FERNÁNDEZ.- Como es de público conocimiento, el Reino Unido de Gran Bretaña ha comenzado la exploración en la búsqueda de recursos hidrocarboríferos en las Islas Malvinas.

Nuestro país ha insistido en todos y cada uno de los foros internacionales en la necesidad de ajustarse al derecho internacional, al multilateralismo y esencialmente al cumplimiento incondicional de las resoluciones de Naciones Unidas.

Somos conscientes que hay países que han sido fieles cumplidores de estas resoluciones cuya suerte no ha sido las que aspiraban en el marco del derecho internacional, como también somos conscientes de que hay países miembros permanentes del Consejo de Seguridad que han hecho caso omiso a tales decisiones en reiteradas oportunidades.

La inobservancia de tales resoluciones traía aparejada inevitablemente severas preocupaciones al contexto internacional ante posibles necesidades a futuro de las características que ustedes quieran analizar, cuando países desarrollados necesitan a determinados bienes que están en manos de países en inferioridad de condiciones. Si no se cumplen las condiciones del multilateralismo y las decisiones de Naciones Unidas, se hace imposible poder sostener a futuro una convivencia en el marco de lo multilateral como ha sostenido la República Argentina cada vez que ha tenido oportunidad.

En este mismo marco, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte han mantenido su negativa a dar cumplimiento a las resoluciones 2065, 3160,37-9, 38-12, 39-6, 40-21, 41-40, 42-19 y 43-25 en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se reconoce la existencia de la disputa de soberanía referida a la cuestión de las Islas Malvinas, e insta a los gobiernos a que reanudan las negociaciones con el objeto de encontrar una solución pacífica, justa y duradera.

También ha mantenido el incumplimiento en la disposición de no innovar -destaco lo de no innovar- establecido en la resolución 31-49 de Naciones Unidas manifestaban sucesivos episodios vinculados a la explotación de recursos naturales. Por esa misma razón en marzo de 2007, el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a través de la Secretaría de Energía dictó la resolución 407-07, por la cual se buscaba preservar los recursos no renovables ubicados en la Plataforma Continental Argentina, de toda explotación por parte de terceros que no cuenten con permiso de autoridades nacionales competentes.

Ante esos casos el Gobierno argentino ha protestado enfáticamente ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por los actos unilaterales llevados a cabo y que son objeto de esta controversia que ya hemos mencionado.

Como es de público conocimiento y de todos quienes estamos en este lugar y a nivel internacional, nuestra propia Constitución ratificó en la ocasión de la modificación de 1994 en su cláusula transitoria primera, su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares los que constituyen objetivos permanentes e irrenunciables.

La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce a la República Argentina como Estado ribereño, derecho de soberanía sobre la Plataforma Continental, a los efectos de la exploración y la explotación de sus recursos minerales.

Los artículos 32, 89 y 92 de la Ley Nº 20.094, establecen que la navegación en aguas de jurisdicciones regionales reguladas por la autoridad marítima, que es quien dicta las reglas, pudiendo limitar o prohibir por razones de seguridad pública o por razones de conveniencia o de decisiones superiores de nuestro Gobierno nacional, el tránsito o la permanencia de buques en determinadas zonas.

Por todo lo que les he mencionado y por lo que nos enmarca y hemos sostenido pacientemente y con mucha vehemencia en cada uno de los foros internacionales como país, el Poder Ejecutivo Nacional ha decidido hacer uso de la facultad de avocación en virtud de la relevancia que reviste la materia que estamos tratando.

Por ello, se ha tomado esta decisión en el Decreto Nº 256 que acaba de firmar la señora Presidenta en la Quinta Presidencial de Olivos, que les será entregado en este instante.

Se ha decidido que todo buque que se proponga transitar entre puertos ubicados en la Argentina Continental y puertos ubicados en la Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en relación a estos últimos, o cargar mercaderías o ser transportadas en forma directa o indirecta entre estos puertos, deberá solicitar una autorización previa al Gobierno argentino.

En función de ello se dictarán las normas reglamentarias que resulten necesarias, previa consulta con nuestra Cancillería, dentro del mismo marco del Derecho Internacional mencionado con anterioridad.

Para llevar adelante esta estrategia y poder trabajar en cada uno de los ámbitos adecuados con las reglamentaciones pertinentes, se crea en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros a mi cargo, la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones, que va a estar integrada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria y Turismo y por supuesto, nuestra Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

¿Cuál es el objetivo que tendrá esta Comisión? El de coordinar las acciones para la implementación del presente Decreto. Entendemos -con esto concluyo- que las decisiones que ha venido tomando la República Argentina han sido siempre respetuosas, insito, del marco internacional, de la multilateralidad y de la vocación histórica de los argentinos de poder desarrollarnos dentro del marco de una estrategia común como ha sido Naciones Unidas a partir de la Carta de San Francisco, que hemos cumplido de la mejor manera y que aspiramos a que todos cumplan de la misma manera, integren o no integren el Consejo de Seguridad, nos obliga en este momento en defensa de los intereses de los argentinos, a tomar este tipo de decisiones que nos permitan ir hacia un punto donde se garantice a los argentinos una defensa, no solamente de la soberanía que no es necesario que la remarque porque forma parte del pensamiento de todos y cada uno de los argentinos, sino además de todos los recursos que pudieran existir en ella o en su propia plataforma.

El objetivo era comentarles este tema, hacerles conocer la decisión de la Presidenta de la Nación y entregarles el Decreto para que puedan hacer su

Gracias.