CAPITANICH.- Buenos días. Quisiera antes de abordar los temas que forman parte de la agenda principal del día de hoy, decir que la Central Eléctrica Vuelta de Obligado, que aportará 540 megavatios, estará disponible a partir del mes de junio, lo cual es muy importante desde el punto de vista de la inversión energética que, como sabemos, oscila en aproximadamente 86000 millones de pesos, en términos estructurales, y que aportará 3.250 megavatios entre 2014 y 2015. Eso es muy trascendente para la República Argentina porque implica un incremento en la oferta energética destinada a satisfacer la demanda creciente producto del desenvolvimiento de la actividad económica.
En segundo lugar, quería transmitir que efectivamente ha surgido una polémica muy marcada desde los últimos días respecto a la reforma del Código Penal. En este sentido quiero transmitir que se trata de un anteproyecto a partir de una comisión conformada por especialistas con un carácter plural y de alta calificación e idoneidad de carácter profesional, que naturalmente debe ser luego remitida al Congreso de la Nación como proyecto de ley, está en esa instancia. Pero como siempre, desde usinas opositoras, más precisamente del Frente Renovador y de quien lidera ese espacio, se han pergeñado distintas estrategias desde el punto de vista comunicacional que sería bueno que el pueblo argentino sepa respecto a lo que es necesario decidir.
En primer lugar, quiero transmitir que cuando el líder del Frente Renovador dice que va a propiciar una consulta popular, él debe saber que la Ley 25.432 que fue sancionada el 23 de mayo del año 2001, precisamente es que quien regula lo vigente en el artículo 39 de la Constitución Nacional. La verdad es que sorprende la ignorancia supina respecto al conocimiento desde el punto de vista de las limitaciones de una consulta popular, porque efectivamente la consulta popular no se puede aplicar para tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Por lo tanto, cuando el líder del Frente Renovador dice que va a someter a una consulta popular la reforma del Código Penal, está mintiendo al pueblo argentino, porque eso es absolutamente inviable desde el punto de vista jurídico. Y en segundo lugar, cuando habla de prisión preventiva y excarcelaciones, sabe que esta es una cuestión de código de forma, en consecuencia corresponde a la provincia o en el caso federal al Código de Procedimiento Penal, que en ese contexto está en un proceso de reforma. Por lo tanto no puede confundir, máxime teniendo en cuenta su título de abogado, la cuestión que tiene que ver con el fondo y con la forma. En ese contexto el código de fondo es el Código Penal, que será tratado por el Congreso, y los códigos de formas que regulan esta cuestión tienen que ver con procedimientos. Por lo tanto estos dos groseros errores que finalmente ofenden la calidad profesional de quienes han participado en el proceso de elaboración del anteproyecto, verdaderamente deben ponerse en consideración. No voy a abundar en eso, pero son dos cuestiones groseras que un legislador que finalmente debe jurar por la Constitución y conocerla, no la puede violar tan groseramente en sus manifestaciones.
En tercer lugar quiero hacer mención al tema docente. Nosotros desde esa cuestión lo que hemos planteado un poco ayer, ustedes lo han podido percibir claramente, hemos agotado inicialmente todos los procesos de conciliación de propuestas o alternativas vía formal o informal para llegar a un acuerdo. Al no llegar a un acuerdo el Poder Ejecutivo dictó la conciliación obligatoria y ha comunicado a los gremios paritarios. Tengo entendido, por una reciente conferencia de prensa, que ellos no han sido notificados. En definitiva lo que quiero transmitir es que se ha hecho la notificación, se ratificará la notificación para que en el marco de la voluntad de diálogo de las partes las negociaciones continúen.
Pero también quiero aclarar a la opinión pública respecto a qué es lo que estamos discutiendo. Lo estamos haciendo en el marco de la Ley 26.075 que es de Financiamiento Educativo del año 2005, que prevé entre otras cuestiones 6 puntos de inversión educativa en términos de Producto Interno Bruto, que es prácticamente duplicar lo que se venía invirtiendo en educación en la década del 90. En ese contexto, lo que quiero transmitir es que no solamente se alcanzó esa meta en el plazo estipulado, sino que se superó la meta llegando a 6,47 por ciento estimativamente. Pero vuelvo a insistir en un concepto, si uno toma todas las estrategias de inclusión social educativa, la inversión en educación, ciencia y técnica, todo lo que significa la inversión en materia de Asignación Universal por Hijo, el plan PROGRESAR, más la distribución de netbooks, la inversión educativa asciende prácticamente 9 puntos del Producto Interno Bruto.
