• El objetivo principal del Gobierno es reducir la pobreza, y entiende que el mejor camino para lograrlo es a través de un enfoque integral que reconozca la complejidad y la gravedad del desafío.

• La pobreza tiene muchas dimensiones y, por eso, la política de desarrollo humano del Gobierno está basada en tres pilares: un piso mínimo de ingresos para las familias que lo necesitan, mejor calidad de vida para sus comunidades y más movilidad social para romper el círculo vicioso de la pobreza.

• Nuestra política social se basa en la convicción de que no se puede esperar a los resultados del derrame del crecimiento económico, al que consideramos insuficiente para terminar con la pobreza, y que para lograr resultados profundos es indispensable un rol dinámico del Estado.

• En ingresos, complementando y mejorando programas preexistentes, el Gobierno ha avanzado hacia el ingreso universal para niños y adultos mayores, y expandido las opciones para adultos vulnerables.

• En calidad de vida, está mejorando la infraestructura física de cientos de localidades (servicios, transporte y espacios públicos); lanzó un ambicioso plan de agua corriente y cloacas; y acercó el Estado a lugares donde no estaba. 

• En movilidad social, el foco está puesto en el futuro, especialmente en los niños y jóvenes; en fortalecer la economía social y la economía popular; mejorar la empleabilidad de millones de personas; y en mejorar el acceso al crédito.

• Además, estamos llevando adelante un ambicioso plan de integración de villas y asentamientos populares, que incluye un relevamiento en todo el país y más de 500 intervenciones en poblaciones vulnerables.

• El desafío de reducir la pobreza es enorme y complejo, y la tarea recién empieza. Pero el primer paso es poner el problema encima de la mesa y convocar a todos los actores sociales. 

1. INTRODUCCIÓN

El 28 de septiembre del año pasado, en una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, el presidente Macri presentó los primeros resultados confiables del índice de pobreza del INDEC en más de ocho años. Los resultados mostraban una realidad dolorosa, con una pobreza del 32,2%, pero indispensable para saber dónde estábamos parados y el primer paso para poder transformarla.

Un año después, aquellas cifras iniciales han comenzado a mejorar. En el primer semestre de 2017, el índice de pobreza fue del 28,6%, gracias a una combinación de factores que incluyen la reactivación de la economía, el crecimiento del empleo, la baja de la inflación, el aumento del 30% en el salario mínimo, la expansión de las asignaciones familiares y la reparación histórica para jubilados.

El Gobierno reconoce que, aunque la tendencia es esperanzadora, todavía falta mucho y que su camino recién empieza. También reconoce dos cosas que son importantes para definir su política de desarrollo humano en estos casi dos años y su visión para el futuro. La primera es que la pobreza no es sólo un problema de ingresos sino una cuestión multidimensional, que incluye el acceso a servicios públicos, educación de calidad, infraestructura, hábitat, vivienda, cultura y participación ciudadana.

La segunda es que con el derrame del crecimiento económico no alcanza. Para lograr éxitos profundos y duraderos en el avance contra la pobreza en la Argentina hace falta un Estado dinámico que actúe sin demora, comprender todas las dimensiones que influyen en la pobreza y tener la voluntad política de transformar esa realidad. Durante muchos años nuestros dirigentes no quisieron bajar la pobreza. Por eso, la política de desarrollo humano del Gobierno, que sintetizamos en este documento, está basada en tres pilares: ingreso mínimo, calidad de vida y movilidad social.

1. Ingreso mínimo, que busca asegurar un piso mínimo de ingresos para las familias que no lo alcanzan, con foco especial en los niños, los adultos mayores y los adultos en situación de vulnerabilidad.

2. Calidad de vida, que busca mejorar el acceso a los servicios públicos de las comunidades, desde las cloacas y la educación al espacio público, el transporte y el acceso a la vivienda.

3. Movilidad social, que busca que todas las personas tengan la libertad de elegir su proyecto de vida. Con un doble foco: en los niños, para que, sin importar el lugar donde nazcan, tengan las mismas posibilidades, y en mejorar el acceso al trabajo formal de los trabajadores de la economía social y popular.

MÁS PRESUPUESTO

En diciembre de 2015, el Gobierno encontró una política social que en losaños anteriores había incrementado los niveles de cobertura, especialmente entre los niños y los adultos mayores.

Sin embargo, también era una política social que se había quedado a mitad de camino en muchos de los objetivos que se había propuesto. Por falta de planificación, coordinación y evaluación, por el uso de los programas para hacer favores políticos territoriales y por la manipulación de los índices del INDEC, que impedía reconocer los avances o retrocesos de la gestión del Estado, no hubo un cambio real en las condiciones de vida de una parte importante de la población. Los resultados fueron mejores en los adultos mayores (entre quienes la pobreza bajó a menos del 7%) que en los niños y adolescentes, cuyos índices de pobreza se mantuvieron altos, por encima del 45%.

En estos dos años de gestión, el Gobierno empezó a corregir algunas de estas situaciones. Expandió los programas sociales universales a los grupos todavía no cubiertos, como los hijos de los monotributistas y de los trabajadores temporarios. También inició un proyecto junto al Banco Mundial para identificar e incorporar a la cobertura de la AUH a los niños que podrían recibirla y aún no lo hacen. Por otro lado, ahora los programas de ministerios como Desarrollo Social y Trabajo se ofrecen a todas las provincias por igual, sin especular sobre la filiación política del gobernador que la recibe. Y existe una creciente colaboración entre los distintos organismos, incluida la ANSES, para coordinar y focalizar mejor la ayuda del Estado.

Esto se ve reflejado en el presupuesto nacional. En el camino gradual de normalización de la economía elegido por el Gobierno, se priorizaron la inversión en infraestructura y la inversión social. Por eso creció el presupuesto social este año y por eso va a volver a aumentar en 2018, tanto en términos relativos como en términos absolutos.

En los doce años de la administración anterior, por ejemplo, los servicios sociales, que incluyen a los programas sociales, las jubilaciones, la salud y la educación, entre otros ítems, representaron en promedio un 67% del presupuesto nacional. En 2017 van a representar el 73%. Y el año que viene, según el proyecto de presupuesto presentado hace unas semanas, van a crecer al 76%. Dentro de este grupo, las prestaciones sociales, el corazón de la inversión social, van a crecer en 2018 un 22%, varios puntos por encima de la inflación esperada.

2. INGRESO MÍNIMO

En estos dos años de gestión, el Gobierno expandió y consolidó los programas de ingreso que ya existían. La Asignación Universal por Hijo, que hace dos años recibían las familias de 3,68 millones de niños, la recibieron en noviembre de 2017 las familias de 3,94 millones, un crecimiento del 7%. 

El porcentaje de adultos mayores que recibía una prestación del Estado en el momento del cambio de gobierno era 97%. Ahora está más cerca del 98% y seguirá creciendo, a medida que más personas ingresen en la Pensión Universal para el Adulto Mayor, creada por ley el año pasado y que ya reciben más de 50.000 personas mayores de 65 años sin los aportes necesarios para una jubilación.

También se ampliaron en varias direcciones la cobertura y los montos de las asignaciones familiares. Por un lado, se amplió el tope de ingresos para entrar al sistema, lo que permitió incluir a 1.200.000 hijos de empleados en relación de dependencia. Además, se incluyó por ley a los hijos de los monotributistas y los trabajadores temporarios, de los cuales ya hay más de 360.000 integrados al beneficio. Y se subieron las escalas para equiparar con la AUH el monto máximo de asignaciones familiares (correspondiente a los sueldos más bajos) y no desincentivar la búsqueda de empleo formal. Por último, algo que se menciona poco: todos estos beneficios son actualizados por ley en marzo y septiembre de cada año según la misma fórmula que actualiza las jubilaciones, con lo que su poder adquisitivo está garantizado.

Nuestro objetivo es seguir avanzando hacia el ingreso universal a la niñez. Actualmente más de cuatro de cada cinco niños argentinos recibe 30% es parte de la AUH, alrededor del 5% percibe el equivalente provincial a asignaciones familiares y otro 9% pertenece a familias de altos ingresos, que pueden hacer un descuento del impuesto a los Ingresos de las Personas, antes conocido como impuesto a las ganancias. 

El 14% no tiene cobertura. De estos, la gran mayoría no tiene documentación o no han podido ser identificados. ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social están trabajando con el Banco Mundial desde el año pasado para identificarlos e incluirlos. Se calcula que hay unos 550.000 niños en esta situación.

