CAPITANICH.- Muy buenos días a todos y a todas. Respecto al conflicto con los fondos buitres, la República Argentina ha publicado un aviso legal, que se extiende no solamente a diarios nacionales sino también a nivel internacional, en virtud de aquellos que tienen circulación respecto al domicilio de bonistas, explicando por lo menos cuatro cuestiones esenciales. Primero, que no ha habido ningún evento de incumplimiento. Segundo, que los fondos depositados en la cuenta del agente fiduciario en el Banco Central de la República Argentina son exclusiva propiedad de los bonistas. Tercero, que las declaraciones del Special Master designado por el juez Griesa, Daniel Pollack, exceden claramente las competencias para las ha sido designado desde el punto de vista de negociador. Y por último, en cuarto lugar, la tipificación del default promovida por la asociación correspondiente, no constituye un supuesto de default.
En ese contexto, el juez Griesa ha demostrado una vez más no entender claramente el proceso, ha demostrado en forma palmaria su incompetencia, su sostenida parcialidad y su marcada dependencia de los fondos buitres.
En este sentido cuando afirma en la última resolución adoptada en el día de ayer, que el pago al BONY, esto es al agente fiduciario, fue ilegal y violatorio de la orden emanada del 23 de febrero, en realidad asume la condición de un santo padre, digamos, admitiendo una supuesta inferioridad papal, cuando en realidad lo que la República Argentina ha cumplido es con el prospecto que es un contrato entre partes, que es ley para las partes y es una obligación de la República Argentina el depósito de los fondos, y es una obligación del agente fiduciario propiciar la transferencia correspondiente a sus tenedores.
También el mismo juez sostiene y promueve la retención de la orden en la cuenta del Banco Central de la República Argentina, manifestando claramente un principio que rige su actuación, esto es, no resolver absolutamente nada. Y de esta manera, como lo dijo ayer el ministro Axel Kicillof, promueve la inseguridad jurídica. Es decir, en Estados Unidos no hay seguridad jurídica. Entendemos nosotros que la inseguridad jurídica se promueve precisamente a partir de resoluciones judiciales en donde los fondos están depositados por la República Argentina en una cuenta del Banco Central y éstas están retenidas, es decir, el juez no embarga, no ejecuta, no promueve ningún tipo de acción sobre la misma, manifiesta su marcada incompetencia, su incapacidad para resolver absolutamente nada, dilatando las decisiones del proceso.
A su vez también el mismo juez insta a la República Argentina a no interferir respecto a la orden del 23 de febrero. Pero en definitiva lo que sostiene nuestro país es que lo que el juez debe resolver es precisamente la transferencia a cada uno de los tenedores, porque los fondos depositados en la cuenta del agente fiduciario en definitiva son un recurso o son fondos de los bonistas, no de la República Argentina.
Y a su vez también, y es lo más llamativo de la resolución, sostiene que la retención de los fondos por parte del BONY no es violatoria del fallo del mes de febrero, y sostiene que el BONY no tiene ninguna responsabilidad legal ni con el fideicomiso ni con ninguna persona o entidad por cumplir los términos de este escrito. La verdad es que es una injerencia absolutamente incorrecta e indebida del juez, por una razón muy sencilla, el BONY, esto es el agente fiduciario, es el Bank of New York Mellon, que a su vez fue uno de los bancos dentro del salvataje del secretario Paulson, se acuerdan, en la crisis financiera que derivó de la caída de Lehman Brothers, con una abultada cifra de dinero. En definitiva lo que incumple el BONY, el agente fiduciario, es con el contrato del fideicomiso referido precisamente a la República Argentina. El juez no es competente para decir si efectivamente cumple o no un contrato cuando el contrato estipula claramente lo que el agente fiduciario debe hacer.
Esta es la posición de la República Argentina y vuelvo a ratificar los aspectos en términos de síntesis del aviso legal. Primero, no ha habido evento de incumplimiento. Segundo, los fondos depositados por la República Argentina son exclusiva propiedad de los bonistas. Tercero, las declaraciones ulteriores a las negociaciones del 30 de julio por parte del special master Daniel Pollack, son absolutamente fuera de su órbita y competencia, induciendo a un supuesto default absolutamente inexistente y carente de verosimilitud.
Y por último, que la tipificación, entre comillas, de default, de cualquier tipo de asociación, en este caso de Derivados o de Swaps, en realidad no constituye un supuesto de default, y esto me parece que es muy importante y trascendente desde el punto de vista de la posición soberana de la República Argentina.
En segundo lugar quisiera transmitir que efectivamente existen informes desde la Comisión Económica para América Latina, estableciendo una proyección de actividad económica creciente para este segundo semestre del año 2014, producto de la acción decidida por parte del Estado a través de las estrategias de inclusión social, del efecto de incremento de la AUH, del plan PROGRESAR, de la asignación creciente de recursos del programa PROCREAR, en sus diferentes modalidades tanto inmobiliaria como la asignación de PROCREAUTO, y a su vez también lo que significa el impacto de la cosecha agrícola récord y sus procedimientos de liquidación en el segundo semestre, y a su vez también lo que significa la estabilización cambiaria como precondición para el flujo de inversión, promovida también tanto desde la inversión pública como de la inversión privada.
Cuando se observan las proyecciones del segundo semestre, existen muchos proyectos mineros con inversión extranjera directa de ingreso de divisas. Segundo, ayer la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley de Inmunidad Recíproca de los Bancos Centrales, por lo tanto está habilitada la operatoria de swaps con la República Popular China. Esta operatoria de swaps implica la conversión en dólares de hasta 11.000 millones de dólares, en términos de cobertura de reservas, y a su vez no está alcanzada por ninguna disposición desde el punto de vista de declaración de default u otros supuestos que oportunamente se han planteado.
Entonces la combinación y el impulso de la inversión pública a través de la construcción de viviendas, rutas, infraestructura y logística por parte del Estado Nacional, la ejecución de los contratos de financiamiento con la República Popular China, los incentivos desde el punto de vista del uso de la cobertura de reservas a partir de este convenio, junto a la estabilidad cambiaria y las proyecciones de inversión directa, genera un mecanismo para incentivar la actividad económica en el segundo semestre.
Observamos crecimiento en materia de patentamiento de motos, 23 por ciento de julio respecto al mes anterior, está por debajo de las proyecciones del año 2013, alcanza en los primeros 7 meses aproximadamente 292.962 motos. Si uno hace una proyección a mayor velocidad desde el punto de vista de consumo y demanda, probablemente supere las 600.000 unidades comercializadas en el transcurso de este año, están por debajo de las unidades comercializadas en el 2013 pero con un incremento que se ha observado a partir del acuerdo en materia de precios de las unidades y también de estrategias de financiamiento.
También se observa un mecanismo de incremento en las transacciones de compra-venta inmobiliaria, 3.154 operaciones que han sido publicadas por el Colegio de Escribanos de la Capital Federal, 2.441,5 millones de pesos de monto total de transacciones, y ahí uno observa que el mayor número de transacciones inmobiliarias, que abarca casi el 47 por ciento, se da a través de unidades que superan los 500.000 pesos, y esta es la segunda vez que se manifiesta en el año, la primera fue en febrero, con un incremento en el volumen interanual del 19,6 por ciento.
Y por último quería hacer una breve consideración respecto a dos cuestiones. Primero, ratificando que es absolutamente imprescindible a los efectos de garantizar la transparencia de los actos de gobierno, que la investigación que se pueda promover en cualquier acto administrativo, se haga con absoluta objetividad. En este sentido, tenemos obviamente la molestia de la manipulación de cierta estrategia comunicacional de grupos mediáticos opositores, que distorsionan la realidad y obviamente cómo se utiliza esta estrategia y con qué finalidad se usa. Pero en definitiva para clarificar las circunstancias, con respecto al tema de Futbol para Todos, hubo un requerimiento fiscal de instrucción formal, no hay indagación, no estoy indagado como funcionario. Aparte, en realidad se hace sobre la base de todo lo actuado hasta el año 2013, y he asumido mi responsabilidad el 20 de noviembre. Pero esto no significa que las actuaciones preexistentes por parte del Estado no hayan estado debidamente ajustadas a derecho y encuadradas normativamente.
La jueza de la causa no ha realizado un acto de imputación concreta en la causa que involucra a Fútbol para Todos. Hemos aclarado la división de los derechos de transmisión respecto a las contrataciones que fueron realizadas, todas de un modo transparente, con licitación pública, salvo cuestiones que tienen que ver con cuestiones operativas que deben resolverse en forma inmediata. De manera que nosotros no estamos, de ninguna manera, incidiendo en una polémica estéril con legisladores que en definitiva, son empleados políticos de grupos económicos y/o mediáticos.
La verdad es que nosotros pretendemos defender la transparencia de nuestros actos, lo que pretendemos es garantizar que Fútbol para Todos sea una herramienta que permita que los derechos de transmisión lleguen al pueblo argentino. Ayer los hinchas de San Lorenzo han podido ver la final de su equipo en la República hermana de Paraguay, con un derecho de transmisión para todos los argentinos, y eso para nosotros tiene un valor desde el punto de vista del acceso a la información por parte del pueblo argentino, un derecho que para nosotros es indelegable y a su vez es una responsabilidad institucional y una obligación del Estado. Esta es desde nuestra concepción filosófica del Estado, garantizar el ejercicio de derecho a la información, y en este caso a la transmisión de espectáculos deportivos de interés.
Por lo tanto, lo que creemos es que no hay que mancillar ni a los clubes, ni a las organizaciones, ni al ejercicio activo de una acción por parte del Estado tendiente a garantizar estos derechos, simplemente por oscuras intenciones. Porque no me cabe la menor duda que detrás de todo eso hay una estrategia, que es enlodar el programa, obviamente castigar a quienes tenemos la responsabilidad de conducir áreas estratégicas del Estado, precisamente para pretender apropiarse como un negocio privado. Esta es la verdad de la historia y me parece que es parte del debate a la luz pública.
Por último, quiero transmitir que la oposición política tiene el derecho a ejercer, como toda oposición, críticas que pueden ser duras, que pueden ser contundentes. Ahora, lo que no tiene derecho es a pretender alterar el funcionamiento de las instituciones por su propia y parcial visión de la Constitución y las leyes.
Todo el tiempo se ha criticado al gobierno respecto a que no tenía una agenda comunicacional; con todo lo que ello significa estamos aquí compartiendo con ustedes, que son trabajadores de los medios de comunicación, todos los días. Ustedes pueden o no coincidir con mis opiniones y están en su legítimo derecho, los mismo los medios de comunicación y lo mismo los periodistas, de eso se trata la democracia. La democracia debe ser abierta, plural, debe considerar el respeto hacia las ideas del otro, esa es la democracia, esa es la esencia de la democracia, el respeto hacia las ideas del otro. Porque en definitiva se expresan con íntima y profunda convicción, tampoco alejada de intereses, que en definitiva cada uno los puede representar como pretenda o quiera.
He recibido desde esta posición múltiples agravios, desconsideraciones de distinta naturaleza, descalificaciones, acciones realmente deleznables por parte de analistas políticos y periodistas, pero uno sabe lo que significa esta responsabilidad y tengo militancia política y convicción política e ideológica para defender libremente las ideas que pregono.
Entonces, así como nosotros construimos una agenda comunicacional que es objeto de críticas y muchas veces de vacío comunicacional, creemos que es necesario respetarnos entre todos. De manera que antes criticaban porque no hablábamos y ahora critican porque hablamos.
