras economías también tienen menor tasa de crecimiento relativo, en consecuencia eso implica menor demanda de bienes. Esto implica también más dificultades para la exportación de los países, y obliga a generar políticas activas para no solamente sostener el empleo, sino estimular el empleo y generar mecanismos de reducción del empleo informal.
Estas son las medidas que tienen un alto impacto, porque en general de lo que se trata, precisamente frente a un universo orientado a casi 815.000 trabajadores, lo que se pretende es utilizar correctamente los instrumentos, unificar los instrumentos, difundir, divulgar para que el pequeño, el mediano empresario pueda acceder a este conocimiento importante.
Lo mismo ayer hemos tenido un Centro de Servicios Industriales en términos de inauguración, para perfeccionar el uso de la tecnología en materia de cadena productiva y de valor para petróleo, gas y otras aplicaciones, precisamente con el objetivo de seguir generando las condiciones para el crecimiento de la actividad económica y el empleo.
PERIODISTA.- Buenos días, Capitanich: dos consultas. Quería preguntarle cómo considera el gobierno o cómo evalúa lo que está sucediendo en la autopartista de capital norteamericano LEAR, que ha decidido cerrar su producción durante 15 días. Y también quería preguntarle, si a un año de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el Poder Ejecutivo evalúa algún tipo de reforma, dado que la oposición por ejemplo pide no votar al vicepresidente para después poder sí armar la fórmula en las elecciones generales.
CAPITANICH.- El Poder Ejecutivo no evalúa ningún tipo de reforma en la ley que rige para Primarias, Obligatorias y Simultáneas.
Segundo tema: respecto a LEAR, esto que implica una suspensión transitoria de 15 días no afecta el nivel de ingreso de los trabajadores, eso está absolutamente garantizado. Pero tiene que ver con una acción decidida del Partido Obrero, que en definitiva no es el partido de los trabajadores. El partido y el movimiento nacional y popular que defiende los intereses de los trabajadores es el Justicialismo, a través de sus sindicatos y también a través de nuestro movimiento político, que genera y propicia actividad económica, desarrollo de la actividad económica para generar empleo, como siempre lo demuestra con convenciones colectivas de trabajo, con plena vigencia de paritarias, con plena vigencia de los derechos del trabajador. Lo que hace el Partido Obrero es siempre defender los intereses de la patronal. No conozco ningún Partido Obrero que sea capaz de defender las fuentes de trabajo. Sí conozco al Partido Obrero que siempre responde a los intereses de los empresarios para hostigar el funcionamiento de la actividad económica y las empresas.
Por eso, no es casualidad cuando existen desde organizaciones ambientalistas que están en contra de una actividad, simplemente porque están financiadas por la otra. O sea, cuando pretende anular la generación de otra fuente de energía alternativa, es porque responde a otra. O sea, si se opone a la generación de energía atómica, es porque está defendiendo los intereses de empresas petroleras que pretenden tener precios mucho más altos. Esto es así, y creo que el Partido Obrero en la República Argentina no es un partido antisistema sino el partido del sistema preferido por los capitalistas y por los grandes empresarios.
PERIODISTA.- Dos preguntas relacionadas con el tema fondos buitres. La primera saber cuál es el objetivo concreto que tiene la República Argentina presentando esta demanda ante La Haya contra Estados Unidos. Y la segunda cuál es la viabilidad real que tiene esa demanda, habiendo aceptado nuestro país voluntariamente, y esto no es en absoluto una valoración positiva del fallo Griesa, pero sí hay un hecho real y concreto que es que nuestro país aceptó voluntariamente la jurisdicción norteamericana para la discusión legal y jurídica de algunos litigios con bonistas, como es el caso de quienes ahora demandan a nuestra República Argentina.
