Ésta es una síntesis del decreto firmado por el Presidente.

Resumen ejecutivo

• Dentro del esquema de “reforma permanente” que impulsa el presidente Macri, la desburocratización y la simplificación de los procesos del Estado son dos ejes de acción fundamentales. A veces se trata de cambios poco visibles, que no generan anuncios o grandes titulares, otras son iniciativas de mayor escala, y ayudan todos los días a mejorar el funcionamiento del Estado y su relación con los ciudadanos y el sector productivo.
  
  
• Como parte de ese impulso, el Gobierno les pidió el año pasado a los distintos ministerios que identificaran trabas (leyes, decretos y todo tipo de regulaciones innecesarias) que entorpecieran la labor del Estado y la competitividad de sus sectores.
  
  
• Las autoridades de las distintas áreas revisaron durante meses las normas vigentes y encontraron casos de 1) regulaciones antiguas que habían perdido su razón de ser, 2) normas que, por un exceso de celo o control, obstaculizaban y frenaban procesos internos o la competitividad de la economía, y 3) procesos de aprobación o autorización excesivamente complejos.
  
  
• El resultado de ese trabajo es el decreto que se publica mañana, cuya urgencia se explica por la necesidad de remover estas trabas lo antes posible, porque afectan la capacidad del Estado Nacional de hacer bien su trabajo. Y cuyo objetivo es avanzar avanzar hacia un funcionamiento dinámico y eficaz de la gestión pública, destinado a incentivar la inversión, el empleo y la inclusión social.
  
  
• El decreto agrupa 170 medidas en 22 capítulos, en las áreas de gestión de ocho ministerios (Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía), dos organismos descentralizados (la AABE y la ANSES) y el Banco Central. Estas medidas introducen unas 140 modificaciones en leyes o decretos y derogan otras 19 leyes o decretos.
  
  
• Algunas de la normas eliminadas fueron creadas hace décadas y varias de ellas habían sido aprobadas por gobiernos de facto. Un ejemplo que cumple con ambas condiciones es el Registro Industrial de la Nación (RIN), creado en 1972, que exigía la inscripción de todas las industrias sin ningún beneficio claro a cambio. El RIN deja de existir tras la publicación del decreto.
  
  
• Otros cambios son la simplificación del proceso para importar y exportar obras de arte, algo que pedían desde hace años artistas, coleccionistas, galeristas y museos. También se permite al FGS, el fondo que custodia los ahorros del sistema previsional, aprovechar herramientas financieras contemporáneas, como la creación de fideicomisos, para potenciar y extender los créditos Argenta. El OCCOVI, que supervisaba la red de concesiones viales, se fusiona dentro de la Dirección Nacional de Vialidad, para generar una estructura más adecuada a los nuevos proyectos de participación público-privada. Y se derogan normas de sanidad agroalimentaria que venían del siglo XIX y se simplifican y aceleran los procesos para obtener marcas y patentes, entre otras muchas medidas.
  
  

A continuación, algunas de las medidas incluidas en el decreto:

PRODUCCIÓN

Registro Industrial de la Nación. El RIN se creó en 1972 con el objetivo de tener una radiografía del sector industrial y mejorar el diseño de las políticas públicas. Ese objetivo nunca se cumplió: el RIN tiene hoy 1.700 empresas cuando hay cerca de 110.000 empresas industriales en el país, poco más del 1%. Al mismo tiempo, otras dependencias, como AFIP e INDEC, tienen datos más completos sobre este universo.

Aun así, el trámite de inscripción en el RIN se mantuvo en el tiempo y se transformó en un dolor de cabeza para las industrias que querían acceder a beneficios del Estado, como el bono de bienes de capital o el Programa de Desarrollo de Proveedores. El trámite de inscripción, además, duraba ocho meses y exigía presentar información que el Estado ya tenía en otros organismos, como el estatuto societario o la habilitación municipal. Luego, una vez otorgado el certificado, las empresas debían volver a presentarlo a la misma oficina original que se lo había entregado. Ahora eliminamos el RIN, porque no tiene utilidad alguna y obligaba a las industrias a un trámite extra.

