Estos son unos comentarios sobre el acuerdo entre Correo Argentino S.A. y sus acreedores, basada en información propia y en entrevistas radiales de Juan Mocoroa, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones.

• Lo más importante es que no hay ninguna condonación. Para que exista una condonación tiene que haber una quita del capital que paga la empresa a sus acreedores. Y el Gobierno no aceptó ninguna quita. Por el contrario, la empresa le va a pagar al Estado el 100% del capital verificado, de 296 millones de pesos.

• El año pasado, Correo Argentino S.A. se comprometió a pagar el monto original más un interés del 7% anual en 15 cuotas. El monto total de lo que va a pagar es de cerca de $600 millones. El acuerdo se hizo en una audiencia pública, con la presencia de dos camaristas, fue refrendado por síndicos independientes y ahora espera a ser convalidado judicialmente.

• El acuerdo le permite al Estado cobrar una deuda que, después de 15 años de inacción, parecía perdida. Los $600 millones conseguidos se podrán invertir en obras públicas y programas sociales.

• La cronología del caso empieza en 2001, cuando Correo Argentino pidió su concurso de acreedores, y sigue en 2003, cuando el Gobierno le quitó la concesión del correo oficial. Se verificaron entonces las deudas de la empresa, un tercio de las cuales eran con el Estado Nacional. En los 12 años siguientes no hubo acuerdo, lo que contribuyó a licuar las acreencias del Estado.

• Una aclaración sobre la actualización del monto. La ley dice que las deudas de las empresas concursadas, una vez que han sido verificadas, dejan de pagar interés. Sí se puede aplicar un interés a los planes de pago ofrecidos por las empresas, como es el de este caso.

 

El rol del Presidente

• No intervino ni intervendrá en ningún tema vinculado a empresas familiares, incluido el Correo Argentino. En este caso, por una decisión tomada en la gestión anterior por la Procuración del Tesoro de la Nación (jefatura de abogados del Estado), interviene la Secretaría (ahora ministerio) de Comunicaciones.

• La Justicia debe ahora decidir si acepta los acuerdos para que todos los acreedores que acordaron (600 particulares y el Estado, en mejores condiciones), puedan cobrar y sus créditos dejen de depreciarse por inflación.

• El gobierno espera la decisión de la Justicia e informará con todos los elementos a los presidentes de los bloques del Congreso.

Laura Alonso, sobre el rol de la Oficina Anticorrupción:

• “A partir de los dictámenes publicados por la fiscal Boquín, en los que se hace alusión a la Ley de Ética Pública, decidimos abrir una actuación y se empezarán a librar los oficios correspondientes”.

• Sobre si el acuerdo implica un conflicto de intereses: “Hasta que no conozcamos el expediente completo sería irresponsable adelantar una opinión".

Oscar Aguad, sobre la propuesta:

• “Estamos resolviendo algo que no se solucionó en el gobierno anterior y que ya le ocasionó pérdidas al Estado producto de la desvalorización por inflación del crédito original de 296 millones de pesos. Acá se han perdido millones de pesos”.

• En el marco de un proceso judicial en marcha, hemos hecho una propuesta de acuerdo que todavía tiene que homologar la Cámara. Nuestra propuesta incluye un plan de pago y el cobro total de la deuda verificada en 2003 (más intereses que llevan el monto final a más de 600 millones).

• Además del Estado Nacional, el concurso preventivo de la empresa tiene otros 600 acreedores. El 80% de ellos votó a favor de la propuesta.

Oscar González, sobre las negociaciones:

• Fue mala la estrategia del gobierno anterior de no impulsar un acuerdo con el Correo. Tiene que quedar claro que estamos cobrando y no perdonando una deuda.

• Por las normas propias del concurso preventivo, el Estado verificó un crédito que quedó congelado durante casi 14 años, en los que no se realizaron gestiones adecuadas para cobrarle al Correo esa deuda.