27-12-2013
CONFERENCIA DE PRENSA DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, JORGE CAPITANICH, EN LA CASA DE GOBIERNO
CAPITANICH.- Hoy nos reuniremos con los gobernadores de las provincias argentinas con el objeto de la reprogramación de los vencimientos de los servicios de la deuda pública en materia de capital e intereses. Estos servicios de deuda pública ascienden aproximadamente a 75.000 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2014, con la compensación correspondiente a aportes del Tesoro Nacional. El flujo total de servicios quedaría programado en casi 65.000 millones de pesos y en consecuencia el ahorro neto para las jurisdicciones provinciales, independientemente de la compensación y de lo que deberían pagar, está en torno a los 11.000 millones de pesos. Esto es un alivio significativo en las cuentas públicas provinciales, pero lo más importante es que en el transcurso de los últimos 10 años el incremento de las transferencias nacionales en concepto de recursos coparticipables y otras leyes especiales, alcanzó a un incremento a 1.024 por ciento. Esto equivale a decir, que el flujo total de transferencias nacionales por año a todas las provincias argentinas asciende a 222.241 millones de pesos. Del mismo modo desde el año 2009 al año 2013 ha habido un incremento de 258,38 por ciento en concepto de Fondo Nacional Solidario, esto es la coparticipación de los derechos de exportación derivados de la comercialización de soja. En este concepto también el monto que se asigna para el transcurso de este ejercicio fiscal 2013 es equivalente a 10.541 millones de pesos. De manera que si uno toma la totalidad de los recursos que son aproximadamente 856.744 millones de pesos, que es lo que efectivamente se transfiere en el transcurso del año 2013, y los 634.840 millones de pesos que se transfieren efectivamente a las jurisdicciones provinciales de acuerdo a múltiples conceptos, finalmente lo que uno debe observar es que las provincias argentinas reciben en sus respectivas jurisdicciones el equivalente al 74 por ciento del Presupuesto Nacional asignado. Esto es importante remarcarlo, porque no solamente se trata de las transferencias en materia de coparticipación federal y leyes especiales, sino también desde el Fondo Nacional de Incentivo Docente hasta seguridad alimentaria, hasta lo que significa préstamos netos, jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo, subsidio al transporte, subsidio al gas y energía eléctrica. En consecuencia es importante observar que independientemente de lo estipulado por la ley 23.548 vigente del 1º de enero de 1988 con sus respectivas modificatorias, el Estado Nacional genera una transferencia muy significativa de recursos en las jurisdicciones provinciales.
Por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo en el día de la fecha por instrucción expresa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es suscribir este convenio, establecer un mecanismo de compensación con aportes del Tesoro Nacional, y a su vez aliviar el flujo de servicios de capital e intereses de la deuda que deben pagar las provincias durante el ejercicio fiscal 2014. Los acuerdos se suscriben con carácter trimestral y a su vez también se estipulan metas que implican compromisos de partes.
Del mismo modo que existe la voluntad por parte del Estado Nacional de la reprogramación de los vencimientos de capital e intereses, también debe existir por parte de los estados provinciales una serie de compromisos, por ejemplo metas sanitarias. Nosotros vamos a fijar en anexos correspondientes a partir del todo el procedimiento de negociación en este trimestre, que va desde enero - febrero hasta marzo del año 2014, las metas que tienen que ver con reducción de mortalidad infantil, reducción de mortalidad materna, sistemas de inclusión social, reducción de informalidad laboral, aumento de exportaciones, incentivos a las pequeñas y medianas empresas, fomento al desarrollo de la formalización del empleo, estrategias que nos permitan garantizar la ejecución de infraestructura pública para garantizar provisión de agua potable, de sistemas de redes cloacales, es decir, una multiplicidad de aspectos que van a formar parte de anexos a los respectivos acuerdos. Estos acuerdos se firman de un modo bilateral entre la Nación y cada una de las jurisdicciones provinciales, y a su vez lo que nos parece importante remarcar, independientemente de estas metas, es que también debe existir un compromiso por parte de los estados provinciales de suministrar un sistema de información para la articulación de la gestión financiera. Esto es la evolución de la recaudación impositiva, la evolución de las erogaciones, tanto corrientes como las de capital, los resultados correspondientes, es decir, el resultado en cuenta corriente, el resultado fiscal primario, el resultado fiscal financiero, a su vez también toda la denominación de los mecanismos que tienen que ver con las categorías de remuneración para cada uno de los casos. Es decir, cuánto se paga en concepto de trabajadores públicos, en salud, en educación, en seguridad, en justicia, a los efectos de tener una correcta información del mismo modo que la consolidación en el funcionamiento de la información de cada uno de los municipios. Esto nos parece muy significativo porque nos permitirá tener un muy buen sistema de información y gestión financiera para la fijación de metas, y en virtud de ellas generar las condiciones para el incremento desde exportaciones, desde empleo, desde desarrollos productivos, desde fomento a las economías regionales, como así también metas de carácter social, tanto inclusión social como informalidad laboral, como mortalidad infantil o materna, o como mecanismos de inclusión social educativa y parámetros de calidad. O sea que, en definitiva, lo que se pretende es una coordinación de las políticas públicas en el territorio a los efectos de garantizar una más eficaz tarea de coordinación entre Nación y provincias.
