En sus párrafos centrales, la carta entregada hoy por Abal Medina señala que desde que se recuperó la institucionalidad democrática en 1983 “los ciudadanos de nuestro país, entre ellos los periodistas, los trabajadores de prensa y los dueños de medios de comunicación, gozan de completa libertad para investigar, recabar información, opinar y expresar sus ideas”.

Expresa que “nuestra gestión está comprometida con la defensa más irrestricta de la libertad de expresión, como puede comprobar cualquier ciudadano, e inclusive cualquier observador externo, hojeando un periódico local o viendo la televisión apenas unos minutos”. Y que “las críticas al gobierno nacional, en muchas ocasiones con tono despiadado y repetitivo, son moneda corriente en la mayoría de los medios que informan a los argentinos”.

En este sentido, el máximo funcionario del área de medios señala que “es notable la omisión de información relevante acerca de medidas del gobierno nacional, así como la desinformación a través de falsedades y mentiras exhibidas con muy poco pudor” expresada en algunos medios nacionales, y que “estos hechos contribuyen a la construcción imperturbable de realidades virtuales que obligan a los ciudadanos a verificar a diario en qué mundo viven”.

Seguidamente afirma que “aunque resulta asombroso que suceda de continuo sin que se tema poner en juego el prestigio y la confiabilidad que son valores indispensables para la labor periodística, esta administración no ha osado ni osará silenciar a nadie” porque “entiende que es preferible soportar la difamación constante antes que cometer el más insignificante acto de censura”.

No obstante, agrega que “no basta con la garantía de no censurar” y que, por eso, “además de respetar el derecho de opinión de los propietarios de medios -a quienes ustedes representan- y la potestad que tienen para ejercerlo por intermedio de sus empresas periodísticas; queremos defender la libertad de expresión como garantía de participación en el debate público de las mayorías –a quienes representamos como autoridad democráticamente elegida”.

“En esta línea – continúa – hemos impulsado con mucha decisión un proceso de profunda transformación bajo el marco de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que se ha convertido en una referencia a nivel regional e internacional” con el objetivo de “promover la desconcentración, fomentar la competencia y garantizar la participación del sector privado no comercial en el mercado de la comunicación para abaratar y universalizar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y democratizar los contenidos que por su intermedio se difunden”.

La carta expresa seguidamente que “el gobierno es consciente de que estas políticas deben implementarse en un contexto adverso, justamente aquél que apuntan a revertir: el de la acentuada concentración del mercado de las comunicaciones”. Por eso, agrega: “sabemos que se trata del principal problema en la agenda de la libertad de expresión a nivel global, regional y nacional y entendemos que no alcanza con denunciar la concentración como amenaza estructural, si no podemos avanzar un paso más y hablar de sus actores concretos, los grupos concentrados”.

En ese sentido, pondera “la visita de la SIP no puede ser más oportuna, ya que el grupo empresarial Clarín, formado por capitales argentinos y extranjeros y socio de vuestra organización, se ha constituido en el mayor obstáculo para lograr una vigencia plena de la libertad de expresión en nuestro país”.

“No existe hoy ninguna limitación estatal a la libertad de expresión en Argentina”, afirma el Secretario en su carta, y agrega que “lo que existe es una ley, aprobada en el Parlamento, que promueve la limitación de los monopolios en el campo de la comunicación para proteger la defensa del pluralismo y la diversidad de voces”. “Del mismo modo como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus principios, al sostener que ‘los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes anti-monopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos’ y la Unesco, cuando en un documento de 2008 señala que las autoridades deben ‘exigir la desinversión en las operaciones mediáticas actuales cuando la pluralidad esté comprometida o se alcancen niveles inaceptables en la concentración de la propiedad’, el gobierno nacional entiende que la desconcentración constituye un requisito para el ejercicio de la libertad de expresión”.

La nota advierte que “si existen limitaciones a la vigencia plena de la libertad de expresión hoy en Argentina, no se debe a la acción de este gobierno, que ha sido nítida y democrática; sino a la posición dominante de un conglomerado de medios -que funciona en los hechos como un actor político- y que ha decidido sostener su poder en el mercado de la comunicación colocando sus intereses corporativos por encima de las leyes de la República y de los derechos de las mayorías”.

Por ello, el Secretario solicitó a los miembros de la delegación de la SIP que se encuentra visitando nuestro país que:

Examinen con atención las políticas públicas en materia de comunicación para sumarlas a una evaluación equilibrada y de conjunto sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro país.

Escuchen con respeto la opinión de los numerosos sectores de la sociedad civil que han tenido participación en el proceso de debate público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Ponderen las declaraciones y manifestaciones de los numerosos organismos internacionales que trabajan por la defensa de la libertad de expresión y los de aquellos que integran el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos

La carta recuerda por último que en el país “rige la más plena garantía estatal para el ejercicio de las libertades y derechos del conjunto de los ciudadanos” y que “quienes entonces callaban el horror, hoy vociferan por una posible pérdida de sus privilegios”.