Lo mismo ocurre en el Congreso. Desde 1994 en adelante, han criticado sistemáticamente a todos los jefes de Gabinete de Ministros por no cumplir a rajatabla el artículo 101 de la Constitución Nacional. Ahora que lo cumplimos, en definitiva no participan en el debate de la sesión. La verdad que es falta de coraje cívico o falta respecto a la defensa de sus convicciones o incapacidad para manifestar efectivamente sus ideas, o la falta de ese coraje político que es necesario para defender sus ideas. Y la República Argentina no necesita ni empleados de grupos monopólicos ni económicos, ni gerentes administrativos de proyectos ajenos, la República Argentina necesita de líderes políticos con convicción política, ideológica, experiencia de gestión y capacidad de trabajo para que con esfuerzo y dedicación podamos cumplir objetivos y metas de gobierno. La verdad es que en política ideas tenemos todos, lo importante es transformar ideas en acciones. Y muchos de los actuales opositores, cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar fueron un desastre, porque precisamente no tuvieron capacidad para transformar ideas en acción. Hablar, habla cualquiera, hacer implica un esfuerzo adicional, y la verdad es que ahora ni siquiera hacen el esfuerzo de hablar.
PERIODISTA.- En primer lugar quería consultarle que además en la publicación que hizo hoy el gobierno con respecto a los fondos buitres promueve el cambio de agente de pago para los bonistas, ¿cómo sería ese mecanismo y qué va a ofrecer la Argentina?
En segundo lugar, usted también hace hincapié en las actividades económicas positivas para el segundo semestre del año, ayer cerró el coloquio de la Unión Industrial de Córdoba y tienen una visión distinta sobre esta posición, hablan todavía de las consecuencias que pueda tener una cesación de pagos por parte de la Argentina, que podría afectar las inversiones en economía. Quería recabar su opinión.
CAPITANICH.- Respecto a la primera pregunta la verdad es que por el carácter preciso de la terminología a emplear el aviso legal dice muy claramente: por ultimo le recordamos a los bonistas que existen varios derechos y sus consecuentes remedios judiciales a su disposición, en virtud del trust indenture, es decir del contrato de fideicomiso, para el caso que el agente fiduciario incumpla con sus obligaciones, en particular la de transferir los importes por los pagos que la República Argentina ha realizado a su favor. A título meramente ejemplificativo, cabe señalar que el artículo 5.9 C del Trust Indenture, o sea del contrato de fideicomiso, dispone que los tenedores de una mayoría de capital, o sea dispone que la mayoría de capital acumulado de los títulos de deuda en circulación de cualquier serie podrán remover al agente fiduciario del cargo en cualquier momento y designar a su sucesor. Y el artículo 7.1 prevé las modificaciones que podrán realizarse en el convenio. Todo ello –dice el aviso legal- sin perjuicio de la posibilidad de promover activamente las otras acciones que resulten pertinentes para hacer valer sus derechos, toda vez que se le están reteniendo indebidamente los fondos que son de su exclusiva propiedad. Entre ellas –cuáles son las acciones que pueden tener los bonistas como verdaderos propietarios de los fondos acreditados- la de apelar las órdenes judiciales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que consideren contrarias a sus intereses o de iniciar las nuevas acciones judiciales que estimen corresponder. Y en el último párrafo del aviso legal dice: "no obstante la República Argentina continuará desarrollando los cursos de acción destinados a defender y preservar sus derechos y los de los bonistas." Así que esta es la posición clara respecto a esta cuestión desde el punto de vista legal y jurídico.
Y respecto al tema de la Unión Industrial, la verdad es que cuando uno observa en primer lugar la evolución del PBI Industrial, creció por encima del PBI en la Argentina de acuerdo al cálculo del 2004. Esto quiere decir que creció proporcionalmente más la producción de bienes respecto a servicios, no como en la década del 90, y que la industria ha tenido un crecimiento sistemático, cerca del 85% de incremento del empleo privado formal industrial. Esto implicó obviamente una serie de beneficios directos para la industria. Por ejemplo, el 80% de la generación de energía tiene subsidio estatal, esto implica que uno de los principales insumos que tiene la matriz de producción industrial tiene un alto subsidio por parte del Estado, o sea reduce sus costos para incentivar la agregación de valor. A su vez gran parte de la obra pública, entre 350 y 400 mil millones de pesos serán seguramente hacia el año 2015, tiene que ver con reducción de costos sistémicos, y esto implica mayor competitividad de la economía. De manera que el esfuerzo de propiciar más empleo, mejores salarios, incremento de la demanda doméstica, mejora de la logística integrada, reducción del costo de la energía, han sido políticas activas promovidas por parte del Estado para incentivar el desarrollo industrial.