Esto es lo que efectivamente vamos a suscribir a partir del día de la fecha a las 11. Y para no abundar me someto a las preguntas que ustedes consideren necesarias.
PERIODISTA.- Una consulta: dado la ola de calor que estamos viviendo en la Argentina ¿el gobierno ha tomado medidas con respecto al dengue, sobre todo en la zona del NEA y del NOA?
CAPITANICH.- Sí, con respecto al sistema de alerta de prevención epidemiológica, se han suscripto convenios a los efectos de establecer un cordón sanitario con la República hermana de Paraguay y el ministro de Salud, Juan Manzur también coordina acciones con los otros países de la región, Bolivia y Brasil. Paralelamente con ello, los estados provinciales establecen mecanismos de prevención a los efectos de propiciar la acción correspondiente para el descacharrizado, que es una cuestión absolutamente esencial, como así también los sistemas de identificación para estrategias de bloqueo focal, a los efectos de establecer mecanismos de fumigación correspondientes. Pero a su vez el Estado Nacional vía Ministerio de Salud ha propiciado la articulación de 100 laboratorios tanto de higiene como PC real time, a los efectos de identificar frente a la sintomatología existente para un caso febril determinado, que el sistema de salud esté en alerta, a los efectos de tomar muestras correspondientes, hacer el análisis y automáticamente eso constituya un insumo para bloqueo focal que evite la expansión del dengue en otros lugares. Así que eso es lo que se está haciendo y obviamente dada la experiencia existente y el sistema de monitoreo y evaluación de un modo sistemático que se hace, ha permitido que la República Argentina tenga el menor número de casos de la región. Son casos prácticamente imperceptibles y ojalá Dios quiera que esto se mantenga con el alerta y la participación del control de vectores por parte de cada una de las jurisdicciones provinciales.
PERIODISTA.- Buen día. Dos cuestiones me gustaría consultarle. Una, su impresión sobre el último informe que se conoció del observatorio de la deuda social de la UCA, que en principio parecía no estar para nada en sintonía con los últimos del Banco Mundial y las Naciones Unidas. Y en segundo término consultarlo sobre un reclamo que se escucha últimamente por parte de algunos sectores industriales, en particular aquellos que importan bienes de capital e insumos primarios para la producción y agregado de valor en el país, que observan una demora en la aprobación de las declaraciones juradas anticipadas de importación, que entiendo se está trabajando en este sentido. Si usted podría dar alguna precisión sobre qué mecanismos se están articulando para agilizar este trámite.
CAPITANICH.- Las declaraciones juradas anticipadas de importación son un mecanismo que fue aprobado oportunamente por la Organización Mundial de Aduana a partir del año 2004. En virtud de ello se establece un sistema de información con el objeto de establecer mecanismos de seguridad preventiva para los sistemas de comercialización a través de bienes importados. En ese contexto, lo que hace la República Argentina es establecer un exhaustivo sistema de verificación y control con los parámetros de seguridad pública, y también obviamente se generan las condiciones para que las autorizaciones pertinentes estén en línea con esta cuestión. A partir de ello, el Estado genera las condiciones para tener un buen sistema de información, para que las aprobaciones sean compatibles con ese dispositivo de seguridad y el control en materia aduanera. Eso es lo que se hace y eso es lo que se va a hacer.
