El Gobierno entregará a los habitantes de villas, asentamientos y urbanizaciones informales de todo el país, el Certificado de Vivienda Familiar, que les servirá para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, y solicitar la conexión a servicios públicos como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas.

Con el certificado, que será emitido por la ANSeS, también se podrá tramitar CUIT, CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos y solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.

Además, se creará un registro de barrios populares que se encuentren en pleno proceso de integración urbana.

Así establece el Decreto 358/2017 publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.

Frigerio destacó la importancia del Plan Nacional de Hábitat y explicó que esa herramienta está orientada a que “la gente sienta que el Estado está presente y le resuelve los problemas”.

“Hemos identificado a los 500 barrios más vulnerables de la Argentina y en ellos estamos trabajando”, señaló el ministro.

“Me parece que es un primer paso fundamental conocer la realidad que atraviesa la Argentina, saber con precisión cuántos son estos barrios o asentamientos precarios”, agregó.

Puntualizó que el Gobierno se está ocupando desde el programa Hábitat de los “argentinos que no la pasan bien, porque viven en barrios carenciados donde no hay prácticamente servicios públicos”.

En tanto, Stanley precisó que se hizo “un relevamiento de 4100 barrios populares, que se terminó el 31 de diciembre”.

“Pudimos hacer encuestas sobre 402 mil familias, aproximadamente 1.350.000 personas que tenemos censadas y que van a poder retirar un certificado de vivienda de cualquier oficina de la ANSeS a partir del 8 de junio”, señaló.

Sobre la utilidad de ese instrumento, detalló que “les va a permitir avanzar sobre la regularización de servicios que están llegando a los distintos barrios a través del programa de agua potable y cloaca que se está haciendo en todo el país”.

En el decreto, el Ejecutivo crea, en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el denominado Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).

Su función principal será la de inscribir los bienes inmuebles, ya sean de propiedad fiscal o de particulares, sus construcciones y los datos de las personas que los habitan, al 31 de diciembre de 2016.

En el Registro figurarán “aquellos barrios populares que se encuentren integrados con un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular a al menos 2 de los servicios básicos”.

Puntualiza que, según los datos proporcionados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, “más de 500 mil hogares se encuentran en una situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que involucra a más de 2 millones de personas”.