Ésta es una síntesis del proyecto.

• El miércoles, un grupo de diputados de Cambiemos presentó en el Congreso un proyecto de ley para avanzar en la integración social y urbana de los barrios populares.

• El proyecto propone varias medidas para la nueva etapa del programa. Dos de las principales son: 1) declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles que componen el Registro Nacional de Barrios Populares; 2) suspender los desalojos por dos años.

• El proyecto es un nuevo paso en un programa que empezó hace dos años con la intención de conocer la realidad de los asentamientos populares. Hasta hoy no existían registros de cuántos asentamientos hay en la Argentina, cuántas personas viven en ellos ni con qué servicios básicos cuentan o a qué programas sociales acceden. Este es el primer gobierno de la historia del país que se toma en serio integralmente esta situación y trazar una hoja de ruta de largo plazo.

• Con esa información, que mostró que más de 3 millones de argentinos viven en asentamientos informales, el Gobierno Nacional propone un camino que incluye el desarrollo de infraestructura pública y de servicios, el fortalecimiento de las comunidades locales, la integración de estos barrios a las ciudades a las que pertenecen y, finalmente, la posibilidad de sus habitantes de adquirir y acceder a las viviendas donde viven, en algunos casos hace décadas.

• En el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, iniciado en 2016, identificamos y mapeamos los perímetros de todos los barrios populares del país y los visitamos, casa por casa, junto a los vecinos.

• Después del relevamiento creamos el “Certificado de Vivienda Familiar”, un instrumento que entrega ANSES y permite a las familias de estos barrios acceder a mejores servicios. Ya se entregaron unos 100.000 certificados.

• Con este proyecto nos proponemos avanzar en un abordaje integral que va más allá de la regulación de la propiedad de esos terrenos o su urbanización. El proyecto también prevé que el trabajo en cada barrio será un esfuerzo conjunto del Gobierno Nacional con las provincias y municipios correspondientes.

• Se trata de una transformación más profunda para estas familias, que viven en las villas en un estado de vulnerabilidad, porque es un paso a la integración real y definitiva, es la posibilidad concreta de acceder a los servicios de agua, luz, asfalto, salud, a un domicilio.

• Es mucho más profundo que la obra de infraestructura en sí, tiene que ver con derechos muy básicos que tenemos todas las personas y que el Presidente quiere que tengamos todos.

DATOS DEL RELEVAMIENTO

• Un barrio popular es un barrio donde viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos (o más) de los servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal.

• El Relevamiento de Barrios Populares identificó 4.228 de estos barrios, con distintos grados de precariedad y hacinamiento. Sumados, cubren una superficie de 415,5 kilómetros cuadrados, el doble de la Ciudad de Buenos Aires. En ellos viven alrededor de 3,5 millones de personas.

• Más de la mitad de los barrios nacieron antes del año 2000 mientras que casi un cuarto del total son posteriores a 2010:

• 94% no cuenta con acceso formal a la red de Agua Corriente

• 99% no cuenta con acceso formal a la Red Cloacal

• 71%  no cuenta con acceso formal a la red de Energía Eléctrica

• 98% no cuenta con acceso formal a la red de Gas Natural

• 31% se calefacciona con energía eléctrica

• En los Barrios Populares, el 38% de los vecinos son niños o jóvenes de hasta 20 años y el 3% son mayores de 65 años.