Respecto al tema del observatorio de la deuda social, hay una cuestión que es absolutamente necesario reconocer. Se pretende instalar todo el tiempo, en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, una estrategia tendiente a desacreditar los mecanismos de inclusión social que ha promovido el Gobierno Nacional, desde Néstor Kirchner y la continuidad de las políticas públicas por parte de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, Entonces se desacredita el enorme esfuerzo que ha hecho el sector público, tendiendo a generar mecanismos de inclusión social. En este sentido quiero transmitirle resultados. En primer lugar yo quiero tomar varios resultados, porque pareciera ser que la pobreza aumentó en la Argentina, y en realidad lo que realmente ha ocurrido es una drástica reducción de la pobreza y la indigencia a través de políticas públicas activas, no por un fenómeno de carácter causal. Primero, hoy en la República Argentina la inversión del sistema de Seguridad Social en términos del Producto Interno Bruto es equivalente a 12 puntos. Segundo, eso implica 11,6 millones de argentinos debidamente incorporados. Tercero, a partir de una decisión estratégica como la administración propia del Sistema de Seguridad Social en manos del Estado, esto ha implicado un crecimiento de casi 4 veces del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cuarto, un incremento de la movilidad jubilatoria. Quinto, se ha establecido un mecanismo para la cobertura de carácter previsional, que es la más alta de América latina, una de las más altas del mundo, con prácticamente el 98 por ciento del total. En la década del 90 era equivalente al 50 por ciento. Esto implicó jubilación anticipada por casi 2,5 millones de personas. A su vez también pensiones no contributivas, que antes eran un mecanismo de sustitución, tenía que morirse una persona para acceder otra. Hoy es un derecho social incorporado al sistema de Seguridad Social e implica prácticamente 1,5 millones de personas que están con pensiones no contributivas. A su vez también la Asignación Universal por Hijo que permite la condicionalidad de la certificación de escolarización y de la vacunación. Argentina ha incorporado 10 vacunas teniendo 16 vacunas obligatorias, y a su vez ha tenido claramente un mecanismo de Asignación Universal por Hijo para garantizar escolarización plena. Hoy en Argentina prácticamente existe universalización de salas de 5, escolarización primaria prácticamente universal, extensión de la obligatoriedad de secundaria, y se pretende establecer un mecanismo de obligatoriedad para salas de 4. Si sumamos todo eso más casi 1 millón de soluciones habitacionales, si sumamos casi 10 millones de personas que acceden a agua potable y cloacas, si sumamos 6 millones de puestos de trabajo, si sumamos que había 200 convenios colectivos de trabajo y hoy hay 1.500 y si sumamos que efectivamente la recuperación del poder adquisitivo, tomando año 2001 o tomando año 2002, 2003, efectivamente ha habido desde 47 al 72 por ciento de recuperación efectiva del salario real, producto de las convenciones colectivas de trabajo, esto es paritarias libres de negociaciones entre partes. Con lo cual quiero transmitir que de ningún modo se puede corroborar cifras de esta naturaleza y a su vez yo le voy a dar un caso muy concreto, porque siempre se pretende asociar estos indicadores con el tema de pobreza por ingreso o pobreza de tipo estructural, y en muchos casos tienden a generar una mayor coincidencia relativa.
En el caso de la provincia del Chaco, que históricamente había acumulado una mayor deuda social, el cálculo de necesidades básicas insatisfechas, que es la medición de la pobreza estructural, arrojó 23,4 por ciento. ¿Esto qué significa?
