El Jefe de Gabinete aseguró luego que "el gobierno ha sido sumamente paciente y ha pagado costos. Para nosotros el tema terminó con el fallo. Ahora observamos que la ocupación del puente continúa, como si no hubiera habido un punto de inflexión. Esto es un alzamiento contra el tratado, que tiene rango constitucional. Estas conductas impedirán el control y el monitoreo permanente. No hay forma de predisponer a Uruguay a trabajar conjuntamente ante esta situación", dijo el ministro.
Aníbal Fernández agregó que "los ocupantes del puente tienen la actitud de no querer cumplir ninguno de los fallos de la justicia".
"Las decisiones son globales y de imposible cumplimiento. En lugar de notificar a quienes no se van a notificar y de poner las fuerzas de seguridad a presionar para habilitar el puente -no queremos reprimir- vamos a presentarnos como querellantes en la causa como política oficial del gobierno", dijo el ministro.
Agregó que "se ha presentado denuncia penal contra aquellos que entorpecen el funcionamiento de los transportes, por amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos y homicidio culposo", entre otros, dijo el ministro
Aníbal Fernández, aseguró luego que "es preciso dar un corte definitivo a la situación luego del fallo de La Haya y no permitiremos que nadie se arrogue el derecho de desconocerlo" y añadió que "se ha puesto en riesgo la relación con Uruguay".
"Nos importa también la política de medio ambiente, que sólo puede preservarse si nos hacemos responsables de la calidad de las aguas, de las mediciones en todos los ámbitos y del seguimiento de las acciones que deben ser resueltas en el marco de la
inteligencia y de un análisis serio y responsable", dijo el ministro.
"En el tiempo más breve posible debe ser liberado el puente", concluyó Fernández.