CONFERENCIA DE PRENSA DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, JORGE CAPITANICH, EN LA CASA DE GOBIERNO.
CAPITANICH.- Buenos días a todos y a todas. El señor Bogado, que oportunamente fue desmentido como agente de Inteligencia por parte de la Secretaría de Inteligencia, en el marco de la desclasificación respecto a la denominación de los agentes, y también desde el punto de vista de las comunicaciones telefónicas, no se registra como empleado público desde el año 2003 a la fecha, ni en la modalidad de planta permanente ni de planta de Gabinete, ni de planta transitoria, ni como personal contratado en virtud del decreto 2.345, ni tampoco del decreto 1.421 del año 2008. Por lo tanto es la aclaración y desmentida categórica de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
En segundo lugar, quería transmitir que las expresiones de la carta de la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, me exime de cualquier otro comentario respecto a esta cuestión, en virtud de la profundidad de análisis que la misma contiene.
En tercer lugar quería transmitir también que efectivamente la Comisión Nacional de Valores suspendió al Banco Macro y a Macro Securities, precisamente por falta de control de lavado de dinero y no podrá operar ni en bonos ni en acciones.
Y a su vez también quería manifestar que los primeros resultados de la ley 26.940 involucran un nivel de participación efectiva de casi el 43% de los microempresarios, que ha tenido en los primeros dos meses de implementación directa un nivel de adhesión muy significativo, lo mismo respecto al régimen de promoción de la contratación transitoria con casi 14.000 personas, y a su vez también se promueve la instancia correspondiente para los nuevos regímenes micro, lo cual también es muy importante en este sentido.
Así también es necesario mencionar que ayer el canciller Héctor Timerman recibió al nuevo embajador de los Estados Unidos. Y también informarles que en el transcurso de hoy el Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista y demás miembros y aliados que integran el Frente para la Victoria, se reunirá en la sede de Matheu que es la sede del partido, y en virtud de ello también efectuará un comunicado y también consideraciones respecto a esta cuestión.
PERIODISTA.- Buenos días señor Ministro: la señora Presidenta acaba de dar a conocer una carta donde, a mi modo de entender, lo más importante es que cambia el eje de la discusión a propósito de la muerte del fiscal Nisman. Textualmente dice: "la verdadera operación de la muerte del Fiscal no es la denuncia sino la propia muerte del Fiscal". ¿Podría usted explayarse a propósito de esto? Y la otra pregunta: el gobierno de los Estados Unidos y la prensa propone que haya una investigación a nivel internacional. ¿Qué tiene usted para decir al respecto?
CAPITANICH.- Lo que nosotros tenemos para decir es que la Justicia está efectuando la investigación correspondiente con todo el respaldo, a los efectos de garantizar el esclarecimiento del hecho. Y en segundo lugar, no voy a hacer ninguna interpretación de un mensaje muy claro y contundente por parte de la presidenta de la Nación.
PERIODISTA.- Quería preguntarle respecto a la carta que hemos conocido recientemente, en donde la Presidenta expresa sus dudas o mejor dicho prácticamente su convicción de que no fue suicidio. ¿Qué valoración hacen de estas palabras? Ella habla, menciona algunos referentes, el caso del ex agente de la SIDE, uno de los titulares, el señor Stiusso. Si hay alguna intención del gobierno en avanzar en esto, o si solamente se va a manejar por la pista judicial, habida cuenta que el agente Stiusso fue uno de los líderes de la SIDE hasta hace pocos días.
CAPITANICH.- Vuelvo a insistir que no puedo hace ningún comentario en virtud de la elocuencia y la contundencia de las afirmaciones de la Presidenta. Pero sí creo que es absolutamente necesario reafirmar de un modo categórico, que la denuncia oportunamente presentada, tenía una notoria versión respecto a que no tenía ningún tipo de elementos probatorios, y en ese sentido lo hemos dicho en forma reiterada. Primero, el Poder Ejecutivo incrementó de 4 a casi 31 millones de pesos las partidas presupuestarias para sostener el funcionamiento de la misma. Segundo, no ha habido de ningún modo, muy por el contrario, desmentido por el propio directivo de Interpol respecto a las alertas rojas, en el sentido de que el gobierno argentino lo que ha planteado y pregonado siempre es el mantenimiento y sostenimiento de las mismas. En tercer lugar se ratifica básicamente que los agentes presuntamente involucrados no eran tales y a su vez todos los elementos que se plantearon respecto a un supuesto plan de encubrimiento para la comercialización de petróleo y cereales, quedó claramente evidenciado desde el punto de vista de la disminución del intercambio comercial y la no adquisición de petróleo. Creo que ese es un tema que es muy claro y evidente, por lo tanto los comentarios y las interpretaciones los pueden hacer ustedes y están en su pleno derecho como periodistas, yo creo que ha sido muy contundente y muy claro.
PERIODISTA.- Le quería consultar si registra el gobierno que parte de la sociedad percibe que la muerte del fiscal Nisman se inscribe en un proceso por el cual la Presidenta pretende, a través de la Procuradora, controlar los tribunales por medio de los fiscales y definir la posición de la Justicia. Teniendo en cuenta que ayer expresó la máxima predisposición hacia ésta, en consecuencia, ¿entiende el gobierno que quienes fueron acusados de encubrir por el Fiscal deben ponerse a disposición de la Justicia, por la transparencia a favor de la república y las instituciones? ¿Lo harán espontáneamente o esperarán a ser citados? ¿Hay garantía plena para todos los implicados? Gracias.
CAPITANICH.- Obviamente que existe garantía plena en la República Argentina y a su vez el Ministerio Público funciona en virtud de una manda constitucional que es el artículo 120 de la misma. Por lo tanto no hay ninguna duda respecto a su funcionamiento y al ejercicio del Ministerio Público en ese contexto.
Por último, porque no me lo han preguntado, quisiera hacer una mínima consideración respecto al conflicto LEAR, que también es un conflicto de alcance público. Vuelvo a insistir en una cuestión, el caso LEAR tiene que ver con un conflicto laboral que generó el despido de 34 trabajadores. Hay cerca 515 trabajadores dentro de la planta. En ese contexto 34 fueron despedidos, 20 lograron un acuerdo indemnizativo correspondiente entre lo que prevé la ley a su vez con 20 indemnizaciones complementarias. 20 aceptaron, 14 no. Un fallo judicial incorporó dos más. En ese contexto se planteó, a partir del fallo judicial, las vacaciones otorgadas por la empresa, a partir del 19 de enero se estableció un mecanismo a partir del cual se establece la suspensión de los trabajadores en términos de su relación contractual, pero la cobertura de su ingreso, o sea ningún trabajador ha perdido ingresos. Y en ese contexto, posterior a la feria judicial lo que se establece es un mecanismo para la apelación y la resolución por vía judicial. Pero en ese contexto también quiero transmitir que LEAR tiene un plan de producción, puede sustituir importaciones, puede expandir su capacidad instalada y ese es un conflicto absolutamente circunscripto a un núcleo de trabajadores en el marco de la legislación laboral. En ese contexto lo que quiero transmitir es: un conflicto político que pretende generar consecuencias desde el punto de vista de la circulación del tránsito, que obviamente debe dar lugar a una intervención de carácter judicial. Y es necesario aclarar también que el Poder Ejecutivo a través de las fuerzas de seguridad no puede actuar porque está impedido de hacerlo por la vía judicial. Por lo tanto creemos que es necesario preservar el ejercicio pleno de los derechos de todos los ciudadanos y consiguientemente la Justicia debe actuar en este sentido, porque la Justicia actúa cuando se resguardan los derechos correspondientes. En consecuencia, cuando existe efectivamente una cuestión que tiene que ver con la legislación laboral y se respeta la misma, por razones de productividad y producción, y claramente por conducta de los trabajadores, esto no puede politizarse al extremo de pretender generar perjuicios a todos los ciudadanos que circulan diariamente por la Panamericana. Por lo tanto también instamos a una intervención judicial con el objeto de regular y resguardar el derecho de los ciudadanos. Muchas gracias.
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