Significa identificar que las necesidades insatisfechas eran en el año 1980 52 por ciento, o sea, hubo una reducción de prácticamente 30 puntos, y una tendencia de 7 puntos en los próximos 2 años con la incorporación de todo lo que significa obras de agua potable, obras de cloacas, escolarización plena, mejoras en las condiciones de subsistencia y reducción de hacinamiento por cuarto-hogar. Lo que quiero transmitir enfáticamente es que no hay ninguna posibilidad de que aumente la pobreza, sino muy por el contrario, que se reduzca en tanto y en cuanto haya habido inversiones en infraestructura social básica, mejoramiento de las oportunidades laborales, o sea 6 millones de puestos de trabajo, mejoramiento en las condiciones de negociación de carácter salarial y a su vez mejoramiento de las condiciones de percepción. Lo que quiero transmitir con esto, es que de ninguna manera es posible corroborar una cifra del observatorio de deuda social que experimenta la Universidad Católica Argentina. Todos los métodos indicadores son obviamente discutibles e indudablemente eso es lo que hay que hacer, pero no cabe la menor duda que la pobreza tuvo una reducción abrupta, también los niveles de indigencia, y en ese sentido si bien permanecen aún asignaturas pendientes, estas tenderán a resolverse, que es el caso de lo que significa hacinamiento por cuarto de hogar en viviendas tipo A, que son los sectores medios con acceso insuficiente al crédito hipotecario. A través de Procrear estamos con 86.000 viviendas en ejecución, 100.000 viviendas para el año próximo, 400.000 en total. Todo esto implica perspectivas de mejoramiento de sus respectivas condiciones. Por eso, no cabe la menor duda que las condiciones desde el punto de vista social han mejorado de modo sustancial. Eso no quiere decir que se han resuelto todos los problemas ni mucho menos, porque aún quedan naturalmente asentamientos de carácter irregular o espontáneo, titularización de tierras pendientes, mecanismos de acceso a infraestructura de servicios, mejoramientos sustantivos de parámetros de calidad educativa en muchos otros lugares, mejoramiento en las condiciones laborales, calificación laboral. O sea, quedan asignaturas pendientes, eso nadie lo discute, pero también es necesario advertir cómo esto tiene comparación con los parámetros de carácter fiscal. Todo el tiempo, desde la derecha, en la República Argentina se agobia diciendo que la presión tributaria es la máxima con casi 38,8 por ciento, pero en definitiva otros países como los países nórdicos o Francia llegando al 56,6 por ciento, también tienen definitivamente un mecanismo de mayor equidad social y mayor cobertura.
Y si bien es cierto que uno puede cuestionar los problemas de calidad del servicio, no en todos los lugares la calidad es deficiente. Creo que tenemos un sistema sanitario con 16 vacunas, que redujo sustancialmente la mortalidad infantil, de eso no se habla en la Argentina. No se habla por ejemplo de que en la provincia del Chaco había 20,9 por mil de mortalidad infantil, bajó a 11,4 y la tendencia es que este año vaya a cerrar con un dígito. Lo mismo que la República Argentina para el año 2014-2015, de eso no se habla. Y verdaderamente siempre lo que se pretende es ocultar logros. Lo que prevemos tener como reflexión profunda los argentinos es lo siguiente: primero, que faltan cosas, nadie lo duda, faltan y esas cosas se tienen que realizar, pero nadie debe soslayar los grandes logros. Y si bien es cierto que muchas veces se dice que los grandes logros es una tarea de divulgación del gobierno, que para eso está en ejercicio del poder, lo que deberíamos tener es un reconocimiento objetivo, porque éste también es bueno para garantizar cultura política y a su vez una democracia madura que reconozca logros que son significativos para un gobierno. Y si hay algo que a este gobierno hay que reconocerle de una manera sistemática es la inclusión social y el mejoramiento en las condiciones de ingresos de muchos argentinos que antes no tenían ni siquiera la más mínima capacidad de acceso a un ingreso provisto a través de políticas públicas.
PERIODISTA.- Insistiendo con el tema cortes, ¿qué panorama tiene usted, informes que le hayan acercado Edenor y Edesur sobre lo que está sucediendo con vastos sectores del ámbito metropolitano que continúan con cortes? Recién se anunciaba un piquete en la autopista Dellepiane, pero anoche fue imposible transitar por la Capital Federal a raíz de las protestas de los vecinos. ¿Qué panorama le han acercado a usted las empresas? Y más allá de que ha salido algún título este fin de semana de que usted advertía sobre la posibilidad de estatizar otra vez los servicios, ¿no ameritaría que algún funcionario del ENRE o del gobierno dé un paso al costado después del caos que se vivió anoche, que se seguía viviendo después de tantos días de cortes?