CAPITANICH.- Respecto al tema, claramente lo que se estipula es una controversia desde el punto de vista jurídico, primero porque se trata de una violación a la soberanía y también a las inmunidades del país. Esto obviamente está normado, y en el marco de esa invocación respecto a la Corte Internacional de La Haya, se ha promovido esta acción. Esto implica una introducción a instancias que se ha hecho formalmente ayer. Como dije son tres los elementos que deben ocurrir: verosimilitud de derecho, que existe; urgencia, que existe; y debe haber aceptación de la jurisdicción. Si no existe aceptación de la jurisdicción, también se estipula, tanto por la Carta de las Naciones Unidas, por la Carta de la OEA, como también por el derecho internacional, la necesidad de que la otra parte promueva la solución de una controversia por medios pacíficos. De manera que la República Argentina lo que espera es que Estados Unidos asuma la responsabilidad en el comportamiento de su Poder Judicial. Esto le ha ocurrido a la República Argentina frente a reclamos internacionales, por ejemplo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En muchos casos por violaciones a los derechos humanos de policías de provincias, o fuerzas de seguridad nacionales, o por acciones de carácter judicial que han afectado o damnificado a personas, las mismas recurrieron y la República Argentina, sea a través del Estado Nacional o de las provincias, ha tenido que pagar la indemnización correspondiente. En este caso existe una responsabilidad del Estado en Estados Unidos por el funcionamiento de uno de los poderes, en este caso por el juez Griesa en virtud del fallo que el mismo estipula. Por lo tanto si bien efectivamente ha habido oportunamente prórroga de jurisdicción otorgada por la República Argentina por ley -esto fue en la dictadura militar- los procesos de reestructuración voluntaria de deuda tienen un corsé o una restricción en el sentido de que hay que generar, para un proceso de reestructuración voluntaria de deuda, la aceptación de esta jurisdicción hasta lograr salir de la misma. ¿Cómo se logra salir de la misma? Ir generando las condiciones de capacidad de pago para amortizar la deuda y reducir la deuda pública en manos privadas en moneda extranjera. Eso es lo que está haciendo la República Argentina, para lo cual se necesita tiempo. De manera que no hay una contradicción en sí misma entre la prórroga de jurisdicción y su aceptación, en un proceso de reestructuración voluntaria, con la mala praxis del sistema judicial respecto a decisiones judiciales. Nosotros creemos objetivamente que no hay infalibilidad en un poder judicial o en un juez, por lo tanto cuando existe violación a la inmunidad soberana, cuando existe violación a la soberanía de un país, es responsabilidad el Estado, en contraparte, generar los mecanismos de solución pacíficos de una controversia. Y eso es lo que está ejerciendo la República Argentina en uso de las atribuciones emanadas de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la OEA y también del derecho internacional.
PERIODISTA.- Más allá de toda la explicación que dio recién, ¿qué expectativas hay de la audiencia de Griesa de hoy?
CAPITANICH.- Respecto a las expectativas que tenemos en las sucesivas audiencias, son absolutamente negativas, porque el juez Griesa ha mostrado manifiesta parcialidad, ha manifestado claramente responder a los intereses de los fondos buitres; el juez Griesa ha demostrado palmariamente que desconoce el proceso a partir del cual se establecen los mecanismos de cancelación correspondientes. Entonces lo que ha reivindicado la República Argentina en sucesivos avisos legales es precisamente que, primero, ha pagado y cumplido regularmente sus obligaciones, y que la transferencia de recursos que ha hecho la República Argentina para pagar los servicios emanados de los títulos de deuda reestructurados, en general han sido depositados en la cuenta del Banco Central a nombre del BONY, el Bank of New York Mellon, que es precisamente el agente fiduciario en el marco de la vigencia del contrato de fideicomiso. Entonces lo que dice la República Argentina es: los fondos están depositados, la Argentina cumple, la Argentina paga. Estos fondos no son de la República Argentina, son fondos de los bonistas, entonces el agente fiduciario, el BONY, incumple un contrato, y la verdad es que no puede un juez interferir respecto al cumplimiento de un contrato. Y esto es lo que hemos observado. ¿Qué es lo que debería hacer el juez Griesa? Debe resolver la multiplicidad de presentaciones de carácter judicial promovidas por las partes, desde Euroclear hasta Clearstream, hasta el mismo agente fiduciario, hasta el JP Morgan, hasta el Citibank. En definitiva, son instituciones que por las perspectivas del contrato de fideicomiso, del agente fiduciario y lo que debidamente se regula entre las partes, deben no solamente recibir los recursos sino también pagar a cada uno de los tenedores. Y lo que pasa precisamente con el juez Griesa es que no entiende este proceso, no entiende la condición de un país soberano y no entiende que un país soberano debe regirse por la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio. Y a su vez lo que debería resolver es: primero las distintas presentaciones judiciales, el juez nunca hace nada, no resuelve absolutamente nada, promueve audiencias en las cuales no resuelve nada, y la verdad que lo que tiene que resolver es que la República Argentina cumplió, la República Argentina pagó y él debe habilitar claramente el pago correspondiente, porque él en definitiva induce a la violación de contratos por parte del agente fiduciario y viola el contrato de fideicomiso en sí mismo. Entonces el juez de Estados Unidos, precisamente, viola principios elementales de seguridad jurídica, tanto que se comenta, se habla en los países centrales. Siempre invocan respecto a la necesidad de generar seguridad jurídica en el sistema internacional, pero la verdad es que ellos violan elementales principios de seguridad jurídica.
Por lo tanto las expectativas que tiene la República Argentina con resoluciones del juez la verdad que son nulas, pero siempre queda una oportunidad, la verdad que la oportunidad debería ser el otorgamiento de un stay, es decir una medida cautelar que implique objetivamente extender la suspensión de la ejecución de la orden de sentencia hasta después de fin de año, a los efectos de no generar las condiciones de violación de la cláusula RUFO, lo que generaría efectos colaterales para la República Argentina. Es muy simple la decisión, o sea la decisión del juez debería ser obviamente no interferir ni entorpecer el proceso de cancelación de las obligaciones, ya lo han dicho en innumerables artículos a nivel internacional, el más reciente de Joseph Stiglitz, y a su vez también el artículo de The Guardian que la misma presidenta de la Nación citó ayer y esto obviamente tiene que ver con la responsabilidad que incumbe al poder político en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
