• El Gobierno recibió en diciembre de 2015 una economía estancada y distorsionada, cuya normalización requiere una transición difícil pero necesaria.

• Este año la economía volverá a crecer, pero el desafío es iniciar un proceso de crecimiento sostenido, con cada vez menos inflación, más productividad y menos pobreza.

• El Gobierno reafirma su voluntad de seguir un camino gradual pero firme en la reducción de la inflación y del déficit.

• Si se llega a acuerdos amplios y se tiene paciencia, evitando los atajos del pasado, la economía argentina estará lista para despegar definitivamente.

   

INTRODUCCIÓN

En los últimos 40 años, la economía argentina logró crecer durante varios años consecutivos en solamente dos oportunidades: a principios de la década del ‘90 y en los años del gobierno de Néstor Kirchner. En ambas ocasiones, este crecimiento llegó luego de profundas crisis que habían hecho pedazos el salario real de los trabajadores. Aprovechando este punto de partida –y sumando otros factores–, nuestro país logró enlazar varios años de crecimiento, a medida que el salario real recuperaba parte del terreno perdido durante la crisis anterior.

En diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri recibió una economía en recesión, llena de parches y cepos que le impedían crecer, y con la generación de empleo estancada desde hacía varios Años. Pero con un poder adquisitivo de los salarios relativamente elevado. Una de las primeras decisiones de gobierno fue aceptar esta situación y proponerse el desafío doble de 1) liberar la economía de las trabas que frenaban su crecimiento; y 2) diseñar un plan de desarrollo que no necesite salarios bajos, sino que tomara el nivel de entonces como un piso sobre el cual empezar a generar empleo.

La estabilización inicial requirió decisiones cambiarias (como la unificación del tipo de cambio), financieras (principalmente el acuerdo con los holdouts), institucionales (el relanzamiento del INDEC, normalizar el comercio exterior) y fiscales, como la reducción de los subsidios a la energía, los impuestos a las exportaciones y la ampliación de los programas sociales.

El plan de desarrollo, en cambio, tiene varios componentes. Uno de ellos es el Acuerdo Productivo Nacional, cuyo objetivo es ofrecer una estrategia para avanzar hacia una economía de crecimiento sustentable con alta generación de empleo, que mejore el nivel de vida de la población y propicie una estructura productiva más compleja y federal, una industria protagonista de las cadenas globales de valor y un sector de servicios moderno.

Otro de los componentes del plan es el desarrollo de una política económica que ayude a bajar el costo del capital, promover la estabilidad macroeconómica e impulse un sistema impositivo más transparente y equitativo y sin distorsiones. A estos temas está dedicada la parte central de este documento.

VOLVER A CRECER

Tras el reordenamiento del año pasado, en los últimos meses de 2016 se comenzaron a ver los frutos de las medidas tomadas. El nivel de actividad, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) sin estacionalidad registró dos meses consecutivos de crecimiento: 0,5% en octubre y 1,4% en noviembre.

En diciembre, según proyecciones privadas la actividad registró un aumento mensual de 1%, lo que da como resultado que en el cuarto trimestre de 2016 se estime un crecimiento en torno al 0,9% respecto al tercer trimestre. Asociada a esta recuperación económica, en noviembre se crearon 23.400 nuevos puestos de trabajo en el sector privado registrado, llevando la creación de empleo acumulada entre agosto y noviembre a totalizar 62.100 nuevos puestos de trabajo.

Esta recuperación se consolidará en 2017. Según proyecciones preliminares, la economía crecerá más de 3% este año. Uno de los motores del crecimiento será el sector agropecuario, donde ya se observan fuertes incrementos en las áreas sembradas (+25% en maíz, +41% en girasol y +4% en soja). Nuevas inversiones anunciadas en el sector energético, relacionadas con la explotación de Vaca Muerta y los planes de energía renovable, también contribuirán al crecimiento y al empleo. A su vez, el alto ritmo de ejecución de la obra pública y el nuevo marco legal para el fomento de las asociaciones público-privadas potenciarán el dinamismo de la construcción.

