"Vengo a cumplir el último acto de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el reconocimiento público del periodista Eduardo Kimel, un hecho emblemático en la Argentina porque no es sólo el caso de un periodista condenado por su opinión, es algo más profundo, pone blanco sobre negro lo que ha sido la Argentina de las últimas décadas", expresó la Jefa de Estado al iniciar su presentación.

Para la Mandataria, "siempre hubo en la sociedad una fuerte tendencia a focalizar hacia los que habían torturado o desaparecido como únicos responsables" de la trágica historia de los años 70 y 80 en nuestro país, pero, sostuvo, "eso es mentira". "Lo que Kimel denunció era la complicidad de un sector de la justicia en lo que paso en la Argentina", explicó la Presidenta.

Cristina Fernández afirmó que el aval de la Corte Suprema de Justicia en 1930 al golpe de Estado "fue el huevo de la serpiente" de "la doctrina de los gobiernos de facto" en la justicia argentina. Y ejemplificó ese caso como emblemático de "una relación estrecha entre la justicia y la política". Por eso, señaló que "la división de poderes sólo se agita cuando se trata de gobiernos populares y democráticos, para denostarlos".

También, la jefa de Estado destacó su decisión de despenalizar el delito de calumnias e injurias -aprobado por el Congreso Nacional-, a partir de la persecución judicial que sufrió el fallecido periodista Eduardo Kimel. "No puede haber en una sociedad democrática cárcel por hablar o opinar, cualquiera sea la opinión y aun cuando eso sea una mentira", reflexionó Cristina Fernández.

La mandataria aseguró que "vivimos hoy en una argentina con una libertad de prensa inédita en nuestra historia". "Jamás hubo en toda la historia de la Argentina una libertad de prensa similar a la que hoy gozamos cualquiera puede escribir lo que se le de la gana", aseveró.

No obstante, agregó que "falta completar la libertad de expresión" con la puesta total en funcionamiento de la nueva ley de Servicios Audiovisuales, a la que calificó como el "proyecto más inédito en materia legislativa que tenga memoria la República Argentina".

En este sentido, la remarcó la "pluralidad y la diversidad poca veces vista" expresadas en los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación elaborados por la denominada Coalición por una Radiodifusión Democrática en el proceso de redacción de la ley. Y manifestó que la idea de la norma apunta a establecer "regulaciones para que no haya concentración y un monopolio de la palabra y para que absolutamente todos puedan expresarse con libertad".

Palabras de Cristina Fernández a la prensa luego de su discurso

 

Por otra parte, la Presidenta calificó de "aberración" la decisión de "un sector de la Justicia" de suspender en su momento la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al hablar sobre el rol de la Justicia en la Argentina.

Al respecto, recordó que el proyecto de la Ley de Medios "resultó aprobado por abrumadora mayoría en ambas Cámaras" del Congreso el año pasado "con un corte transversal de votos inédito"; y sin embargo "un sector de la Justicia decretó medidas cautelares que tornaban inaplicable una ley sancionada por el Congreso".

También, sostuvo que "nadie está enojado, sólo queremos justicia, hoy estamos haciendo un acto de justicia y esperamos que siga pasando". "Reconocer el derecho de las víctimas, esto hace que una sociedad sea democrática. Cuando es el Estado, a través de cualquiera de sus tres Poderes es el que viola los derechos estamos en un Estado pre democrático. En Eduardo Kimel estamos hoy cumpliendo un acto de reconocimiento a esa democracia", enfatizó la Presidenta.

Por último, la mandataria aseguró que "Con mucha paciencia y con la justicia", se puede abordar "el camino adecuado para llegar a la verdad y al reconocimiento".

El acto contó con la asistencia del ministro de Justicia,Julio Alak; el canciller Héctor Timerman; el titular del CELS, Horacio Verbitsky, y familiares el periodísta fallecido en febrero pasado.

Kimel había sido condenado por investigar el crimen de cinco religiosos católicos cometidos por un grupo de tareas durante la última dictadura militar en la iglesia de San Patricios, en el barrio porteño de Belgrano.

A raíz de la presentación del caso ante el Sistema Interamericano, en mayo de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por las violaciones a los derechos humanos del periodista.

Entre las medidas de reparación ordenó modificar el Código Penal por la incompatibilidad de los delitos cometidos de calumnias e injurias con la Convención Americana.

Ese objetivo se logró con la ley 26.551, votada por el Congreso de la Nación en setiembre pasado, que despenalizó esos delitos para casos de interés público.