CAPITANICH.- Muy buenos días a todos y a todas. En el día de ayer, en el Honorable Senado de la Nación, hemos tenido un extenso e intenso debate de aproximadamente 9 horas, respecto a las iniciativas promovidas por el Poder Ejecutivo, tendientes a generar un marco o un sistema regulatorio para las relaciones de producción y el consumo, que implica la sustitución y/o reemplazo y exclusión de múltiples artículos de la ley 20.680, que es una ley vigente desde el año 1974, es ley vigente porque está corroborada por el decreto 722 del año 99, es una ley vigente porque está ratificado por el digesto jurídico de la ley 26.939, es una ley vigente porque tiene dictamen del Procurador del Tesoro en el año 2007 y es una ley vigente porque tiene un fallo de la Corte Suprema de Justicia que así lo amerita.
En consecuencia, lo que promueve el Poder Ejecutivo es precisamente mecanismos de atenuación respecto a su aplicación, esto es contemplaba sanciones de tipo penal y se excluyen por sanciones de carácter pecuniario, esto es multa, y en ese contexto también se excluyen los mecanismos de intervención de las empresas y mecanismos expropiatorios.
Y en ese contexto, lo que observamos de grupos opositores, tanto empresarios como de partidos políticos, alianzas o frentes electorales, es pretender invalidar la aplicación de la norma desde un perspectiva de visión negativa respecto a desestímulos al empleo y a la inversión.
Muy por el contrario, lo que nosotros sostenemos es que la República Argentina tiene 4.500 grandes empresas, cerca de 750.000 pequeñas y medianas empresas, y nosotros tenemos un eslabón muy débil en la cadena, esto es el productor pequeño y mediano y el consumidor. Entendemos claramente que existe una apropiación del excedente, que genera concentración económica y que impide al productor un precio compensatorio y al consumidor la disponibilidad de un bien en condiciones óptimas y satisfactorias.
Consiguientemente, lo que este proyecto pretende es precisamente que una pequeña y mediana empresa tenga acceso a un mercado transparente, en donde la existencia de grupos concentrados no debilite su posición, que pueda producir, vender más productos. Por lo tanto, creemos objetivamente que esta es una herramienta que va a generar más inversión y más empleo. Porque la mayor inversión y el mayor empleo en el país se da precisamente a través de la pequeña y mediana empresa; de pequeñas y medianas empresas de pueblos y localidades del interior de nuestras provincias, que implican precisamente desde producir sandías, zapallo, bienes industriales básicos hacia la comercialización en distintos mercados.
Y por supuesto creemos que esta es la base para garantizar transparencia y lograr definitivamente defender al consumidor, porque los 40 millones de argentinos somos consumidores. Pero la mejor manera de defender al consumidor es defendiendo al productor, es aquel que pueda producir un bien o un servicio de buena calidad en un mercado transparente. Y cuando hay concentración económica y apropiación del excedente por parte de los grupos concentrados en definitiva no hay transparencia y se conspira contra el funcionamiento del sistema económico.
Esa es la posición, la verdad que no hemos observado discusiones específicas, salvo algunas exposiciones en el día de ayer en una extensa jornada, no obstante lo cual queda claro que respecto al tema del fuero del consumidor existe cierto consenso generalizado. Es decir, están a favor del fuero del consumidor, de la instancia del juez administrativo, de los mecanismos de celeridad y resolución rápida, de la fijación de multas, y aquí lo que es trascendente es el hecho de la fijación de un principio que es pague y después reclame. Porque finalmente si no el consumidor cuando tiene un problema con su celular, cuando tiene un problema con una prepaga o cuando tiene un problema con la proveedora de un servicio de cable o de una empresa telefónica, etcétera, la verdad es que queja y no logra el resarcimiento inmediato. Nosotros entendemos que el sistema de pague y después reclame es un mecanismo para garantizar que las empresas no dilaten el resarcimiento al consumidor. O sea, un consumidor cuando se ve damnificado, va a tener un procedimiento muy rápido, ultra sumarísimo, a los efectos de ejercer sus derechos. Y en definitiva esto significa lograr el cumplimiento de la manda constitucional del artículo 42 de la Constitución Nacional.
Por último, respecto a este punto, quisiera decir que el mundo tiene un sistema que aplica sanciones pecuniarias severas. La Unión Europea en el año 2013 ha tenido multas por 2.600 millones de dólares, y así sucesivamente podríamos evaluar otras multas desde Corea del Sur, Estados Unidos, etcétera, con altos importes, y en la República Argentina se aplicaron multas por 34 millones de pesos por violación al abastecimiento y a la fijación de precios en el programa Precios Cuidados y que, en definitiva, los empresarios han recurrido y no pagado.
Por lo tanto hay desigualdad, asimetría y es necesario que el Estado tenga herramientas eficaces de regulación para posibilitar que se beneficie el consumidor y que se promueva al pequeño y mediano productor y empresario, para que pueda producir en condiciones competitivas, de eso se trata la ley. Y no se trata la ley, como dicen los grupos corporativos concentrados, que daña la inversión y el empleo y que no es un momento oportuno.
En definitiva, tuvieron 40 años y nunca jamás hicieron un reclamo, simplemente lo hacen por una razón de carácter política, y los argumentos esgrimidos ayer convalidan precisamente esta posición, es una posición de oposición política y no de naturaleza jurídica.
En segundo lugar, quería expresar que el turismo de fines de semana largos para el año 2014 ha arrojado 6,5 millones de turistas con llegadas a destinos.
A su vez debo informar que la delegación que ha participado en reuniones bilaterales en la Federación Rusa, encabezada por los ministros Carlos Casamiquela, Débora Giorgi y también el secretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería Argentina, Carlos Bianco, ha tenido la posibilidad de articular una agenda para la provisión de bienes agroalimentarios para la Federación Rusa. Se abre un sendero, una ventana de oportunidad por casi 18.000 millones de dólares, y en ese contexto la República Argentina ratifica su posición de abastecer con alimentos a 400 millones de habitantes hoy y ser el quinto exportador mundial.
En consecuencia, la oferta argentina tiene que ver con una variedad de bienes o productos que tienen que ver con desde legumbres, hasta vinos, hasta carnes de distintas características, leche, y eso genera la posibilidad de una perspectiva para incrementar el volumen de nuestras exportaciones, para solidificar y mejorar el intercambio comercial con Rusia y generar un influjo incremental de divisas para el país durante el período 2014-2015.
También es importante remarcar que la demanda eléctrica, a través del informe de FUNDELEC, ha crecido un 1,8 por ciento durante el mes de julio.
Y a su vez también es un hecho muy trascendente la oportunidad que ha tenido la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner ayer, de participar en un nuevo aniversario de la Bolsa, en una fecha distinta, que implica una evaluación de la aplicación de la Ley 26.831, esto es una reforma en el funcionamiento del mercado de capitales, con desmutualización, con un sistema de federalización, con un incremento en las perspectivas de participación de las pequeñas, medianas, grandes empresas en estrategias de financiamiento para el mercado de capitales, que es lo que permite una intermediación eficaz entre ahorro e inversión.
Creemos que un sistema financiero sólido como el de la República Argentina, con un índice de incobrabilidad del 1,8 por ciento, con un incremento patrimonial, con una capacidad prestable aún insuficiente, que se duplicó de 8 a 16 por ciento del PBI pero que tiene mucho todavía para prestar y para incrementar la capacidad prestable a través del vínculo con la inversión, y con un mercado de capitales que puede canalizar el ahorro de los argentinos para inversiones estratégicas en minería y su complejo minero integral, complejo hidrocarburífero, complejo agroalimentario, complejo forestal, es decir, complejos estratégicos en los cuales Argentina resulta muy competitiva. En definitiva, tenemos un mercado de capitales que necesita canalizar el ahorro de los argentinos y eso implica desvirtuar actitudes especulativas de corto plazo.
Nosotros tenemos una perspectiva sólida de crecimiento y de desarrollo de corto, mediano y largo plazo y es necesario contar con el ahorro para seguir transitando este sendero.
PERIODISTA.- Buenos días, Capitanich, dos consultas. En primer lugar, la CGT que conduce Hugo Moyano va a impulsar un paro con adhesión del transporte principalmente, para el jueves 28. Los reclamos no son nuevos, es la modificación del Impuesto a las Ganancias y también reclaman por un dinero que, según dicen, le corresponde a las obras sociales y lo tiene retenido el gobierno, cuando las obras sociales se tienen que hacer cargo de atender a monotributistas. Eso en primer lugar. En segundo lugar quería consultarle sobre un hombre ineludible de la historia reciente argentina en la política, presidente del Banco Central en la época de la estatización de la deuda privada, ministro de Economía en época de la convertibilidad y el cargo que usted ocupa, Jefe de Gabinete en épocas del corralito, de Domingo Cavallo y la agresión que sufrió ayer. Si hay algún tipo de reflexión o consideración por su parte.
CAPITANICH.- No fue Jefe de Gabinete de Ministros, sino ministro de Economía en dos oportunidades, presidente del Banco Central. Mi apreciación es la siguiente, independientemente de las diferencias ideológicas y del pensamiento que uno tenga, nosotros consideramos que es necesario simplemente mantener el respeto por las ideas. Esta es la característica que nosotros siempre tenemos. Advertimos muchas veces que expresiones de esta naturaleza no ayudan a una democracia que tiene que ser plural, abierta y participativa, independientemente de las expresiones que cada uno tenga.
En segundo lugar, lo que advierto con respecto al tema del paro programado, nosotros vamos a tener hoy una reunión con el ministro Carlos Tomada y con el ministro Axel Kicillof, con la CGT de Antonio Caló, mejor dicho con la CGT reconocida existente. Por lo tanto, las manifestaciones de parte del movimiento obrero organizado que encabezan otros dirigentes, no representan a la mayoría ni de los trabajadores ni tampoco de los gremios.
Respecto al tema del fondo de redistribución, es un fondo que se aplica conforme a la ley. Eso es lo tengo para decir.
A su vez, lo que quiero transmitir es que somos extremadamente respetuosos de todas las ideas existentes en el país, no compartimos obviamente con el pensamiento de muchos sectores, de la oposición política y de grupos concentrados de la economía, ni tampoco coincidimos con los fondos buitres. Cuando la República Argentina está en una lucha muy clara para garantizar el pleno ejercicio de su soberanía, para hacer valer los principios esenciales de la comunidad internacional respecto al respeto a la inmunidad soberana, muchos dirigentes sindicales en definitiva actúan en consonancia con los fondos buitres. No es casualidad que hoy el fondo Aurelius establezca una propuesta para atacar a la Argentina, entonces uno tiene que observar que existe una conexión y un vínculo entre los buitres de afuera y los buitres de adentro. Cuando tenemos una agenda internacional de esta naturaleza, lo que la República Argentina necesita es unidad nacional, como lo ha pedido la presidenta de la Nación. Y la unidad nacional significa resolver este problema de agenda. Algunos dirigentes ya se han manifestado, el caso típico de Mauricio Macri, que siempre está más de acuerdo con los fondos buitres y con el juez Griesa que con una posición soberana de la República Argentina. Pero allá él y allá su partido, porque en definitiva expresa una posición política e ideológica. El pueblo argentino sabe que si vota esa propuesta está votando claramente en consonancia con los fondos buitres, me parece que es una posición que por supuesto en democracia siempre debe respetarse pero que está en las antípodas del pensamiento que nosotros exhibimos. Creemos que la posición de la presidenta de la Nación ha sido muy firme: primero, Argentina tiene capacidad de pago; segundo; Argentina cumple; tercero, si el agente fiduciario ha incumplido su contrato se cambia; cuarto, una decisión de carácter voluntario por parte de los tenedores, si los tenedores quieren cobrar efectivamente la Argentina puede pagar y lo puede hacer en la República Argentina.
PERIODISTA.- Un par de preguntas con respecto al proyecto de ley sobre la deuda, no me han quedado claras. La primera: ¿si el proyecto de ley se aprueba tal como está, ya la jurisdicción pasa a ser la Argentina y todos los bonistas están obligados a litigar en nuestro país, o se les abre a ellos una oferta para poder elegir litigar en la República Argentina y poder cobrar en la República Argentina? En segunda instancia preguntarle cuáles van a ser las herramientas de persuasión que el gobierno va a ofrecer a los tenedores de deuda para que acepten ingresar al canje, como fue en el pasado con respecto por ejemplo a la cláusula RUFO, o el ajuste por PBI, o el ajuste por inflación, cuál va a ser la herramienta para persuadir a que entren a este futuro canje.
Y con respecto a lo de Mauricio Macri, él dijo ayer que es pan para hoy y hambre para mañana, que esto le puede generar a la Argentina un perjuicio futuro en materia de inversiones extranjeras.
CAPITANICH.- Mayor perjuicio provoca la violación de la cláusula RUFO en virtud de las acciones que podrían tener los bonistas adheridos al canje reestructurado con un impacto entre 120.000 a 500.000 millones de dólares por juicios que podría tener el Estado argentino. Por lo tanto eso sería definitivamente generar un problema de carácter estructural en el desenvolvimiento de la economía argentina.
Segunda cuestión: respecto al primer punto, no se trata de cambiar de jurisdicción, se trata de cambio de lugar de pago y es de carácter voluntario. Esa es una respuesta.
En tercer lugar la oferta de reestructuración es: respecto al 7,6% de los bonistas que no adhirieron al canje, la reapertura de éste implica las mismas condiciones de los que ya adhirieron, pero a su vez con la salvedad correspondiente, tiene un incremento, el mismo caso del fondo NML Capital, si NML, con 48,7 millones de dólares, el fallo del juez Griesa le da 1608% de ganancia, 832 millones de dólares; pero si viene al canje tiene una ganancia equivalente al 300% en dólares. Por lo tanto los bonistas que adhieran a esta propuesta tienen una ganancia y una perspectiva y posibilidad de cobro cierta, definida, clara y prístina. Por lo tanto esa es la propuesta que hace la Argentina.
PERIODISTA.- Quiero preguntarle primero si las pymes pueden quedar afuera de los alcances de la Ley de Abastecimiento, fue un pedido que hicieron ayer.
Una segunda pregunta: ¿qué presunción tiene usted de la posición que vaya a adoptar el Frente Renovador hoy a las 11 de la mañana, sobre la reapertura del canje, teniendo en cuenta que Roberto Lavagna, que está con Sergio Massa, fue el que inició las negociaciones por la deuda en el 2005?
CAPITANICH.- Respecto a la posición que emitirá el Frente Renovador es una cuestión que incumbe al Frente Renovador. Pero si su asesor principal es el ministro de Economía que participó en el proceso de canje, él ha manifestado públicamente su posición, que comparte la decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional, por la presidenta de la Nación.
Respecto al tema de pymes, nosotros lo expusimos claramente. Las pymes están excluidas fácticamente de un proceso de alcances de esta naturaleza, pero lo vamos a estudiar rigurosamente en el texto de la ley para plantear algunas cuestiones. Vimos claramente el artículo 7° de la reforma de la ley, con nuevos elementos que configuran claramente que para su aplicación deben excluirse expresamente. Eso es lo que estuvimos observando.
Pero hay una cuestión que ustedes no me preguntaron y voy a hacer una consideración respecto al tema de carne. Carne ha tenido un incremento del 54% en el transcurso de este año. De enero a febrero 27,5%; marzo a junio 5,5%; julio- agosto 11,2%, en realidad no tiene ninguna relación el incremento del precio de la carne con la estructura de costos. Y en definitiva cuando existe un incremento de este precio afecta la rentabilidad de toda la cadena de valor y no está asociada al nivel de habilitación de permisos de exportación. Éstos indicaron que comparativamente en el primer semestre de este año respecto al año anterior ha tenido un incremento. Y a su vez lo que ocurre es que existe un motivo de carácter especulativo. Primero, porque hay una estrategia de azuzar constantemente, por parte de medios de comunicación, de economistas, de entidades financieras, respecto a perspectivas devaluatorias, y eso obviamente implica una estrategia de comunicación con los operadores correspondientes, con intereses desestabilizadores que generan un sistema de retención de hacienda. Y en segundo lugar hay una especulación derivada del incremento de las exportaciones por la cuota 481 de la Unión Europea y también por las perspectivas de comercialización de carnes con la Federación Rusa. En este sentido hemos tenido una reunión con la mesa de carne, precisamente para establecer un mecanismo que permita consensuar adecuadamente las medidas. Estas medidas implican generar las condiciones para regular el flujo de exportación y regular el flujo de abastecimiento del mercado interno para que no tenga impacto en el nivel de precios, y eso es lo que pretende intervenir eficazmente el Estado para garantizar el abastecimiento en condiciones sustentables y en precios convenientes.
Quiero transmitir aquí que ayer hemos tenido un debate en este sentido con el presidente de la Sociedad Rural y me parece que es bueno pensar algunos números e indicadores en la República Argentina. Entre 1875 y 1976 el stock de cabezas de ganado bovino pasó de 12 millones a 61 millones. Porque siempre se habla de los derechos de exportación, de las limitaciones a la exportación, y sobre todo de la expansión que han tenido otros países limítrofes, como Paraguay, Uruguay y Brasil, en detrimento de la República Argentina. Pero lo cierto es que aplicando todas las medidas promovidas por la Sociedad Rural de libre mercado, que el secretario de Agricultura puesto por la dictadura militar fue del sector, en 1976, con solicitadas a favor de la dictadura militar en 1977, con todas las medidas correspondientes, el stock de ganado bovino bajó de 61 millones de cabezas hasta 47 millones en 1988. Después hubo un incremento en el nivel de stock, pero durante el periodo de gestión de Néstor Kirchner, 2003-2007/8, el stock creció a 58 millones de cabezas de ganado bovino. Luego se redujo y ahora tomó una nueva tendencia al crecimiento.
Es cierto que existen 138 frigoríficos con dificultades en su funcionamiento y es cierto que el programa Reactivación Productiva establece un mecanismo de atención especial para esta demanda, pero ciertamente lo que ha ocurrido es que ha disminuido sustancialmente la superficie ganadera en casi 11 millones. Segundo, no es menos cierto también que hay un problema que tiene que ver con estructura de forraje, alimentación y aumento de kilos por animal. Eso significa mejorar la productividad. Lo mismo que mejorar la productividad en destete, que en Estados Unidos es del 92%, en la Argentina el 62%. Creemos que ha habido una expansión de la frontera ganadera a otras provincias, ejemplo Chaco, Formosa, Santiago del Estero, por citar algunas provincias. Es cierto que en la Pampa Húmeda hay una gran confrontación respecto a la unidad de superficie, por la expansión de otros cultivos agrícolas, principalmente soja, en detrimento de la unidad de superficie asignada a la ganadería. Esto generó consecuencias desde el punto de vista del volumen de producción. Y no es cierto que las restricciones eventuales a la exportación son la causante principal de los problemas del sector. Esto lo hemos observado en la mesa de carne, hemos integrado a todos los actores del sistema, entendemos que la participación muchas veces de consignatarios, de intermediarios, se lleva gran parte del excedente de la cadena de valor, pero también no es menos cierto que la evolución del precio en moneda doméstica ha mejorado sustancialmente al productor en este periodo de los últimos 5 años. Por lo tanto no es un problema de incentivo de precios, es un problema que tiene que ver con la perspectiva de mejorar la productividad y la oferta, y obviamente la industrialización plena y la aplicación de los productos. Creo que es muy importante un debate que es inexorablemente necesario realizar. Hemos advertido que la historia de la República Argentina implica observar que no hay una correlación directa entre derechos de exportación y stock de ganado bovino. En segundo lugar, no hay una correlación directa de un solo instrumento aplicado o una sola medida, respecto al impacto en los niveles de oferta. Por lo tanto creemos que tiene que ver con toda la cadena de valor y es muy difícil poner de acuerdo a todos los actores de la cadena de valor respecto al consenso, respecto a políticas de mediano y largo plazo. Siempre son las mismas recetas y la verdad que nosotros tenemos que tomar decisiones en el marco de las restricciones existentes, pero no con posiciones facilistas sino con una perspectiva para garantizar incremento de la oferta, incremento en el volumen de producción de carne por animal, incremento en la productividad por capacidad de destete e incremento en la tecnología aplicada, tanto en la producción de forraje como en la terminación del peso de faena del animal. Muchas gracias.
