Este es un resumen de las declaraciones de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, al respecto de la situación del Plan Nacional de Discapacidad y las pensiones no contributivas.
Gabriela Michetti
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Este es un Gobierno que tiene absoluta conciencia de la cuestión de la discapacidad, y la vicepresidenta de la Nación lo va a liderar con un compromiso absolutamente arraigado al corazón porque nadie desconoce el tema, y porque yo misma he pasado por una situación, que me hace, hoy, ser una persona con discapacidad.
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Hace menos de un mes, el Gobierno lanzó – con sus máximas autoridades a la cabeza – con el Presidente y la vicepresidenta, un Plan Nacional para la Discapacidad. Fue la primera vez en la historia de la Argentina que se decide desde el Estado, hacer una política sobre la discapacidad para construir entre todos un plan, que tenga que ver con las provincias, los municipios, las ONGs, las empresas y la responsabilidad empresarias.
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Vamos a hacer una política que nos permita que la discapacidad en la Argentina sea atendida como debe ser: en el marco de la Convención para las Personas con Discapacidad, que se discutió en las Naciones Unidas, y que la Argentina la tiene ratificada como ley de su país, ley nuestra y esa convención nos rige.
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Una política importante que va a tener el plan es que en todo el país pase lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires: cualquier persona con discapacidad, o cualquier mamá o papá que tiene un niño con discapacidad, no importa en qué lugar del país, pueda acceder rápidamente a ese certificado; si la discapacidad es para toda la vida, que no se lo hagan renovar por cinco años, porque – por ejemplo – a mí me lo hacen renovar cada cinco años y yo tengo una lesión medular que no se va a arreglar. Entonces, todo eso es lo que tenemos que hacer y todo eso no se ha hecho, en todos estos años y ya estamos en el 2017, del siglo XXI.
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Sobre las pensiones no contributivas, cuando se empieza analizar, se empieza a ver serias irregularidades, que obviamente tienen el tono de la corrupción.
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Si ese dinero tiene que ir a las personas con discapacidad no puede estar en manos de personas que cobran por un muerto. Es decir, hay 8.000 personas muertas que se encontraron que tenían una pensión no contributiva. Eran pensiones que se cobraban por otro lado, porque alguien se las llevaba, se llevaban esa plata y se seguían cobrando.
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Se encontró un pueblo en Córdoba, que tenía 1.800 pensiones y el pueblo sólo tiene 800 habitantes; se encontraron personas, que no tienen ninguna discapacidad, que son profesionales médicos, que tenían una pensión no contributiva.
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Ante esta situación el ministerio dijo que no podía ser que este dinero vaya a cualquier lado y que siga con esta lógica de desmadre.
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En definitiva lo que se buscó fue sacar ese dinero que se iba a la corrupción y a personas que cobraban las pensiones sin merecerlas, y ponerlo en función de la discapacidad. El objetivo del trabajo era ese: que ese dinero pudiera ser aplicado a la persona que lo necesita.
Carolina Stanley
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Lo primero que queremos es transmitir tranquilidad. Hay un millón y medio de familias que reciben una pensión en la Argentina y la van a seguir cobrando.
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Todas aquellas personas que tienen discapacidad y que, por error de aplicación de criterio, pueden haberse quedado sin cobrar la pensión en este último cobro, la van a estar recibiendo nuevamente la semana que viene.