REPARACIÓN HISTÓRICA

En jubilaciones, la contracara de la cobertura casi universal era el bajo monto de los haberes, calculados arbitrariamente durante varios años, sin respetar los aportes de los beneficiarios. Esto, que no puede ser calificado de otra manera que como una estafa, había generado casi medio millón de juicios. Estos juicios recibían sentencias favorables que ANSES luego apelaba y dilataba durante años, a pesar de la avanzada edad de los beneficiarios y la desesperación de sus familias.

A mediados de 2016, el Congreso aprobó la Ley de Reparación Histórica, que estipula una nueva manera de calcular las jubilaciones iniciales y está mejorando los haberes de más de dos millones de jubilaciones mal calculadas. Con prioridad en los jubilados de mayor edad y en las jubilaciones de menores montos, ANSES ya recompuso los ingresos de más de 1.100.000 jubilados, que recibieron aumentos promedio del 34%, además de los aumentos semestrales por inflación.

Esto permitió otra cosa muy importante: alrededor de medio millón de personas (el 42% de los que entraron en el programa) dejaron de cobrar la jubilación mínima y ahora cobran lo que corresponde en relación al esfuerzo de sus vidas de trabajo. Además, la ley prevé pagos retroactivos para los jubilados y pensionados con juicios iniciados y sentencias, que están empezando a destrabarse en estos meses.

Un resultado positivo de respetar los esfuerzos de décadas de tantos argentinos es que, según el último informe del INDEC, el índice de pobreza entre los mayores de 65 años es del 6,4%, un punto menos que en la segunda mitad de 2016. Y el de indigencia es casi inexistente: 0,6%. Aunque queda trabajo por hacer, y debemos seguir muchos años en esta dirección, es positivo ver que la tendencia avanza en la dirección correcta.

3. CALIDAD DE VIDA

El segundo pilar de la política de desarrollo humano del Gobierno es mejorar la calidad de vida de las personas que, más allá de sus ingresos, viven en comunidades con problemas, carecen de servicios básicos, son inseguras o no tienen acceso a las ventanillas del Estado. 

Por eso una parte central del plan de infraestructura del Gobierno está dedicado a mejorar la infraestructura de familias, barrios y distritos ignorados durante años, para darles una posibilidad real de planificar su vida con dignidad y libertad, desde tener transporte para llegar al trabajo o un centro de salud en el barrio o, también, un domicilio para poder anotar en el currículum.

En Argentina hacen falta un millón y medio de viviendas nuevas. Para empezar a aliviar este déficit, el Gobierno tiene un plan de vivienda que ofrece una solución para cada tipo de familia. Este año volvió el crédito hipotecario, que había casi desaparecido –en octubre se dieron créditos por un récord de 9.210 millones de pesos, un 10% más que en septiembre, que también había sido récord–; se renovó y se amplió el Plan Procrear, para hacerlo más justo, más transparente y con más opciones –el último lanzamiento, el Procrear Joven, generó 200.000 inscriptos en el primer mes, de los cuales el 30% son informales–; y se siguió construyendo vivienda social con las provincias para los casos más urgentes.

En agua y cloacas, hay más de 700 obras en marcha para darles servicio a 8,2 millones de argentinos. Algunas de estas obras, como la tuneladora por debajo del Riachuelo y la planta de  tratamiento de residuos cloacales en Dock Sud, son las más ambiciosas de su tipo en mucho tiempo.

Otro vértice de infraestructura social es el Plan Nacional de Hábitat, cuyo foco son los barrios precarios y localidades más vulnerables del país, donde estamos mejorando el espacio público e integrando las comunidades de más de 450.000 familias. Trabajando en conjunto con los gobiernos locales y provinciales, estamos llevando agua, cloacas, calles y veredas iluminadas, espacios públicos, núcleos de innovación y desarrollo de oportunidades (NIDO) y mejorando viviendas para eliminar letrinas y garantizar entornos sustentables. Desde 2016 se firmaron convenios por más de 33.000 millones de pesos y están en marcha obras en 433 barrios precarios y localidades vulnerables.

En transporte público, el Gobierno está ejecutando un ambicioso plan ferroviario para mejorar la red metropolitana, inauguró o está inaugurando redes de Metrobus en el conurbano (La Matanza, Tres de Febrero) y en el resto del país (Rosario, Santa Fe y, en 2018, Neuquén) y está asfaltando decenas de kilómetros de cuadras en el Gran Buenos Aires con foco en aquellas por donde los colectivos dejan de pasar apenas llueve un par de horas.

