ZANNINI.- Quiero comenzar por agradecer a las Abuelas y Madres que me acompañan. Queremos detallar lo que acaba de firmar la presidenta de la Nación. El Poder Ejecutivo Nacional está enviando al Congreso de la Nación Argentina 5 proyectos de ley que quieren concretar la voluntad política de evitar el retardo y la denegatoria de justicia por retardo y dar celeridad a los procesos penales en la República Argentina. Con la conciencia de que estamos trabajando por ejemplo en materia de derechos humanos en temas de larga data, causas que se refieren a hechos ocurridos hace 32 años y que para posibilitar los juicios ha debido derribarse de a poco un verdadero muro de impunidad que se había levantado en la Argentina, con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los indultos y la prohibición de extraditar a responsables de violación de derechos humanos. Cuando todos los poderes del Estado han sido contestes en dar impulso a este tipo de juicios, desde el Poder Ejecutivo, que es el único de los poderes que tiene vedada la participación en temas judiciales, queremos dar un impulso para la celeridad de esos juicios que se vienen llevando a cabo. Derribar el muro de la impunidad creemos que va a tener también beneficios para lo que se llama el problema de la seguridad en la Argentina, creo que esa impunidad también ha sido un obstáculo para la seguridad.
Por eso estos proyectos cumplen con un requisito, el Poder Ejecutivo, en general la democracia, el Estado argentino, se ve en la necesidad de dar solución pronta a estos casos de violación de derechos humanos con pleno respeto a los derechos humanos y a las normas del debido proceso y que el saldo final sea un salto cualitativo en la cultura nacional, quienes violaron flagrantemente los derechos humanos son juzgados con todos los requisitos del debido proceso y sus derechos humanos son respetados íntegramente. En ese orden lo que está tratando de concretar el Poder Ejecutivo es contar con mejores herramientas para este juzgamiento en lo que hace a la gestión de las fuerzas de seguridad y en lo que hace al trámite mismo de los juicios.
Los proyectos que enviamos al Congreso para que debata y discuta lo más rápidamente posible son 5. El primero está referido al establecimiento de recompensas para la obtención de datos que puedan permitir detener a aquellos que todavía están prófugos y la creación de una unidad especial para que se dedique a la búsqueda de aquellos que acusados de violación de derechos humanos y detenidos por la justicia todavía no estén en manos de los jueces.
El segundo proyecto está referido ya a la dilación que ocurre por el planteo de recursos en materia penal, entonces postulamos modificar el artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación para que la existencia de recursos no impida la elevación a juicio de las causas y sólo obste a la fijación de la fecha de la audiencia en determinados casos. Esto tiene un doble sentido, que la actitud de presentación de recursos para dilatar procesos no tenga ese efecto buscado porque el proceso va a continuar a pesar de la existencia de recursos, y en segundo lugar para que actúe como un disparador y haga que quienes tienen que resolver los recursos pendientes deban hacerlo para que pueda posibilitarse la fijación de la audiencia. Es la suma de dos nuevos párrafos al artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación.
El tercer proyecto establece la oralidad de los recursos para que el planteo recursivo tenga una solución acotada en el tiempo, una presentación por escrito, una audiencia en el juicio y una resolución a cargo del tribunal. Este proyecto tiene una clave para un problema que puede plantearse en función de la oralidad, que son las dificultades para fijar fechas y horas de audiencia. Se postula en el proyecto de ley que se cree una agencia especial para gestión y concreción de este tipo de audiencias, que pueda coordinar de modo que varios tribunales puedan utilizar la misma sala de audiencias en distintos días y horarios.
El cuarto proyecto tiene relación con este y para evitar la acumulación de causas en función de la oralidad de los recursos se crea una nueva Cámara de Casación en el orden nacional. Así quedaría constituida la actual como una Cámara Federal de Casación y la nueva como una Cámara Nacional de Casación para el ámbito de la Capital Federal. Esto distribuye prácticamente por mitades los recursos hoy existentes bajando el número de recursos a las cámaras a lo que ha sido habitual en el trabajo de ellas en los últimos años. Tiene además el proyecto modificaciones en lo que hace a competencias y un trámite abreviado para el Consejo de la Magistratura, para que en 120 días pueda designar esos jueces que van a conformar esa nueva Cámara de Casación Nacional. Y además establece explícitamente la facultad para esa Cámara de Casación de reasignación de los juicios para equilibrar el reparto de trabajo y evitar que en un solo juzgado se concentren los juicios.
El quinto proyecto establece un proceso especial de subrogancias para los tribunales orales, que pasa por tribunales orales de la misma jurisdicción, cámara de apelaciones de la misma jurisdicción o tribunales orales de cualquier jurisdicción.
Con este conjunto de proyectos lo que se trata es de dotar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial de herramientas que permitan la aceleración de los juicios, porque como bien se dice una justicia que tarda en llegar no es justicia. El ámbito de aplicación de esto no es específico para un tipo de juicios sino que va en beneficio de todo proceso penal que se desarrolle en la Argentina. La idea es que todos los procesos penales tengan un trámite más veloz de modo que la justicia pueda llegar en tiempo propio, no sólo en beneficio de las víctimas, en memoria de quienes han sufrido delitos sino también para que los culpables tengan rápidamente aclarada su situación procesal. Un derecho que ellos no estaban dispuestos y de hecho no concedieron a nadie de los que en su momento sufrieron su actividad desde el Estado. Este es el resumen del conjunto de leyes que ha firmado la Presidenta en un acto en el que estuvieron presentes organizaciones de derechos humanos que han sido las que durante mucho tiempo han estado reclamando que se otorgue mayor celeridad a la acción de la justicia.
PERIODISTA.- ¿Cuándo cree que esto va a estar sancionado según los tiempos que ustedes manejan en el Parlamento?
ZANNINI.- En 30 ó 40 días. Depende de la actividad del Congreso, pensamos que va a tener fuerte adhesión en ese ámbito y un rápido tratamiento.
PERIODISTA.- Para que quede claro, esto no es sólo para los delitos de lesa humanidad sino para todo el ámbito penal.
ZANNINI.- Exactamente. Esto no es el establecimiento de un juicio especial para nadie, es una tentativa de mejorar integralmente el sistema procesal argentino. Es un proyecto que abreva en lo que se ha trabajado como reforma del Código Procesal Penal, que recoge ideas que han trabajado los abogados de Madres, de Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos que han trabajado con la Secretaría a mi cargo. La idea no es establecer juicios para nadie, lo que para nosotros está vedado por la Constitución, y que los adelantos que se produzcan en función de los juicios que se llevan a cabo por delitos de lesa humanidad impacten benéficamente en todo tipo de procesos penales. De modo que la celeridad de los juicios sería para estos casos y también para los casos comunes, federales, que estén en el ámbito de la Justicia Nacional.
PERIODISTA.- ¿Esto incluye todas las causas que están en curso en este momento por los crímenes de lesa humanidad?
ZANNINI.- Eso y los delitos comunes también, para todo tipo de causa penal que se esté tramitando en la Argentina. Una vez que esté sancionado regirá para todo tipo de juicios, por eso hablamos de que es un aporte también a que haya una respuesta sistémica del Estado para darle solución desde los distintos poderes a la problemática que se plantea, el retardo de justicia que termina siendo a veces denegación de justicia.
PERIODISTA.- ¿Ha pensado que esto significa algún presupuesto extra para el Poder Judicial?
ZANNINI.- Sin duda está contemplada la solución. Casualmente la creación de la Cámara, de la Agencia, incluso la propia recompensa, va a implicar un mayor esfuerzo presupuestario.