CONFERENCIA DE PRENSA DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, JORGE CAPITANICH.
CAPITANICH.- Buenos días a todos y a todas. La decisión del juez Griesa de declarar en desacato a la República Argentina es violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Estados Unidos como estado responsable de la acción de su Poder Judicial. Y a su vez lo que nosotros observamos es que la decisión del juez Griesa no tiene efecto práctico y sólo sirve a la campaña de desprestigio y extorsión que sistemáticamente aplican los fondos buitre. Argentina en este sentido reafirma su compromiso de defender la soberanía y solicita al gobierno de Estados Unidos que acepte la jurisdicción en la Corte Internacional de La Haya para dirimir la controversia.
Es importante remarcar de una manera enfática, que la convención de las Naciones Unidas sobre inmunidad de los estados y sus bienes, adoptada en el año 2004, en su artículo 24 que dice taxativamente: "Privilegios e Inmunidades durante la sustanciación del proceso ante un tribunal".
Punto 1, el hecho de un Estado incumpla o rehúse cumplir el requerimiento de un Tribunal de otro Estado por el que se le inste a realizar o abstenerse a realizar determinado acto o presentar cualquier documento o revelar cualquier otra información a los efectos del proceso, no tendrá más consecuencias que las que resulten de tal comportamiento en relación con el fondo del asunto. En particular no se condenará a ninguna multa en particular, no se condenará a ninguna multa o pena al Estado que haya incumplido o rehusado cumplir tal requerimiento.
Punto 2: ningún Estado estará obligado a prestar caución, fianza o depósito, sea cual fuere su denominación para garantizar el pago de las costas o gastos judiciales en cualquier proceso en que sea parte demandada ante un tribunal de otro Estado.
La nota presentada claramente por los abogados que representan a la República Argentina, establece que el derecho y la práctica internacional no contemplan dictar órdenes contra estados extranjeros y que la ley de Inmunidad Soberana, prohíbe la declaración de sanciones de desacato contra estados extranjeros. Esta es la posición oficial que ha remarcado el canciller Héctor Timerman ayer y la ratifica la República Argentina en el día de hoy.
El Banco Central ha emitido también un comunicado en virtud de lo que uno observa como una acción descarada por parte de muchos medios de comunicación nacional e internacional, con interpretaciones absolutamente capciosas con el sentido objetivo de generar incertidumbre. Y en este sentido, el comunicado de prensa del Banco Central ha dicho: en relación a la actividad cambiaria del día de la fecha, por ayer, el Banco Central de la República Argentina informa que la cotización del cierre del mercado mayorista fue de 8 pesos 403 centavos barra 8 pesos 4220 centavos. Si bien dichos valores alcanzaron niveles más elevados durante la rueda, la cotización de cierre resultó la mencionada en virtud de la intervención vendedora de la entidad.
Digo esto porque en forma sistemática se advierten interpretaciones respecto a estrategias de carácter especulativo, de grupos de opinión o entidades financieras o agentes de Bolsa, pero en realidad la evolución desde el punto de vista cambiario está claramente cimentada por las resoluciones adoptadas por el Banco Central de la República Argentina.
También ayer se dio a conocer una evolución positiva en ventas de shopping y supermercados, del 26,3 por ciento y el 37,9 por ciento respectivamente.
En el día de hoy la presidenta de la Nación, por la tarde, estará suscribiendo acuerdos de refinanciación de deuda con las provincias argentinas. Este es un monto que significa entre servicios de capital e intereses, que involucra a 4 jurisdicciones que no habían suscripto los convenios en el trimestre anterior, más el último trimestre de este año, 2.118 millones de pesos.
Como recordarán ustedes, el flujo de servicios de capital e intereses de deuda, que se reprograma en el transcurso del ejercicio fiscal 2014, asciende prácticamente a 10.000 millones de pesos.
