Resumen ejecutivo

• La integridad y la transparencia en la gestión del Estado producen varios efectos positivos: previenen y exponen la corrupción, aumentan el control interno y externo, mejoran el clima para la inversión y aumentan la confianza de los ciudadanos en la gestión, las políticas y los decisores públicos.

• El Gobierno entiende que para eliminar la corrupción del Estado no alcanza con no ser corrupto. Es necesario crear una arquitectura institucional, basada en la integridad y la transparencia, que reduzca al mínimo las oportunidades de corrupción y prevea mecanismos para que los futuros actos de corrupción, si ocurrieran, sean descubiertos, denunciados y juzgados rápidamente.

• Aunque el camino hacia la creación de un Estado íntegro requiere paciencia y determinación, en estos más de dos años el Gobierno ha promovido una agenda de reformas necesaria, urgente e integral, que ya ha logrado avances importantes. Algunos fueron parlamentarios, como la sanción de las leyes de Acceso a la Información, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y del Arrepentido para los Casos de Corrupción.

• Otros avances fueron impulsados por el Poder Ejecutivo, como la prevención de conflictos de intereses para resguardar la integridad de las decisiones públicas tomadas por los funcionarios, el fortalecimiento de los organismos de control (como la Oficina Anticorrupción y la SIGEN), la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública y la recuperación del sistema de estadísticas públicas.

• Además, la implementación de sistemas electrónicos para las contrataciones públicas permitió un aumento de la competencia y una baja en los precios, se crearon los primeros lineamientos de buen gobierno en las empresas públicas y se lanzó la política de Gobierno Abierto de publicación de información pública.

• Algunas de las ideas y los avances incluidos en este documento están contenidos en el proyecto de Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que será presentado al Congreso para ser debatido este año.

 

ÍNDICE

1. Introducción

2. Dos años en el camino correcto dan resultados

3. Estadísticas públicas: la esencia de la transparencia y el buen gobierno

4. Contrataciones del Estado: experiencias positivas

5. Transparencia e integridad en empresas del Estado

6. Hacia una mejor regulación de la ética pública

7. Conclusiones y desafíos

 

 1. Introducción

La integridad y la transparencia en la gestión del Estado y de los asuntos públicos producen varios efectos positivos: previenen y exponen la corrupción, aumentan el control interno y externo, mejoran el clima para la inversión, generan indirectamente más empleo y aumentan la confianza de los ciudadanos en la gestión, las políticas y los decisores públicos. Gobernar diciendo la verdad es la única forma de enfrentar con éxito los desafíos que esta gestión comparte con todos los argentinos como el combate a la pobreza.

El Gobierno ha promovido una agenda institucional de reformas necesaria, urgente e integral. Se han tomado decisiones importantes para generar nuevas leyes y reglas, modificar otras que generaban opacidad y burocratización excesivas, implementar nuevas tecnologías para incrementar la eficiencia y la efectividad en el manejo de los recursos públicos (y permitir un adecuado control de su destino) y fortalecer la visibilización de las decisiones públicas a través de sus políticas de gobierno y datos abiertos.

Hemos apostado a la integridad, la transparencia, la ética, el control y la rendición de cuentas como mecanismos esenciales de una política preventiva anticorrupción. Así lo demuestran el control de la conducta y el patrimonio de los funcionarios, el aumento de la transparencia en el manejo del presupuesto y las contrataciones públicas y el fortalecimiento de órganos de control de la administración.

En dos años de gestión se lograron avances y reformas institucionales importantes. Estamos en el camino correcto, pero la agenda de integridad y lucha contra la corrupción debe ser actualizada permanentemente. Por eso, si bien ha habido esfuerzos que debemos valorar, sabemos que hace falta mucho más y nos comprometemos a producir de manera participativa y colaborativa un Plan Nacional de Integridad y Anticorrupción a fin de que sea conocido por todos y monitoreado su progreso de implementación.

El aumento de la confianza pública en los gobiernos democráticos y en las políticas públicas va de la mano con la transparencia, la apertura y la integridad con la que se debaten, procesan y toman las decisiones públicas y la ejecución de los presupuestos. La demanda de la ciudadanía es creciente respecto de esta cuestión y el aumento de la confianza está atado a la calidad de los servicios públicos que impactan en la vida cotidiana.

Asimismo, el aumento de la confianza pública tiene un fuerte impacto en la atracción de inversiones, la generación de nuevos empleos y el pago de impuestos. La falta de transparencia y la ineficiencia producen opacidad, malas asignaciones de recursos y corrupción, con un impacto negativo directo en la baja calidad de los servicios, el desincentivo a la inversión y un limitado desarrollo de infraestructura.

Los países con Estados corruptos o poco transparentes crecen menos e invierten menos que los países con Estados percibidos como más honestos y transparentes, según diversos estudios. También son más desiguales: un punto de aumento en el índice de corrupción produce siete puntos de aumento en el coeficiente de Gini sobre desigualdad en el ingreso.

Como ha sostenido el Presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa, la integridad, la transparencia y la ética son pilares fundamentales de todas las decisiones de política pública que se orientan a promover el desarrollo y el crecimiento inclusivo. En ese marco y luego de varios avances, se torna relevante una reforma de la Ley de Ética en la Función Pública que instruya de manera clara a los funcionarios y empleados públicos a fin de ejercer siempre y con claridad y decisión una defensa del interés público por sobre cualquier otro particular o específico. La Oficina Anticorrupción ha invitado a especialistas, sociedad civil y organismos públicos a participar en una consulta pública sobre los ejes propuestos para una reforma legislativa que promovemos.

Desde su asunción, el Presidente Macri encaró la transparencia y la lucha contra la corrupción como una política de Estado. Se trata de una prioridad de la gestión que es la plataforma del combate a la pobreza, el crecimiento inclusivo y el aumento de la confianza.

