La presidenta Cristina Fernández se reunió esta tarde con representantes de organismos de derechos humanos. Durante el encuentro la Presidenta firmó cinco proyectos de ley que serán enviados al Congreso y que prevén modificaciones que favorezcan el aceleramiento de los procesos penales. Si bien las medidas están orientadas a facilitar la elevación a juicio de las causas por delitos de lesa humanidad, las modificaciones serán aplicadas a todos los procesos penales.

De la reunión participaron la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el titular del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; y representantes de varios organismos de Derechos Humanos. También estuvieron presentes el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini; y la diputada nacional Victoria Donda Perez, hija de desaparecidos.

El contenido de estos proyectos de ley fue explicado en conferencia de prensa por el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. El primero de los cinco proyectos establece el otorgamiento de recompensas para obtener datos de quienes se encuentran prófugos, y la creación de una unidad especial que se dedique a la búsqueda de los acusados de violaciones de derechos humanos que todavía no se encuentren en manos de la justicia. El segundo plantea la modificación del artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación para evitar que la presentación de recursos no impida la elevación a juicio oral de las causas, sino que a lo sumo objete la fijación de fecha de la audiencia. Con este cambio se buscaría que la presentación de recursos no tenga como objetivo el mero retraso de la causa.

Un tercer proyecto de ley establece una la oralidad de los recursos "para que el planteo recursivo tenga una solución acotada en el tiempo, una presentación por escrito, una audiencia en el juicio y una resolución a cargo del tribunal", según explicó Zannini. En el mismo proyecto se establece la creación de una agencia especial para la gestión y concreción de estas audiencias, y así varios tribunales puedan usar la misma sala de audiencias en distintos días y horas.

Los últimos dos proyectos plantean la creación de una nueva Cámara de Casación de orden nacional, y un proceso especial de subrogancias para los tribunales orales. De esta manera la cantidad de recursos presentados a la Cámara se distribuiría, bajando a la mitad la cantidad de recursos que trata cada una. Además se incluyen modificaciones que permitirán al Consejo de la Magistratura designar en 120 días a los jueces que conformarán la nueva Cámara.

Esta iniciativa del Poder Ejecutivo tiene como objetivo, en palabras del secretario Legal y Técnico, "que todos los procesos penales tengan un trámite más veloz de modo que la justicia pueda llegar en tiempo propio, no sólo en beneficio de las víctimas, en memoria de quienes han sufrido delitos, sino también para que los culpables tengan rápidamente aclarada su situación procesal." El funcionario también recalcó que las modificaciones serán aplicadas a todos los procesos penales y que se busca "que los adelantos que se produzcan en función de los juicios que se llevan a cabo por delitos de lesa humanidad impacten benéficamente en todo tipo de procesos penales."