La verdad es que muchas veces cuesta creer que muchos industriales, o mejor dicho muchos dirigentes que representan a determinados sectores de la industria, en realidad no expresan intereses propios de la industria sino intereses ajenos a la industria y asociados a una estrategia de carácter político. Porque le puedo asegurar que si uno toma el balance de las grandes compañías en Argentina y le saca la comparación entre costo de energía real que deberían pagar y componente de subsidio, y eso lo toma con la tasa de rentabilidad y de ganancias, en realidad lo que está haciendo el Estado es generar un fuerte incentivo a que sus empresas tengan trabajadores comprometidos, capacitación, buenas remuneraciones y tasa de rentabilidad para que vuelvan a invertir. De manera que lo que uno advierte todo el tiempo es que muchos de estos congresos, más que expresar una posición estrictamente objetiva respecto al tema industrial, constituyen un ámbito de negociación política para apoyar un candidato o un grupo de candidatos y no para expresar objetiva y realmente la evolución de la industria.
PERIODISTA.- Quiero preguntarle por la sesión de ayer en el Congreso y las muestras de rechazo de la oposición a que Amado Boudou presida la sesión por su situación judicial, cómo lo interpreta y si el Vicepresidente debe seguir al frente de las sesiones.
CAPITANICH.- El bloque del FPV ha manifestado a través de sus miembros que efectivamente el vicepresidente de la Nación no puede estar sometido a un proceso de licencia por una razón muy sencilla, integra la fórmula de carácter presidencial, es vicepresidente de la Nación, pertenece al Poder Ejecutivo, preside el Senado y por consiguiente la misma Constitución establece los mecanismos para que eventualmente pueda dejar el cargo, que pueden ser renuncia, remoción vía juicio político o eventualmente también el tema de muerte, por supuesto que siempre puede ocurrir, todo hombre es mortal, en consecuencia estas son las cuestiones que prevé siempre la Constitución Nacional. Entonces lo que transmito con absoluta objetividad es que desde el punto de vista institucional cuando existe una cuestión de esta naturaleza se promueve lo que se denomina juicio político, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibió 8 proyectos para propiciar el juicio político del vicepresidente de la nación; fueron rechazados in límine, por eso la instancia de juicio político fue debidamente analizada en el ámbito que corresponde, que es la Cámara de Diputados de la Nación. Hay una instancia de carácter judicial que tiene que ver con el procesamiento a partir de un juez, pero la instancia judicial tiene los mecanismos correspondientes de apelación, lo que ha hecho el Vicepresidente, quien jamás ha obstaculizado por su rol la disposición a estar permanentemente a disposición de la justicia. Primero se presentó a declarar espontáneamente; segundo, propició efectivamente que se lo cite; tercero, cuando lo citó el juez estuvo en la correspondiente audiencia, presentó el escrito judicial pertinente. O sea, cumple con todas las disposiciones de carácter constitucional y judicial. Y a su vez lo que advertimos es que no existe un tratamiento de carácter equivalente respecto a circunstancias similares. El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingeniero Mauricio Macri, está en la misma situación, procesamiento, apeló su procesamiento, en materia de juicio político la Legislatura rechazó el mismo, y sigue ejerciendo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, frente al tratamiento similar, en este caso una persona que ejerce el rol institucional de ser jefe de Gobierno de la Ciudad y otro que es Vicepresidente, no es un trato equivalente por parte de los medios de comunicación ni por parte de quienes efectivamente están enancados en la oposición. ¿Por qué no piden un trato igualitario en todo el arco opositor? Me parece que es un tema objetivo, o sea frente a circunstancias similares debe actuarse en condiciones similares, porque si no hay parcialidad manifiesta desde el punto de vista político o parcialidad manifiesta desde el punto de vista judicial o manipulación judicial.
