El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que la Nación firma hoy un acuerdo con 18 provincias para refinanciar sus deudas públicas que significará "un alivio en las cuentas públicas provinciales" de $ 11 mil millones y destacó el incremento de las transferencia del 1024% en los últimos 10 años.

Precisó que por  instrucción de la presidenta Cristina Fernández se firmará este sistema de compensación, con aportes del Tesoro Nacional, para aliviar el flujo de la deuda de las provincias. El acuerdo es trimestral, y también se estipulan metas que implican compromisos de partes, con la reprogramación del capital y los intereses. Esta serie de compromisos contiene metas sanitarias, como la reducción de la mortalidad infantil y materna, la inclusión social, entre otras.

Asimismo las provincias deben asumir el compromiso de suministrar información para la articulación financiera, con la evolución de las erogaciones, que incluye cifras de cuanto se paga a los trabajadores estatales, del área de salud, justicia, etc. Una correcta información, dijo Capitanich, permitirá contar con un sistema de información y gestión financiera.

En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, explicó que la deuda pública de las provincias, entre capital e intereses asciende a $75 mil millones para el ejercicio fiscal 2014, y explicó que el convenio a suscribir significará un ahorro para las provincias de $11 mil millones. Puso de relieve además, el sostenido incremento de transferencias de la Nación a las provincias. "Si vemos la totalidad de los recursos transferidos en 2013 fueron de 856.744 millones de pesos, y si les agregamos los 634.840 millones que se dieron a las distintas jurisdicciones provinciales se observa que las provincias argentinas reciben en sus jurisdicciones el equivalente al 74 por ciento del Presupuesto Nacional asignado", precisó Capitanich.

El Jefe de Gabinete destacó, además, el incremento que se registran en los últimos 10 años en las transferencias nacionales de coparticipación que alcanzaron una suba del 1024 por ciento. Reseñó que, además, entre 2009-2013 se coparticiparon en concepto del Fondo Federal Solidario, el llamado 'fondo sojero', que se recauda por las exportaciones de soja, que en 2014 significará 10 mil millones de pesos. Las transferencias, dijo, no son solo en concepto de coparticipación, sino además del Fondo de Incentivo Docente, la seguridad alimentaria, las pensiones y jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo, y distintos subsidios, en energía, transporte, etc.

Inclusión social y reducción de la pobreza

El jefe de Gabinete aseguró que existe una "estrategia" que busca "desacreditar los mecanismos de inclusión social" promovidos desde el gobierno nacional, con lo cuales se logró una "drástica reducción de la pobreza e indigencia". "Se pretende instalar todo el tiempo en los últimos días y en los últimos meses una estrategia de desacreditar los mecanismos de inclusión social, entonces se desacredita el enorme esfuerzo que ha hecho el sector público en este sentido", aseveró el jefe de ministros.

Jorge Capitanich afirmó que la pobreza en la Argentina "tuvo una reducción abrupta", al referirse al informe de una universidad privada que indicaba el incremento de los índices de indigencia."De ninguna manera es posible corroborar las cifras del observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica pues todos los métodos son discutibles, pero no cabe duda que la pobreza tuvo una reducción abrupta si bien existen deudas pendientes que se deberán resolver", afirmó Capitanich.

Distribución de energía

Capitanich, volvió a reclamar a las empresas de electricidad que "se hagan cargo" de los cortes de luz que vienen sufriendo vecinos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires: "Lo que tienen que hacer las empresas es hacerse cargo, informar y atender a sus clientes y resolverle los problemas a los usuarios", dijo Capitanich.

Señaló que las companías "han promovido permanentemente un justificativo implícito de que no pudieron invertir en virtud de la insuficiencia de sus tarifas". Reiteró que las empresas Edenor y Edesur "son responsables de proveer el servicio eléctrico" a los clientes y señaló que el Ente Regulador es el encargado de establecer "multas y resarcimientos", además de "revisar la rescisión de los contratos". "Ya hemos intimado a las empresas para que informen a los vecinos y el Estado ha previsto mecanismos de emergencia como la provisión de equipos de emergencia y la atención telefónica de los reclamos", dijo Capitanich.

Afirmó en referencia a las distribuidoras de energía eléctrica, que "las empresas deben atender a sus clientes y hacerse cargo" de los problemas en el suministro y dijo que "las empresas deben informar sobre planes de contingencia y sobre las inversiones correspondientes".  Consultado sobre el 'paso siguiente´, Capitanich expresó que "por incumplimiento de contrato el ente regulador debe contemplar la rescisión del mismo", y recordó las "innumerables intimaciones" que recibieron las empresas de parte del Gobierno Nacional.

"Estamos en contacto con las personas encargadas de la regulación del servicio para suministrar esta información, y hay que generar las condiciones para ver cómo se resuelven los problemas que existen y las empresas informen adecuadamente a sus clientes", precisó.

Acuerdo de precios

Capitanich, aseguró que "no puede haber remarcación" de precios porque, desde el punto de vista macroeconómico, "no existen condiciones que la estimulen", y destacó que la instalación de nuevos controladores fiscales permitirán hacer "un seguimiento online del sistema de precios".

Por otro lado, sostuvo que los acuerdos de precios sellados con el gobierno nacional "tienen que estar vigentes a partir del 3 de enero" y destacó que, al "control de carácter fiscal" que lleva adelante el Estado debe sumarse también "el control popular", es decir que "los consumidores ayuden" a fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos porque -indicó- "de lo que se trata es de proteger el bolsillo de los argentinos".

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que el nuevo acuerdo de precios pactado entre el Gobierno, supermercadistas y proveedores "nosotros ya lo anunciamos, ahora están trabajando empresas con empresas, y el acuerdo tiene que estar vigente a partir del 3 de enero, con publicación y un sistema de control".

"Hemos avanzado -agregó- en un seguimiento on line de precios mediante la utilización del código de barras que es una información de carácter fiscal y transparente", aseveró, y agregó que "también habrá evaluaciones trimestrales".  Además, pidió "ayuda de los vecinos y consumidores, porque no puede haber de ningún modo remarcaciones ya que no hay ningún motivo macroeconómico que lo incentive". Capitanich indicó que "hemos tenido una emisión monetaria que era la mitad de lo que era la del 2012, y hay financiamiento con equilibrio y sustentabilidad por lo menos para los próximos dos ejercicios", aseguró.

El funcionario agregó que las autoridades "observarán las cadenas de valor", que ya generaron "sistemas de financiamiento para fomentar la inversión", pero resaltó la importancia de la "responsabilidad social empresaria". "La responsabilidad en materia de precios tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas", dijo Capitanich, y resalto la "pretendida estrategia de manipulación, ocultamiento y voluntad de generar incertidumbre, que no es más que la estrategia sistemática para generar desconfianza en la Argentina". "Por eso, tenemos que cuidar lo que hemos logrado y propender a generar políticas con logros significativos para todo el pueblo argentino", finalizó Capitanich.