La Presidenta dispuso que todo buque que navegue entre el territorio continental argentino y Malvinas deberá contar con autorización oficial

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, explicó en conferencia de prensa el alcance del Decreto 256 que firmó la Presidenta, donde se especifica que cada barco que circule por las aguas entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, deberá solicitar una autorización a la autoridad nacional competente. 

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El jefe de Gabinete brindó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno en la que informó el alcance del decreto 256, que firmó la presidenta Cristina Fernández y y que establece la obligatoriedad de permiso para navegar entre el continente el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Previamente a la firma del Decreto, el funcionario estuvo reunido con Cristina Fernández y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini.

A su vez,  el Jefe de Gabinete anunció la creación de una Comisión Permantente de Evaluación, integrada por varios ministerios bajó la órbita de la jefatura de Gabinete, encargada de coordinar las acciones necesarias para implementar el decreto: "Para llevar adelante esta estrategia se crea dentro de Jefatura de Gabinete una comisión integrada por Planificación, Justicia, Economía, Industria y Cancillería, que coordinará las acciones para implementar el presente decreto".

El Gobierno estableció este decreto con mayores controles marinos entre el continente y las Islas Malvinas ante la negativa del gobierno británico de cancelar la exploración petrolera en ese territorio. En ese sentido,  sostuvo que la decisión del Gobierno es "en defensa de los intereses argentinos" y que la nación debe "ir a un punto que garantice la defensa de la soberanía y de todos los recursos que pudieran existir en ella".
 
El funcionario recordó que ante la exploración de recursos hidrocarburíferos en Malvinas, el gobierno nacional "ha insistido en todos los foros la necesidad de ajustarse al multilateralismo y a las resoluciones de la ONU". Al respecto, expresó que "El Reino Unido ha mantenido su negativa a cumplir las resoluciones de la Asamblea General de la ONU en las que se reconoce la existencia de una cuestión de soberanía ante la que tiene que haber negociaciones. Ha incumplido la resolución de no innovar, manifestada en sucesivos episodios de la explotación de recursos naturales".