El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, instó al Congreso a constituir una comisión bicameral para "acabar con operaciones que atentan contra la soberanía del país y la gobernabilidad política de la argentina". Fue al brindar su cuarto informe de gestión ante el Senado de la Nación.
En cumplimento del artículo 101 de la Constitución, el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, brindó hoy cuarto su informe mensual de gestión al Parlamento.
Durante su exposición, el ministro coordinador abordó los ejes del crecimiento argentino en los últimos 11 años y alertando sobre maniobras financieras delictivas instó luchar contra el “terrorismo económico manifiesto”.
“Argentina ha vivido durante todo el periodo de vigencia plena de la democracia, luego de la dictadura genocida, embates permanentes para socavar las bases de legitimidad de los gobiernos democráticos”, apuntó Capitanich e instó al Congreso a constituir una comisión destinada a “investigar maniobras asociadas al sector privado con fines delictivos”.
El Jefe de Gabinete consideró “imprescindible identificar operaciones de terrorismo económico manifiesto”, y enumeró el lavado de activos financieros, la evasión fiscal, la elusión a la ley penal cambiaria, y otras maniobras ilegales en materia de exportaciones e importaciones así como en los precios de transferencia, entre otros mecanismos ilegales.
En ese contexto, el funcionario precisó que en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) existen 80.000 causas por infracciones cambiarias que se encuentran en la fase de investigación, y remarcó la demora y dilación en el proceso investigativo. “Gran parte de estas infracciones tienen muchos años y se debe analizar además por qué no hay un sistema informático integrado para analizarlas”, indicó.
“El sistema financiero pretende ser un ámbito intocable, ni por la justicia ni por el poder constitucional gobernado por la voluntad popular”, apuntó Capitanich y detalló que la gran mayoría de las causas en trámite obedecen a infracciones cambiarias entre 2002 y 2008.
“Se estima que el 95% de las causas elevadas a la justicia se archivan en esa instancia”, denunció Capitanich e indicó que algunos trámites investigativos demoran casi una década.
Además, recordó el caso de la empresa Mariva Bursátil, denunciada por presunto fraude contra el Estado y sobre la cual Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros afirmaron que estafó al fisco por $6 millones de pesos.
Por último, Capitanich señaló que debe investigarse “sin privilegios de ninguna naturaleza” y enfatizó la necesidad de “acabar con estas operaciones que atentan contra la soberanía del país y la gobernabilidad política de la Argentina”.