Algunos de los avances logrados, que constituyen la base de este documento, son:

• la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y la conformación de la Agencia de Acceso a la Información

• la aprobación de las leyes de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y del Arrepentido para los Casos de Corrupción
  

• los nuevos procesos de licitación de obras de infraestructura, que generaron más competencia y transparencia y mejores precios para el Estado

• la revitalización de la Oficina Anticorrupción, que estaba desmantelada y vaciada de contenido y funciones

• la creación de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete

• las nuevas reglas sobre prevención de conflictos de intereses y el impulso a la presentación y al control de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios

• el fortalecimiento de la Sindicatura General de la Nación, que ahora designa a los auditores internos de los ministerios (antes los elegían los propios ministros)

• el impulso a las políticas de Gobierno Abierto y la incorporación de los sistemas electrónicos de compra y contratación de bienes y servicios

• la recuperación del INDEC y las estadísticas públicas de diversos ministerios, que habían sido abandonadas o intervenidas
  

• la aprobación de lineamientos de buenas prácticas para las empresas públicas.

Estos avances ya están produciendo resultados. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de Transparency International, clasifica a los países según los resultados de encuestas de opinión pública y cuestionarios enviados a distintas instituciones. Entre 2011 y 2015, la Argentina osciló entre los puestos 100° y 107° sobre 176 países. En 2016, el primer año de gestión del actual gobierno, subió once puestos hasta el 95°. Y el año pasado ascendió otras diez posiciones, al 85°. Es la primera vez desde que existe este ránking en que la Argentina está en la primera mitad de la tabla.

 

Además, la Argentina ascendió al puesto 17° del Índice Global de Datos Abiertos de la Open Knowledge Foundation, que analiza datos gubernamentales con foco en quince conjuntos considerados esenciales para saber cuán transparente es un Estado. En 2015 el país se encontraba en el puesto 54° de 122. La intención del Gobierno, que además fue parte de las promesas de campaña de Mauricio Macri en 2015, es llegar a las diez primeras posiciones del ranking en los próximos años.

Este camino de transparencia creciente es el que propone el Gobierno para el Estado argentino. Le hace la vida más difícil a la corrupción y promueve a los funcionarios y empleados públicos honestos. También contribuye a un círculo virtuoso de mayor eficiencia, eficacia y efectividad en las políticas públicas.

En pocas palabras: el viejo adagio de “roba pero hace” –o la idea de que se puede ser corrupto pero aun así ser un gobernante efectivo– no solo es incorrecto desde el punto de vista ético o político. También es falso a la vista de los resultados. Se debe hacer con transparencia y control.

 2. Dos años en el camino correcto dan resultados

El camino desde un Estado opaco y discrecional a un Estado transparente y regido por normas exige el liderazgo del Gobierno y la participación de la sociedad civil y requiere paciencia y determinación. La construcción de la confianza en la instituciones, el descenso en la percepción de corrupción y el consenso sobre la necesidad de construir un Estado basado en la integridad y la transparencia son procesos largos y acumulativos, que se van haciendo más sólidos a medida que pasa el tiempo y cambian las administraciones pero se mantiene el rumbo.

Aun así, en diciembre de 2015 había cosas que el Gobierno podía hacer para avanzar rápido en algunos sectores especialmente urgentes. Estos avances incluyen hitos legislativos (como la sanción de las leyes de Acceso a la Información Pública, de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y del Arrepentido en Casos de Corrupción), cambios rápidos en la manera de gestionar las licitaciones de compras y obra pública, fortalecer los organismos de control y regulatorios –como el ENRE y el Enargas, que recuperaron su institucionalidad después de varios años intervenidos por el Poder Ejecutivo–, darles a la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General del Estado la relevancia y los recursos que merecen y establecer normas de buen gobiernos corporativo en las más de 30 empresas de mayoría estatal. A continuación, una síntesis de estos avances.

Oficina Anticorrupción

En diciembre de 2015, el Gobierno encontró una Oficina Anticorrupción (OA) en estado vegetativo, que incumplía su rol y había sido vaciada de recursos humanos, presupuestarios y tecnológicos. Con el pretexto de mantener un bajo perfil, la administración anterior había prácticamente privado a la OA de todas sus tareas. Y las pocas que continuó haciendo las hizo en las peores condiciones. El acceso a Internet en sus oficinas, por ejemplo, era tan malo que los abogados de la OA no podían acceder a las notificaciones electrónicas del Poder Judicial. Tampoco había un archivo para expedientes y legajos ni un manual de procedimientos. El personal era escaso y estaba desmotivado.

La OA tiene como principal objetivo fortalecer la ética y la integridad en la Administración Pública Nacional, a través de la prevención y la investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia. Sus funciones son, entre otras: elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública, controlar y publicar las declaraciones juradas de los funcionarios obligados y evaluar las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública; recibir pero también formular denuncias penales cuando se detectan delitos contra la Administración Pública (en algunos de esos casos asume el rol de querellante en las causas penales); procurar detectar dinero y bienes producto de la corrupción y solicitar a los jueces medidas para lograr su recuperación.

En estos dos años, el Gobierno fortaleció a la OA, le dio visibilidad institucional y política y la hizo protagonista del proceso de mayor transparencia y lucha contra la corrupción. Sus hitos de gestión más importantes son los siguientes:

Declaraciones juradas patrimoniales. La OA recibe y administra anualmente más de 45.000 declaraciones juradas y verifica el contenido de las declaraciones juradas de 1.500 funcionarios del más alto rango de la administración central. Publica la lista de los funcionarios cumplidores e incumplidores y, respecto de estos últimos, solicita se apliquen medidas administrativas como la retención del salario. En 2017 la OA presentó 242 denuncias penales ante la Justicia por incumplimiento de la obligación de presentación de declaraciones juradas, y en 2016 había presentado 126. Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios se publican en la web de la OA en formato PDF y en www.datos.gob.ar.

A los tres meses de vencida la presentación en 2016, solo un 53% de los sujetos obligados había presentado su declaración jurada. Gracias al trabajo sostenido de advertencias y sanciones por parte de la OA, se terminó alcanzando para ese año el 91%. A igual período para la presentación de 2017 (tres meses del vencimiento), ya un 81% de los sujetos obligados presentó la declaración jurada. Esto quiere decir que los funcionarios están siendo receptivos al trabajo de la OA y comprendiendo el valor de la presentación en tiempo y forma. Se espera un nivel de cumplimiento bastante superior al 90%.

Conflictos de intereses. La OA pone especial atención en la detección y la resolución de situaciones de conflictos de intereses reales, aparentes o potenciales. Actúa preventivamente identificándolas, difunde y capacita a funcionarios (3807 entre 2016 y 2017) y empleados públicos sobre conductas prohibidas y formula instrucciones preventivas (107 entre 2016 y 2017). Como parte de esta estrategia de prevención la OA desarrolló y ha puesto en línea un simulador de conflicto de intereses que permite a los funcionarios públicos saber si, en función de su cargo y sus antecedentes laborales, se encuentran ante una situación eventualmente conflictiva. La evolución en materia de instrucciones preventivas es significativa en los últimos años, y refleja la intención del Gobierno por evitar cualquier conflicto indebido entre intereses particulares y el interés público que los funcionarios y empleados deben anteponer a cualquier otro en la función. La futura Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública dará a estas estrategias de prevención el estatuto y la claridad que merecen.

Red de enlaces de integridad. Como parte de su estrategia de promoción de la ética y la transparencia en la administración pública, y a fin de ampliar el alcance y la eficacia de sus políticas preventivas, el Gobierno impulsó, con la coordinación de la OA, la creación de una red de enlaces de integridad, conformada por funcionarios y empleados de una multitud de organismos estatales. Ya hay cerca de 60 enlaces en funciones. Entre sus principales tareas se encuentran: conocer y difundir la normativa vigente en materia de integridad y ética pública y los canales y sistemas de denuncias existentes; colaborar activamente en la prevención de actos de corrupción; ser referente de los funcionarios y empleados públicos en el caso de dudas sobre cómo proceder o si cierta conducta constituye o no una infracción o delito; participar de capacitaciones brindadas por la OA.

Leyes de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y del Arrepentido en Casos de Corrupción.

Estas dos leyes facilitan la persecución de casos de corrupción a gran escala y ponen de manifiesto lo esencial de la colaboración del sector privado y de arrepentidos para detectar y prevenir la corrupción. El Estado no puede combatir la corrupción sino es junto con el sector privado y la sociedad civil.

La Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas era un deber incumplido por la Argentina desde 2001, cuando entró en vigor la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, firmada en el ámbito de la OCDE en 1997 y aprobada por el Congreso de la Nación en septiembre de 2000. Esta ley, sancionada en diciembre del año pasado, introdujo cambios en el Código Penal. Incorporó la posibilidad de que empresas, asociaciones civiles y fundaciones puedan ser sancionadas si se cometen delitos de corrupción (antes solo podían ser castigadas los individuos) y amplió la jurisdicción del Estado nacional para poder juzgar a ciudadanos argentinos, o personas jurídicas (empresas) con domicilio en la Argentina, por soborno de algún funcionario o de alguna organización pública. El 80% de los sobornos transnacionales son destinados a empresas de origen estatal.

La ley prevé la posibilidad de acuerdos de colaboración que rebajen las sanciones. La normativa estipula que las personas jurídicas serán responsables de estos delitos cuando sean cometidos como consecuencia de un control inadecuado y se plantea como un incentivo para la empresa. Debe querer colaborar, asumir su responsabilidad y reencauzarse. Por lo pronto, las empresas no pueden seguir beneficiándose de los delitos cometidos por sus directivos o sus socios, y la ley las incentiva a que tengan un programa de compliance (integridad) que favorezca pautas de comportamiento ético en el día a día de la empresa.

La Ley del Arrepentido, por su parte, aprobada en octubre de 2016, se complementa con la anterior porque extiende la figura del arrepentimiento, que ya existía para delitos como el secuestro y la trata de personas, el narcotráfico y el lavado de dinero a los casos de corrupción y asociación ilícita. La norma dispone una reducción de penas a cambio de información valiosa. El arrepentido no puede ser funcionario público ni solicitar la eximición de prisión, y está obligado a brindar información verdaderamente relevante. Solo podrá esperar algo a cambio si la información que proporciona hace referencia a delitos a los que corresponde una pena mayor a la que le tocaría a él, o a personas de responsabilidad superior a la suya.

Agencia de Acceso a la Información Pública

En septiembre de 2016 se sancionó, tras obtener amplias mayorías en ambas cámaras, la Ley de Acceso a la Información Pública. Entre los principios que la sustentan está el de no discriminación, incluido en su primer artículo: “Se debe entregar información a todas las personas que lo soliciten, en condiciones de igualdad, excluyendo cualquier forma de discriminación y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud”.

Así como toda persona tiene derecho a pedir información, todo miembro de la administración pública está obligado a darla (con las muy puntuales excepciones que establece la propia ley), desde ministros, organismos descentralizados, diputados, senadores o jueces hasta fideicomisos constituidos con bienes del Estado, el Banco Central o concesionarios de juegos de azar.

La ley indica, además, la constitución de la Agencia de Acceso a la Información Pública, cuyo director fue designado por un proceso público y transparente, y al que se le dieron todas las atribuciones para ejercer su cargo con efectividad. La agencia es un ente autárquico, con autonomía funcional, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, que debe velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Además de los actos obviamente públicos (decretos, leyes, resoluciones y otros actos administrativos), existen muchísimas otras clases de informaciones que son por su naturaleza públicas pero no siempre se encuentran disponibles para el ciudadano: nóminas, escalas salariales, transferencias de fondos, licitaciones, contrataciones, auditorías.

El rol de la agencia no es tanto poner toda esa información a disposición del público, que debe pedirla inicialmente en los respectivos organismos sobre los que quiera informarse (por ejemplo, si alguien quisiera saber cuántos anestesistas trabajan en un hospital debería consultar en primer lugar al hospital, o al Ministerio de Salud correspondiente), sino resolver los casos de incumplimiento de la Ley y fomentar una política de transparencia activa. La información debe ser accesible por defecto, para que los ciudadanos puedan acceder a ella sin trámite alguno y reducir así la cantidad de pedidos de acceso a la información y las eventuales controversias. Entender en esas controversias y dar la orden al organismo de entregar la información correspondiente es también función de la agencia. Pero un Estado abierto y transparente no es sólo un Estado que responde eficazmente los pedidos de información de los ciudadanos, sino uno que logra hacer innecesarios estos pedidos, porque la información ya está disponible.