CAPITANICH.- En principio quiero transmitir lo siguiente: las empresas han promovido permanentemente un justificativo, no explícito sino implícito, de que no podían efectivamente invertir en virtud de la insuficiencia desde el punto de vista de sus tarifas. En ese contexto la realidad es que uno tiene un contrato de concesión y debe cumplirlo, y dentro del cumplimiento del contrato de concesión tiene que ver la calidad del servicio. El sistema eléctrico tiene tres patas principales, generación, transporte y distribución. Generación, hoy no existen restricciones desde el punto de vista del suministro del fluido energético. Transporte, se garantiza el transporte pleno. Hay un tema de distribución, que en algunos casos corresponde a provincias o a empresas públicas, en otros a empresas privadas, o sea que hay situaciones distintas. Pero por ejemplo si uno advierte provincia de Santa Fe y provincia de Córdoba, las tarifas son mucho más elevadas que las existentes aquí y también tienen interrupciones en el suministro energético. Si uno toma un escenario que es complejo, porque estamos con 13 días con altas temperaturas, en una ola de calor muy extensa, uno puede tomar 43 años y puede tomar series más prolongadas desde 1906, si uno proyecta los próximos días tendremos casi 18 días de un modo ininterrumpido con una ola de calor atroz. Hay una sumatoria de eventos, por un lado una ola prolongada de calor; segundo, una insuficiencia de gestión adecuada por parte de las empresas para garantizar el suministro eléctrico; tercero, hoy observamos claramente que las empresas no se comunican adecuadamente con sus respectivos clientes para observar cómo resuelven estos inconvenientes. La verdad es que la indignación o la protesta de muchos vecinos está asociada con la insuficiencia de la capacidad de respuesta por parte de las mismas compañías que prestan el servicio. Lo que debe ocurrir aquí es que las compañías tengan contacto con sus clientes, informen adecuadamente. El Ministerio de Planificación ha puesto desde líneas telefónicas hasta sistemas de atención telefónica, hasta mecanismos de suministro de equipos de generación, hasta provisión de servicios de agua, para resolver problemas de carácter puntual o específico, pero en definitiva sobre 5,6 millones de usuarios hay temas puntuales específicos que requieren por parte de las empresas comunicación, atención a los clientes, etcétera. ¿Qué puede hacer el ente regulador? Las multas y establecer los mecanismos resarcitorios. ¿Qué puede hacer el Estado? El Estado ha generado todos los mecanismos necesarios para que las empresas concesionarias puedan cumplir el contrato. Si efectivamente no son capaces de cumplir el contrato, analiza distintas hipótesis, pero en esta emergencia y en esta coyuntura lo que tienen que hacer las empresas es hacerse cargo del servicio y definitivamente informar a sus clientes y resolver sus problemas. Porque no puede ser sustituida la voluntad de las empresas concesionarias ante una emergencia de esta naturaleza, lo que tienen que hacer es generar los mecanismos para la identificación claramente de los problemas y dónde se dan. Hoy la tecnología disponible para los sistemas de distribución permite identificar claramente cuáles son los lugares de mayor vulnerabilidad de fallas en términos relativos, o el incremento de la demanda energética para establecer los mecanismos que requieran inversión para resolver el problema. Lo que tienen que hacer las empresas es hacerse cargo definitivamente de atender e informar a sus clientes y resolverles los problemas. Esa es la cuestión. Las hipótesis que nosotros planteamos son: si no están de acuerdo con la concesión entonces el Estado está en condiciones de hacerse cargo del servicio; también es posible que una instancia tenga que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la Provincia de Buenos Aires, que también pueden formar parte de estrategias que les permitan hacerse cargo de la concesión correspondiente. Y eso es lo que tienen que hacer frente a un problema de esta magnitud. Lo que objetivamente observamos es que es una ola de calor muy extendida, con altas temperaturas, que no afecta solamente al área metropolitana sino a muchas provincias argentinas que también la están padeciendo lamentablemente.
PERIODISTA.- Quiero consultarle sobre el tema acuerdo de precios. Han trascendido una serie de pautas, convenios entre productores y comerciantes, ¿qué nos puede decir sobre esto y sobre los plazos de afectación?