La inflación de la segunda mitad de 2016 tuvo un ritmo anualizado del 18%, el más bajo desde 2008, y en diciembre bajó al 1,2% mensual, lo que permitió que desde julio comenzaran a recuperarse los salarios reales. Este año –y los próximos– la desaceleración de la inflación continuará la marcha prevista por el Banco Central, lo que a su vez ayudará a mantener la recuperación de los salarios reales.

En el mediano plazo, volver a crecer sostenidamente implica nada más ni nada menos que volvernos más productivos. La capacidad de un país de mejorar las vidas de sus habitantes depende casi exclusivamente de incrementar el valor de su trabajo.

La principal forma de aumentar la productividad es invirtiendo, tanto en capital físico y humano como en infraestructura. La inversión necesita previsibilidad, es decir, reglas de juego estables y estabilidad económica. Y esto a su vez requiere un Estado atento y solvente, que sepa intervenir en los momentos en los cuales se lo necesita y no incurra en déficits fiscales sostenidos.

En materia fiscal, el Gobierno retomó el año pasado el camino de la sostenibilidad de largo plazo. En 2016, empezó a ordenar el gasto, después de varios años de expansión, gracias a menores subsidios y una desaceleración de sus erogaciones (por primera vez en mucho tiempo no creció más rápido que la inflación) y a pesar de bajar impuestos por 1,7 puntos del PBI (también es la primera vez en muchos años en que baja la presión tributaria).

El objetivo este año es cumplir con la meta de déficit primario de 4,2% que figura en el presupuesto, cuyas proyecciones, también por primera vez en mucho tiempo, son realistas y están basadas en datos confiables.

La previsibilidad de largo plazo, sin embargo, requiere más que esto. Por ello el Gobierno está trabajando en dos direcciones. La primera es un programa fiscal que permitirá seguir bajando el déficit
gradualmente pero sostenidamente. La semana pasada, el Ministerio de Hacienda presentó sus metas de política fiscal para los próximos tres años. Actualizó el sendero de reducción del déficit para los próximos años, e incluyó el impacto de la Ley de Reparación Histórica. El objetivo es reducir el déficit primario un punto por año, desde el 4,2% proyecto para 2017 a un déficit de 2,2% del PBI en 2019. 

Como el equilibrio fiscal requiere un salto de calidad en la eficacia del gasto público, estamos trabajando en una reformulación integral del presupuesto para los próximos años. Además, continuaremos reduciendo los subsidios: este año, la reducción de los subsidios nos permitirá ahorrar 0,9 puntos del PBI y priorizar las inversiones en infraestructura.

Hacienda incorporará, además, metas trimestrales, para dar mayor previsibilidad y permitir una mejor planificación del gasto por parte de todos los ministerios y lanzará la publicación de un nuevo reporte fiscal mensual en el cual el Estado informará sobre los subsidios a la energía y el transporte, las prestaciones sociales según cada programa y la obra pública. Esta trimestralización de las metas permitirá un seguimiento más profundo y detallado de la evolución de las cuentas públicas.

Otro foco importante del Gobierno será la reducción del costo de capital para la Nación, las provincias y las empresas argentinas, que ya está cerca de los niveles más bajos de su historia y puede seguir bajando, aún teniendo en cuenta las señales de volatilidad internacional. La historia argentina de los últimos 20 años muestra una relación clara entre los movimientos del riesgo soberano y los de la inversión, con alrededor de un trimestre de rezago. Desde 1994 hasta hoy, las variaciones anuales del EMBI+ Argentina (el principal índice para medir el ‘riesgo país’) y las variaciones anuales de la inversión bruta muestran un coeficiente de correlación negativo de 75%. Esto significa que las bajas en el riesgo soberano suelen estar asociadas con incrementos en la inversión. No se trata sólo de un fenómeno estadístico: una baja en el riesgo soberano significa una baja en el costo de financiamiento para toda la economía, lo que a su vez vuelve más rentables a las oportunidades de inversión.

