Esperamos el fallo, era el punto que nosotros entendíamos que tenía que encontrarse una salida, a partir de ahí arrancar una salida común que nos diera nosotros una solución para poder trabajar con todo los elementos a la mano, ese debería haber sido el punto de inflexión que nos marcaba con claridad hasta dónde se podía llegar y cuál era la forma en que se tenía que trabajar, desde el punto de vista de nuestro gobierno y desde el punto de vista del gobierno Uruguay.
Nuestro gobierno consideró imperioso recuperar las relaciones con el Uruguay, esas fueron las charlas que tuvieron dos veces en Olivos la Presidenta de la Nación y el Presidente del Uruguay, y después en el Palacio Anchorena cuando visitó nuestra Presidenta la República Oriental del Uruguay.
¿Cuál es nuestro objetivo en este marco? El primer objetivo es cumplir el fallo de la Corte Internacional de La Haya, esa es la decisión que se tiene que acatar porque precisamente oportunamente nuestro país, como país hermano, habían tomado como lugar para dirimir las cuestiones específicamente. Cumplir con la política ambiental, porque para nosotros es fundamental cumplir con la política ambiental que nos garantice como gobierno, es nuestra responsabilidad, es nuestro poder de policía, es nuestro deber como conducción política y conducción estratégica del país, que la Presidenta les garantice a los habitantes que están viviendo en un ambiente adecuado, y que no corran riesgo de ninguna naturaleza a cumplir con esos estándares internacionales. Valer aclarar que el fallo de La Haya no reconoce que ha habido contaminación específicamente en la planta de Botnia. Para estar seguros de que esto sea así, para garantizarnos nosotros mismos que este estándar que la Presidenta pretende exhibirle y garantizarle al pueblo argentino que realmente se cumpla, hay que abocarse a la tarea de monitoreos que la Comisión Administradora del Río Uruguay debe plantear aguas arriba y aguas debajo de Botnia, como en el resto de los 493 kilómetros que tiene el Río como frontera con la República oriental del Uruguay.
El Gobierno ha sido sumamente paciente con esta situación, porque es nuestra política, lo hemos sido en todo los ámbitos, pagando costos, asumiendo la responsabilidad, pero sumamente pacientes para esperar ese punto de inflexión que no garantizaba, por haber sido ambos países lo que habíamos asumido esta responsabilidad de acatarlo, y a partir de ese punto de inflexión comenzar una nueva etapa que nos permitiera estos puntos que ya les había marcado yo, la posibilidad de cumplir con ese fallo, era nuestra vocación, la posibilidad de recuperar las relaciones con la República Oriental del Uruguay, que es la vocación de nuestra Presidenta y del Presidente uruguayo, y garantizarles a nuestros habitantes que el monitoreo permanente, el control en todos los ámbitos, como el fallo mismo lo dice y es está para cumplirse, nos garanticen que no hay ningún grado de contaminación que ponga en riesgo la vida en un sólo argentino.
Vuelvo insistir, el tema a término para nosotros cuando se dictó el fallo, entendimos que comenzábamos un proceso nuevo. Vemos que quienes han sido ocupantes de esta situación, del puente, quienes han tenido actitudes radicalizadas en muchos casos, y a veces violentas, siguen con una situación más o menos igual que la que existía hasta ese punto, no ha existido un punto de inflexión. Para nosotros esto constituye un claro alzamiento contra una decisión internacional aceptada por el Gobierno de la Nación, porque así lo dicen los tratados, porque así lo dicen los compromisos, y porque es un tratado que tiene rango constitucional.