CAPITANICH.- Como dije anteriormente, nosotros suscribimos un convenio marco y ahora se están elaborando y suscribiendo los convenios específicos, empresa por empresa. Ahí lo que se integra es proveedores y supermercados con la expansión del acuerdo a los supermercados denominados popularmente chinos. En ese contexto estos convenios tienen que estar vigentes a partir del 3 de enero, con publicación y un sistema de fiscalización y control. Hemos promovido a partir de la Administración Federal de Ingresos Públicos la sustitución de la tecnología de los controladores fiscales, que datan del año 1998. ¿Con qué objetivo? Un objetivo que implica ese cambio tecnológico a los efectos de tener un seguimiento on line o en tiempo real del sistema de precios. Uno tiene un código de barras, se toma el producto, se pasa el código de barras por la caja y automáticamente es una información de carácter fiscal, transparente, que a su vez también es un tema de fiscalización y control en tiempo real de precios, a los efectos de evitar cualquier tipo de desvío. El convenio marco identifica entre 175 y 200 productos, estos son los que se van a seguir, con evaluación de carácter trimestral en la cadena, proveedor al consumidor, y obviamente cuando planteamos supervisión o control de carácter fiscal también lo pretendemos llevar al control popular. O sea que las asociaciones nos ayuden, que nos ayuden los medios de comunicación a detectar estos desvíos, los vecinos, los consumidores. Porque en definitiva de lo que se trata es de proteger el bolsillo de cada uno de los argentinos. No puede haber de ningún modo remarcaciones, porque objetivamente no existe ninguna condición desde el punto de vista macroeconómico que incentive, promueva o estimule mecanismos de remarcación. Muy por el contrario, creo que lo ha dicho el propio presidente de Banco Central, aquellos que todo el tiempo defienden teorías ortodoxas en materia económica saben que hemos tenido una emisión monetaria que es la mitad prácticamente de lo que era en el 2012, y a su vez también desde el punto de vista de los resultados fiscales tiene un financiamiento de carácter cuasi fiscal que genera equilibrio y sustentabilidad para los próximos dos ejercicios. Que a su vez todo lo que dijimos que íbamos a trabajar por instrucción de la presidenta de la Nación lo hemos hecho. Acuerdo con trabajadores y empresarios para mejorar la asignación de recursos para obras de infraestructura con logística integrada para reducir costos sistémicos, a los efectos de mejorar la competitividad de las empresas. Política de reintegros y devoluciones que va a estar vigente a partir de enero. Sistemas de financiamiento para aumentar la tasa de inversión. A los trabajadores plantearles claramente reducción de informalidad laboral. 830.000 personas con corresponsabilidad gremial, con susidio a las contribuciones patronales, apoyo a las pequeñas y medianas empresas. A su vez hoy con los gobernadores de las provincias argentinas, el próximo 3 con la publicación de 200 metas de gestión. En definitiva, todo lo estamos haciendo en ese contexto. Por eso acá se ha dado un debate muy claro en la Argentina, porque siempre se pretende asignar las responsabilidades al gobierno nacional, pero quiero transmitir claramente las responsabilidades emergentes de una sociedad y una comunidad organizada. Primero, cuando sucedió el conflicto de las policías de las provincias, se pretendió endilgar la responsabilidad al Gobierno Nacional, cuando en realidad es un poder no delegado, incumbe y compete a cada una de las provincias. El gobernador del Chaco, con quien estuve reunido ayer, ha establecido un acuerdo desde el punto de vista salarial no aceptando imposiciones bajo extorsión. Por lo tanto esa es una estrategia que debe ser seguida por todos. Segundo, también hemos planteado este debate permanente desde el punto de vista del suministro de energía eléctrica. La verdad que en el área metropolitana la responsabilidad corresponde a Edenor y Edesur, que son las empresas concesionarias, por lo tanto no puede endilgarse la responsabilidad al Gobierno Nacional. Tercero, en la cuestión estrictamente asociada al nivel de precios hay una responsabilidad de carácter social que tiene que ver con la responsabilidad de las empresas a los efectos de generar las condiciones para que en definitiva los precios con que puedan comercializar sus productos sean compatibles con un sentido de la responsabilidad social. Esa pretendida estrategia de especulación, de manipulación, de ocultamiento, de generar incertidumbre es la estrategia sistemática para generar desconfianza en la Argentina. Los argentinos hemos vivido en estos 10 últimos años políticas públicas que han defendido los intereses del Estado Nacional y de nuestra patria, entonces lo que tenemos que hacer es cuidar lo que hemos logrado y propender a generar políticas que sigan produciendo logros que son significativos para la mejor calidad de vida de todo el pueblo argentino.
