Ésta es la nota de Fabiana Túñez, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, publicada hoy en La Nación.
Hacia una sociedad más justa
Para quienes venimos transitando hace décadas los caminos de la lucha por la igualdad de oportunidades y derechos entre varones y mujeres este 8 de marzo representa, sin dudas, un punto de inflexión. Es un Día Internacional de las Mujeres en el que poco se habla de los descuentos en productos de belleza o artículos de consumo "femenino" y mucho se discute, argumenta y visibiliza la desigualdad estructural y cómo nos afecta a las mujeres.
En todo el mundo, el movimiento de mujeres y la sociedad en su conjunto están poniendo en agenda temas que hasta hace no mucho tiempo eran relegados, o peor aún, silenciados: desde la inequidad en la distribución del trabajo doméstico y las barreras de acceso a los puestos de decisión, hasta el acoso sexual. La agenda feminista -ese movimiento heterogéneo que aspira a que tengamos una sociedad más justa a partir de reconocer y denunciar la subordinación de las mujeres- dejó de estar circunscripta a círculos académicos y es hoy debatida en los medios de comunicación, las escuelas y los hogares.
En la Argentina, esta reflexión colectiva viene de la mano de innovaciones políticas y legislativas inéditas. Si bien en nuestro país los desafíos que impone la desigualdad son muchos y sus consecuencias sumamente dolorosas -basta recordar que la violencia contra las mujeres sigue cobrándose la vida de una argentina cada 30 horas-, hay un cambio que se está dando. Una realidad que se evidencia no solo con discursos, sino con hechos que lo demuestran.
La adopción de la ley de paridad en noviembre de 2017, con el consenso de todos los partidos es un claro ejemplo. La jerarquización del mecanismo nacional para la promoción de la igualdad de género luego de 25 años y su consecuente aumento de presupuesto -el Instituto Nacional de las Mujeres cuenta para 2018 con un presupuesto récord de 211 millones de pesos, lo que representa cerca de un 30% de aumento respecto de 2017- es un signo inequívoco de la voluntad política de poner en agenda las políticas públicas de género. De igual manera lo expresa la implementación del primer Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres que ha movilizado en su año inicial de ejecución más de 700 millones de pesos a través de acciones articuladas de distintos ministerios nacionales, que han rendido cuentas a la sociedad civil sobre este tema a través del III Plan de Acción de Gobierno Abierto.
Por primera vez, estamos dando pasos concretos para abordar y erradicar la brecha salarial, generando también políticas públicas integrales que apunten a promover la corresponsabilidad -como la extensión de las licencias parentales - y la provisión de servicios de cuidado como lo es el Plan Nacional de Primera Infancia.
Y no es menor que estemos dando estos pasos a partir de una premisa fundamental: reconocer la realidad y actuar a partir de la verdad. En este contexto, la convocatoria del Presidente de la Nación al Congreso a dar un debate serio y responsable sobre la despenalización del aborto, también es un logro histórico.
Sabemos que aún falta mucho, sabemos que todavía hay mucho más por hacer. Por eso, este 8 de marzo seguiremos trabajando en equipo por, para y con las mujeres de todo el país, para que más conquistas de las mujeres se traduzcan en mejoras para toda nuestra sociedad.