Para garantizar el acceso de toda la población a los cuidados de salud se está implementando la Cobertura Universal de Salud, que moderniza el sistema público de salud con un plan personalizado, integral y gratuito que brindará mejor acceso a prestaciones y medicamentos. La CUS permite tener un médico de cabecera familiar, una historia clínica digital única y obtener turnos por teléfono e Internet, para evitar las largas filas de madrugada o traslados innecesarios. En octubre comenzó la primera fase de implementación en Guaymallén (Mendoza), para una población de 120.000 personas. En las próximas semanas esperamos cubrir todos los centros de atención primaria de Guaymallén y luego, progresivamente, expandir el programa al resto de Mendoza y otros distritos del país.

También entran en nuestra idea de calidad de vida cuatro formas de inclusión que cobraron protagonismo en este siglo: la seguridad ciudadana, el arte como instrumento de transformación, la inclusión digital y el acceso a la justicia.

En relación a la seguridad, el Gobierno encontró barrios donde el delito impedía el avance de los servicios del Estado y actuaba como la máxima autoridad local, con capacidad para dirimir conflictos, hacer de prestamista y garantizar la paz social, entre otros roles. Una estrategia para combatir esta situación es el programa Barrios Seguros, con el que se busca fortalecer la presencia del Estado en los sectores más vulnerables y, trabajando con los organismos locales, solucionar los problemas de seguridad más urgentes. Hasta hoy se hicieron varios operativos con buenos resultados, mientras se trabaja en trasladar el modelo a todo el país. En Alto Verde, Santa Fe, por ejemplo, se bajó a la mitad la tasa de homicidios. En la Ciudad de Buenos Aires se normalizó el Barrio 31 y se avanzó contra el narcotráfico en la Villa 1-11-14.

En muchos casos, la paz que se recupera en los barrios permite que ganen protagonismo y visibilidad iniciativas culturales de base comunitaria y programas de formación liderados por vecinos y organizaciones en los que a través del arte alumbran nuevos caminos. Con el objetivo de apoyar este tipo de proyectos, el Fondo Nacional de las Artes lanzó el primer concurso de Arte y Transformación Social, que dio premios de 100.000 pesos a dieciséis iniciativas artísticas de todo el país. 

A esto se agrega el programa de Formación de Promotores Culturales Comunitarios, por el que ya pasaron 311 vecinos de zonas vulnerables de todo el país para convertirse en gestores culturales en sus propios barrios. O la Casa de la Cultura Popular en el barrio 21-24 en Barracas, creada para ofrecer contención y talleres de formación a los vecinos, que hoy sienten el espacio como propio.

En Argentina hay alrededor de 10 millones de ciudadanos sin conexión a Internet y muchos municipios pequeños no cuentan con elementos básicos como una página web o correo electrónico. Para achicar esta brecha, el Gobierno trabaja sobre dos ejes: mejorar la conectividad, con más infraestructura en todo el país; potenciar la alfabetización digital, para que nadie quede afuera y que cada vez más jóvenes y adultos den sus primeros pasos en lo digital. El objetivo es alcanzar a 1 millón de personas en 2017 y 2018, según proyecciones del Ministerio de Modernización.

Otra línea de inclusión es facilitar y mejorar el acceso a la Justicia a los sectores menos habituados a lidiar con el sistema legal. Para lograrlo, se instalaron 88 Centros de Atención a la Justicia (CAJ) en zonas vulnerables de todas las provincias, que se ocupan de articular servicios legales con la comunidad. En lo que va del año se resolvieron más de 260.000 consultas.

EL ESTADO EN TU BARRIO

El Gobierno también cree que un Estado inclusivo no es sólo un Estado que ofrece coberturas amplias sino también un Estado que acompaña, que está cerca, que hace las cosas fáciles a los ciudadanos y da respuesta a sus necesidades. 

Un diagnóstico de situación en el momento del cambio de gobierno mostraba que, pese a unas pocas mejoras recientes, el Estado argentino, en todos sus niveles, seguía siendo un Estado excesivamente burocrático, con poco alcance territorial (llegaba a las capitales y muchas ciudades, pero a pocos barrios) y, con frecuencia, poco enfocado en brindar un servicio de calidad y solucionarles problemas a sus verdaderos jefes: los ciudadanos.

