El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que a pedido del presidente Mauricio Macri y a través de los órganos competentes del Ministerio de Comunicación se le requiera a la Justicia una audiencia “lo más rápido posible para pedirle que aborde la cuestión de manera integral” sobre el acuerdo con la empresa Correo Argentino objetado por la fiscalía.

Esa solicitud incluye que “incorpore en el análisis los juicios que también le ha hecho la empresa al Estado” por cuestiones relacionadas con el proceso de expropiación “para que no haya desequilibrios en la discusión” y los litigios se resuelvan “en una sola acción”.

En ese sentido, Peña subrayó que resultaría “muy importante” que la Justicia pueda “eventualmente convocar a un panel de expertos independiente que den una mirada sobre cuál debería ser la mejor resolución”.

Informó además que el Gobierno le solicitará a la Auditoría General de la Nación (AGN) que brinde una opinión técnica sobre el diferendo con la empresa Correo Argentino.

“Lo importante es ser transparentes y que hay vocación de resolver un problema, que muchos opositores no se ocuparon cuando ellos gobernaron”, remarcó Peña en una conferencia de prensa que brindó en la Residencia de Olivos junto al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

Peña añadió que frente a la situación, el Gobierno está haciendo “cosas superiores a lo que nos demanda la ley, que nunca antes se habían hecho, para que no haya ninguna sospecha ni ninguna duda”.

Remarcó que esa es la línea de un Gobierno “que vino a cambiar la forma en que se ejerce el poder en Argentina, así lo está haciendo y ese es nuestro compromiso”.

Indicó que la AGN, por ser un órgano constitucional que actúa bajo la órbita del Poder Legislativo y controlado por la oposición, será “un reaseguro extra” a la hora de desarrollar un análisis cabal del tema.  

“Estamos absolutamente comprometidos y convencidos de la importancia de transparentar todo tipo de acción de gobierno y en especial de que pueda generar dudas”, puntualizó.

Dijo que del mismo modo, y “para evitar cualquier tipo de dudas sobre posibilidades de conflictos de intereses”, el Estado Nacional “le solicitará a la Auditoría General de la Nación que dé un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva”.

“No se trata de opiniones subjetivas, sino de poner la información, hacer funcionar las instituciones, aplicar la ley, dejar trabajar al Poder Judicial y al Legislativo”, sostuvo Peña al recordar que el problema es de índole técnico - judicial.

Además, Peña dijo que el Ministro Aguad está a disposición plena del Congreso para brindar los detalles del proceso y que, del mismo modo, la Procuración del Tesoro planteará “un análisis del accionar de todos los funcionarios” del gobierno anterior “para entender el porqué de la desidia que le costó al Estado argentino no resolver el tema antes”.

Peña subrayó que el diferendo con la empresa “es una discusión de carácter judicial que viene dándose desde hace muchos años en el marco de la Ley de Quiebras”.

Señaló que a partir de que Correo Argentino entró en concurso de acreedores el Estado, junto a otros 600 demandantes, comenzó una “discusión legal respecto a la forma de poder cobrar, en el año 2002, una deuda acreditada por 292 millones de pesos”.

El Jefe de Gabinete señaló que, a partir de esa situación, el Gobierno “trabajó en un esquema de acuerdo” al que suscribieron los otros acreedores “para darle fin a esta discusión que claramente perjudicaba al Estado al no resolverse a lo largo de los años por la inflación que había en la Argentina”.

Remarcó que el Gobierno va a ir “a ir a una discusión a fondo sobre cuáles fueron las condiciones, cómo se manejaron las quiebras y los concursos, qué empresas firmaron esos acuerdos, para que la transparencia sea total”.

“Tenemos que cuidar a la Argentina con más y más transparencia para que todo salga a la luz”, añadió.

“Estamos absolutamente tranquilos porque creemos que el sentido que el equipo jurídico le planteó al Ministerio es cortar con un perjuicio al Estado, justamente, al contrario de lo que algunos opositores con poca memoria plantean”, afirmó.

A su vez, Aguad señaló que el presidente Macri solamente le solicitó que su Ministerio procurara resolver el diferendo con la participación de los tres poderes del Estado.

“Jamás consulté este tema con el Presidente porque él tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión donde un familiar esté involucrado”, ratificó Aguad.