Estos son los puntos salientes de la entrevista que dio el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, en radio Mitre.
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La responsabilidad inicial de destrabar el caso Odebrecht lamentablemente está en manos de la Procuración. Debiera ser Gils Carbó, que ya ha tenido una actuación poco clara en otros casos de corrupción que afectaban al kirchnerismo a la hora de avanzar en su rol como jefa de los fiscales.
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El Gobierno quiere que esta investigación avance rápidamente. El interés del presidente es que esto se sepa lo antes posible y del modo más transparente posible. Nos ha dado la orden de avanzar hasta las últimas consecuencias. Quiere que en esto no haya ningún tipo de miramiento.
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En esa línea estamos tratando de que la Procuración pueda avanzar y si no que lo hagan los jueces.
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En esa línea también va la denuncia que presentó Arribas. En una declaración bastante extraña, se lo volvía a vincular al caso y él pidió para que esto se esclareciera y que estas personas fueran trasladadas a la Argentina.
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Más allá de las cuestiones partidarias o de militancia, la crítica inicial que le hemos hecho a la procuradora es que no ha habido nunca voluntad de avanzar en las investigaciones ni de corrupción ni de criminalidad común u ordinaria.
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Es más, algunos podrían pensar que ha boicoteado estas cuestiones y hay casos judiciales en donde se investiga esta situación. Estamos frente a una situación inédita, de una procuradora investigada por sus propios fiscales, es una situación institucionalmente muy compleja.
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En la Argentina la ley del arrepentido podría aplicarse a este caso. Del mismo modo podrían aplicarse herramientas anteriores que existen, como la suspensión del juicio a prueba, pero tiene que aparecer la persona de carne y hueso y no la empresa como ente abstracto a contar estas cosas.
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Hay que tener en cuenta que en la Argentina las personas jurídicas, las empresas, no pueden ser investigadas penalmente. Con Laura Alonso presentamos un proyecto al Congreso para que sí puedan ser investigadas penalmente. Recién ahora empezó a tratarse en comisión.
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Hay muchos sectores que han quedado involucrados en estas maniobras, creo que es algo bastante transversal a varios sectores de la clase política y esto genera impedimentos.
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El hecho de que no se trate la ley de responsabilidad penal empresaria o de la ley de extinción de dominio marca que muchos jueces no avancen con las investigaciones, o que muchas investigaciones se traben y no vayan a juicio.
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Transversalmente vemos que hay sectores del peronismo que no terminan de colaborar en el proceso de sanción de leyes. Más allá de que pueda haber lobby de empresas y de distintos sectores, creemos que es necesario un empuje en el Congreso para sancionar estas leyes de responsabilidad penal empresarial y la extinción de dominio.
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Y, por otro lado, es necesario un avance de la Justicia para que estos casos lleguen a juicio y nosotros podamos ver realmente que pasó en la Argentina con tantos miles de millones cuyo destino desconocemos y sospechamos.