PERIODISTA.- Como todos los diciembres estuve recorriendo los distintos piquetes que hay en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, de gente que reclama la vuelta de la energía eléctrica, que en algunos casos ha pasado la Navidad sin energía. Dos preguntas puntuales: si el Gobierno considera que hay una crisis de distribución, si hay algún plan de emergencia para la gente que lo que está pidiendo es saber cuál es el plan de emergencia, si es que lo hay, para que vuelva la energía eléctrica, y en todo caso, también, como le pregunté la vez anterior, cuál es el plan para que no haya cortes en diciembre del próximo año. Y también cuál es la responsabilidad y a quién le cabe la responsabilidad de que nos enteremos todos los diciembres que hay desinversión en el área de distribución, tiene que haber algún ente del gobierno, alguien que controle que la empresa invierta el resto del año, no en diciembre.
CAPITANICH.- Concretamente el contrato de concesión estipula claramente que las empresas deben proveer la prestación de servicios con parámetros de calidad y esos parámetros de calidad están asociados claramente a los servicios desde el punto de vista de la atención correspondiente y parámetros de lo que se denomina interrupción por fuera de servicio, etcétera. El contrato de concesión estipula las condiciones de prestación del servicio, las empresas Edenor y Edesur son las únicas responsables de la prestación del servicio, por lo tanto deben informar a sus clientes respecto a eventuales planes de contingencia y deben ejecutar los planes de inversión correspondiente.
PERIODISTA.- (Inaudible)
CAPITANICH.- Muy bien, entonces en el contexto de multa y resarcimiento la otra hipótesis que debe analizar el ente regulador es por incumplimiento de contrato la rescisión del mismo.
PERIODISTA.- (Inaudible)
CAPITANICH.- Hay problemas perfectamente identificados y obviamente los vecinos, cuando no reciben el suministro de energía eléctrica, protestan con razón. Las empresas tienen que hacerse cargo e informar a sus clientes, informar a los vecinos que tienen esos problemas. Eso es lo que corresponde. Los hemos intimado varias veces, todos los días se los intima. Los hemos convocado nosotros, los intimé personalmente, antes, durante y después, por lo tanto es su responsabilidad y es lo que tienen que hacer.
PERIODISTA.- ¿Cuál es el siguiente paso?
CAPITANICH.- El siguiente paso es la aplicación de lo que establece el contrato de concesión: multas, resarcimiento y eventualmente rescisión del contrato de concesión.
PERIODISTA.- A raíz de los inconvenientes que hay, la gente está afectada por los cortes y con justa razón sale a protestar. A raíz de esa protesta se generan cortes de avenidas importantes, de rutas y de vías de tren, la gente no puede llegar a sus hogares o al trabajo. ¿Qué va a hacer el Gobierno al respecto, cómo va a instrumentar esta situación, cómo va a ensamblar este conflicto que se está dando en la calle estos días?
CAPITANICH.- El Estado Nacional ha provisto a través del Ministerio de Planificación mecanismos de atención telefónica para identificar los casos y establecer mecanismos de reparación, suministros de tipo alternativo, provisión de agua, cuestiones que tengan que ver con la emergencia; desde el punto de vista de la administración de la circulación de vehículos corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero en definitiva, insisto porque la pregunta es exactamente la misma...
PERIODISTA.- (Inaudible)
CAPITANICH.- Tampoco el método es razonable, tratar de perjudicar a terceros, creo que es un tema de razonabilidad buscar claramente la identificación de los lugares y a partir de eso..., porque lo que la gente quiere en definitiva es que se le restaure el servicio eléctrico, punto, no hay otra cuestión. Lo que se tiene que hacer en estos casos, cuando se identifica un tema, no es propiciar cortes de calles ni interrupción del sistema ferroviario, lo que tienen que hacer es identificar el problema, las empresas tienen que tomar cartas en el asunto y resolver rápidamente las situaciones de emergencia. Nosotros estamos en contacto obviamente con las personas encargadas de la regulación del servicio a los efectos de propiciar este suministro de información. Lo mismo ocurre a través de un sistema de atención específica para atender los casos en que los call centers o los centros de atención al cliente que tienen las empresas no dan abasto. Claramente hay que generar las condiciones para ver cómo se resuelven de un modo inmediato los problemas que existen y que las empresas informen adecuadamente a sus clientes, porque eso es lo que corresponde hacer. Muchas gracias.