Desde la entrada en vigencia de la ley, aumentó la cantidad de pedidos de informes. El 71% de las solicitudes de información ha recibido respuesta (aclaración: dado que la estadística surge de la información acerca de la tramitación administrativa de los expedientes electrónicos, puede haber una cierta cantidad de solicitudes que ya tenga respuesta pero no haya sido reflejado en el sistema todavía y por eso figura como “sin respuesta”).

Sindicatura General de la Nación

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) es el principal organismo de control de la administración pública. Es la encargada de dictar y aplicar las normativas del llamado control interno. Esa aplicación se realiza supervisando el trabajo de las distintas Unidades de Auditoría Interna (UAI) que existen en todas las entidades dependientes del Poder Ejecutivo. Las UAI deben informar fielmente y de inmediato a la SIGEN y a la autoridad superior de cada jurisdicción acerca de la falta de cumplimiento de cualquier norma.

La postulación de la Argentina para integrar la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) obliga al país a hacer un gran esfuerzo de fortalecimiento institucional, a la vez que les da un marco de especial relevancia a la transformación y el crecimiento que se pretenden alcanzar con los objetivos de Gobierno. Tanto los planes anuales de trabajo de las UAI como la planificación de la SIGEN para 2018 intentan ser una consecuencia de esos objetivos de Gobierno. La calidad y la eficiencia del control interno del sector público nacional es una pieza fundamental en el proceso de acceso a la OCDE. Sin control interno preventivo y eficaz no se alcanzan los estándares de institucionalidad que la transformación y el crecimiento de la Argentina demandan.

El Gobierno fortaleció recientemente el rol de la SIGEN a través del Decreto 72/2018, que estipula, entre otras cosas, que cada UAI estará a cargo de un funcionario designado por el Síndico General de la Nación. Históricamente, los auditores eran designados por los ministros o responsables del área que, precisamente, debían auditar. Esta modificación otorga a los auditores más libertad e independencia para hacer su trabajo. El decreto también establece que el auditor no gozará de estabilidad en su cargo, podrá ser removido por Resolución del Síndico General de la Nación y deberá ser trasladado a otra auditoría tras cuatro años de gestión.

Otras tareas de la SIGEN y las UAI son hacer auditorías financieras, de legalidad y de gestión, supervisar que se cumplan las normas de la Contaduría General de la Nación, establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las UAI, verificar la puesta en práctica, de parte de los organismos controlados, de las observaciones y las recomendaciones efectuadas por las UAI y acordadas con los respectivos responsables, y la puesta en conocimiento ante el Presidente de la Nación de los actos que hubiesen acarreado o podrían acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público.

En 2017, por ejemplo, la SIGEN elaboró 50 informes de Evaluación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno de distintos entes, jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional y las universidades nacionales, y emitió 51 informes de Situación Empresaria. Con la noción de que para mejorar realmente la gestión es necesario el trabajo en conjunto y articulado con los organismos ejecutores de las políticas públicas, se crearon 135 Comités de Control, integrados por funcionarios de distintas áreas de la administración pública y la SIGEN, orientados a verificar el funcionamiento del sistema de control interno. En el mismo año se supervisó el desempeño de 190 UAI, para constatar la ejecución de sus planes anuales. Además, la SIGEN participó de la auditoría integral sobre el proyecto de construcción del Gasoducto del Noreste Argentino y otra sobre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, y llevó adelante asistencias técnicas en materia de control de obras, como el estado de avance de las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de Villa Fiorito y Lanús.

Procuración del Tesoro

La Procuración del Tesoro es el máximo organismo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo y de los más altos funcionarios de la Administración Pública Nacional, sin que esa función se limite a las cuestiones relativas a los dineros públicos. Su labor de consejo jurídico incluye un control de legalidad y juridicidad de las acciones de sus asesorados. También competen a la Procuración del Tesoro la instrucción de sumarios a los funcionarios de las dos más altas jerarquías de la administración pública nacional y la realización de auditorías de los juicios en los que el Estado nacional es parte.

El Procurador del Tesoro es el director del cuerpo de abogados del Estado, compuesto por los servicios jurídicos permanentes de los organismos de la administración pública nacional. Respecto de las acciones de todos ellos y de todos los juicios en los que el Estado nacional es parte (como demandante o como demandado), la Procuración del Tesoro se ha puesto los siguientes objetivos:

1. hacer una auditoría de todos los juicios en trámite que tengan al Estado como parte: cuántas causas son, cuántas lo tienen como demandado y cuántas como actor.

2. estudiar qué acciones se pueden tomar para reducir la litigiosidad o los costos para el Estado.

3. formular, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, un criterio de antieconomicidad que les indique a los servicios jurídicos los casos en que sea más beneficioso utilizar mecanismos extrajudiciales (como intimaciones y registros) que proseguir el camino judicial.

Para auditar cuántos juicios involucran al Estado se incluyeron los registrados en el SIGEP (que son cerca de 400.000) y los que, con sus propios sistemas, llevan la AFIP y la ANSES. Sumando estos dos últimos organismos, la cantidad de juicios que tienen al Estado Nacional como demandado o como actor alcanza los dos millones.

Ministerio de Modernización

El Ministerio de Modernización fue creado para impulsar las formas de gestión que requiere un Estado moderno; en particular, tecnologías aplicadas a la administración pública que acerquen al ciudadano a la gestión del Gobierno nacional. Fue creado por un decreto presidencial, al igual que el Plan de Modernización del Estado, que reconoce como principio rector del quehacer del Estado el objetivo de que el sector público esté al servicio del ciudadano, “en un marco de confianza mutua”, según el decreto. ¿Cómo se construye esta confianza? Obviamente, con la transparencia necesaria para fortalecer “la relación con la ciudadanía, la protección de sus derechos, proveyendo bienes y servicios de calidad y promoviendo eficazmente la iniciativa de las personas”.

