Autoridades de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú firmaron, en la ciudad de París, una carta en la que manifiestan la importancia de la utilización del programa de Clemencia, un instrumento clave para detectar, desarticular y sancionar a cárteles empresariales en beneficio de los consumidores y de las sociedades en su conjunto.

La nueva Ley de Defensa de la Competencia, sancionada en mayo de este año, introdujo nuevas herramientas de investigación, entre ellas el programa de Clemencia, que se ha demostrado a nivel internacional que son de las más efectivas en la lucha contra las asociaciones anticompetitivas entre compañías, por lo que hoy en día son de práctica común en la gran mayoría de los países con una larga tradición implementando este tipo de políticas.

Este mecanismo incentiva a que una persona física o jurídica solicite a la autoridad de competencia la exoneración o reducción de sanción a cambio de aportar evidencia relevante que ayude a acreditar la existencia de acuerdos secretos para fijar precios, niveles de producción o repartirse los clientes.

Se trata de un aspecto de vital importancia, en tanto los cárteles son organizaciones que toman acciones para evitar el registro de sus acuerdos y disponen reglas de confidencialidad y control entre sus miembros, por lo que su detección suele ser difícil y costosa.

Esta herramienta legal cumple además un rol preventivo, ya que los incentivos a la cooperación a cambio de la exoneración de una sanción disuaden la creación de nuevos cárteles y fomentan la desarticulación espontánea de los ya existentes.

La declaración fue suscripta por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina (CNDC), el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de México, y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad (INDECOPI) de Perú.

Sigue las buenas prácticas presentadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, resaltó que esta política “es un eje fundamental del Gobierno, ya que tener una buena institucionalidad en esta materia, perdurable y previsible, es clave para el desarrollo del país”.

Las prácticas compartidas por los países de la Alianza Estratégica Latinoamericana, y bajo las cuales se establecen programas eficaces, son las siguientes:

• La exoneración completa de la multa al primer solicitante de clemencia. En caso de que la autoridad de competencia no posea información suficiente sobre la conducta anticompetitiva y el colaborador cumpla todos los requisitos y obligaciones legales aplicables a cada autoridad, y aporte información relevante, se le otorga la exoneración de sanción si es el primer solicitante de clemencia. La posibilidad de obtener un 100 por ciento de exoneración de la sanción es un incentivo de alto poder para promover una “carrera” por ser el primero en aplicar al programa de clemencia.

• La confidencialidad sobre la identidad del colaborador. Las autoridades de competencia resguardan la identidad de los solicitantes, con el objetivo de proteger las fuentes de información y evitar las represalias en su contra. En este sentido, durante la etapa de tramitación del caso, la identidad de los solicitantes se mantiene en estricta reserva.

• Elevada transparencia y predictibilidad de las decisiones de la autoridad de competencia. Las agencias de competencia fortalecen la transparencia y predictibilidad, mediante la publicación de guías o lineamientos, para que las empresas y sus representantes puedan conocer cuáles son las condiciones para solicitar acceso al programa de clemencia y cómo se tramitará éste, así como sus deberes y derechos como colaboradores.