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Después de la inesperada diferencia climática entre el otoño de 2015 y el otoño de 2016, que generó aumentos en algunas facturas de gas que nos parece razonable atender, el Gobierno ha tomado cuatro decisiones:
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Pondremos un tope de 400% de aumento para los usuarios residenciales de gas y de 500% para clientes comerciales de todo el país, comparado con los montos efectivamente facturados en el mismo bimestre del 2015. Es decir que más allá de cuánto consuma, a ningún usuario le va a aumentar el gas más de 400% (en los hogares) o 500% (las empresas). El tope es retroactivo y rige desde el 1º de abril. Es decir que quienes hayan pagado en estos meses aumentos por encima de esos porcentajes, recibirán descuentos equivalentes en las próximas facturas.
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Adelantaremos a octubre de este año las audiencias públicas y la revisión integral de las tarifas de servicios públicos, previstas originalmente para enero de 2017.
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Estamos lanzando la “Tarifa Social Extendida por Barrio Vulnerable”, que extenderá la tarifa social de electricidad a 300.000 familias que actualmente no la reciben pero que, por el barrio donde viven, es probable que cumplan los requisitos. Y creando la Tarifa Social de electricidad y gas para Entidades de Bien Público.
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Presentaremos un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de La Plata y solicitaremos la intervención de la Corte Suprema de Justicia para que dé claridad sobre la situación de las tarifas de gas.
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Los argentinos tenemos un problema. Nos falta energía. No tenemos electricidad ni gas suficientes como para calentar nuestros hogares y alimentar nuestras industrias. Con el objetivo de que el país vuelva a tener energía, a principios de año tomamos una serie de decisiones difíciles. Y el camino necesario de aquellas decisiones es esta transición compleja y dolorosa en la que estamos ahora.
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Estamos en una situación de escasez de energía. En la última década pasamos de exportar gas a importarlo. El año pasado importamos más de un tercio de la energía que consumimos. Además, estamos importando a la mayor capacidad posible del sistema. Y cada año consumimos más. Por eso necesitamos moderar nuestro consumo y volver a producir. Es el único camino para recuperar el equilibrio energético. Además, consumir menos y depender menos de los combustibles fósiles nos ayudarán a mitigar el cambio climático y cumplir nuestros compromisos internacionales sobre medio ambiente.
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El objetivo de reducir los subsidios no es sólo bajar el déficit fiscal, sino también, y sobre todo, generar las condiciones para producir más gas.
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Nuestra reforma de tarifas fue progresiva, porque cuida a los más débiles y pide un esfuerzo mayor a quienes más consumen. Recordemos que uno de cada tres hogares argentinos paga tarifa social de gas (de red o en garrafa) y uno de cada cuatro paga tarifa social de electricidad. El millón y medio de familias con tarifa social recibe el gas gratis, sólo paga por el transporte y la distribución.
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Es decir que, si obedecemos a la Cámara Federal de La Plata, que ordenó retrotraer la situación tarifaria al 31 de marzo, muchísimas familias perderían la cobertura de la Tarifa Social. Y el sistema perderá progresividad.
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Además, el clima no ayudó. El otoño de 2015 fue el más cálido de los últimos años y el de 2016 fue el más frío. Esto provocó que las familias aumentaran casi 50% en promedio su consumo de gas. No todas aumentaron en la misma proporción. Los usuarios residenciales que más gas usan aumentaron su consumo hasta 58%. Los que menos gas usan, incrementaron su consumo sólo un 19%. Y los usuarios del primer grupo consumen alrededor de 20 veces más gas que los del segundo.
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Otra consecuencia de la inesperada diferencia climática entre 2015 y 2016 fue que muchos usuarios perdieron los generosos descuentos por ahorro que habían tenido en 2015 (de hasta 90%) y ese impacto se sumó a la reducción de subsidios de este año.
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Con estas medidas esperamos llevar tranquilidad a la población y darle instrumentos a la justicia para que vea los cambios como razonables. Al mismo tiempo podemos seguir avanzando en nuestros objetivos de impulsar el ahorro de energía, mitigar el cambio climático, mantener la Tarifa Social y contribuir al crecimiento de la generación de energía que el país necesita para su desarrollo económico y el de sus ciudadanos.