Ese esfuerzo extraordinario determinado por el Estado nacional también tiene que ver con un esfuerzo extraordinario desde el punto de vista del mejoramiento salarial, que está en torno al 832,85 por ciento cuando uno toma diciembre del año 2003 a la fecha. Y a su vez, tomando el peor índice opositor de precios, el nivel de recuperación del salario real, o sea de su poder de compra desde el año 2003 al año 2013, equivale entre el 71 al 73 por ciento.
Pero en definitiva, la paritaria nacional por el artículo 10 de la Ley 26.075, lo que hace es discutir lo que se denomina el umbral mínimo, el salario testigo, que incluye a aquellas jurisdicciones provinciales que reciben la compensación salarial, que son 8 provincias, y abarca un universo docente casi equivalente al 2 por ciento. O sea, lo que nosotros estuvimos discutiendo desde el punto de vista del salario testigo, el umbral mínimo, del salario inicial, excluye al 98 por ciento restante, por una razón muy sencilla, porque el Estado nacional no es empleador, los que son empleadores directos son los estados provinciales. Y lo que nosotros hemos hecho es un esfuerzo muy significativo respecto a lograr que ese 2 por ciento que es el trabajador docente que se recibe e inicia sin antigüedad sus actividades, pueda efectivamente ingresar.
Y en ese sentido, lo que quiero transmitir es que en general en el sistema educativo -yo voy a hacer cifras redondas para no abrumar con indicadores- nosotros tenemos aproximadamente 13 millones de alumnos en toda la República Argentina, casi 1 millón de docentes y cerca de 1,5 millones de cargos. O sea que, en definitiva, cada trabajador docente tiene más de un cargo, en promedio casi el 50 por ciento. Esto quiere decir que también tiene un ingreso adicional proveniente de su esfuerzo desde el punto de vista laboral, para el caso del cargo inicial o de otros cargos en donde cada jurisdicción tiene una modalidad de negociación distinta. Algunos tienen obviamente la composición del salario básico, el estado docente, la bonificación por zona desfavorable, todo un sistema de percepción de sus haberes por parte de los trabajadores docentes, de distinta manera conforme a la característica de la negociación salarial docente.
Entonces, para sintetizar, lo que nosotros estuvimos negociando todo este tiempo es el salario testigo, el que fija el umbral mínimo para los trabajadores docentes en toda la República Argentina, que involucra a 8 provincias argentinas y el 2 por ciento de los docentes. Esto es, excluye al 98 por ciento restante y excluye claramente a 16 jurisdicciones. En ese contexto lo que hemos propiciado es una oferta salarial que se ha explorado de distintas manera, desde una suma fija como un puente para modificar los términos de la negociación paritaria, porque eso era lo que se había propuesto por parte de los gremios, hasta una modalidad desde el punto de vista porcentual, que lo trabajamos en una paritaria anual, o también en una extensión hasta el mes de junio del año 2015.
Lo he reiterado ayer y lo ratifico nuevamente, la oferta de carácter salarial emanada del Poder Ejecutivo en la negociación paritaria fue la siguiente: primero generamos un incremento del 31 por ciento desde este mes de marzo hasta junio del año 2015, marzo de 2014 a junio de 2015 con 3.000 pesos en 3 cuotas de 1.000 pesos de un fondo por presentismo. Esto equivale a decir lo siguiente: que inicialmente se ponía 12 por ciento en el mes de marzo, 5 y 5 por ciento entre agosto y noviembre, 2 cuotas, una de 1.000 pesos en el mes de junio, otra cuota de 1.000 pesos en el mes de diciembre, otra cuota de 1.000 pesos en el mes de junio del año 2015, y 9 por ciento en el mes de marzo del 2015. Esa sería la oferta en virtud de las condiciones macroeconómicas y la evolución en el comportamiento de la actividad económica que nosotros hemos establecido hacia adelante. Entonces hemos hecho un esfuerzo.