Régimen Automotor Argentino. Se elimina la necesidad de que el Presidente de la Nación autorice la instalación de nuevas terminales automotrices o si hay un cambio de dueños. La Ley 21.932, de enero de 1979, creó la base reglamentaria del Régimen Automotriz Argentino, que fijaba la necesidad de un decreto presidencial para abrir una nueva planta. De ahora en más, quien quiera producir autos en la Argentina podrá hacerlo sin una autorización presidencial. Menos trámites para generar empleo.

La normativa actual de homologaciones vehiculares, de 1995, exige solvencia industrial y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad vehicular y ambientales para vender vehículos en el país. Seguir estos pasos ya asegura un estándar elevado de calidad, que hacen innecesaria la autorización del Poder Ejecutivo Nacional.

Marcas y patentes. Se simplifica y se hace más rápido el proceso para obtener marcas y patentes en lo que hace a los formatos de presentación. Por ejemplo, se permite presentar dibujos digitales o fotografías. Y se podrá resolver sin ir a la justicia, en 60 días, controversias que antes podían durar entre tres y cinco años.

CULTURA

Circulación internacional de obras de arte. Hasta hoy, el movimiento internacional de obras de arte, para participar de muestras, vender a compradores extranjeros o prestar a museos, era sumamente engorroso. La reglamentación exigía no solo el pedido ante el Ministerio de Cultura sino también trámites aduaneros excesivos que solo podían hacerse en el Aeropuerto de Ezeiza (incluso si las obras partían desde otro lado), con anticipación y en horarios restringidos.

Artistas o galeristas debían recurrir a escribanos que certificaran las obras a exportar. Y pese a cumplir con ello quedaban sujetos al arbitrio final de funcionarios de la Aduana, que podían aprobar o no la operación. Turistas compradores de arte argentino se veían forzados a dejar las obras en el país e involucrar a despachantes, fletes y transportes internacionales. Por todo esto, entre 2011 y 2015 las exportaciones argentinas de arte disminuyeron un 73%, mientras que en el mundo aumentaron un 48%.

En el DNU se simplifican los trámites y se reducen las prerrogativas estatales ante artistas, galeristas y otros exportadores e importadores de arte. Se podrán exportar hasta quince obras de arte como equipaje acompañado, sin mayor trámite que un Aviso de Exportación ante el Ministerio de Cultura (o una licencia especial, en el caso de obras de autores muertos más de cincuenta años antes).

El Estado, además, deja de tener la la opción de compra para obras de autores vivos o fallecidos dentro de los 50 años precedentes. Para el caso de obras de autores fallecidos antes que eso, el nuevo régimen busca proteger los intereses de los particulares, restringiendo los plazos de los que dispone el Estado para manifestar su interés, concretar compras de obras de arte o completar los pagos correspondientes.

TRANSPORTE

El Ministerio de Transporte propone modificaciones en las áreas de aviación comercial, puertos y tránsito y seguridad Vial. En primer lugar, unifica la prestación de servicio de tráfico aéreo en la empresa estatal EANA (actualmente existen dos prestadores: EANA y el Ministerio de Defensa). De esta manera, se incorporan nueve aeropuertos al sistema de control de tráfico aéreo de EANA (Tandil, El Palomar, Reconquista, Villa Reynolds, Moreno, Río Cuarto, Termas de Río Hondo, Río Gallegos y Sauce Viejo).

Tránsito y Seguridad Vial. Se habilita el aumento de la capacidad de los camiones y se permite el uso de los llamados “bitrenes”, formaciones compuestas por un camión y dos remolques. Estas formaciones permiten transportar más carga, ahorrar tiempo e incrementar la productividad del transporte.  En total, permiten reducir costos logísticos en más de 20%.

