La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, informó esta mañana que, por indicación del Gobierno, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) presentará en las próximas horas una denuncia penal contra el gerente general de la empresa EDESUR y todos los miembros de su directorio por malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas.

“El gobierno le pidió al ENRE que denuncie penalmente al gerente general y a los miembros del directorio de EDESUR en los fueros correspondientes”, afirmó la funcionaria en el inicio de la conferencia que brinda a la prensa acreditada en Casa Rosada. Una denuncia que, indicó, se presentará “por malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas”, y que es “debidamente justificada por lo que está sucediendo en las últimas semanas, con 75 mil usuarios que tuvieron cortes que se extendieron en el tiempo”.

Cerruti adelantó que “también está avanzando el informe del ENRE que pone de manifiesto todos aquellos puntos que pueden ser causales para que se le quite la concesión a la empresa”, y añadió que “es un trámite que se está haciendo con el debido cuidado y a través de los organismos correspondientes para cuidar los intereses del Estado argentino”.

La portavoz señaló que “la forma en la que fueron hechas las privatizaciones, a finales de los 90´, que derivó en la concesión a EDESUR del servicio eléctrico por 100 años, implica que puede ser un perjuicio para el Estado tomar alguna decisión sobre este tema”, y aseguró que “una vez que esté el informe completo, que el ENRE se comprometió a hacer dentro de los próximos 90 días, ya sea a través del Congreso de la Nación o a través de los organismos correspondientes, el Estado evaluará la quita de concesión” a EDESUR.

“La verdad es que la empresa, a esta altura del partido, no puede alegar nada, porque es la única a la que le está pasando esto, y son las mismas empresas que tuvieron las tarifas dolarizadas, un aumento de 3.000 por ciento durante el gobierno de Mauricio Macri y que nunca, sin embargo, realizaron las inversiones que tenían que hacer”, remarcó.

Cerruti subrayó que esta situación “también sucede en un momento en el que algunas voces se empiezan a alzar desde algunos sectores políticos diciendo que el Estado no se haga cargo de ningún servicio, de ninguna prestación, y que deje todo en manos de los privados, pero en algunos casos vemos cuáles son las consecuencias de cómo se llevaron adelante las privatizaciones en manos del neoliberalismo”.

Con respecto a la variación del Índice de Precios al Consumidor de febrero, impulsado principalmente por el aumento en carnes y telecomunicaciones, la portavoz señaló que “no hay excusas para quien va a hacer compras todos los días”, y aseguro que “el Gobierno sigue con su compromiso firme de controlar los precios para que vaya bajando la inflación”.

Precisó que “la sequía hizo aumentar más de 20 puntos el precio de la carne, lo que influyó en más de un punto en la medición general” de la evolución de los precios, mientras que “en los productos que están incluidos en Precios Justos el aumento no llegó a los 5 puntos”.

A su vez, criticó que “las empresas de cable, de telefonía y de servicios web siguen aumentando de forma indiscriminada el precio para los usuarios cuando todavía están vigentes las cautelares que no permiten que se aplique el decreto del Gobierno nacional que estableció que son servicios públicos y por lo tanto que sus precios deben ser regulados”.

Sobre el vínculo con Ecuador a causa de la huida de la ex ministra Duarte de la embajada argentina en Quito, afirmó que “el canciller ecuatoriano dijo que las relaciones bilaterales no están sufriendo ningún tipo de conflicto por esta situación puntual, que no tiene que ver con las relaciones de cercanía y hermandad que existen entre ambos países, como con todos los latinoamericanos”.