¿Por qué se ha discutido el tema del presentismo? Porque finalmente se considera que si bien es objetada esta propuesta por parte de los gremios representativos de los trabajadores docentes, nosotros consideramos que el prerrequisito esencial e ineludible de la calidad educativa es la presencia en clase tanto de los alumnos como de los trabajadores docentes. El conocimiento del trabajador docente, la cercanía y el vínculo de carácter afectivo con el alumno, la posibilidad de mantener ese vínculo desde el punto de vista afectivo y pedagógico, es lo que nos permitirá construir metas de calidad educativa.
El esfuerzo extraordinario en materia de recursos presupuestarios exige no solamente un sistema de incentivos claro y explícito, sino también un sistema de participación popular. Entendemos que es necesario propiciar la participación en los Consejos Escolares, la participación de la comunidad educativa donde alumnos, docentes, padres y Estado tengamos esta perspectiva de continuidad pedagógica, calidad educativa y esfuerzo para construir una relación de cercanía. Esta relación de cercanía implica todos los días a clase, todos los días en el aula, todos los días profundizando contenidos curriculares para mejorar la formación de cada uno de nuestros hijos.
Creemos que esta metodología para explorar alternativas es lo más conveniente en un debate profundo. Porque antes el argumento eran las condiciones de trabajo, antes se daban también consideraciones respecto a la insuficiencia del presupuesto, hoy tenemos un presupuesto extraordinario, tenemos recursos, tenemos 67 millones de libros distribuidos, cerca de 4 millones de netbooks y serán casi 4,8 entre 2014 y 2015, 10.000 escuelas entre nuevas, reparadas a nuevas, ampliadas, que forman parte de una nueva infraestructura con recursos nacionales y provinciales, con distintos mecanismos de asignación de recursos. Entonces es oportuna esta decisión de debatir en profundidad esta cuestión. Los gremios paritarios han manifestado también su preocupación respecto a la discusión del ausentismo, no han estado cerrados a la posibilidad de discutir el tema de ausentismo, nosotros creemos que es una cuestión que es absolutamente indispensable hacer. Entendemos que la voluntad de diálogo existe entre las partes y tenemos que generar las condiciones, a partir de esta conciliación obligatoria, de profundizar el diálogo para llegar a un entendimiento, pero también atento a que –vuelvo a insistir- solamente discutimos el 2% de 8 jurisdicciones, el 98% de los docentes estaban fuera de la discusión y también lo estaban 16 jurisdicciones provinciales, pero lo hicimos con mucha voluntad de las partes, con esfuerzo, con profesionalidad, con creatividad para encontrar soluciones y un camino que nos conduzca al consenso, en el marco del respeto, del disenso, pero también en el marco de la firme voluntad de encontrar un camino que nos permita garantizar la defensa de la escuela pública. La escuela pública y popular se defiende de una sola manera, asignando recursos. Y en este sentido quiero transmitir que cuando uno toma el fondo de compensación salarial nacional más el fondo nacional de incentivo docente, el Estado Nacional invierte aproximadamente 4800 millones de pesos por año y este nivel de asignación complementaria podría llegar hasta casi a 6000 millones de pesos más. O sea no solamente estamos asignando casi 9 puntos del PBI consolidando esta cifra para la inclusión social educativa sino que hacemos un esfuerzo extraordinariamente importante para mejorar la modalidad de clases y lograr un gran desafío de calidad educativa. De manera que entendemos que es un debate abierto en la sociedad argentina, que debe ser democrático, profundo, que debe respetuoso, porque la verdad es que debo decir que todas las reuniones, aún cuando fueron prolongadas y tediosas en su trámite, porque cada uno mantiene muchas veces su posición con firmeza y convicción, han sido realmente amables y en el marco de la búsqueda del consenso. Por lo tanto quiero agradecer también a los gremios paritarios esta voluntad de diálogo.
PERIODISTA.- Buen día. La primera pregunta tiene que ver con la reforma del Código Penal. ¿Cuál es la estrategia de comunicación del gobierno respecto de las criticas que hacía recién a Sergio Massa, cómo el gobierno va a encarar la información hacia la población para que sepa fehacientemente cuáles son esas modificaciones? Por otro lado, si no se evalúa en algún momento, en el tema que tiene que ver con las paritarias docentes, dejar el presentismo de lado o en todo caso negociarlo por separado de las paritarias nacionales docentes.