El principal determinante del riesgo soberano es la capacidad de repago de la deuda pública percibida por el mercado. Por ello es imprescindible continuar el trabajo de reducción gradual del déficit fiscal hasta alcanzar el equilibrio presupuestario estructural. Así, en tanto la Argentina continúe en el sendero de normalización y consolide su crecimiento económico, el riesgo soberano seguirá bajando. Entonces, la disminución en el costo de financiamiento brindará un escenario más amigable para que la inversión ayude a motorizar el proceso de crecimiento sostenido indispensable para crear empleo formal y mejorar el nivel de vida de los argentinos.

A medida que se reduzca el déficit fiscal, el Gobierno buscará hacer más eficiente el sistema tributario, de forma de poder ir bajando gradualmente los impuestos más distorsivos. La intención es dinamizar el sector privado para así generar un crecimiento virtuoso que permita hacer más eficiente el gasto público. Vamos a encarar esta tarea de forma gradual, trabajando con todas las áreas de gobierno y con las provincias, para poder avanzar en esa dirección.

Asimismo, el Gobierno está buscando mejorar la legislación y ofrecer mejores incentivos a invertir e innovar. Un pilar importante de este proceso es el Acuerdo Productivo Nacional, una estrategia basada en el consenso entre el sector público y los representantes del mundo del trabajo y el sector empresario que busca generar empleos de calidad, federalizar la producción de bienes y servicios, insertar a la Argentina en las cadenas globales de valor y transformar la estructura productiva.

Este acuerdo contiene políticas transversales orientadas a mejorar la competitividad de toda la economía y políticas sectoriales para mitigar las fallas sistémicas, enfocadas en las necesidades y oportunidades puntuales de los diferentes sectores productivos. Las políticas sectoriales del Acuerdo Productivo están orientadas a remover los cuellos de botella y las fallas que impiden a algunos sectores productivos crecer, desarrollarse y ser competitivos.

Los frutos de la estrategia económica del Presidente Macri se irán viendo con el tiempo, pero dado que hay complementariedades entre las distintas inversiones, especialmente con la infraestructura, pero también con el capital humano, el proceso puesto en marcha es gradual y acumulativo.

CONCLUSIÓN

Este es el camino que el Gobierno está empezando a recorrer. Su intención es hacerlo lo más rápido posible, porque uno de cada tres argentinos hoy es pobre y no hay nada mejor que el crecimiento económico y el empleo formal para romper el círculo vicioso de la pobreza. Pero también es necesario tener paciencia, porque sabemos que, si volvemos a intentar atajos como en el pasado, se puede arruinar el trabajo de años.

Para convertirse en una economía moderna, desarrollada e inclusiva, la Argentina tiene que romper con la historia de recuperaciones cíclicas impulsadas por caídas del salario real. Por eso el Gobierno propone objetivos de crecimiento realizables y sostenibles, de entre 3% y 4% por año, construidos sobre la base del consenso y la participación de todos los sectores. Preferimos, si tuviéramos que elegir, años de crecimiento moderado pero bien repartido, en los que crezcan sistemáticamente la inversión y la productividad, antes que un par de años de crecimiento meteórico seguidos por una crisis que destruya el salario real y el empleo.

Por último, el contexto internacional presenta oportunidades y desafíos que exigen una estrategia coordinada en la formulación de las políticas públicas. La economía mundial hoy brinda el costo del financiamiento más bajo de la historia y términos de intercambio favorables, aun teniendo en cuenta las noticias de los últimos meses. El auge de las nuevas clases medias globales aumentó la demanda de alimentos procesados, turismo y servicios basados en conocimiento, donde el país tiene un fuerte potencial competitivo.

El gran reto es integrar a todos los argentinos a un sistema económico que les brinde oportunidades de desarrollo personal, bienestar material y trabajo con dignidad. Este objetivo parece lejano, pero si cada participante de la sociedad aporta lo mejor de sí mismo, con paciencia y perseverancia, evitando buscar euforias de corto plazo, es posible alcanzarlo.