Ésta es una síntesis de los avances impulsados por el Gobierno Nacional en materia de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción en el Estado.
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En estos dos años y medio, el Gobierno promovió una agenda de reformas urgente e integral para hacer más transparente la gestión del Estado, hacer más difícil y más visible la corrupción, incrementar los mecanismos de control y publicar estadísticas e información confiables sobre la gestión. Esta agenda de transparencia y lucha contra la corrupción es una política de Estado del Presidente Macri.
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Gracias a este impulso se lograron avances y reformas importantes. Estamos en el camino correcto, pero la agenda de integridad y lucha contra la corrupción debe ser actualizada permanentemente.
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Se aprobaron las leyes de Arrepentido para los Casos de Corrupción y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (fundamentales para agilizar las investigaciones sobre corrupción) y la Ley de Acceso a la Información Pública, que puso al servicio de la población la información del Estado. Y se impulsó la Ley de Extinción de Dominio, que permitirá recuperar el dinero obtenido por la corrupción, tiene media sanción y está siendo debatida en el Senado.
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Se crearon nuevos procesos de licitación de obras, más transparentes, que multiplicaron la cantidad de ofertas y permitieron mejores precios para el Estado. El kilómetro de autopista cuesta ahora la mitad que en el período anterior. En licitaciones de medicamentos, el PAMI logró ahorros de más del 80%.
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Se crearon (por primera vez) reglas sobre conflictos de intereses de los funcionarios de Gobierno, se mejoró el control de sus declaraciones juradas patrimoniales y se prohibió a los ministros tener familiares en el Estado. La OA administra cada año más de 45.000 declaraciones juradas y verifica el contenido de las declaraciones juradas de 1.500 funcionarios del más alto rango de la administración central.
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Impulsamos la digitalización del Estado, porque el papel favorece la discrecionalidad y la corrupción. Desde 2016 se generalizó el uso del expediente electrónico y el año pasado se crearon sistemas electrónicos de compras y contrataciones que ya procesaron operaciones por más de 100.000 millones de pesos.
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La política de Gobierno Abierto está abriendo los datos del Estado del Estado para que pueda ser controlado por la sociedad civil. En los últimos dos años, la Argentina ascendió del puesto 54° al 17° en el índice Global de Datos Abiertos.
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Recuperamos el INDEC y las estadísticas públicas de diversos ministerios, que habían sido abandonadas o intervenidas.
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Estos avances ya están produciendo resultados. Desde 2015, la Argentina ascendió 21 puestos en el ranking internacional de percepción de corrupción, desde el puesto 107° al 85°, sobre 176 países. Es la primera vez desde que existe este ránking que la Argentina está en la primera mitad de la tabla.
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Algunos de estos avances están incluidos en el proyecto de Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que será presentado al Congreso para ser debatido este año.
Algunos de los avances obtenidos:
Más información, en la Carta de Jefatura de Gabinete sobre Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.