Sistema de Gestión Documental Electrónica. El GDE es una plataforma unificada que permite gestionar de manera integral y electrónica todos los documentos y las actuaciones administrativas y facilita el acceso de los ciudadanos a la administración en forma remota. Desde mediados de 2016, el sistema lleva procesados 49,7 millones de documentos, creados por 166.000 usuarios registrados en 132 organismos nacionales, incluidos todos los ministerios.

Trámites a Distancia. La plataforma TAD facilita la interacción con el Estado a empresas y ciudadanos, y ya procesó más de dos millones de solicitudes de 430.000 usuarios. La plataforma permite hacer 812 trámites. Se hizo un estudio comparativo a partir de 351.000 trámites ya finalizados y los resultados demuestran que TAD permite ahorrar más de la mitad del tiempo respecto del sistema tradicional (presencial y en papel) por mesa de entrada.

Gobierno Abierto y apertura de datos. La apertura de datos es un componente fundamental de la política de transparencia impulsada por el gobierno a partir de 2016, y un requisito fundamental para facilitar el control de los actos de gobierno, fomentar la participación cívica e incentivar la innovación tanto pública como privada. Como dijimos, la Argentina avanzó 37 puestos entre la penúltima y la última edición del Índice Global de Datos Abiertos, ránking de referencia respecto del progreso gubernamental en materia de transparencia y apertura de datos alrededor del mundo.

COMPR.AR. Se habilitó el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, denominado COMPR.AR, como medio para llevar a cabo en forma electrónica todos los procedimientos prescritos en el decreto que reglamenta el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. A partir de su implementación en cada jurisdicción o entidad, es obligatorio el uso del sistema COMPR.AR para los procedimientos de selección que a partir de esa fecha se autoricen o que a partir de esa fecha se convoquen (cuando no se requiera autorización previa). Ochenta y un organismos utilizan actualmente el sistema, que llevan 7.210 procesos iniciados por un total de 99.598 millones de pesos. De esas compras, 71% se iniciaron con competencia de proveedores, 8% fueron contrataciones entre organismos del Estado y el 21% restante se hizo por contratación directa.

CONTRAT.AR. Este mecanismo da mayor accesibilidad, transparencia y eficiencia al uso de los recursos. Este nuevo sistema de gestión de contratos, concesiones de obras y servicios públicos y licencias se creó a finales de 2016 y entró en vigencia en enero del año pasado. Ministerios como los de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Energía y Minería o Transporte lograron progresos notables al instrumentarlo. Este sistema no es solo es más eficiente desde el punto de vista económico y de empleo del tiempo, sino que además es una herramienta para la ciudadanía ante la que los funcionarios están obligados a rendir cuentas. No solo se ocupa del proceso de licitación de la obra pública, sino también del seguimiento del avance de las obras. Más eficiencia, pero también más control y mayor seguridad. Diecinueve organismos llevan implementado CONTRAT.AR, con 46 procesos iniciados por un total de 21.917 millones de pesos.

Estándar de Contrataciones Abiertas. Este estándar, desarrollado por el Banco Mundial, Omidyar Network y la Hewlett Foundation, fue implementado por el Reino Unido, Francia, Canadá, Ucrania, México y Colombia y está en implementación por parte de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Argentina. El estándar expone sistemáticamente todos los datos correspondientes a los procesos de compra, desde el llamado hasta la orden de pago, pasando por la adjudicación, y habilita la publicación de la información de compras y contrataciones en un formato globalmente aceptado, lo que permite un nivel de transparencia sin precedentes. Durante este año se realizará su implementación sobre los datos de COMPR.AR y CONTRAT.AR. En la medida en que esas dos plataformas avancen en su cobertura, y que avance su integración con otros sistemas transversales, el Estándar va a permitir un seguimiento detallado de la ejecución física y financiera de la obra pública, tanto por parte del ciudadano como del propio gobierno.

Blockchain: el futuro de la transparencia. Blockchain es una tecnología de registro de información abierto que está revolucionando el modo en que la información es almacenada y compartida alrededor del mundo. Aunque su uso más conocido es el del bitcoin, el uso del blockchain se está ampliando en distintos países del mundo hacia una infinidad de campos, que van desde historias clínicas y el comercio internacional hasta la información producida y almacenada por las administraciones públicas.

El blockchain asegura que toda la información sea registrada de modo fidedigno, seguro y abierto. Es el modo más eficaz que se ha encontrado hasta ahora para asegurar que información digital no pueda ser alterada después de producida si no es con el acuerdo de una mayoría de los involucrados (todos los participantes de la red blockchain). En la Argentina, el Boletín Oficial es certificado con blockchain todos los días, en una iniciativa que pone a la Argentina a la vanguardia regional. Los libros contables de las Sociedades Anónimas Simplificadas, creadas el año pasado y que no necesitan ningún trámite en papel, también se registran por blockchain, y eso es así por la labor conjunta del Ministerio de Modernización y la Inspección General de Justicia, ante la cual se inscriben las SAS. Conforme esa aplicación vaya ampliándose a otras esferas de la vida pública el Estado ganará en seguridad, confianza y transparencia.

La Argentina y la transparencia en el ámbito internacional

En el ámbito de la integridad y la transparencia, uno de los hitos de estos dos años ha sido el proceso de evaluación para la candidatura de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de 35 países, en su mayoría desarrollados, comprometidos con la democracia y el progreso.

Además de otras métricas, la Argentina está siendo evaluada respecto de varios aspectos vinculados a la integridad pública, la transparencia y el control de la corrupción. Esta evaluación, conocida como Estudio de Integridad, involucró a más de 30 organismos oficiales, con visitas presenciales a la mayoría de ellos. Representantes de la OCDE entrevistaron en los últimos meses a decenas de funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado.

La Argentina también preside, desde diciembre del año pasado, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción del G20. Las prioridades de trabajo de este grupo son las mismas que se ven expuestas a lo largo de estas páginas. En particular, los problemas de conflicto de intereses y de integridad de las empresas con participación estatal. Otros temas concernientes a la actividad de este grupo de trabajo y por lo tanto bajo supervisión directa de la Argentina son integridad y transparencia en el sector privado, sobornos, beneficiarios finales, sectores vulnerables, transparencia y corrupción en el deporte y organizaciones internacionales.

En el ámbito de la Organización de Estados Americanos, la Argentina ha sido electa para presidir el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, designación que refleja el reconocimiento del liderazgo regional de nuestro país en la materia.

En abril la Argentina fue elegida, junto con Francia, Nigeria y Rumania, para liderar la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), una coalición global de funcionarios vinculados a la reforma gubernamental y líderes de la sociedad civil para formular planes de acción que tiendan a volver a los gobiernos más inclusivos respecto de sus ciudadanos, atentos a sus necesidades y listos para responder ante sus demandas. El comité directivo de la OGP se compone de veintidós miembros (once provenientes del sector público y once de la sociedad civil) y es el órgano ejecutivo encargado de desarrollar y promover los valores y los intereses de la coalición.

 3. Estadísticas públicas: la esencia de la transparencia y el buen gobierno

Otro camino importante para avanzar hacia un Estado transparente, que promueve la integridad y rinde cuentas sobre sus actividades, ha sido la recuperación de las estadísticas públicas, muchas de las cuales habían sido manipuladas, ocultadas o abandonadas en años anteriores. La publicación de estadísticas públicas exhaustivas y confiables reduce la asimetría de información entre el Estado y la sociedad civil y obliga al Estado a ponerse a prueba a través de criterios consistentes en el tiempo.

El caso del INDEC es el más conocido, pero no el único. Estadísticas de diversos organismos, que deberían servirle al propio Estado para evaluar el impacto de sus políticas y a los ciudadanos para controlar su progreso, habían sido intervenidas o dejado de publicarse.

Por ejemplo, hay evidencia de que las evaluaciones a estudiantes primarios y secundarios habían sido retocadas, para lograr mejores resultados. Las estadísticas sobre homicidios y delitos habían dejado de publicarse en 2008. Un cambio en la manera de contar las víctimas de accidentes permitió mostrar una reducción en víctimas fatales que en realidad no existía. Tampoco se hacían, desde 2010, los relevamientos nacionales sobre adicciones.

Todas estas evaluaciones y estadísticas –incluidas, por supuesto, las del INDEC, que en estos dos años recuperó su prestigio y su independencia– volvieron a ser relevadas y publicadas, incluidas las del Ministerio de Seguridad, las del Ministerio de Educación y el relevamiento de Sedronar sobre adicciones.

Tras una exhaustiva revisión metodológica, el INDEC volvió a difundir el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) en junio de 2016. En julio de 2017, el IPC amplió su cobertura a todo el país. También se reinició la publicación del indicador de Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia, interrumpido desde el cuatro trimestre de 2013 después de haber sido usado desde 1992.

La normalización del INDEC incluyó la reactivación de su relación con distintos organismos internacionales, como Naciones Unidas, el BID y el FMI, que en 2013 había emitido una declaración de censura contra el país por la manipulación de las estadísticas públicas.

Este proceso incluyó a la OCDE, como parte de la candidatura argentina a ser miembro del grupo. En 2016 vinieron distintas misiones de trabajo y se hizo una primera evaluación de las capacidades estadísticas del INDEC y el Sistema Estadístico Nacional. Esta evaluación –y la incorporación de las recomendaciones resultantes– logró que el programa estadístico argentino recibiera el respaldo oficial de la organización.

Para profundizar la independencia del INDEC, y adecuar su arquitectura institucional a los lineamientos de la OCDE, está en elaboración un proyecto de reforma exhaustiva del instituto y del sistema estadístico nacional en general. El objetivo del proyecto es doble: en primer lugar, diseñar e implementar estadísticas más representativas de los comportamientos sociales y de consumo; en segundo, asegurar la independencia de las estadísticas públicas.

 4. Contrataciones del Estado: experiencias positivas

En estos dos años el Gobierno estableció mecanismos para los casos en que pudiera existir un conflicto de intereses o una vinculación relevante entre las personas interesadas en ser proveedoras del Estado. Dos de estos mecanismos son los decretos 201/17 y 202/17, publicados en marzo del año pasado.

El Decreto 201/17 prevé que todas las personas que tengan una causa judicial o extrajudicial contra el Estado nacional deberán dejarlo consignado. Las normas incorporan herramientas adicionales de control y transparencia para esos casos. Todos los expedientes deben ser publicados activamente para promover su seguimiento y su consulta por parte de cualquier persona. El Decreto 202/17 determina que toda persona interesada en participar de una contratación, obtener una concesión, una autorización o una habilitación del Estado deberá declarar la existencia o no de alguna vinculación con el Presidente de la Nación, el Vicepresidente, el Jefe de Gabinete, los ministros, demás autoridades de igual rango o titulares de cualquier organismo o entidad del Sector Público Nacional con competencia para contratar.

Ya se han presentado ante la Oficina Nacional de Contrataciones 7.751 declaraciones juradas de intereses de personas humanas y 11.260 de personas jurídicas. El total de proveedores registrados ante este organismo es de 15.491, de los cuales 8.466 están en condiciones de contratar con la APN. Por otro lado, se informaron ante la Oficina Anticorrupción 16 casos de declaraciones juradas afirmativas y se registró un caso de sanción aplicada en relación con el incumplimiento del Decreto 202/2017. La sanción consistió en la desestimación de las ofertas presentadas por dos oferentes en el marco de una contratación tramitada por el Ministerio de Desarrollo Social.

Dirección Nacional de Vialidad

El caso de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es emblemático sobre el impacto de las políticas de transparencia en el ámbito de la obra pública. Durante años (probablemente décadas), una ruta o un puente habían sido una oportunidad para sobreprecios o desvíos de fondos, en parte por decisión de los funcionarios y en parte porque el sistema favorecía esta situación.