Por eso decidimos armar El Estado en tu Barrio, un programa interministerial, coordinado por Jefatura de Gabinete, que lleva servicios del Estado a los barrios más alejados del conurbano y de todo el país, para acercarse a donde vive la gente y ayudar a solucionar problemas.

Cada semana, de martes a viernes, 24 operativos de El Estado en tu Barrio se instalan en barrios de todo el país, en lugares que están quizás a una hora de distancia de la oficina estatal más cercana. El programa también tiene un tren, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, que recorre diversas provincias, y puntos fijos, como en la estación de Retiro.

En los operativos del programa se puede tramitar el DNI, la AUH, hacer consultas médicas para los chicos, buscar trabajo, pedir la Tarifa Social Federal, buscar asesoría legal y muchos otros trámites.

En este año y medio ya se asistieron a 2,7 millones de personas en 20 provincias. Y el programa sigue creciendo. En estos meses que quedan vamos a llegar a todas las provincias y, a este ritmo, llegar a los dos millones y medio de trámites realizados sólo en 2017.

Además, iniciamos una serie de reformas que intentan mejorar el funcionamiento del Estado –como, por ejemplo, el fin de los expedientes de papel y la implementación del expediente electrónico en toda la Administración Pública Nacional– y, sobre todo, buscar que el Estado se piense a sí mismo alrededor del servicio al ciudadano.

Por ejemplo, uno de los proyectos principales de ANSES es reducir el tiempo entre que una persona alcanza la edad jubilatoria y empieza a cobrar su jubilación. En el momento del cambio de gobierno, el trámite duraba 6 meses en promedio. Ya se logró bajar a cuatro meses y medio y bajará pronto a tres meses, con el objetivo de que en los próximos años todo el trámite dure un solo día.

4. MOVILIDAD SOCIAL

Además de mejorar las ingresos y la calidad de vida de los más vulnerables, el Gobierno cree que para bajar consistentemente los índices de pobreza es necesario romper el círculo vicioso de la pobreza. Este trabajo implica, casi por definición, ofrecer una verdadera igualdad de oportunidades: que sin importar dónde haya nacido una persona, tenga la posibilidad y las herramientas para salir de su situación de vulnerabilidad. Este proceso llevará tiempo, pero en algún momento hay que empezar.

El Estado tiene mucho para aportar en este recorrido. Por eso hemos puesto el foco en dos dimensiones especialmente sensibles de la relación presente-futuro. La primera es la primera infancia, la educación y los adolescentes vulnerables, para garantizar que los niños de todo el país tengan las mismas oportunidades. La segunda es facilitar el paso desde el mercado de trabajo informal, donde hoy se esfuerzan más de cuatro millones de trabajadores, hacia un trabajo formal, más productivo, más satisfactorio y mejor pago.

Coincidimos con buena parte de los expertos en que los primeros años de vida son claves para el desarrollo físico, social y emocional de las personas. Argentina enfrenta un serio problema de infantilización de la pobreza: el 45,2% de los menores de 14 años son pobres. Por eso, como ya había hecho Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, donde creó una red de Centros de Primera Infancia que reciben a más de 30.000 chicos, el Gobierno lanzó su propio Plan Nacional de Primera Infancia, para chicos de 45 días a cuatro años que son alimentados, cuidados y estimulados mientras sus padres pueden ir a trabajar o estudiar.

En este año y medio se abrieron 1.500 Espacios de Primera Infancia en todo el país, que reciben a unos 110.000 chicos todos los días.

La educación es, por supuesto, otra arma potente de movilidad social. Para que cada niña o niño pueda acceder a una educación que lo prepare para desarrollar su proyecto de vida estamos avanzando en dos caminos fundamentales: 1) la ampliación de la infraestructura y 2) la mejora de la calidad educativa. Impulsamos la obligatoriedad de la educación desde los tres años que está pendiente de aprobación en el Senado y seguimos avanzando en nuestro objetivo de construir 10.000 salas de jardín de infantes. Para fin de año vamos a haber terminado las primeras 1.000 salas y a tener otras 2.000 en obra y en licitación.

Para mejorar la calidad de la educación el año pasado dimos un paso histórico con la evaluación Aprender, que estamos repitiendo en estas semanas, y que estamos ampliando a los estudiantes de profesorado, con la evaluación Enseñar. A partir de esos resultados, desarrollamos el Plan Maestr@, que establece metas claras para mejorar la calidad de la educación en los próximos años.