En segundo lugar, creo que es absolutamente necesario observar y yo lo he dicho ayer, la verdad es que circunstancias de controversia de carácter judicial existen, pero existe la presunción de inocencia, porque desde todos los medios de comunicación, cuando uno observa desde juicios laborales hasta juicios por lavado de dinero, hasta acusación de crímenes de lesa humanidad, hasta deudas de carácter impositivo, son todas acciones de carácter judicial con ese criterio, hasta que resuelva el juez un diario no debería publicarse o un dirigente político no podría ejercer su cargo, ejemplo cuando prescribe una causa de un diputado nacional que fue presidente del bloque de la oposición, o alguien que estuvo involucrado en el megacanje más ruinoso de la vida institucional argentina, con 150 millones de dólares de comisión o 56.000 millones de pesos de incremento, que ejerce el cargo de diputado nacional y en definitiva con su procesamiento sigue ejerciéndolo. Creo que es necesario entender de una manera absolutamente objetiva el comportamiento de todos, porque esta es la forma para garantizar que el funcionamiento de las instituciones republicanas sea equivalente. Si vamos a garantizar el principio de presunción de inocencia seamos claramente coherentes y congruentes, porque si no todo es parte de una estrategia de manipulación política o de una mirada con un sesgo opositor. Me parece que está en su legítimo derecho de hacer lo que quiera la oposición, pero me parece que también tienen que ser respetuosos de los procesos institucionales y no querer inventar algo que no se puede aplicar. Lo que pretende la oposición en el ámbito del Senado ha sido claramente respondido -ellos no se quedaron a escuchar eso- por parte del bloque oficialista, esto es que es absolutamente inviable lo que solicita la oposición respecto al pedido de licencia del vicepresidente de la Nación.
PERIODISTA.- Usted hace pocos días habló aquí de la importancia en cuanto a lo que significa la redistribución del impuesto a las ganancias, en la jornada de ayer en el Senado dijo que por ahora no iba a haber modificaciones. De todas maneras ese continúa siendo el reclamo principal de varios gremios, tanto oficialistas como opositores. Hoy de hecho hay un paro bancario cuyo principal reclamo es el impuesto a las ganancias. La pregunta es cómo avizora usted el horizonte teniendo en cuenta que por ahora no va a haber modificaciones pero los gremios continúan reclamando, incluso llevando algunas acciones públicas de protesta, pidiendo una modificación en el impuesto a las ganancias.
CAPITANICH.- Aplican la política de Hood Robin, o sea defienden a los que más ganan. En definitiva el gran propósito del Estado es establecer mayor equidad distributiva, nos tenemos que preocupar aún por los que están excluidos socialmente, aún por los que no tienen empleo, aún por los que en definitiva deben generar por parte del Estado las condiciones para recibir una política mucho más activa. En segundo lugar, hay una confusión respecto a este tema que me parece importante explicar. De casi 10 millones de trabajadores y jubilados susceptibles de la retención de impuesto a las ganancias, solamente el 10,4% están alcanzados por este impuesto. La recaudación de impuesto a las ganancias de personas físicas es equivalente a casi 55.000 millones de pesos por año; el 10,4% -insisto- está alcanzado por retención de impuesto a las ganancias. Y en este contexto, lo que quiero transmitir es que el Decreto 1242, de agosto del 2013 excluye a todos los trabajadores y jubilados que desde enero a agosto percibían menos de 15.000 pesos. Por lo tanto no ha cambiado la condición respecto a los que no pagaban impuesto a las ganancias desde agosto a diciembre de ese año. O sea, el impacto de las paritarias no alcanza a esos trabajadores. La pregunta que hago es la siguiente: qué hicieron los gremios respecto a esta medida en los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado; o enero, febrero, marzo de este año respecto precisamente a esos trabajadores, porque son los mismos trabajadores, o sea los mismos trabajadores son los que pagan y los mismos trabajadores fueron excluidos. Lo que quiero transmitir nuevamente es que el 10,4% de los trabajadores y jubilados tienen retenciones a las ganancias, la escala del impuesto es progresiva respecto a la aplicación del mínimo no imponible, y no ha variado su condición en el año 2014 respecto al 2013. O sea, los que no pagaban impuesto a las ganancias en los meses de setiembre a diciembre del 2013, los que no estuvieron alcanzados, tampoco están alcanzados en el 2014. O sea, no ha cambiado la condición respecto al impuesto. Muchas gracias.