A partir de un convenio entre la DNV y la Oficina Anticorrupción se creó la Unidad de Ética y Transparencia en abril de 2016, que aprobó un Código de Ética interno y que es la encargada de fiscalizar el cumplimiento de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, impulsar políticas activas de integridad y rendición de cuentas, y optimizar mecanismos de transparencia en la gestión.

La idea es la implementación, en este ámbito determinado, de las nociones que rigen la transparencia gubernamental en general. Es decir, la especificación de lo que se consideran buenas prácticas a, en este caso, las obras de vialidad. El 94% de los funcionarios involucrados presentó sus declaraciones juradas. Se incorporó a todos los pliegos de obra pública una nueva cláusula de integridad para proveedores que incluye la “Declaración Jurada de Intereses” en todos los trámites en los que participan.

Como parte de todas estas iniciativas, se acordó un Mecanismo de Reporte de Alto Nivel para las futuras licitaciones de grandes proyectos de infraestructura vial bajo el sistema de participación público-privada. El mecanismo, promovido por la OCDE, consiste en el establecimiento de un canal especial para formular denuncias que llegan a conocimiento directo de un funcionario de alto rango de la Administración. En el esquema adoptado, el funcionario destinatario de dichos reportes es la máxima autoridad de la Oficina Anticorrupción. En la estructuración del mecanismo trabajaron en forma conjunta representaciones de la OCDE y el Basel Institute on Governance, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Ética y Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad

En la página web de la Dirección Nacional de Vialidad está publicada toda la información sobre licitaciones y contrataciones. Periódicamente se cargan convocatorias, pliegos y especificaciones técnicas, circulares aclaratorias y modificatorias, proyectos de ingeniería y demás información de todas las contrataciones. Las consultas de proveedores son respondidas con agilidad y transparencia.

El nuevo sistema –también aplicado por otras áreas del Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía– permitió incrementar los oferentes en los procesos de selección de obra pública. En licitaciones a las que durante años se presentaban apenas tres o cuatro oferentes, empezaron a hacer propuestas más de veinte empresas. Esta mayor competencia permitió, además, mejores costos para el Estado. En 2017, la diferencia entre el presupuesto oficial al inicio de licitación y el precio oficial actualizado fue de 18.071 millones de pesos, que se destinaron a acelerar otras obras previstas para más adelante.

Ministerio de Salud

El mes pasado, el Ministerio de Salud, el PAMI, el IOMA y algunas obras sociales nacionales se unieron para cubrir en forma conjunta sus necesidades del año de Factor VIII, una droga para la hemofilia con alto impacto presupuestario. Además, en lugar de negociar el precio cada organismo por su cuenta con los laboratorios, lo hicieron a través de una licitación.

El resultado fue impactante. En lugar de los 1.780 millones de pesos destinados a la misma droga en 2017, se obtuvo un precio de 313 millones de pesos, es decir, un ahorro del 82% con respecto al año pasado. Presentaron ofertas siete laboratorios, todos con precios por debajo de sus precios de lista. Por primera vez, la Argentina logró comprar a precios internacionales, incluso menores a los de países como Australia, Chile o España. Esta primera licitación conjunta de medicamentos se enmarca en la política del Ministerio de Salud de convergencia hacia los precios internacionales en los medicamentos.

 5. Transparencia e integridad en empresas del Estado

Hasta hace dos años, las empresas de mayoría estatal carecían de estándares de buen gobierno corporativo que les permitieran organizar sus sistemas de compras y contrataciones. Cada una tomaba sus propias decisiones, con niveles variables de transparencia e integridad, sin una estrategia común ni requisitos mínimos.

Después del cambio de administración, el primer paso de la Jefatura de Gabinete, que absorbió la coordinación y el ordenamiento de las empresas públicas (aunque sus accionistas siguen siendo los ministerios correspondientes), consistió en modernizar las herramientas de monitoreo y seguimiento. En conjunto con la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) del Ministerio de Hacienda se fortaleció el sistema de reporte de ejecución de los presupuestos de las empresas. Al inicio de la gestión solo el 39% de las empresas mandaban sus reportes económicos y financieros mensuales a la ONP. Hoy lo hace el 100%.

También se avanzó con la evaluación del gobierno corporativo de las empresas públicas por parte de la OCDE. La evaluación consiste en calificar la situación de las empresas a la luz de las mejores prácticas internacionales, con el objetivo de alinear sus prácticas a esos estándares. También se creó, conjuntamente con la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, una Red de Integridad de Empresas Públicas donde se discuten políticas anticorrupción y se intercambian prácticas entre las empresas. Con asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo se avanzó en iniciativas destinadas a mejorar las políticas de compras de las empresas. Bajo el liderazgo de la Argentina, el Comité Anticorrupción del G20 identificó el tema anticorrupción en empresas públicas como uno de los dos temas a abordar.

El ordenamiento de las empresas estatales se cristalizó en los Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Mayoría Estatal, publicados a principios de este año y basados en las recomendaciones de la OCDE.

Los principios que se encuentran detrás de estos lineamientos son seis: eficiencia, transparencia, integridad, generación de valor, estándar de empresa listada (es decir: que sigan los estándares de gobierno corporativo de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores) y roles diferenciados del Estado (además de su rol como accionista o dueño de la empresa, el Estado se reserva la función de responsable de políticas públicas y de regulador de la calidad de los los servicios prestados).

Los lineamientos constituyen el camino a seguir por las empresas para mejorar sus estándares de gestión y gobernanza, que redundarán en empresas mejor administradas, más transparentes y prestadoras de servicios de mayor calidad a los ciudadanos. Los lineamientos son recomendaciones que el Gobierno espera que sean tenidas en cuenta por las empresas en materia de organización y gestión. Las empresas tienen libertad para elegir el diseño institucional que crean más conveniente para implementar todos o algunos de ellos.

Algunas de las empresas ya están avanzando. ARSAT, por ejemplo, firmó en julio de 2016 un convenio con la Fundación Poder Ciudadano para trabajar de manera conjunta en el procedimiento de licitación para el mantenimiento de la Red Federal de Fibra Óptica. Poder Ciudadano hizo la auditoría social de todo el proceso, presentó recomendaciones sobre el pliego de bases y condiciones y llevó adelante el seguimiento desde el llamado a licitación hasta la adjudicación final.

Otro ejemplo es el de Aerolíneas Argentinas, cuya gestión estaba fragmentada, carecía de control presupuestario o de mediciones para mejorar los procedimientos de compras.

La transformación tomó dos años y pone de manifiesto la relación entre las políticas de transparencia y la reducción de gastos. La optimización del proceso de compras para Aerolíneas Argentinas implicó un ahorro de 81 millones de dólares anuales, a pesar de que no se dio en un contexto de reducción de actividades: en dos años se incrementaron un 12% y un 20% la cantidad de vuelos y de pasajeros transportados, respectivamente.

El cambio comenzó por la profesionalización del equipo y la optimización de la estructura. A continuación se diseñaron nuevas políticas de negociación y de adjudicación. Parte de esta iniciativa consistió en unificar normas para los procesos de compras, publicar los pliegos online y lanzar un portal de compras online: es decir, políticas de transparencia para los procedimientos administrativos.

También se implementaron indicadores que permiten evaluar la evolución del gasto y se creó un área de auditoría interna independiente, entre cuyas tareas se encuentra la inspección de la base de proveedores para controlar que presenten sus declaraciones juradas de conflictos de interés y que tengan una posición financiera-operativa sólida.

 6. Hacia una mejor regulación de la ética pública

En 2017 se creó la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros y ejerce un rol de coordinación de los organismos de control y las políticas de transparencia e integridad en el ámbito del Gobierno nacional. La función principal de la secretaría es asegurar que los organismos de control trabajen articuladamente y que sus políticas tengan objetivos comunes.

Una de las formas en que se manifiesta esa labor coordinada, posiblemente la más importante, es la Mesa de Integridad. La conforman, además de la secretaría, la Oficina Anticorrupción, la SIGEN, la Procuración del Tesoro, la Agencia de Acceso a la Información Pública, la Secretaría de Empleo Público y la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto, y su objetivo es dar seguimiento a la implementación de políticas de transparencia e integridad en ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas.

La Mesa de Integridad elaboró uno de sus principales insumos de trabajo, el Tablero de Integridad, que refleja indicadores como el nivel de cumplimiento en la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios o la implementación del expediente electrónico y de las plataformas para canalizar las compras y contrataciones públicas (COMPR.AR) y las licitaciones de obra pública (CONTRAT.AR).

Sobre la base de la experiencia recolectada a lo largo de los años por la Oficina Anticorrupción, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, y teniendo en cuenta la creciente demanda social de prevención y penalización de situaciones de conflictos de intereses, se elaboró y se abrió a consulta pública un borrador de proyecto para la reforma integral de Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Aunque la prevención de los conflictos de intereses sea posiblemente el tema más desarrollado en la nueva ley, también se mejora el sistema de presentación y publicidad de las declaraciones juradas y se fortalecen ciertos aspectos del diseño institucional.

El 21 de febrero se hizo una jornada de trabajo en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada con representantes de los distintos poderes del Estado, académicos, expertos y otros miembros de la sociedad civil para que hicieran sus observaciones al proyecto de ley. Todas esas observaciones fueron registradas y serán un insumo de la Oficina Anticorrupción para seguir trabajando en el proyecto, que además también será debatido y modificado en la instancia siguiente: la discusión parlamentaria.

El proyecto también estuvo abierto a consulta pública a través de las plataformas virtuales Justicia 2020 y Consulta Pública del Ministerio de Modernización, canales de diálogo que permiten la interacción directa entre el Gobierno y la comunidad y que promueven de ese modo la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.

La nueva ley debe ser clara, exigente y ecuánime. Y debe ser práctica. A diferencia de otras iniciativas legislativas que terminan complicando más las cosas en lugar de resolverlas, en este caso debe pensarse en términos prácticos y proactivos, para abandonar la retórica de las buenas intenciones. Por fortuna, una enorme cantidad de las intervenciones que tuvieron lugar en la mesa de trabajo del 21 de febrero se centraron precisamente en la exactitud terminológica y la claridad de procedimiento.

 7. Conclusiones y desafíos

La transparencia y la integridad del Estado están íntimamente relacionadas con el Estado de derecho. Como escribió Norberto Bobbio, “la publicidad de los actos del poder representa el verdadero y propio momento de cambio en la transformación del Estado moderno de Estado absoluto en Estado de derecho”.

Un Estado opaco e inescrutable, que restringe la información sobre sus procesos y funcionarios, no puede ser considerado un Estado verdaderamente democrático, aun si sus gobernantes fueron elegidos en elecciones libres y los otros poderes tienen un funcionamiento razonable. Para que exista un Estado de derecho es indispensable, como dice Bobbio, que exista un Estado moderno. Y un Estado moderno, en la visión del Gobierno del presidente Mauricio Macri, es un Estado que se pone reglas a sí mismo, las cumple y da herramientas a la sociedad para verificar ese cumplimiento.

El objetivo del Gobierno de “unir a los argentinos” no quiere decir que debamos estar todos de acuerdo en todos los temas, sino que podamos tener instituciones y canales para poder debatir y procesar las inevitables diferencias que surgen en la discusión política. Un Estado íntegro y transparente, que no es tomado como un botín o un arma arrojadiza por quienes están temporariamente a su cargo, es indispensable para tener ese tipo de conversaciones y generar la confianza necesaria entre los distintos participantes de la vida pública.

Un ambiente institucional de este tipo, como el que el Gobierno se ha puesto como horizonte y hacia el que ya se encuentra avanzando, ayuda a modelar las conductas de quienes participan en él. Con procedimientos abiertos y transparentes, con reglas claras y simples, entendibles por todos, buenos controles y rendición de cuentas, el Gobierno podrá invitar al sector privado y la sociedad civil a sumarse a esta conversación. Sin duda es el próximo desafío.