Anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, desde Casa Rosada

PRESIDENTE.- Buenas tardes a todos y todas; hemos venido hasta aquí, con el ministro Katopodis, con el objetivo de anunciarles que acabo de firmar un decreto a través del cual le encomiendo al ministerio de Obras Públicas, iniciar una acción que busca la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas del acceso Norte y del Acceso Oeste. Son contratos que – a nuestro juicio y les va a explicar el ministro con claridad – son totalmente distorsivos, que le han generado un enorme daño económico al Estado Nacional y fundamentalmente a los usuarios. La acción la va a ejercer, ante la justicia y lo contencioso administrativo el ministerio de Obras Públicas. Yo quiero que el ministro les explique en detalles cuáles son las causa que explican esta decisión y después, en todo caso, vamos a retomar o cerraré yo está presentación. Es una acción de lesividad porque lo que nosotros estamos verificando es que los contratos que se firmaron y autorizaron, en el año 2018, se firmaron y homologaron a través de dos decretos, en el año 2018, y fueron claramente desventajoso para el Estado Nacional, particularmente para los usuarios de las autopistas y le han causado una lesión enorme al Estado. Así que le doy la palabra al ministro y después lo retomamos.

KATOPODIS.- Muchas gracias, presidente, bueno básicamente, en el transcurso del 2018 el gobierno anterior, del ex presidente Macri, dictó dos decretos (el 608 y el 607)que renegociaron los contratos de concesión y adjudicación de dos corredores viales, el acceso norte y el acceso oeste, en un caso Ausol, y el otro GCO sociedad anónima. En el marco de esa renegociación, operada en el 2018, se establecieron un conjunto de decisiones, de acciones y premisas que quedaron establecidas en ese contrato, con varias cuestiones, que a nuestro entender y después de un minucioso análisis jurídico y de las auditorias correspondientes establecimos como de vicio, que determinan la nulidad absoluta de esa renegociación.

En primer lugar, porque estableció sin ninguna justificación, parámetro y sin ninguna base objetiva una deuda a favor de las empresas concesionarias; una deuda que se establecía, en el caso de AUSOL, en 540 mil millones de dólares y en el caso de GCO sociedad anónima en 272 mil millones de dólares; un total de 213.143 millones de dólares. Esa deuda- como les decía – no tiene en el expediente ningún elemento ni ninguna justificación, que pudiese ser acreditada y compraba. La segunda cuestión, que nosotros hemos observado es la dolarización de ese contrato, que estaba establecido en pesos y era así porque regía un marco legal normativo, en la Argentina, que había pesificado todos los contratos y además porque las empresas, en un renegociación del 2006, habían renunciado explícitamente a la dolarización de estos convenios, pero en esa renegociación, en el 2018, el gobierno del ex presidente Macri les otorga una dolarización al contrato, cuando en el contrato no hay ningún componente que justifique que esto contratos tengan que ser dolarizados.

En tercer lugar se determina un ajuste del 8 por ciento anual, lo que le permite a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria; en cualquier negocio, en cualquier contrato de concesión de este tipo, por supuesto no hay una rentabilidad asegurada y sí lo que hay es un riesgo empresario. Bueno, aquí se le estaba otorgando a estas dos empresas un privilegio con una rentabilidad en dólares, actualizada al 8 por ciento anual, que sin dudas, les garantizaba una rentabilidad extraordinaria. Y para completar ese marco de decisiones que para nosotros con a un verdadero negociado de los peajes, se determinó que esa deuda se iba a pagar a lo largo de diez años con los que se iba a prorrogar el contrato.

El contrato de concesión, por ley, estaba establecido que terminaba, en el 2020, y de manera absolutamente arbitraria se determinó prorrogar ese contrato de concesión, hasta el 2030, contrato que por ende, en función de eso están vigentes, y que – en ese plazo – lo que se iba a privilegiar justamente era el pago de la deuda, se modificaba en esa renegociación del 2018, la ecuación económica financiera privilegiando el pago y la compensación de la deuda de las empresas y postergando las obras, las mejoras y todo lo que tiene que ver con el objeto central de un contrato de concesión.

En definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré, a simple firma, un contrato de concesión con responsabilidades concurrentes en un verdadero convenio de pago, entonces esa era una deuda que para nosotros era absolutamente injustificada, una dolarización de un contrato sin ningún elemento que justifique o fundamente la necesidad de dolarizar ese contrato, cuando todos los contratos en la Argentina estaba pesificados y la prórroga del convenio de concesión fue – de alguna manera – la estructura con la que el gobierno en el 2018, le termina concediendo a estas empresas un privilegio extraordinario, una rentabilidad extraordinaria y para nosotros conlleva todo esto, como les decía, a un negociado de los peajes, que es absolutamente escandaloso y que el presidente de la Nación me ha indicado iniciar las acciones legales, por la acción de lesividad en los tribunales contencioso administrativo federal, que son los tribunales que corresponden para que sea la justicia la que declare la lesividad y la nulidad absoluta de este contrato.

Cuando uno revisa más en detalle el conjunto de todo lo que se fue restableciendo en esa renegociación, realmente lo único que encuentra es una renegociación a medida de las empresas, pues se desplazaba la justicia natural, el tribunal originario, que es el fuero contencioso administrativo y se establecía que sea un tribunal arbitral el que defina cualquier situación de controversia. Además, se eliminaba la obligación que tiene cualquier privado, que contrata con el Estado, de agotar las vías administrativas, en cualquier reclamo. Y en ese caso también se eliminaba ese obligación para las empresas pudiendo directamente iniciar y dirimir esas controversias en estos tribunales arbitrarios.

Hemos identificado claramente que en toda esta operación y a lo largo de todo este proceso, en el ministerio de Obra Pública y en Vialidad Nacional lo que existieron fueron funcionarios que estaban de los dos lados del mostrador, funcionarios que ejercían cargos gerenciales en el sector privado, en las empresas concesionarias, que después tuvieron cargos importantes en Vialidad Nacional y que después volvieron a esas empresas, claramente funcionaron cumpliendo de manera detallada las instrucciones que, desde las empresas y desde sus antiguos empleadores les iban determinando. La deuda, que en definitiva caía en cabeza del Estado y hoy es responsabilidad del Estado no tuvo mejor idea que sean todos los argentinos y todos los usuarios que diariamente pasan por las autopistas del acceso Norte y del acceso Oeste que con el pago de la tarifa hagan frente al cumplimiento de esa deuda.

Por eso, la prórroga por diez años, por eso la dolarización del contrato y por eso también un pedido permanente, que tuvimos de las empresas, para un incremento tarifario, que este gobierno por indicación del presidente no otorgó. Ellos pretendían que sean los usuarios de los peajes, los argentinos los que paguen diariamente esa deuda que había sido establecida. Y además, el contrato establecía que esa compensación se debería realizar por efecto del cuadro tarifario o por efecto de cualquier decisión administrativa, que tuviese como objetivo completar la cancelación de esa deuda, es decir que si no alcanzaba el aumento de la tarifa, si no alcanzaba el cuadro tarifario debían existir decisiones administrativas y presupuestarias que pudiesen compensar, cancelar y cumplir con esa situación. Y en general fue presentada esta renegociación, en su momento, como imperiosa y urgente frente a una denuncia, que supuestamente las concesionarias habían hecho, en tribunales internacionales, en el CIADI, y que una posible sentencia del CIADI podía condenar a la Argentina y que, en todo caso, este era el remedio y el camino que había que transitar para evitar males mayores o un perjuicio mayor.

Bueno, la realidad es que ningún lugar del expediente, en ninguna de las actuaciones administrativas aparece acreditada que hubiese una posible sentencia condenatoria para el Estado argentino; no tenemos ninguna duda de que este fue un argumento de forma para justificar y para poder avanzar con un proceso oscuro, que fue absolutamente arbitrario y que generaba y está generando un perjuicio patrimonial para todos los argentinos.