CAPITANICH.- Respecto al tema de la iniciativa en materia de reforma del Código Penal, es un anteproyecto que elaboró una comisión de jurisconsultos y especialistas, en consecuencia el Poder Ejecutivo debe elevar a consideración de Congreso de la Nación el proyecto de reforma. Luego este proyecto debe ser debatido en las comisiones respectivas de ambas cámaras para propiciar la iniciativa de carácter legislativo. Quiero transmitir que esta reforma de carácter judicial se inscribe en un conjunto de iniciativas legislativas muy profundas, primero estamos próximos a tener un Digesto Jurídico, que implica la simplificación normativa del Estado Nacional, de más de 32000 normas simplificarlas a algo más de 3200, lo cual implica un nuevo marco jurídico para el desenvolvimiento de las acciones en la República Argentina. Segundo, tenemos en discusión la reforma de Código Civil y Comercial, con media sanción del Senado, que está en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos próximos a debatir seguramente no sólo este Código Penal y su reforma de carácter estructural sino también el Código de Procedimiento Penal de carácter federal. También vamos a impulsar la ley orgánica del sistema penitenciario federal, con el objetivo de desmilitarizar su contenido y también el Código Contencioso Administrativo, con lo cual tenemos una perspectiva de reformas de carácter estructural en la legislación en la República Argentina. Ese es el camino, el camino de una reforma de Código Penal, así como del Código Civil y Comercial, es precisamente a través de un sistema amplio de participación y debate, por lo tanto quien tenga observaciones que formular por supuesto que las podrá hacer, como en toda sociedad plural, abierta y democrática. Lo que no se puede hacer es oportunismo político, lo que no se puede hacer es propiciar medidas o acciones unilaterales tratando de acumular agua para su molino, la verdad es que cuando el proyecto se conozca en su integralidad podrá ser debatido y a partir de ahí podrán existir opiniones de distinta naturaleza.
En segundo lugar, respecto a las negociaciones salariales, hemos observado e intentado múltiples procesos de negociación y la verdad que no hemos podido arribar a un acuerdo porque los temas que tienen que ver con el monto de cada una de las propuestas no eran compatibles con la capacidad de pago. Y no es precisamente por el Estado Nacional sino porque finalmente los empleadores son los estados provinciales, y la estrategia de negociación por parte del Estado Nacional tiene que ser responsable, racional y conforme a esta modalidad. Creemos que es una oportunidad trascendente para la República Argentina debatir en profundidad la problemática educativa, esto es, si se asignan los recursos que se asignan es necesario tener una contrapartida que es calidad educativa. Eso tiene que ver con capacitación, con transformación desde el punto de vista de los contenidos curriculares, con presencia activa de trabajadores docentes en clase, con presencia activa de los alumnos, con metodologías creativas que permitan la incorporación de conocimientos en un proceso de transformación estructural de la calidad educativa. Creo que esa es la forma para que el debate sea profundo, aún cuando existan observaciones de partes, pero me parece que esa es la forma en que una sociedad democrática debate sus problemas y genera las condiciones para resolverlos.
PERIODISTA.- Ministro, respecto al tema docente dos consultas. Teniendo en cuenta la apelación a los docentes que hizo la Presidenta el sábado, al abrir las sesiones ordinarias en el Congreso, cómo tomó ella este fracaso en las negociaciones y sobre el mismo tema por qué hasta ahora el gobierno no dio a conocer el trámite administrativo, el decreto, por el cual se fija el salario inicial, si esto tiene que ver con dejar abiertas las negociaciones. Por otra parte, el Código Penal, cuándo el Ejecutivo lo va a mandar al Congreso y si antes de eso le va a efectuar modificaciones al anteproyecto.
CAPITANICH.- Respecto a esta última pregunta lo va a enviar cuando lo considere pertinente luego del análisis que tienen que hacer las distintas áreas del Poder Ejecutivo, por lo tanto el plazo lo fijará la intervención de las áreas correspondientes.
En segundo lugar, nosotros propiciamos la conciliación obligatoria, esto es porque existe voluntad de diálogo para profundizar un proceso de negociación para llegar a un acuerdo, en consecuencia no hay una decisión unilateral.
