• El decreto reglamentario da precisiones sobre el régimen y elimina una discriminación no justificada. No modifica la ley ni cambia de ninguna manera su espíritu, sino que reglamenta su aplicación.

• La ley excluía de la posibilidad de acceder al sinceramiento a los familiares de determinados funcionarios con el objetivo de impedir que se legitimaran bienes provenientes de actos de corrupción.

• El decreto ahora aclara que estos familiares podrán exteriorizar y regularizar bienes en la medida que acrediten fehacientemente que estaban en su patrimonio desde antes de que los funcionarios asumieran sus cargos. Con lo que sin afectar lo perseguido por la norma (que por vía de familiares se legitimaran activos provenientes de la corrupción) la reglamentación aclaratoria evita una discriminación injustificada que afectaría a más de 100.000 contribuyentes, violando los principios constitucionales de razonabilidad y de igualdad ante la ley.

• Por eso, el decreto está dentro del espíritu de la ley y de las atribuciones del Poder Ejecutivo: no permite ni facilita que por medio de familiares se sinceren bienes provenientes de la corrupción y distinguiendo en cambio que permite la regularización de bienes que por su antigüedad en el patrimonio de los familiares son anteriores a los cargos de los funcionarios.

 

¿El decreto modifica la ley?

• No, es completamente acorde a la ley en todos sus puntos. No modifica el texto de la ley ni su espíritu; simplemente la reglamenta, la interpreta.

• El decreto reafirma el espíritu de la ley, que consiste en evitar que bienes que vengan de la corrupción puedan ser legitimados sin sanción. Acá no existe ese riesgo.

 

¿Entonces, ahora los parientes de los funcionarios pueden sincerar?

• Los familiares de funcionarios siguen estando excluidos, tal como lo establece la ley. Lo que el decreto aclara es que aquellos familiares que puedan demostrar haber adquirido el bien a declarar antes de que su pariente se convierta en funcionario pueden acceder al beneficio, como cualquier otro ciudadano en igualdad de condiciones. Se trata de igualdad ante la ley.

 

¿Por qué el decreto no se emitió antes?

• La reglamentación se hizo ahora porque, hasta el 21 de noviembre, todavía había tiempo para sincerar dinero en efectivo. Como es muy difícil rastrear el origen del dinero en efectivo, se corría el riesgo de que se ingresara dinero de la corrupción o adquirido cuando el familiar ya era funcionario. Vencido el plazo de sinceramiento de efectivo, ya no se puede ingresar dinero y es fácil comprobar si alguien quiere sincerar algo que no corresponde.

 

¿Es legal esta nueva reglamentación?

• Sí, el decreto no contradice ningún estándar internacional ni principio vinculado a la prevención del lavado de activos en el marco de sinceramientos fiscales. Tal como lo ha dicho el GAFI, la institución inter-gubernamental que se ocupa de combatir el lavado de dinero, la ley es consistente con esos estándares y principios.

• Además, no afecta en lo más mínimo ni el sistema de reportes de operaciones sospechosas ni las potestades de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de detectar o investigar el lavado de activos.