El Gobierno nacional reglamentó la ley 27.345, que prorroga la vigencia de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019 y que  crea el Registro Nacional de la Economía Popular. 

El decreto de reglamentación de la norma, sancionada por el Congreso a fines del año pasado, lleva el número 159/2017 y entrará en vigencia a partir de este sábado.

Fue firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Representantes de estos tres Ministerios y de tres organizaciones sociales constituirán el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, que funcionará bajo la órbita de la cartera de Desarrollo Social, y podrán invitar a participar a miembros de otros estamentos y organismos.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, explica que el Consejo será el encargado de “proponer los criterios y mecanismos de inscripción, admisión, clasificación y permanencia en el Registro Nacional de la Economía Popular”.

Quienes estén incluidos podrán acceder al Salario Social Complementario.

En su artículo 6°, esta reglamentación señala que en el acceso y permanencia en dicho registro tendrán prioridad “aquellas personas afectadas en sus derechos humanos fundamentales y en situación de alta vulnerabilidad social, considerando especialmente a las mujeres”.

La norma define que “se entiende por Economía Popular toda actividad creadora y productiva asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el familiar”.

Además, establece que la misma “se desarrolla mediante proyectos económicos de unidades productivas o comerciales de baja escala, capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo”.

El decreto puntualiza que en la elaboración de la reglamentación de la emergencia social se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y la resolución N° 32/2016 del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social.