Va de suyo que esas conductas impedirán el control y el monitoreo que nos garanticen con objetividad que la planta no contamina. La decisión formal, contundente y de fondo por parte de la Presidenta de la Nación es asumir esa responsabilidad de que no exista la posibilidad de que haya el más mínimo gesto de gesto o acción de contaminación, o movimiento o trabajo de que contamine y que ponga en riesgo la vida de nuestros compatriotas. Todas las acciones que estamos mostrando nos exhiben esa situación, no hay forma de que podamos nosotros, porque tampoco podemos bien predisponer a la República Oriental del Uruguay a trabajar en conjunto sobre todo los elementos, como la establecido el fallo, ante una situación está característica.
Hemos asistido invariablemente, por todo los días de comunicación, que quienes estuvieron siempre en este lugar, que mantuvieron esa actitud radicalizada, que han mantenido esa actitud de imponerse ante una situación que tenía que resolverse de otra manera, una expresión contundente de que no van a cumplir con el paso, de que no va a acatar ninguna de las decisiones de la justicia.
En este momento el procurador del Tesoro de la Nación, es decir el abogado de la Nación por llamarlo de alguna manera, está presentando el escrito en el juzgado correspondiente, pero debemos admitir que no hemos tenido definiciones contundentes en el caso del impedimento del paso hacia la República Oriental del Uruguay por el puente de Fray Bentos, no hemos tenido una decisión judicial contundente, ustedes han visto la sentencia y ésta no refleja con contundencia cuál es la situación en la que nos encontramos y cómo se puede solucionar este tema. Éste tipo de situaciones elípticas, este tipo de decisiones judiciales, son de cumplimiento ido en el cumplimiento imposible, porque cuando se dicen cosas globales las conclusiones a las que hay que arribar siguen siendo globales, las decisiones que debieran tomarse con contundencia sobre los responsables son globales, y se hacen de imposible cumplimiento.
Por tal motivo en lugar de intentar vanamente notificar a quienes no se van a notificar, a quienes han manifestado por todo los medios que ustedes representan seguramente y muchísimos más, que tienen esa posición asumida, en lugar de intentar-insisto- vanamente de notificarlos, en lugar de poner las fuerzas de seguridad a presionar para poder habilitar el puente, como hubiese sido intención de más de uno de lo que nos han manifestado públicamente en todos los medios, hasta tener que reprimir, porque finalmente se llega al punto de tener que reprimir, y nuestra política clara respecto a este tema, no tenemos la vocación de reprimir y no vamos a reprimir, hemos decidido presentarnos como querellantes en la causa; esta es la primera expresión contundente de la política que el Gobierno ha adoptado en este caso, nos hemos presentado como querellantes en la causa en cuestión. Hemos presentado denuncia penal con nombre y apellido, contra aquellos que con sus conductas han permitido por acción o por omisión la comisión de delitos como: entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, articuló 194 del Código Penal; homicidio culposo, artículo 84 del Código Penal; amenazas, articuló 149 del Código Pena; amenazas agravadas, artículo 149; daños a bienes públicos, articuló 183 y 184 del Código Penal; instigación a cometer delitos, artículo 2009; intimidación pública, artículo 211; apología del delito, artículo 213; otros atentados al orden público, 213 bis; delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, artículo 219; atentados al orden constitucional de la vida democrática, artículo 226 y 226 bis; sedición, artículos 230 y 232; atentado y resistencia contra la autoridad, artículos 237, 238 y 239; encubrimiento, artículo 277.
De todo lo que le estamos comentando como decisión estratégica, la querella en sí misma, presentarse como querellante, definir específicamente quiénes son los responsables con nombre y apellido, definir cuáles a las conductas reprochadas que estamos exhibiendo ante el magistrado. A todo lo acompañamos con los elemento probatorios que lo propios medios de comunicación se han cansado de repetir todas las veces que han tenido oportunidad para hacerlo, quienes están al frente una decisión como ésta que impide las políticas más responsables, que es en primer lugar cumplir con una manda de un tribunal internacional al que nos comprometimos ambos países a cumplir, y nos impide poder avanzar sobre la recomposición de las relaciones con el Uruguay, nos impide poder cumplir con los estándares internacionales que nuestra Presidenta exige como mínimo para que los ciudadanos puedan vivir sin ningún tipo de inconvenientes.