Y dentro de un rato estaremos concurriendo junto a la ministra Débora Giorgi a la comuna de Pavón de Arriba. Allí estaremos inaugurando una fábrica de hojalatería INALPA, con una inversión de 29 millones de pesos. Prácticamente la mitad de esta inversión se ha financiado con el programa Bicentenario, implica la expansión de 21 nuevos empleos para incrementar los 180 empleos existentes y 350 empleos indirectos. Tiene un alto nivel de impacto en la comunidad, es una empresa de carácter familiar inaugurada en 1975, y tiene una perspectiva de producir 120 millones de latas por año. Esta expansión ha implicado 1.041 metros cuadrados más de superficie, y es importante por ello poder festejar como siempre nuevas inversiones para expandir la actividad industrial, también el empleo industrial y lo que esto significa para una comunidad como Pavón de Arriba.
PERIODISTA.- Ministro: esta semana en el Congreso se va a tratar la reforma de los Códigos Civil y Comercial. Hay un artículo en el que se convierten todos los contratos en pesos, con lo que podría interpretarse que los depósitos en caja de ahorro en dólares, incluso los que dice de alguna manera el gobierno, como forma de ahorro, el banco los podría considerar también en pesos y devolverle pesos a un cliente. ¿Esto le preocupa al gobierno, esta interpretación es correcta? Si no es correcta, explíqueme por qué. Y en todo caso, si se va a reformar o no este artículo.
CAPITANICH.- Mañana será tratado el proyecto en el Congreso y mañana emitiré una opinión fundada respecto a esta iniciativa en el Congreso. Mañana con muchísimo gusto se lo voy a explicar, lo tengo contemplado en la agenda de mañana.
PERIODISTA.- Ministro: quería consultarlo por el fallo de Griesa vinculado a la figura de desacato. Si hay más de una postura en el gobierno sobre qué hacer a partir de esta decisión. Si hay alguna vinculada con el ministro Kicillof de mantener una continuidad respecto a lo que se venía haciendo y una vinculada con Zannini más dialoguista o negociadora. Y si sobre si esta decisión de ayer tiene algún impacto en la economía nacional.
CAPITANICH.- No, la resolución de carácter judicial era lo que se esperaba en virtud de las múltiples decisiones que tomó en ese sentido el mismo juez. El juez ha provocado un verdadero galimatías jurídico, un proceso de alta complejidad en donde cada decisión que toma empeora la anterior, por lo tanto está en una encrucijada cuyo destino final es absolutamente incierto en virtud de la marcada incompetencia para resolver un tema judicial fácil y sencillo. La verdad es que la posición argentina ha sido no solamente defender su condición de país soberano sino claramente garantizar y ratificar su postura desde el punto de vista de la defensa que le asiste como país soberano en el marco del derecho internacional. Obviamente así como la consideramos violatoria de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, entendemos claramente que no tiene ningún tipo de razón, fundamento ni tampoco impacto la decisión tomada por el juez ayer.
PERIODISTA.- Quería hacerle dos consultas. La primera, qué evaluación hace el gobierno con respecto a la estrategia de la oposición de judicializar el tema del Código Civil y Comercial, tanto Elisa Carrió como el PRO señalaron que pretenden que la Justicia actúe al respecto.
En segundo lugar una pregunta vinculada a la inseguridad que tanto se debatió en las últimas semanas. Muchas veces usted nos dijo que la jurisdicción es provincial, en el caso de las policías, ¿pero considera el gobierno que es necesario hacer algún tipo de reforma en el Código Penal o en los códigos de procedimiento para solucionar el tema delictivo? En segundo lugar, si considera el gobierno que el sistema penitenciario argentino es exitoso en términos de resocializar a los delincuentes.
CAPITANICH.- Respecto a la primera pregunta tengo que decir que es lamentable la posición de la oposición, pretender judicializar el debate que debe realizarse en el ámbito del Congreso y la decisión emanada de los representantes del pueblo. Sería muy oportuno que la oposición pueda tener una correcta lectura del artículo 22 de la Constitución Nacional, "el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes". Y los representantes son los senadores y diputados de la Nación que conforman el Congreso de la Nación. Es muy importante recordar que son 257 diputados nacionales y 72 senadores nacionales, que representan al pueblo de la Nación Argentina y a las provincias argentinas. En consecuencia creemos que es absolutamente imprescindible que cualquier iniciativa de carácter legislativo en el proceso de formación y sanción de las leyes se debata en ese ámbito. Ustedes saben que el proceso de formación y sanción de las leyes puede darse a través de una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, o de uno o más legisladores y esto requiere el debate tanto en comisión como mediante audiencias públicas. Como lo que efectivamente se hizo a partir del Código Civil, ha sido una iniciativa ampliamente debatida en todo el territorio federal, con la convocatoria de especialistas de alta calidad. Por lo tanto pretender adoptar una estrategia de esta naturaleza resulta claramente lamentable y va en contra de los cimientos específicos del sistema republicano. La verdad es que no sé para qué son elegidos por la voluntad popular y representan la voluntad popular para propiciar una acción judicial que impida la aplicación de una ley sancionada en el ámbito del Congreso. La verdad que es un contrasentido que no tiene ningún tipo de explicación racional.
