Estamos de acuerdo con los impulsores del proyecto en que hay una situación de emergencia social en la Argentina. Más del 32% de los argentinos viven por debajo de la línea de pobreza y casi el 40% tiene un trabajo informal.

Nosotros fuimos los primeros en darle a esta situación la relevancia que se merece. Durante años la pobreza había sido minimizada y se habían alterado las estadísticas oficiales. Nosotros reconocimos la dimensión del problema y lo pusimos en el eje de nuestro gobierno.

Coincidimos también en la creciente importancia de la Economía Social en la Argentina. Tanto es así que es una de las patas fundamental del Plan Productivo Nacional, nuestra hoja de ruta para desarrollar la economía y generar nuevas oportunidades para todos los sectores de la sociedad.

Nosotros creemos que la pobreza y la informalidad no se pueden abolir por ley, sino sólo a través del trabajo paciente de 1) mejorarles los ingresos a las familias, 2) darles una mejor calidad de vida y 3) darles una oportunidad de romper el círculo vicioso de la pobreza.

Crear puestos de trabajo por ley no es una solución de fondo para los trabajadores informales. Porque 1) aumenta la discrecionalidad, justo cuando estamos tratando de transparentar la ayuda del Estado, y 2) porque la principal solución sostenible al trabajo informal es la creación de empleo formal, en blanco.

Nuestro desafío es acompañar a los trabajadores de la economía informal al mercado del trabajo formal, ayudándolos a aprender oficios y a capacitarse para que puedan conseguir un trabajo en blanco y de calidad. Ya estamos trabajando en esta dirección junto a todos los sectores de la Economía Social, y avanzamos mucho este año.