Con el esfuerzo coordinado de varios ministerios, estamos encarando una propuesta especial para los jóvenes y adolescentes, una etapa crítica en el desarrollo de las personas. Desarrollamos programas para prevenir las adicciones, evitar embarazos no deseados y acompañarlos en la formulación de sus proyectos de vida, entre otras iniciativas.

ECONOMÍA SOCIAL

Una de las estrategias que el Gobierno encontró consolidadas cuando asumió en diciembre de 2015 eran los programas de capacitación para el empleo y apoyo a emprendimientos cooperativos. Programas como Argentina Trabajan o Ellas Hacen nucleaban a cientos de miles de personas que, organizadas en cooperativas, se comprometían a participar de talleres de formación profesional y brindar servicios a municipios y organismos públicos.

Como en otras áreas de gobierno, lo que vimos cuando llegamos fue que muchos de estos programas contenían a sus participantes y les aseguraban un ingreso, pero no lograban el objetivo último para el que habían sido creados. En este caso, facilitar el ingreso al mundo del trabajo.

Decidimos entonces sostener estos programas, para ayudarlos a convertirse en verdaderos espacios donde sus participantes obtengan las herramientas y el apoyo necesario para incorporarse al mundo laboral. Fortalecimos y ampliamos programas como Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que acompañan a 240.000 personas mientras se capacitan. E incorporamos a más de 100.000 personas que forman parte de proyectos productivos comunitarios, para ayudarlos a convertirse en emprendimientos sustentables. En total, si sumamos otros programas de formación del Ministerio de Trabajo, más de 440.000 personas están recibiendo un ingreso complementario del Estado –en muchos casos equivalente a medio salario mínimo– para fortalecer la economía social.

Reconocemos el valor de la economía social, que gira alrededor de experiencias colectivas autogestivas, a veces nucleadas alrededor de cooperativas u organizaciones barriales; y de la economía popular, la de los cuentapropistas no profesionales de bajos ingresos y los agricultores familiares. En ellas trabajan y encuentran su dignidad millones de argentinos.

Aun así, para el Gobierno es importante que la estructura de estos programas de apoyo tenga una dimensión temporal, que avance en su objetivo de facilitar la transición hacia el empleo formal (o la formalización de los proyectos productivos sociales), y no se conviertan sólo en otro programa de ingresos.

Un camino en el que ya se está avanzando es fortalecer los programas para terminar el secundario. Más de 50.000 personas ya terminaron el secundario en nuestros programas y, desde este año, concluir los estudios secundarios es obligatorio para seguir siendo beneficiario. Además, incorporamos un proyecto de secundaria con aprendizaje de oficios para que ya nadie deba elegir entre una y otra formación. A esto se suman incentivos como el Programa Empalme, que permite a quienes consiguen un trabajo formal seguir cobrando su beneficio durante dos años.

5. INTEGRACIÓN DE BARRIOS POPULARES

Hace algo más de un año, el Gobierno inició un ambicioso programa de integración urbana de barrios populares. El primer paso fue relevarlos, saber cuántas familias argentinas viven en ellos, dónde viven, qué servicios tienen, qué les falta. A pesar de que los asentamientos precarios en los bordes de las grandes ciudades son un problema creciente desde al menos medio siglo, no existía en la Argentina un registro de este tipo.

Este trabajo, llamado Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), empezó a fines del año pasado y se hizo de la mano de organizaciones como la CTEP, la CCC, Barrios de Pie, Caritas y Techo.

Los relevamientos, barrio por barrio y calle por calle, los hicieron los propios militantes de las organizaciones, muchas veces vecinos de esos mismos barrios, con tecnología digital que permite hacer una descripción detallada de cuántas personas, en cuántos metros, con qué servicios y en qué condiciones viven en cada lote.

Lo que encontramos, después de un año de trabajo, es que hay 4.228 barrios y asentamientos populares en todo el país, con una superficie combinada de 415 kilómetros cuadrados (el doble que la ciudad de Buenos Aires), donde viven unas 3 millones de personas agrupadas en 838.000 familias. Los relevamientos todavía continúan, pero a fines de septiembre ya se había encuestado a 477.862 familias y 1.593.573 personas.

Además de reconocer la situación, el programa entrega un Certificado de Vivienda Familiar a las familias relevadas que vayan a retirar su certificado a una oficina de ANSES. Este certificado es el primer paso para regularizar una situación de hecho preexistente, incluir a estas familias, empezar a integrar estos asentamientos en la traza urbana y acercarlos a servicios públicos como agua corriente, cloacas y gas natural.