Y sobre lo que usted hablaba respecto a delitos, obviamente siempre es una cuestión preocupante la existencia de delitos en la sociedad, por eso la competencia concurrente entre el Poder Judicial, la responsabilidad y la competencia de las provincias en esta materia, o en todas las cuestiones que requieran intervención, requiere un esfuerzo de trabajo mancomunado y coordinado para resolver problemas. Uno siempre advierte la existencia de este tipo de delitos y hechos que obviamente requieren seguir profundizando acciones o medidas para eso. He repetido en innumerable cantidad de oportunidades que el Estado Nacional ha hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista presupuestario. En el transcurso de este año las proyecciones indican cerca de 36.000 millones de pesos de asignación de recursos para la seguridad pública. Hemos tenido una proyección de casi 108.500 agentes en materia de fuerzas de seguridad, y esto ha implicado en la Gendarmería Nacional la duplicación del número de personal. La adquisición de vehículos, los mecanismos de organización en el territorio, el desarrollo de la infraestructura; a su vez también la tecnología de todo tipo para, desde la inteligencia criminal, resolver, desarticular y desbaratar bandas articuladas que cometen delitos complejos, hasta la acción delimitada en materia de política preventiva en el territorio. La verdad es que se hacen esfuerzos denodados en esta materia, tanto en el Estado Nacional como también lo que corresponde a cada una de las provincias. Y es necesario y preciso observar que la ocurrencia de delitos obliga claramente a extremar las medidas y los recursos para hacerlo. Acá se ha instrumentado -en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las fuerzas de seguridad nacionales tienen una estrategia de participación concurrente con la Policía Metropolitana- una estrategia de inversión en materia de tecnología, de mejoramiento de los sistemas para detectar datos que permitan rápidamente hacer investigaciones que a su vez logren resolver quiénes efectivamente cometen los delitos.
Pero objetivamente, independientemente del esfuerzo que se hace desde el punto de vista presupuestario, preventivo, desde el punto de vista de las acciones de las fuerzas de seguridad, también es cierto que el Poder Judicial, a través de los jueces, tiene la responsabilidad correspondiente para coadyuvar a resolver estos problemas.
Y cuando usted me pregunta sobre el Sistema Penitenciario, la República Argentina tiene aproximadamente 62.000 reclusos en todo el país, con la integración del Sistema Penitenciario Nacional y Provincial. Y en ese contexto cerca de 10.000 son federales. En este sentido el Estado Nacional está en una estrategia de inversión en 7 unidades penitenciarias con el objeto de mejorar su infraestructura y establecer los mecanismos para garantizar no solamente el pleno respeto a los derechos humanos sino estrategias que permitan precisamente la reinserción social de las personas que han sido privadas de libertad. En este sentido se avanza pero es necesario seguir profundizando este tipo de medidas. Nosotros observamos que ahora también estamos en un proceso de análisis para remitir una iniciativa desde el punto de vista legislativo para modificar la ley que regula el sistema penitenciario de carácter federal. Eso también va a ayudar a mejorar sustancialmente los mecanismos de reinserción, lo mismo que la infraestructura, lo mismo que las estrategias que nos permitan garantizar un mejor uso de los recursos y mejor medición desde el punto de vista de las metas. Pero este es un tema que requiere trabajo intenso, permanente, sistemático, para ir resolviendo un problema que obviamente se presenta por la acción delictiva de determinado tipo de grupos. Muchas gracias.