PRESIDENTE. –Muchas gracias Gabriel.
Ustedes saben que hay en la Justicia Penal Federal, una causa donde se investigan, entre otras cosas, estos contratos, que es la llamada causa Peajes. Yo quiero resaltar y agradecer el enorme trabajo que hizo el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Nacional al cabo de estos dos años, tratando de verificar si lo que nosotros estamos planteando era correcto. Efectivamente, era correcto. Es verdad, hasta el día de hoy no sabemos cuál era el monto de la deuda, no sabemos por qué esa deuda se pagó, no sabemos por qué se habló de un inminente desenlace en el CIADI, de un reclamo incipiente, que era en ese momento, el que estaban haciendo las concesionarias; Lo único que sí sabemos que de todo eso resultaron dos contratos, dos renegociaciones de contratos, significativamente ventajosas para las empresas concesionarias y altamente perjudiciales para el Estado Nacional y particularmente para los usuarios.

Como bien dijo Gabriel, desde el primer día nosotros llevamos una política tendiente a ordenar el sistema de las autovías concesionadas. Hemos recuperado para el Estado 7 mil Kilómetros, que estuvieron concesionados y hoy los administra el Estado, con resultados buenos.

En estos dos casos, si nosotros hubiéramos permitido que, el contrato en el año 2018 fuera aprobado por el Ejecutivo Nacional de entonces, se aplicara, solo para que tengan noción, alguien que hoy es usuario de la Autopista del Sol, de la Panamericana, que paga alrededor de $100 pesos el peaje, estaría pagando $1800 pesos, eso es lo que hubiera pasado si ese contrato se hubiera aplicado tal y como fue firmado y homologado por el Ejecutivo Nacional. De esta dimensión estamos hablando.

Nosotros tenemos una clara mirada, en dos aspectos, la primera: que nosotros estamos acá para velar por los intereses de los usuarios, en este caso, de servicios subvencionados por el Estado; y lo que no vamos a permitir son abusos. No es la primera vez que tomamos este camino, lo hicimos con el Correo, lo hicimos con el contrato de la participación pública privada; que fueron contratos particularmente onerosos para el Estado y que pudimos desactivar a través de una negociación larga, que la Estado no le costón nada, pero que si se hubieran ejecutado hubieran sido muy dañinos. Muchas de las obras que fueron adjudicadas a la participación pública privada, las tomó el Estado y lo que nosotros verificamos es que el Estado las podía hacer con una ventaja del 70 % más bajo, o sea, los precios del as TTP eran un 70 % más caros, más onerosos de lo que el Estado termino haciendo las obras. A nosotros nos parece que esta es una forma de conducir el Estado.

El segundo aspecto, que nosotros queremos destacar, es que tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que hayan personas de los dos lados del mostrador, que en verdad, nosotros estamos acá como servidores públicos para defender los intereses del Estado y de la gente; y que por ese motivo estamos pidiéndole a la Justicia que anule estos contratos y seguramente les pediremos que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías, para seguir, para impedir que se termine perfeccionando, lo que claramente, son contratos leoninos en perjuicio del Estado.

En verdad, el mejor Estado es el que no es tonto, el mejor Estado es el Estado que cuida el patrimonio de todos; el mejor Estado es el Estado que no da ventajas y permite que alguien gane mucho en desmedro de, en este caso, los usuarios de las autopistas.

En los próximos días ya hemos trabajado. Quiero felicitar a Gabriel por el trabajo que hizo; Fueron dos años cuidadosos de auditorías pendientes a verificar todo los que estamos afirmando hoy. Seguramente la demanda que presentemos la vamos a acercar como prueba a la causa penal, donde parece que no encontró las pruebas que nosotros encontramos con bastante facilidad y lo que vamos a reclamar es que estás cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en el Estado argentino.

Les damos las gracias por el tiempo que nos han dado. Muchas gracias.