El Gobierno asiste a diario a más de 5 millones de niños, niñas y adultos vulnerables a través de las provincias, comedores comunitarios, escolares, tarjetas alimentarias, huertas y granjas comunitarias. 

Lo hacemos a través de cooperativas y organizaciones de todo el país, independientemente de su origen político y con estrictos controles de transparencia. Trabajamos con organizaciones como Cáritas, RAE, Red Encuentro, Andando y Colectivo de a Pie, entre otras.

La mayor parte de esa asistencia se administra a través de un programa de Naciones Unidas que audita, controla y supervisa el funcionamiento de cada espacio.

El Gobierno lleva adelante una política social transparente que busca que cada persona cuente con las mismas oportunidades, sin clientelismo. Ya no hay intermediarios en el pago de los programas sociales. Cada beneficiario recibe el pago de ANSES en una cuenta bancaria personal e intransferible.

Además, fortalecimos el control sobre las cooperativas. En estos años dimos de baja más de 10.000 cooperativas por irregularidades. Y antes de cualquier pago a organizaciones o proveedores se verifica su situación ante la AFIP.

Aproximadamente el 50% del programa se co-gestiona a través de las provincias con un sistema de rendición y control presupuestario por el que solo habiendo debidamente rendido la ejecución se habilita el desembolso de la siguiente cuota.

Durante este año el gobierno destinó más de de 9.000 millones de pesos a los programas alimentario, de economía social, integración de barrios populares, políticas de infancia, género, juventud, etc. que se gestionaron en conjunto y a través de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.

En los últimos dos años más que duplicamos el monto de cada ración (60% en 2019 y 45% en 2018).