Entrevista realizada a Andrés Ibarra, Ministro de Modernización.

¿Cuánto dinero se necesita para modernizar el Estado?

El año pasado, se invirtieron unos 500 millones de pesos en los diferentes desarrollos de sistemas, expediente electrónico, compras on line, conectividad, y en el proyecto de País Digital para llevar internet a los municipios del país. Este año tenemos 1.000 millones. Si seguimos a este ritmo llegamos a un Estado de 7 u 8 puntos. Tampoco voy a plantear un Estado de fantasía, Suecia, Finlandia, improbable para nosotros. Pero con llegar a ese nivel la gente se va a sorprender, va a ser un cambio enorme.

¿Qué país toman como modelo de modernización?

Tomamos experiencias de muchos países para armar nuestro plan de modernización. La construcción de identidad digital (un perfil de usuario seguro que permita hacer todos los trámites con el Estado desde cualquier dispositivo) de los países nórdicos; todo el tema del salto tecnológico lo estamos estudiando del sudeste asiático y de países como Estonia y Georgia; con el tema del empleo público miramos las cosas de España; tomamos desarrollo hechos en Chile como "País Digital" y su sistema de compras; también lo que hizo la agencia de Sistemas de Uruguay con el DNI digital y su sistema de computadoras por alumno.

¿Cuál es el objetivo de máxima?

El compromiso federal de Modernización del Estado es crear Interoperatividad. Que cualquier trámite se pueda hacer con otra provincia. Por ejemplo yo estoy en Jujuy y hago mi trámite en Tierra del Fuego. Se llama gobierno electrónico, para eso hay que crear una red digital que permita hacer todo de manera segura: desde un turno para ir a un hospital, un reclamo por el árbol hasta abrir una empresa o un pedido de exportación. Y tiene que poder hacerse en provincias y municipios, no sólo a través del Estado nacional.

Todo eso parece destinado a un sector de la población, pero hay otro que ni siquiera tiene acceso un trámite en papel. Sin DNI, sin agua, sin caminos, analfabetos digitales, que parecen afuera de todo eso.

Ese sector de la población marginada en todo sentido es nuestra primera preocupación. Para eso creamos una plataforma digital que permite acceder al Primer Registro Nacional de Barrios Populares. Por primera vez censamos a los vecinos de las 4.100 villas y asentamientos precarios de todo el país. A partir de eso les damos un certificado de domicilio (los primeros se entregaron la semana pasada) válido ante cualquier autoridad pública o privada, para que puedan solicitar servicios públicos, sacar un CUIL, pedir un empleo, prestaciones de salud, previsionales, educativas. Lo que estamos haciendo es progresista e innovador. Primero había que llegar y saber qué necesitaban. En paralelo vamos por la inclusión digital de 10 millones de argentinos que no tienen Internet. Abrimos 300 puntos digitales en el país (similares a las postas digitales de la Ciudad de Buenos Aires) desarrollando plataformas, cursos de oficios, enseñando a armar un CV, portales de empleo, con foco en jóvenes y adultos mayores. Los municipios de menos de 10.000 habitantes no tenían ni una pagina web, Internet, correo electrónico. Hoy, ya le dimos alguno de esos instrumentos a 500 municipios. Tenemos que llegar al último escalón, donde el vecino pueda tener wi fi gratis gracias a nosotros.

¿Cuántos empleados públicos hay hoy en la Argentina?

Hay cerca de tres millones y medio, un millón más que hace una década. De esa cifra, en el Estado nacional hay 750.000 y en la administración pública central, de ministerios y organismos, 210.000.

¿Busca achicar el Estado, como dice el kirchnerismo o algunos gremios?

No. Creo que lo peor que hizo la mala política en los últimos diez años, pero antes también, es equivocar el rol del empleado público, y creer que corporativizando el tema le hacían un favor. Cuando uno mete ñoquis en el Estado perjudica al propio empleado público, no le da la oportunidad de destacarse y hacer carrera. Cuando hablamos de cumplimiento de objetivos y presentismo, hablamos de jerarquizar al empleo público, de que el que cada uno tenga una función, y si la cumple va a crecer y ganar más. La sociedad delega poder en el Estado para que preste un servicio, no para beneficiar al que trabaja adentro. Al revés, el que trabaja adentro tiene que beneficiar al que está afuera. Acá heredamos una mirada totalmente equivocada. Queremos que el empleado público recupere la credibilidad de la sociedad, conozco miles de empleados públicos con un compromiso espectacular con el Estado y con la ciudadanía, que valoran el concepto de servicio civil o servicio público.

Otra crítica es que la tarea de este Ministerio es poco útil, digamos que es la que menos se ve.

Lo rechazo de plano. Si yo le doy a Desarrollo Social una plataforma para que el subsidio llegue más rápido a la gente y lo reciba el que realmente lo necesita, estoy cumpliendo una función social, aunque mi parte no se vea.