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Datos de empleo, otra vez confiables
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Nuevos criterios para la publicidad oficial
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Audiencias públicas para el gas
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Edificios y terrenos en venta
1. Datos de empleo, otra vez confiables
Después de muchos años de manipulación de los índices, desde el martes tenemos otra vez datos fiables sobre el empleo en la Argentina. Y los vamos a seguir teniendo. Cada trimestre el INDEC va a publicar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), para saber dónde estamos parados y planificar y evaluar mejor nuestras políticas públicas.
El desempleo registrado en el segundo trimestre, de 9,3%, es similar al del mismo período del año pasado. Es imposible compararlo con la cifra del INDEC, que estaba adulterada, pero sí con los datos de la UCA y del propio Ministerio de Trabajo del gobierno anterior. Ambos arrojaban una cifra de alrededor del 9%. Es decir, la gente que busca trabajo y no lo consigue es casi la misma que hace un año.
Reconocemos que tenemos un problema serio de empleo, en la cantidad y la calidad de empleo y en alta informalidad, que afecta a cuatro de cada 10 trabajadores. Pero uno de los objetivos principales de este gobierno es crear empleo privado formal y creemos que el lugar donde estamos es un buen punto de partida sobre el cual ponernos a trabajar. Los datos de julio del Ministerio de Trabajo, publicados el jueves, muestran una ligera mejora con respecto a junio. Eso nos permite ser optimistas.
2. Nuevos criterios para la publicidad oficial
La Jefatura de Gabinete publicó el viernes sus nuevas reglas sobre publicidad oficial. De ahora en más, el presupuesto para publicidad oficial se va a repartir por campañas. Mediante planes anuales, se especificará cuáles serán las campañas de comunicación, sus objetivos, su presupuesto, su duración y los tipos de medios de comunicación involucrados. El 10% del presupuesto para publicidad oficial podrá reservarse para campañas imprevistas, motivadas, por ejemplo, por catástrofes naturales o amenazas de salud.
Las partidas se van a asignar siguiendo criterios objetivos, como la audiencia de los medios elegidos, la pertinencia de los mensajes, la zona geográfica y el fomento del federalismo y de la pluralidad de voces. Además, para recibir pauta, las empresas de medios van a estar obligadas a cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales y previsionales. Dos veces al año la Jefatura de Gabinete publicará un informe con el detalle de cada campaña y los destinatarios de la publicidad oficial.
Hasta el año pasado, la distribución de la publicidad oficial estuvo sujeta a numerosas irregularidades. Sólo en 2015, se gastaron más de 2.200 millones de pesos para publicidad oficial, más del doble de lo aprobado por el Congreso, de los cuales más de 800 millones de pesos estaban impagos. Más allá del monto, que este año bajará a menos de la mitad de esa cifra la distribución de fondos se basó en gran parte en criterios políticos, que favorecían a medios y periodistas oficialistas. Esta injusticia generó ocho juicios contra el Estado por daños y perjuicios y una indicación de la Corte Suprema al Poder Ejecutivo de establecer un criterio lo más objetivo posible. Esa indicación es la que estamos siguiendo con este nuevo sistema.
3. Audiencias públicas para el gas
La semana pasada convocamos a audiencias públicas para que toda la población pueda participar en la discusión sobre el marco tarifario del servicio de gas natural. Elegimos como fecha de inicio para las audiencias el 16 de septiembre, el plazo más breve que permite la ley. Además, dimos la orden para que las empresas de distribución refacturen a los usuarios residenciales con el cuadro tarifario anterior. Con estas decisiones, estamos cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema, y manteniendo nuestro compromiso de hacer de la Argentina un país en el cual las instituciones funcionen, y se respeten los roles y las responsabilidades de los tres poderes.
En las audiencias no sólo se va a consultar a los ciudadanos sobre el marco tarifario para los servicios de transporte y distribución de gas natural, sino también sobre el precio para el gas en boca de pozo. Como queremos que todo el país participe en la conversación, instruimos el viernes a Enargas a habilitar espacios en sus sedes en todo el país para que, con las herramientas tecnológicas necesarias, se pueda participar a distancia de la audiencia que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Los interesados van a poder participar desde Córdoba, Concordia, Santa Rosa, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Fe y Rio Grande (Tierra del Fuego).
4. Edificios y terrenos en venta
El lunes el Gobierno autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a poner en venta 17 inmuebles del Estado Nacional, casi todos en la ciudad de Buenos Aires. Algunos de estos inmuebles están sin uso. Otros tienen concesiones vencidas por montos por debajo de su valor de mercado, o son usados para actividades que nada tienen que ver con las funciones del Gobierno, como canchas de fútbol 5 o estacionamientos privados.
La decisión permitirá a la AABE reducir los gastos de mantenimiento y seguridad de estos edificios. Y, además, generar actividad económica en terrenos valiosos que no estaban siendo aprovechados. Los inmuebles se van a subastar a través del Banco Ciudad a partir de septiembre y lo recaudado será destinado al Tesoro Nacional.
La AABE estima que el Estado Nacional es dueño de unos 80.000 inmuebles en todo el país, entre los que hay terrenos baldíos, oficinas abandonadas, campos, departamentos, cocheras y edificios que no están siendo aprovechados por el Gobierno Nacional. El número exacto es difícil de precisar. Al asumir, las actuales autoridades de la AABE encontraron que en su sistema sólo había información completa sobre alrededor del 10% de esos inmuebles. Después de estos meses de trabajo ya existen registros sobre unos 30.000 inmuebles. De los inmuebles concesionados a privados, el 93% de los contratos estaban vencidos y una parte importante de los alquileres (los cánones) estaba por debajo de los valores de mercado