El Gobierno creó el Observatorio de Víctimas de Delitos, organismo que se encargará de monitorear, seguir y analizar la situación de las personas afectadas y la de sus familias, a fin de generar políticas públicas que brinden mayor protección a la sociedad.

Lo hizo a través del Decreto 421/2018 que reglamenta la Ley 27.372 de derechos y garantías de las víctimas, aprobada el año pasado en el Congreso y que garantiza representación jurídica a los damnificados.

La normativa, publicada hoy en el Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

El Observatorio estará integrado por integrantes de asociaciones de víctimas legalmente constituidas y será presidido por el Ministro de Justicia, quien podrá disponer acciones y medidas para su adecuado funcionamiento.

Además, deberá contar con al menos un representante de las regiones del NOA, del NEA, de Cuyo, del centro y del Sur, para garantizar la integración federal.

En sus considerandos, el Decreto señala que “es deber del Estado fortalecer las políticas tendientes a garantizar a las víctimas de delitos un efectivo cumplimiento de sus derechos”.

Puntualiza que “han de establecerse y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas”.

Además, subraya que deben implementarse los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con lo establecido en la Ley 27.732.