Acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, encabezó una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde se anunció el envio al Congreso de seis proyectos de ley que buscarán acelerar los tiempos de la Justicia en causas sobre narcotráfico y crimen organizado.

Las reformas previstas incluyen la incorporación de nuevas técnicas de investigación, la creación de figuras como los agentes encubiertos y los informantes, establecen procedimientos de entrega vigilada y promueven la penalización del desvío de precursores químicos, como la efedrina.

Las iniciativas impulsadas por el presidente Mauricio Macri buscan dar nuevas herramientas para la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y otros delitos complejos.

El proyecto de flagrancia es la primera de las iniciativas, que buscará incorporar mecanismos que permitan una instrucción y un juicio muy acotado y muy corto cuando el delito es de autor conocido y de prueba sencilla, en casos como los que comunmente se conocen como los delitos in fraganti.

La segunda iniciativa propone incorporar la figuras de agente revelador, el agente encubierto y el informante, junto con el procedimiento de "entrega vigilada" para facilitar las investigaciones con más inteligencia.

Un tercer proyecto establece la penalización del desvío de los precursores químicos, para lo cual fue retomado y actualizado con algunos cambios un proyecto que había sido impulsado por la senadora Sonia Escudero y votado por unanimidad en 2008.

Para agilizar los procedimientos judiciales y las investigaciones, mejorando las herramientas de los jueces y fiscales, se enviará al Congreso un proyecto de ley para terminar con lo que se conoce "la puerta giratoria, unificando los fueros de instrucción y correccional de la justicia nacional, que tiene impacto para la implementación del proyecto de flagrancia.

Por su parte, el ministro Garavano explicó el alcance de otros tres proyectos originados en su cartera por medio de los cuales se promueven “ajustes específicos desde el punto de vista procesal para agilizar las investigaciones, que es algo que reclaman jueces y fiscales.” “El  primero tiene que ver con unificación del fuero de instrucción y el fuero correccional de la justicia nacional, que tiene impacto para la implementación del proyecto de flagrancia”, apuntó.

Y agregó que el segundo de esos proyectos es el que “impulsa la transformación de los tribunales orales criminales en federales y que permite en todos los casos avanzar con juicios unipersonales”. El paquete de leyes se completa con el proyecto que “modifica la ley  orgánica del Ministerio Público Fiscal con la introducción de cambios para poder  avanzar hacia un sistema acusatorio en el que sean los fiscales los que  investiguen” y los magistrados los que actúan “como jueces de garantías”, explicó Garavano.