Ésta es una síntesis del anuncio de hoy del Presidente.

• El Gobierno firmó un decreto de necesidad y urgencia que le va a permitir a la Justicia recuperar más rápido los bienes obtenidos por delitos como narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y trata de personas.

• Esta decisión es parte de la lucha contra las mafias y el crimen organizado, que el Gobierno se puso como objetivo desde el primer día y que en estos años logró avances importantes, tanto en narcotráfico y lavado de dinero como en prevención e investigación de la corrupción.

• Se hace por DNU porque su aprobación es urgente, la Justicia necesita este mecanismo ya mismo y los proyectos para aprobarlo en el Congreso están estancados desde hace años.

• “Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente, y tienen que saber que hoy en la Argentina el que las hace las paga. Mi compromiso es seguir trabajando para que el ciudadano que se levanta todos los días para ir a trabajar reconozca que su esfuerzo vale”, dijo el presidente Macri cuando anunció la medida.

• Para combatir a las bandas criminales no alcanza con condenar a sus líderes. Es necesario también atacar su poder económico, para que no puedan continuar con sus actividades.

• La herramienta creada por el decreto (el Régimen de Extinción de Dominio) es otro paso más para que la Justicia pueda, además de condenar a los responsables de un delito, reparar el daño generado a la sociedad.

• Hasta hoy la justicia ya contaba con instrumentos para recuperar bienes, pero era un trámite lento y que sólo empezaba, en la mayoría de los casos, después de concluido el proceso penal.

• Con este esquema estamos creando una nueva fiscalía especial (la Procuración de Extinción de Dominio) que podrá investigar el origen de los bienes obtenidos a través de actividades delictivas. Y en paralelo al avance del proceso penal. Si sus titulares no pueden justificar su origen, se podrá avanzar con la extinción.

• El dinero recuperado se podrá destinar a financiar políticas de Gobierno o adquirir bienes para mejorar las fuerzas de seguridad y así prevenir otros delitos.

• Ahora, la justicia civil podrá ocuparse de recuperar los bienes obtenidos gracias a delitos. Y la justicia penal podrá enfocarse en investigar y probar quiénes son  responsables de dichos crímenes.

• Actualmente hay casi 20.000 millones de pesos en proceso de ser recuperados, en causas penales que ya están en proceso. Pero el monto de dinero ilícito que se podría recuperar gracias a la aprobación de este mecanismo es varias veces superior.

• Muchos de los bienes en proceso están bajo custodia o son administrados por el Estado, lo que implica esfuerzos y costos que podrían evitarse. Campos, casas, vehículos o hasta obras de arte se podrían subastar y destinar a políticas públicas combate el combate a las adicciones o el fortalecimiento de la justicia.

• Para diseñar este régimen tuvimos en cuenta la experiencia positiva de varios países, como Colombia, México, España, Suiza, Estados Unidos y Alemania, entre otros. También se incorporaron ideas de los proyectos que presentaron otros bloques parlamentarios en el Congreso.

• El régimen de extinción de dominio se suma a otras leyes e iniciativas que impulsamos durante estos años y que están ayudando a la Justicia a avanzar en la lucha contra delitos complejos, como la Ley del Arrepentido y la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria.