CONFERENCIA DE PRENSA DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, JORGE CAPITANICH, EN LA CASA DE GOBIERNO
CAPITANICH.- Buenos días a todos y a todas. Desde la implementación del acceso a dólar tenencia, el 27 de enero del año 2014, la compra de dólares en concepto de dólar tenencia alcanzó a 5.854.747 operaciones, por un monto equivalente a 3.731,9 millones de dólares. Estas fueron operaciones autorizadas con desembolsos ya ejecutados equivalentes a 3.382,5 millones de dólares. Para aquellos que permanentemente fustigan al gobierno respecto a las restricciones al acceso, efectivamente quienes demuestran capacidad contributiva, están debidamente inscriptos en el marco de la autorización correspondiente a la AFIP, pueden acceder a dólar tenencia y lo hacen de un modo regular. Esto sin registrar lo que significa efectivamente las transacciones vinculadas al acceso al dólar turismo y obviamente al flujo total de bienes y servicios adquiridos por importaciones.
En segundo lugar, YPF firmó un acuerdo de entendimiento con SINOPEC de China, para el desarrollo futuro de proyectos de gas y petróleo.
También es importante remarcar que la encuesta de supermercados ha acumulado en los últimos 12 meses 37,4 por ciento con personal ocupado, equivalente a una evolución del 0,9 por ciento anual. Esto es, supermercados emplea 101.099 empleos, y también la evolución ha sido positiva a 32 por ciento en shoppings.
Debo aclarar que un diario supuestamente especializado, plantea diferencias entre el Índice de Precios al Consumidor del IPCNU, respecto a la evolución de supermercados. Pero lo que no dice es que el IPCNU pondera no solamente 520 precios en 8 canastas diversas, desde una concepción federal pero también involucra bienes y servicios. Por lo tanto es comparar con peras y manzanas, y la verdad que uno debe siempre aclarar por la interpretación incorrecta de muchos analistas.
También quería mencionar que el Poder Ejecutivo propicia en el día de la fecha la convocatoria a Sesiones Extraordinarias, entre las cuales está precisamente el debate que se originará a partir de la reforma con la introducción de la Agencia Federal de Inteligencia, y como siempre se plantean designaciones, nombramientos o eventualmente también acuerdos de carácter internacional para su tratamiento, que es lo que efectivamente se estipula en el marco de la presentación de las Sesiones Extraordinarias.
En este sentido, lo que me parece importante remarcar es que un punto neurálgico del debate ha sido precisamente el control de las escuchas telefónicas, que muchos miembros de la oposición han planteado efectivamente hacerlo en el marco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en este sentido es necesario remarcar lo siguiente: es la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación la que ha sido designada en virtud del decreto 222 del año 2003, que fue elogiado por todos los partidos de la oposición. Son los mismos partidos de la oposición que dicen que van a bloquear la designación del nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia, en una clara estrategia antidemocrática, en el sentido de no considerar ni siquiera los antecedentes calificados del postulante a la Corte, Roberto Carlés, sino simplemente por una estrategia autoritaria, típicamente antidemocrática y claramente golpista, porque eso significa generar una estrategia tendiente a desacreditar el funcionamiento de las instituciones.
Los que por un lado promueven que la Corte Suprema de Justicia tenga el control de las escuchas telefónicas y no un órgano extra poder, que en virtud de la Reforma Constitucional de 1994 establece en el artículo 120, los mismos son los que no aceptan la propuesta del Poder Ejecutivo, a través de un procedimiento claro y transparente.
Entonces, por un lado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la República Argentina recuperó prestigio a partir del proceso de selección, a partir de un sistema de debate amplio y discusión, para el reconocimiento de la idoneidad moral y jurídica no solamente en la publicación de sus antecedentes, sino el debate público emergente de esto.
Pero a su vez, el artículo 120 de la Constitución Nacional establece claramente que el Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función precisamente promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República.
En este contexto, el Ministerio Público no solamente está integrado por la Procuradora General de la Nación, sino también por el Defensor General de la Nación, y en este caso también la reciente reforma del Código Procesal Penal, es decir la reciente sanción de la Ley 27.063 modifica la estructura de enjuiciamiento penal, generando los mecanismos de sustitución o modificación del sistema inquisitorio al acusatorio, lo cual implica un nuevo paradigma y establece claramente que el Estado debe dotar todos los medios necesarios o por todos los medios para recolectar la información útil para la persecución penal.
Esto ha tenido un fuerte respaldo del Consejo Federal de la Política Criminal, también desde el punto de vista de los incentivos necesarios para el fortalecimiento institucional del sistema judicial, a partir de la asignación de recursos para el equipamiento de laboratorios forenses que permiten acceder a la mejor tecnología, para contar con los elementos probatorios respectivos. Y en este sentido también se establece claramente que las comunicaciones telefónicas constituyen uno de los ejes principales de las investigaciones complejas, que es precisamente materia principal del rol y de la responsabilidad que tiene la Procuración General Nacional.
Entonces lo que me parece muy importante es reconocer que no solamente tiene que ver con el nuevo paradigma del sistema acusatorio, los artículos específicos, el 128 de la Ley 27.063 establece claramente las reglas sobre la prueba y también el artículo 143 respecto a la interceptación, y establece que la interceptación tiene que ser con carácter excepcional renovable cada 30 días.
Por lo tanto, quiero remarcar enfáticamente también que cuando muchos dirigentes de oposición establecen esta cuestión de las escuchas por la Corte Suprema de Justicia, también omiten hacer referencia a fallos de la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema tuvo también la oportunidad de examinar sus propias atribuciones, al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Creación del Centro Nacional de Informática sobre detenidos y extravíos de personas, en la medida en que dependía del Poder Judicial de la Nación, y bajo jurisdicción de esa Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud del artículo 5° de la Ley 24.480.
En definitiva, también no solamente digo lo que significa el artículo 120 de la Constitución Nacional como órgano extra poder, el mismo fallo de la Corte Suprema de Justicia y a su vez también la misma Ley 27.063, respecto a dos artículos claves que son el 128 y el 143. Por eso nos parece que cuando se pretende solamente asociar el tema de las escuchas al control de los fondos reservados, estos están directamente garantizados a partir de la participación en la Comisión Bicameral en el Congreso de la Nación.
Por lo tanto pretender enlodar una iniciativa, confundir a la opinión pública respecto a esta iniciativa, a los alcances de esta iniciativa y máxime teniendo en cuenta que la misma oposición quería los cambios que promueve hoy el Poder Ejecutivo, y que van a ser pretendidamente bloqueados en el Congreso por la acción precisamente de la oposición en el mismo.
Y por eso quería remarcar la postulación del doctor Roberto Manuel Carlés, en el marco del cumplimiento del artículo 4° del decreto 222 del año 2003. Recordemos que este decreto, impulsado por el entonces presidente Néstor Kirchner, ha establecido un sistema transparente de selección, en virtud de la calificación, en materia de idoneidad jurídica, moral, a través de la publicación de los datos, de los pedidos de impugnación correspondientes y del debate que efectivamente tiene lugar en el ámbito del Senado de la Nación. En virtud del cumplimiento de los artículos 2 y 6° del mismo decreto 222, precisamente hoy mismo se han publicado en los periódicos los antecedentes correspondientes, y en este sentido también se ha cumplido con el artículo 4° respecto al cumplimiento de 30 días después de la renuncia del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni el 31 de diciembre, o sea vencía el 31 de enero.
Creo que es muy importante reconocer las virtudes expuestas por el mismo doctor Carlés, propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Primero diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, dominio de múltiples idiomas, versación jurídica, títulos de grado y de posgrado aquí y en el exterior y a su vez también especializados en materia de Derecho Penal. Creo que tiene no solamente por sus 33 años y por su formación y versación jurídica, sino porque en definitiva tiene los antecedentes, como lo explicó ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, el doctor Oyhanarte tenía 37 años cuando fue miembro de la Corte propuesto por el doctor Arturo Frondizi. Por lo tanto creo que la formación académica, sus antecedentes, su idoneidad jurídica y moral obviamente pretenden prestigiar la constitución de la Corte Suprema de Justicia y por ende esto deberá ser seguramente tratado en el ámbito del Senado de la Nación.
PERIODISTA.- Dos consultas. Por un lado preguntarle qué evaluación hace el gobierno argentino respecto a que a dos años de la firma del memorándum Irán todavía no lo haya ratificado, si hay contactos.
Por otro lado, mañana habría un acto de la Presidenta; si no me equivoco, de acuerdo a lo que trascendió tiene que ver con la firma de la refinanciación de las deudas a las provincias. Si nos puede dar detalles del acto y qué provincias van a estar firmando el acuerdo.
CAPITANICH.- Precisamente todos los detalles los pretendo brindar en la conferencia de mañana en virtud de que se tienen que fijar horario, participantes, etcétera, pero puedo exponer en términos de concepto general, que es precisamente que el Estado nacional ha propiciado un mecanismo de refinanciación de 20 años con 6% de tasa de interés fija, eliminación del CER. Esto ha permitido una eliminación abrupta desde el punto de vista del flujo total de servicios de deuda a pagar por las provincias. En ese sentido el ahorro neto acumulado es equivalente a casi 45.000 millones de pesos. Esto implica también una reducción sustantiva de la relación deuda-producto bruto geográfico en cada provincia, deuda en materia de presupuesto. Le voy a poner el caso que conozco en detalle que es mi provincia el Chaco, que tiene un stock de deuda acumulada de 5.000 millones de pesos, generada por anteriores administraciones. Durante nuestro mandato hemos tenido la posibilidad de sostener una reducción creciente, esto es el producto bruto geográfico en el año 2002/2003 tenía cerca de 75% de deuda en términos de producto, hoy la proyección indica 5%, y a su vez el presupuesto en términos de la deuda pública en relación al presupuesto, depende que mes se medía en el 2012 era 313% o 383%, hoy las proyecciones indican del 15 al 18% para el año 2015. Por lo tanto realmente ha sido un alivio extraordinario y eso ha permitido más inversión pública, mejor capacidad de prestación de servicio por parte del Estado provincial. Por lo tanto mañana vamos a dar a conocer el número de provincias, el flujo total de ahorro, lo tengo ahí pero creo que es bueno explicarlo mañana.
Y lo único que ratificamos a dos años del memorándum es que efectivamente siempre el objetivo del mismo ha sido la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. Y efectivamente está próximo también el juicio oral respecto al encubrimiento, y la verdad es que el compromiso de la presidenta de la Nación siempre fue la búsqueda de la verdad. Ha participad en la comisión bicameral al respecto, y como presidenta de la Nación ha impulsado, junto al presidente Néstor Kirchner, ante la Asamblea de las Naciones Unidas, claramente un discurso muy marcado respecto a esta iniciativa. Y esta búsqueda de la memoria, verdad y justicia debe proseguir con una investigación exhaustiva que permita hallar a los verdaderos culpables y responsables.
PERIODISTA.- Dos preguntas. La primera, quería saber cómo cayó en el gobierno la declaración de la fiscal Fein ayer, quien sostuvo que el fiscal Nisman no viene intempestivamente a la Argentina sino que los pasajes, sobre todo el de regreso, se había comprado el 31 de diciembre.
En segundo lugar, también haciendo lugar a otro decreto que suscribió el presidente Néstor Kirchner, el 1172/03 que nos confiere a todos el derecho del acceso a la información pública, queremos saber quién maneja la cuenta @casarosada.ar, de qué área de gobierno depende y si expresa una visión concreta y clara de lo que piensa y siente la presidenta de la Nación.
CAPITANICH.- En primer lugar lo que quiero transmitir es que no es una contradicción entre la Presidenta y la fiscal Fein, en realidad es la expresión del mismo fiscal Alberto Nisman en su whatsapp, por lo cual lo que se ha manifestado claramente es que el mismo fiscal expresó en un whatsapp un mensaje claro respecto a un regreso supuestamente intempestivo. De manera que no es una contradicción de la Presidenta. Lo mismo que pretender establecer el tema del día 14 de enero respecto a la emisión del pasaporte. Lo único que dijo la presidenta de la Nación en su discurso en cadena nacional es precisamente que en virtud de la emisión del pasaporte y los trámites correspondientes el 14 de enero se decidió suspender la entrega por hechos de público y notorio conocimiento. Voy a leer textual: "por eso en otra de mis cartas, dice la Presidenta, pedí protección especial para el señor Diego Angel Lagomarsino. Uno leía los diarios y decían que estaba en un hotel, con más de 15 custodios que se turnaban rotativamente, todos ustedes lo deben haber leído o escuchado hasta el cansancio en un cable de noticias. El otro día nos enteramos que el señor no tenía custodia, cuando la fiscal no lo podía ubicar y se ordenó su no salida del país. A propósito –dice la Presidenta- de la salida del país, también tenemos información, a través de la oficina del Ministerio del Interior, en la parte de pasaportes, que el señor Diego Angel Lagomarsino comenzó a tramitar su pasaporte el día 14 de enero, día en que el fiscal Nisman presentó su denuncia. Por supuesto ese pasaporte, dados los hechos que son de público y notorio, fue retenido y no entregado al señor Diego Angel Lagomarsino. Seguramente la fiscal o la jueza de la causa requerirán información al Ministerio del Interior, que es el que maneja todo el tema de los pasaportes." Por lo tanto lo que quiero transmitirle al señor abogado defensor de Lagomarsino, es que se refirió a la Presidenta en términos inapropiados, porque planteo falso de falsedad absoluta, y la verdad es que lo que dijo la Presidenta es textual. Por lo tanto el señor abogado defensor del señor Lagomarsino debe tener prudencia respecto a los dichos públicos, porque en realidad pretende asociar a una supuesta falsedad de dichos, cuando en realidad lo único que ha hecho es comentar una cuestión.
Y respecto al tema del decreto 1172, seguramente el secretario General de la Presidencia, doctor Aníbal Fernández, va a emitir una comunicación al respecto.
CAPITANICH.- Quiero consultarle a partir de un comunicado que se hizo público ayer por parte de la firma EDESUR, llegado a la Comisión de Valores, que habla de una situación de no poder seguir ejerciendo de alguna manera el servicio, señalando que es inviable y dando números respecto de la falta de rentabilidad del sector. ¿El gobierno nacional analiza la reestatización del servicio?
Por otro lado también saber qué opina de algunas quejas que se siguen dando en algunos barrios, caso Almagro, Villa Crespo y algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, con cortes de luz más allá de que ha bajado la temperatura.
Por otro lado preguntarle si el gobierno nacional ya ha fijado posición respecto de lo que es el regreso o no del público visitante a los estadios, se sabe la postura tomada por el gobernador Daniel Scioli, quien dijo que después de la Copa América habrá un partido en la provincia de Buenos Aires por fecha en el que se va a permitir el regreso del público visitante.
CAPITANICH.- Como usted sabe esto corresponde al comité de seguridad, pero tiene que ver con las atribuciones correspondientes a cada una de las jurisdicciones provinciales. Dadas las características del nuevo torneo, existen muchos partidos en distintas provincias y esto va a determinar una evaluación del comité de seguridad con las autoridades provinciales correspondientes. Esto ya lo ha marcado la provincia de Buenos Aires, y en virtud de ello también la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, creo que se aplicará un criterio metodológico, de común acuerdo con cada una de las jurisdicciones provinciales, con el objeto de regular adecuadamente el acceso del público visitante, en tanto y en cuanto se cumplan las condiciones correspondientes. O sea, va a ser una cuestión entre el comité de seguridad de la AFA, los clubes que interactúan en la misma, los partidos que se programen y efectivamente las autoridades jurisdiccionales. Y en virtud de ello se dará a conocer públicamente la cuestión.
Y respecto a EDESUR, hay una rara casualidad que cuando se agudizan ciertos problemas en algunos barrios está siempre pretendiéndose asociar al problema de rentabilidad de la empresa o a la tarifa. Esta es una casualidad no tan casual, que ya la hemos visto en el verano pasado. Creo que el esfuerzo que ha hecho el Estado nacional, a través de FOCEDE, de generar los mecanismos de financiamiento para la inversión, para garantizar una mejor prestación de servicio, también debe corresponderse con la responsabilidad de las empresas. Existe por parte de las autoridades de la Secretaria de Energía un proceso de evaluación del comportamiento de las empresas EDENOR y EDESUR. De hecho existe participación accionaria por parte del Estado nacional en alguna de ellas y a su vez también un mecanismo de regulación a través del Ente Regulador. Creo que en este sentido todas las sanciones correspondientes por incumplimiento de la prestación del servicio se dan a través del ENRE, pero a su vez también corresponde hacerlo a través de la regulación establecida por el Estado y la intervención de la Secretaría de Energía. De manera que esto es una cuestión que está en proceso de análisis y discusión y seguramente en el transcurso de este y el próximo mes podrá tenerse un conocimiento público y cabal respecto de este tema. Gracias.
