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Vamos a llamar a una sesión extraordinaria del Congreso Nacional para tratar la reforma al Régimen sobre Riesgos de Trabajo.
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El proyecto de ley original, que ya tiene media sanción en el Senado, fue presentado por el Poder Ejecutivo pero es el fruto de un trabajo de varios meses junto a los sindicatos, las empresas y todos los actores del mundo del trabajo.
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El DNU, cuyo texto era idéntico al proyecto original, fue un primer paso para avanzar en la fortaleza de la reforma. Creemos que ahora, dado el consenso político que existe sobre el tema, es tiempo de dar otro paso y darle aún más certeza jurídica.
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Uno de los objetivos de la reforma es combatir la industria del juicio creada a su alrededor. A partir de la media sanción del Senado, en diciembre, notamos una aceleración de las demandas, que buscaban regirse por el régimen anterior.
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La reforma parte del diagnóstico de que el sistema de riesgos de trabajo está al borde del colapso:
1) Tarda hasta tres años en dar respuesta a quienes sufren un incidente o enfermedad laboral y sólo favorece a algunos abogados y peritos.
2) A pesar de que cada vez hay menos accidentes, cada vez hay más juicios. Hoy hay más de 300.000 juicios abiertos y el 70% de los reclamos van directamente a la justicia.
3) Una consecuencia del desorden es que el seguro contra riesgos de trabajo cuesta en promedio el 3,4% del salario bruto del trabajador, cuando en sus orígenes rondaba el 1,5%. En algunos sectores, como la construcción o la industria, el porcentaje puede llegar al 20% del sueldo.
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Los cuatro objetivos principales de la reforma son:
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atender mejor a los trabajadores que se accidentan o se enferman,
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ayudar a reducir la litigiosidad del sistema,
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aprovechar esa menor litigiosidad para ir bajando la alícuota que pagan los salarios y
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incluir a un millón de empleados públicos que hoy están afuera.
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Reformas principales:
1) Ante un accidente o una enfermedad laboral, ahora será obligatorio recurrir a una Comisión Médica para evaluar el caso antes de iniciar un reclamo judicial.
2) Los peritos médicos que intervengan en los casos deberán integrar el cuerpo médico forense local, y sus honorarios no podrán ser variables ni estar vinculados al monto del juicio.
3) Además, si un empleador no hubiera pagado la ART de un trabajador, ampliamos la cobertura por parte de la ART de dos a tres meses.
4) El DNU propone la creación del Autoseguro Público Provincial (APP) para que todos los empleados públicos provinciales y municipales sean incorporados a la cobertura de ART. Esto permitirá proteger a alrededor de un millón de empleados en 9 provincias, municipios y comunas que hoy están fuera del sistema.
La reforma es parte de la agenda del Diálogo para la Producción y el Trabajo, convocada por el Presidente, y es parte de una serie de iniciativas destinadas a mejorar la productividad de las empresas sin afectar el salario ni los derechos de los trabajadores.
El mejor camino para avanzar hacia Pobreza Cero es favorecer la creación de empleos privados, formales y de calidad. Y creemos que el sistema actual de riesgos de trabajo –demasiado costoso, complejo y distorsivo– dificulta la contratación de nuevos trabajadores.