En tercer lugar, la Presidenta en el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias el 1° de marzo ha formulado una serie de cuestiones vinculadas a la educación que han sido muy claras, elocuentes y contundentes. Primero agradeció muy especialmente a los gremios respecto al levantamiento de las medidas de fuerza programadas para la semana anterior; en segundo lugar instó a la búsqueda de un consenso respecto a cómo asignar convenientemente los recursos para propiciar calidad educativa y señaló con mucho énfasis lo que significaba la posibilidad de tener un docente en forma permanente en el aula con el objeto de garantizar una relación de cercanía, de empatía y de profundización de los conocimientos. Este es un tema que forma parte del debate, que vuelvo a insistir, en una sociedad abierta, plural y democrática es necesario tenerlo, una relación de cercanía, de afecto, una relación en donde el trabajador docente sea como debe ser, un referente de carácter social para mejorar la formación de nuestros hijos y eso es lo que tenemos que hacer entre todos.
PERIODISTA.- Dos consultas. La primera está relacionada con parte de lo que dijo la Presidenta en el discurso del sábado, en relación a los piquetes y protestas en la vía pública. La consulta es si ya se está trabajando o pensando trabajar en una legislación en ese sentido. La otra su opinión personal y la opinión del gobierno sobre la situación que se vivió y que se está viviendo todavía en Villa Lugano, puntualmente su apreciación sobre la actuación de la Justicia y también de la Policía Metropolitana. Muchas gracias.
CAPITANICH.- Desde esa perspectiva es competencia pura y estricta de la Policía Metropolitana, con lo cual es una cuestión de carácter jurisdiccional. El secretario de Seguridad ha sido muy enfático y elocuente desde el punto de vista de la intervención de la Justicia y también de la Policía Metropolitana.
Respecto al tema estrictamente asociado a cortes de ruta o eventualmente de calles o interrupción de tránsito, usted sabe que esto tiene que ver con una cuestión de cierta complejidad, porque en algunos casos se trata de delitos de alcance federal y en otros de delitos de carácter contravencional, por lo tanto requiere un análisis desde el punto de vista integral de la norma. Pero la iniciativa que ha propiciado la Presidenta es establecer un parámetro para la convivencia democrática, social, armónica y civilizada. Esto significa que no se restrinja de ningún modo el derecho a la protesta, que en toda sociedad abierta, plural y democrática debe existir, pero que esta protesta sea debidamente canalizada con el objeto de no interrumpir o afectar derechos de terceros. Y es una asignatura pendiente en la sociedad argentina, necesitamos observar que en los últimos diez a once años ha habido una creación de 6 millones de puestos de trabajo, la tasa de desempleo es del 6,4%; se ha mejorado sustancialmente el salario real de los trabajadores y también el ingreso disponible de las personas. El Estado ha hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de la resolución de la problemática de educación, de salud, de mayor industrialización, de empleo, etcétera, de manera que el sostenimiento de conflictos tiene también raíz e interés político, muchas veces partidario, muchas veces de actores políticos, sociales o sindicales con un objetivo de afectar la credibilidad y la confianza en las instituciones y el gobierno. Nosotros entendemos que forma parte del debate en la República Argentina de una agenda democrática. En la agenda democrática todos tenemos derecho a protestar, a manifestar nuestros desacuerdos, nuestras opiniones, en el marco del más estricto nivel de desenvolvimiento de la libertad de expresión, me parece que eso es muy bueno para la democracia, para las instituciones de la república, pero es muy bueno también que entre todos diseñemos un mecanismo para que el derecho a protestar sea congruente con la convivencia armónica, democrática y civilizada. En ese contexto y en esa inteligencia seguramente se encontrarán los mecanismos que permitan definitivamente, por un lado que el que tenga derecho a protestar proteste, pero que no proteste afectando el derecho de terceros. No se puede cortar la General Paz porque sí o interrumpir el tránsito, no sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino en muchas ciudades o pueblos del interior. Pero insisto, allí la legislación tiene que contemplar desde contravenciones hasta otro tipo de delitos y dada la complejidad de las normas existentes es necesario analizarlo con una visión de carácter integral. Muchas gracias.