Además, se modifica el decreto que reglamenta la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. Entre los puntos más significativos:

• Se regula la circulación de cuatriciclos (se los caracteriza, se le solicitan requisitos de seguridad específicos y circulación circunscripta a terrenos públicos delimitados por autoridades locales), algo reclamado durante años.
• Se incorpora a la Ley vehículos eléctricos de fabricación nacional (incluye bicicleta con pedaleo asistido).
• Se quita exclusividad de circulación vial y preferencias de estacionamientos a funcionarios públicos tanto de nivel nacional como provincial, dado que eran privilegios injustificados.
• Mientras que antes había dos licencias nacionales de conducir (una para todos y otra para conductores profesionales) emitidas por dos organismos distintos, ahora ambas se unifican en la Agencia de Seguridad Vial lo que permite cruzar bases de datos de infractores, inhabilitados etc, mejorando el control en el proceso.

Puertos. Se elimina la necesidad de un decreto presidencial para habilitar puertos. Actualmente, muchos puertos públicos, construidos y/o licitados por el Estado nacional, no se encuentran habilitados. De los 31 puertos públicos existentes, sólo han sido habilitados siete. Con esta medida, se agiliza el proceso de habilitación para los puertos públicos y particulares con trámite avanzado y, para el resto, pasa a depender del Ministerio de Transporte.

AGROINDUSTRIA / SENASA

Un tercio de las normas sobre sanidad y calidad agroalimentaria están desactualizadas. Son más de 50 normas que vamos a actualizar o derogar porque ya no aplican. En este DNU eliminamos normas obsoletas como tres leyes y dos decretos que ya no tienen utilidad, algunos con fechas como 1888, 1891 o 1898, sobre enfermedades exóticas en animales o la lucha contra la plaga de langostas.

MODERNIZACIÓN

Establece que los expedientes digitales tienen la misma validez que un expediente en papel u otro formato para todo el país, en todos los niveles administrativos. Y hace obligatorio el uso de expediente electrónico para los oficios judiciales en todo el Sector Público Nacional, entre otras medidas.

AABE

Se deroga la Ley de Abastecimiento, de octubre de 1952, que permitía y promovía la producción agropecuaria e industrial por parte del Ejército Argentino, para que pudiera autoabastecerse en caso de un conflicto bélico. De ahora en más, los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que podrá decidir cuál es la mejor manera de aprovecharlos.

FGS

Se le dan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el fondo que administra los ahorros de la ANSES, herramientas e instrumentos ágiles y apropiados para invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas, sin dejar de privilegiar el fin social para el que fue creado. Por ejemplo, ahora el FGS podrá crear fideicomisos.

El objetivo de esta modificación es que el FGS pueda invertir el dinero del sistema previsional con la mayor eficacia posible. Esto incluye desarrollar sistemas para expandir el programa de créditos ARGENTA, que otorgó casi cuatro millones de créditos a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares por más de 70.000 millones de pesos.

LICITACIONES

Para agilizar las licitaciones de obra pública, los llamados iniciales ya no tendrán que publicarse, además de en el Boletín Oficial de la República Argentina, también en los boletines oficiales de las provincias y/o municipios afectados. Alcanzará con el boletín oficial nacional y en el sitio web del organismo que licita. También se reducen de diez a cinco los días de anticipación para publicar licitaciones de hasta 100 millones de pesos.

SOCIEDADES

El Código Civil y Comercial establece la obligación de que las sociedades comerciales presenten de manera encuadernada sus libros contables. Se elimina esta obligación. Pueden ser reemplazados por libros digitales. Se introducen también cambios en la Ley de Sociedades para avanzar en la transparencia en línea con las recomendaciones del GAFI y la OCDE.

ENERGÍA

Los reclamos por servicio ante el Enargas podrán hacerse en cada provincia. Antes solo se podían hacer en la Ciudad de Buenos Aires.

TRABAJO

En el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) se publican las sanciones por informalidad laboral y otros conflictos laborales. El DNU reduce la sanción de inscripción en el REPSAL a 30 días (hoy puede ser de hasta 120 días). Además, obliga al REPSAL a dar una respuesta más rápida. Esto permitirá a las empresas sancionadas regularizar su situación con más velocidad.