El certificado no es un título de propiedad sino una primera solución para darle una mínima legitimidad a quienes llevan años (a veces décadas) viviendo en una misma casa. Pero si los demás pasos se van dando ordenadamente, y los barrios populares del país empiezan a parecerse a los otros barrios –con sus mismos servicios y sus mismos derechos– no habría razón para negarles, siempre y cuando se cumplan todas las leyes vigentes, y trabajemos en conjunto con las provincias y los municipios, el principal derecho que les falta: el derecho a la propiedad.

6. CRÉDITOS ANSES

El programa de créditos ANSES llevó este año crédito seguro y simple a grupos sociales excluidos del sistema bancario, que hasta hace no mucho se veían obligados a recurrir a prestamistas irregulares o que cobran tasas usurarias, con frecuencia de más del 100% anual. A fines de octubre se cruzó la barrera de los 2,5 millones de créditos otorgados con el nuevo esquema de los préstamos ANSES, lanzado en abril para jubilados y pensionados, ampliado en junio para beneficiarios de AUH y pensiones no contributivas y extendido en septiembre para empleados en relación de dependencia vía asignaciones familiares.

De ellos, más de un millón fueron para titulares de la AUH. Es decir que la mitad de las familias con AUH de todo el país (algo más de 2,1 millones) solicitaron y recibieron un crédito ANSES. Además, lo recibieron más de 700.000 jubilados y pensionados. Y unos 480.000 para beneficiarios de pensiones, muchos de ellos personas con discapacidad. En apenas un mes se sumaron más de 250.000 empleados en relación de dependencia.

En los créditos ANSES, la tasa es siempre 24% anual, apenas por encima de la inflación reciente. El sistema, además, tiene su sustentabilidad asegurada, porque ANSES cobra las cuotas de los préstamos directamente del haber mensual, antes de depositarlo. La cuota, por otra parte, nunca puede superar el 30% del haber mensual del beneficiario.

El 53% de los solicitantes dice que va a usar el dinero para hacer refacciones en la casa. Desde el relanzamiento del programa se entregaron créditos por más de 52.000 millones de pesos. ANSES estima llegar a los 3,5 millones de préstamos a fin de año.

El Gobierno cree que la inclusión financiera es una parte fundamental de los procesos de inclusión, y por eso también lanzó recientemente el sistema PIM, que permite a los usuarios usar sus teléfonos celulares para enviarse dinero entre sí o hacer pagos en comercios. En estos meses ya se suscribieron 361.000 personas y se adhirieron 25.000 comercios. Pronto se incorporarán más prestaciones, como la recarga de celulares o de la tarjeta SUBE a través de PIM.

7. CONCLUSIÓN

Desde el primer día de gestión, el Gobierno se comprometió a iniciar un camino de trabajo integrado con el objetivo de reducir la pobreza, sabiendo que es un fenómeno multidimensional y que necesita del trabajo conjunto de toda la sociedad. Entendemos que el Estado debe asistir de manera inmediata las situaciones más urgentes, pero también creemos imprescindible trabajar en un camino que les permita a las familias salir de la pobreza definitivamente. 

Sabemos que el desafío es complejo y que la tarea recién comienza. Un primer paso indispensable ha sido poner el problema sobre la mesa y reconocer que la lucha contra la pobreza requiere de decisión política y de la participación de todos los actores sociales. 

Va a llevar tiempo y mucho esfuerzo común, pero el Gobierno está convencido de que no hay desarrollo económico sin desarrollo social. Ambos tienen varias caras –una economía productiva, un Estado respetuoso de las instituciones, una sociedad preocupada por los más débiles, un impulso de mejora constante–, pero creemos que todas estas caras confluyen en un objetivo final, que es contribuir a que la mayor cantidad de argentinos tenga autonomía sobre sus vidas. 

En sintonía con economistas como Amartya Sen, vemos el desarrollo como un camino para darle más libertades a un número cada vez más amplio de personas. Ésa es, para nosotros, la verdadera inclusión: que cada argentino, solucionados sus problemas más urgentes –alimentación, vivienda, empleo–, sienta que tiene al Estado de su lado y que tiene derecho a los mismos sueños que cualquier otro miembro de la sociedad.