Síntesis

• Estamos reformando parte del Sistema de Riesgos del Trabajo, con el cuádruple objetivo de: 1) atender mejor a los trabajadores que se accidentan o se enferman, 2) desincentivar la industria del juicio y reducir la litigiosidad, 3) aprovechar esa menor litigiosidad para ir bajando la alícuota que pagan los salarios y 4) incluir a un millón de empleados públicos.

• La reforma es parte de la agenda del Diálogo para la Producción y el Trabajo, convocada por el Presidente, y es parte de una serie de iniciativas destinadas a mejorar la productividad de las empresas sin afectar el salario ni los derechos de los trabajadores.

• El mejor camino para avanzar hacia Pobreza Cero es favorecer la creación de empleos privados, formales y de calidad. Y creemos que el sistema actual de riesgos de trabajo –demasiado costoso, complejo y distorsivo– dificulta la contratación de nuevos trabajadores.

 

Diagnóstico

• El Sistema de Riesgos del Trabajo, en el cual cada empleado paga un porcentaje de su sueldo para tener un seguro contra accidentes y enfermedades laborales, está al borde del colapso. Deja afuera a demasiados trabajadores, tarda hasta tres años en dar respuesta a quienes sufren un incidente y sólo favorece a algunos abogados y peritos, que lo han transformado en una industria del juicio.

• A pesar de que cada vez hay menos accidentes, cada vez hay más juicios. Hoy hay más de 300.000 juicios abiertos con reclamos acumulados por 4.500 millones de dólares. El 70% de los reclamos van directamente a la justicia, sin pasar antes por las comisiones médicas y los procesos previstos. Todo esto pone en riesgo la viabilidad del sistema.

• Una consecuencia del desorden y la litigiosidad es el aumento del costo laboral. El seguro contra riesgos de trabajo cuesta en promedio el 3,4% del salario bruto del trabajador, un monto que se multiplicó en los últimos años y que en sus orígenes rondaba el 1,5%. En algunos sectores, como la construcción o la industria, ese porcentaje puede llegar al 20% del sueldo.

 

Detalles de la medida

• La reforma, instrumentada en un Decreto de Necesidad y Urgencia, es el fruto de un trabajo que venimos haciendo desde hace meses junto a los sindicatos, las empresas y todos los actores del mundo del trabajo. De hecho, la medida ya tiene media sanción en el Senado. Medidas incluidas:

• 1) Ante un accidente o una enfermedad laboral, ahora será obligatorio recurrir a una Comisión Médica para evaluar el caso antes de iniciar un reclamo judicial. Esto va a evitar discrecionalidades y agilizar los tiempos para que los trabajadores cobren sus indemnizaciones.

• 2) Para evitar situaciones de inequidad, los peritos médicos que intervengan en los casos deberán integrar el cuerpo médico forense local, y sus honorarios no podrán ser variables ni estar vinculados al monto del juicio.
  
  

• 3) Además, si un empleador no hubiera pagado la ART de un trabajador, ampliamos la cobertura por parte de la ART de dos a tres meses.

• 4) El DNU propone la creación del Autoseguro Público Provincial (APP) para que todos los empleados públicos provinciales y municipales sean incorporados a la cobertura de ART. Esto permitirá proteger a alrededor de un millón de empleados en 9 provincias, municipios y comunas que hoy están fuera del sistema.
  
  

• Invitamos a las provincias a adherir a la presente norma para asegurar el cumplimiento pleno de los preceptos constitucionales y a adecuar la normativa local que resulta necesaria para poder llevar a cabo estas reformas.