Aparte de los elementos probatorios y estas conductas denunciadas, nosotros hemos presentado denuncia civil sobre los mismos responsables¿Por qué denuncia civil? Porque estamos denunciando la responsabilidad de quienes han generado acciones como: cierres de centenares de negocios, de la pérdida de trabajo del transporte, de la pérdida trabajó el turismo, de la perdida exportaciones e importaciones que han impactado duramente en los pueblos aledaños, de imposibilidades de movimientos de producciones de productos argentinos colocados en el Uruguay, de la compra eventualmente de productos uruguayos que necesitan los argentinos, de situaciones de varias características que ameritan que también tengan sanciones civiles, y eso también está siendo presentar es momento por el Procurador de del Tesoro de la Nación.
Lo que hemos pretendido al hacerlos esperar para comentarles cuál era la decisión tomada, es no limitarse a la notificación, porque esto sonaba a uno de los hechos que tantas veces hemos tratado hacer, con conclusiones conocidas por todos. Entendemos que a esto hay que darle un corte definitivo y ese corte comenzaba el día en el que el Corte de Internacional de La Haya, conforme establece el artículo 60 del tratado del Río Uruguay, dictó un fallo, puede gustar más o menos, pero es un paso que hay que acatarlo. Vuelvo insistir, no podemos permitir que nadie se arrogue el derecho de desconocer lo que significa un fallo a nivel internacional, donde ha habido una respuesta específica por parte del Estado nacional para poder cumplir con él. Las políticas que hemos fijado son las que les cabo de mencionar, nosotros pusimos en riesgo la relación con la República Oriental del Uruguay, y es imperioso recuperar esa relación, como lo han visto las dos reuniones de Olivos y en la reunión del Palacio Anchorena en Uruguay. Pero fundamentalmente la política del medio ambiente, una política que nos importa porque significa la vía de los actuales habitantes de la zona, de sus hijos y de sus nietos, y eso solamente se puede preservar y garantizar si nosotros nos hacemos responsables del control de la calidad de las aguas, como dice el propio tratado del río Uruguay en sus artículos 7 y 12, somos responsables de las mediciones en todo los ámbitos, como dice el propio fallo de la Corte Internacional de La Haya, y somos responsables del seguimiento de todos y cada una de las acciones que hoy tenemos a nuestra mano, y que no pueden ser resueltas de otra manera en el marco de la inteligencia y de las conclusiones que florezcan de un análisis serio, medular, inteligente y responsable por parte del Gobierno nacional, que estamos dispuestos en llevar a la práctica, pero que este tipo de acciones lo impiden, y sin impiden nosotros lejos de darles soluciones o garantías a los habitantes de la zona, lo que estamos haciendo es ponerlos cada vez más en riesgo, porque no sabemos realmente si se está conminando o no se está contaminando; y si están en ese lugar porque se está contaminando, y tuvieran razón, nosotros no tenemos forma de monitorear y trabajar en conjunto con la República Oriental del Uruguay, porque la actitud de no permitir el libre tránsito en el puente o en el cruce hacia el Uruguay se hace imposible por las razones que son exhibidas.
En resumen: hemos presentado la denuncia penal con nombre y apellido, con los datos aportantes y seguiremos aportando datos y pruebas en el transcurso de la semana, hemos aportado los elementos necesarios para que se comprenda hacia donde están dirigidas nuestras conductas, es imperioso tener el tema resuelto a la brevedad, y por eso entendemos que la Justicia debe tomar cartas en el asunto, e ir directamente sobre los responsables desde el punto de vista penal y civil, y concluir en el tiempo más corto posible con la liberación del puente Puerto Unzué Fray Bentos, que vuelva a la normalidad la vida de los habitantes de la zona y el contacto directo con la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias.